Transformando la Justicia

El tiempo apremia y en unas cuantos semanas hemos sacado adelante un "Plan 500 días para acelerar la Justicia en entornos digitales" . Obviamente es imposible poner solución a problemas históricos y de enorme complejidad en lo que queda legislatura , pero precisamente por ello el Plan pretende incorporar una doble dimensión: por un lado una visión estratégica sobre los ejes de posicionamiento de la Justicia ante los retos y necesidades de la sociedad del siglo XXI. Y por otro, un enfoque de acción en el que dicho Plan se nutre de proyectos a corto plazo que muestren con hechos concretos cuáles son los objetivos que se pretenden conseguir.

Los ejes de transformación que se han identificado tienen que ver con: 1) el funcionamiento, una Justicia digital; 2) la relación con los ciudadanos, una Justicia abierta; 3) la gestión y la cultura interna, una Justicia innovadora.

 La Justicia digital tiene que ver con avanzar en la digitalización de los servicios con el objetivo de disponer de servicios proactivos, ágiles, simples y con "cero papel" . Para el 2015, uno de los proyectos más transformadores y relevantes, con esta idea de proactividad y mayor impacto en la ciudadanía, es la transformación que va a dar lugar a un Registro Civil Electrónico y la inscripción de nacimientos y defunciones desde los hospitales. Un proyecto complejo pero extraordinariamente relevante por el hecho de que los ciudadanos , cuando nace un hijo o muere un familiar, no tengan que ir a sufrir las largas colas del registro civil, sino que de manera sencilla en el propio hospital, los trámites de inscripción puedan verse realizados. Y más potente todavía los posibles evolutivos a más largo plazo de este modelo, ya que desde ese mismo hospital el ciudadano puede ver cómo el número de DNI, la obtención de prestaciones en el INSS, la inscripción en el INE, o la solicitud de ayudas a Hacienda puedan verse realizadas.

Por otra parte, la Justicia digital requiere avanzar en determinados aspectos clave que tienen que ver con la Administración de Justicia. Profundizar en las comunicaciones procesales electrónicas y en dispositivos móviles, tanto para profesionales como para ciudadanos. Hacerlas obligatorias en el primer caso, permitiendo la consulta de información desde dispositivos móviles, sistemas de pago electrónico, mensajería móvil para avisos informativos y señalamientos son algunso de los proyectos que pretendemos impulsar. Por otra parte la Justicia en Red busca conectar a la Justicia con otras Administraciones relevantes en el proceso judicial (por ejemplo en la remisión de datos necesarios para actuaciones de la Policía o en Tráfico), permitir la consulta a requisitorias desde cualquier juzgado de España o algo tan simple que cuando un ciudadano va a una ventanilla a iniciar un trámite en que se requiere comprobar si tiene antecedentes penales, ésto se pueda hacer sin necesidad de que dicho ciudadano tenga que acudir al Ministerio a pedir el certificado correspondiente.

Otro de los aspectos clave de la Justicia digital consiste en evolucionar a un nuevo sistema de gestión procesal electrónico sobre la base de una tecnología avanzada, modular, interoperable  y susceptible de reutilización, que permita la correcta implantación del expediente judicial electrónico. Además, la integración del sistema de gestión procesal con Fiscalías y Registros permitirá dotar de mayor agilidad y rapidez los procesos internos.

La Justicia abierta pretende impulsar una nueva relación con la sociedad en el entorno digital, orientando la actividad en Justicia a los ciudadanos del siglo XXI con un enfoque de mayor proximidad, transparencia y apertura a la participación y la colaboración. Desde el Ministerio impulsaremos nuevos proyectos que tengan que ver con ello: un modelo de escucha activa en la red, reorientar la web del Ministerio hacia un nuevo enfoque centrado al ciduadano , una estrategia de redes sociales eficaz y que cree valor así como nuevas formas de atención al ciudadano con mensajería instantánea a móviles. Dentro de este eje de Justicia abierta abriremos nuevos proyectos que mejoren la transparencia y la accesibilidad a información en la Justicia: Justicia 24 h. para mejorar el acceso de ciudadanos y profesionales a servicios de la Administración de Justicia, iniciaremos un Open data de la Justicia y un nuevo portal de subastas judiciales electrónicas integrado en el Boletín Oficial del Estado.

Por último tenemos muy presente aquello de que la tecnología no es nada sin personas ni organizaciones adecuadas. El eje de Justicia innovadora tiene por objetivo fomentar una cultura de la innovación que sirva de motor en la búsqueda de la excelencia en el servicio público y en la gestión interna. Para ello, avanzaremos el despliegue de la Oficina Judicial con nuevas implantaciones en Murcia o Ponferrada y entrará en funcionamiento un nuevo modelo de Oficina Fiscal. Pero también pondremos en marcha iniciativas para vincular la Justicia a la innovación , mediante la sensibilizacion, divulgación y formación de los profesionales en gestión de la innovción e incorporando herramientas de gestión compartida del conocimiento y aprendizaje colaborativo.

Un proyecto ambicioso con visión a largo y a acción a
corto que sirva de modesta contribución a la complicada labor de transformación de la Justicia. Falta hace en este país.

Euskadi y 5 claves para estrategias de innovación

En el último año he tenido la ocasión de viajar unas cuantas veces por Euskadi para compartir experiencias con amigos y colegas que ayer y hoy están tirando del carro en la difícil tarea de mejorar la Administración.

En junio del año pasado participé en el I Encuentro Nacional de la Blogosfera Pública, que se celebró en Donostia-San Sebastián (no por casualidad) junto a amigos blogueros entre los que se encontraban los directores actuales de Innovación y Gobierno Abierto del Gobierno Vasco, como sus predecesores. El 22 de enero, gracias al buen oficio de Enrique Sacanell y a la amabilidad de Joseba P. de Heredia - secretario general del IVAP, pude presentar mi libro "Líderes públicos en la Nueva Economía" en la Casa del Libro de Bilbao. El 23 de mayo fue un lujo participar como ponente en el V Congreso para la Excelencia en las AAPP organizado por QEPEA y hace pocos días el 17 de junio, junto a Antonio Díaz, impartí un curso sobre gestión inteligente de redes sociales en el Ayuntamiento de Irún.

Euskadi, junto a Catalunya, es de los lugares donde en cuestión de gestión pública las cosas se vienen haciendo bien desde hace algún tiempo.

Prueba de ello es el recién aprobado Plan (estrategia) de Innovación Pública 2014-16 que creo que es referencia obligada. .

Me gustaría resaltar cinco aspectos relevantes para todos aquellos que tengan interés en profundizar sobre asuntos como estrategia, innovación y reformas, tan relevantes en los tiempos que corren

1. Hay vocación de continuidad en el ánimo reformista. Esto es graciasa que hay instalada una cierta cultura que , cambios de gobierno aparte, permite seguir en la senda.¡¡  Muy importante !!
2. El plan es transversal:  no podía ser de otro modo, pero no siempre es así.
3. Innovar y reformar, pero de verdad. Se incluyen ejes clave de reforma en produndidad : transparencia y buen gobierno, interacción con la ciudadanía e innovación basada en la co-producción, adecuación organizativa y la mejora en la gestión. Nada de maquillajes en forma de reformas superfluas como otras.
4. En el propio plan se consideran iniciativas para acompañar en la gestión del cambio, con instrumentos perfectamente definidos como la comunicación y la formación. El IVAP, al servicio de la innovación pública. No es poco.
5. Hay objetivos definidos, con indicadores de cumplimiento. Cada proyecto tiene fichas detalladas con responsables, plazos y presupuesto asignado. Escaquearse va a ser complicado.

En definitiva, un buen trabajo elaborado por buenos profesionales. Pero ojo, como hemos dicho otras veces: esto es sólo un papel y ahora toca lo más difícil. Ponerlo en marcha, que no es poco.

¿El o-Gobierno europeo en 2015?

Recientemente se ha publicado por parte de la Comisión Europea el Plan de Acción 2011-15 para el desarrollo del e-Government a nivel europeo. Se trata de un documento detallado que tiene por objeto marcar la senda para lograr los ambiciosos propósitos reflejados en la Declaración Ministerial de Malmoe: "para 2015 las Administraciones de los países miembros serán abiertas, flexibles y colaborativas en sus relaciones con ciudadanos y empresas. Usarán la administración electrónica para mejorar su eficacia y eficiencia y para mejorar continuamente los servicios en el sentido de atender al máximo las necesidades de los usuarios y maximizar el valor público como forma de contribuir a la transición dne Europa a una economía líder en conocimiento".

El Plan de Acción supone pues una apuesta decidida por la transición del actual concepto de administración electrónica a un nuevo modelo de gobierno más abierto y flexible en los diferentes niveles local, regional, estatal y europeo, con un protagonismo directo de los ciudadanos.

Para ello fija una serie de ejes de actuación que incluyen acciones concretas a desplegar por los Estados Miembros y la propia Comisión con calendario para cada una de ellas:

Eje 1: Empoderamiento del usuario

Facilitar el que ciudadanos y empresas sean proactivos mediante el uso de nuevas herramientas tecnológicas:

• Servicios que tengan en cuenta las necesidades de los usuarios: para 2013 los gobiernos deberán haber desarrollado servicios online personalizados con funciones del tipo de seguimiento del estado de las transacciones con las Administraciones.


• Producción de servicios colaborativa: se realizará un análisis inicial sobre cuáles son las herramientas más adecuadas y la mejor forma de aplicarlas.


• Reutilización de información en poder del sector público: para 2011 se deberá acordar un paquete común de información que pueda ser reutilizada. También se modificará la directiva que la regula con el ánimo de extender la estrategia.


• Mejora de la transparencia: para 2014 los Estados Miembros permitirán a los ciudadanos acceder electrónicamente a sus datos personales.


• Participación de los ciudadanos en los procesos de formulación de políticas públicas: se trabajará en proyectos de e-participación sobre la base por ejemplo de las herramientas para peticiones electrónicas en el marco de las iniciativas legislativas populares.

Eje 2. Mercado Interior

Trabajar para que los servicios públicos electrónicos puedan ser compatibles entre diferentes países:

• Ventanilla única europea y plataforma única de licitación electrónica: para 2014 se deberán haber eliminado las barreras que soportan las empresas para hacer negocios entre diferentes países.


• Movilidad de las personas: para 2015 los Estados Miembros deberán facilitar que los servicios de entrega de información a los ciudadanos sean compatibles entre los distintos países.


• e-Proyectos de ámbito europeo: se definirán una serie de proyectos de gran escala que sean de ámbito europeo, en el ámbito medioambiental por ejemplo.

Eje 3. Eficacia y Eficiencia de Administraciones

Se trata de que las TIC permitan los cambios organizativos suficientes para la provisión de servicios públicos más rápidos, sotenibles y de mejor calidad:

• Mejora de los procesos organizativos: aprovechando las ventajas de las TIC por ejemplo mejorando el portal ePractice hacia una plataforma de intercambio de conocimiento.


• Reducción de cargas administrativas: poniendo en común prácticas de implementación de procesos de un único registro.


• Administración verde: para 2013 los gobiernos deberán haber acordado indicadores y procedimientos de evaluación para medir las acciones de reducción de emisiones por la implementación de servicios de e-Gov.

Eje 4. Condiciones para desarrollar la Administración electrónica

Se trata de poner en marcha una serie de medidas de tipo técnico y legal que sirvan para facilitar la interoperabilidad entre países:

• Especificaciones abiertas e interoperabilidad: para 2015 deberán estar implementadas las acciones destinadas para poner en marcha la red europea de interoperabilidad así como la estrategia europea de interoperabilidad. Los gobiernos previamente deberán tener configurado sus esquemas nacionales en la línea del europeo.


• Elementos comunes de identificación: se promoverá el mutuo reconocimiento entre países de la firma electrónica y la autenticación electrónica de cada uno de ellos.


• Innovación en infraestructuras: se estudiarán nuevos paradigmas (cloud-computing) y se pondrán en marcha diferentes proyectos piloto.

Como podéis comprobar los diferentes gobiernos que salgan de las próximas elecciones tienen trabajo por delante.

Administración 2015, ¿sin papeles?

2015. Esa es la fecha que el Gobierno se ha marcado como objetivo para que no existan papeles en las Administraciones públicas. Sinceramente a día de hoy me cuesta mucho imaginarme unas Administraciones en las que el papel haya prácticamente desaparecido y no creo que en 2015 veamos algo similar. Aunque como visión de futuro y meta estratégica me parece acertado incidir en mejorar la gestión interna a través de la digitalización de los numerosos y farragosos trámites que, desde el registro a la notificación pasando por los recursos, inundan los procedimientos.

El Plan Avanza 2 que pilota el ministerio de Industria está dando sus primeros pasos como herramienta básica para la ejecución de la política de impulso de la sociedad de la información en España. Una política mermada por la desaparición la pasada primavera de la dirección general que tenía encomendado su desarrollo y por los recortes presupuestarios que prácticamente la totalidad de planes y programas de la AGE van a sufrir en los próximos años. Pero un plan imprescindible para cambiar el modelo productivo del país. Ojalá tenga el mismo éxito que su primera versión.

Además de la Administración sin papeles para el 2015 otros de los ejes de actuación serán la mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones, concienciación sobre el uso y la confianza en Internet (actuar más sobre la demanda que la oferta) y el impulso de las TIC en sectores estratégicos.

Para cumplir con el reto de Administración sin papeles se digitalizarán todos los trámites administrativos, se finalizará la incorporación de la firma electrónica (DNI electrónico) y se hará una migración de todos los registros hacia el formato digital. Dentro de este eje de actuaciones, también se realizará especial hincapié en la extensión de las TIC en sanidad, justicia y se potenciará la aplicación de estas tecnologías en el sector educativo y formativo.

Precisamente en este blog hemos lanzado hace poco un debate (continuado por otros blogueros como Antonio Galindo o David R. Jordan) sobre una de las áreas de mejora donde tiene que centrarse la estrategia de digitalización de servicios públicos: aumentar su uso. El Plan Avanza 2 aborda este problema (espero que menos tímidamente que el anterior en el que los objetivos principales eran otros) al reconocer que conseguir las metas anunciadas pasa obligatoriamente por el aumento del uso y de la confianza en Internet por la sociedad española. Para ello se ejecutarán una serie de acciones encaminadas a la extensión de la cultura de la seguridad de la información entre la ciudadanía (mayores 45 años) y las PYMES.

El Plan Avanza 2 deja de lado el espinoso pero decisivo asunto de la interoperabilidad y las comunicaciones. Con nuestro modelo competencial difícilmente existirá una Administración sin papeles si no se ha logrado una exitosa implantación de ambos. No nos olvidemos de ello.

Deberes para la Agencia Evaluación de las Políticas en 2010

Más de dos meses más tarde desde que se produjo el Acuerdo, el BOE publica los programas y políticas públicas que serán objeto de evaluación por la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios (AEVAL) el año 2010.

Se trata de los "deberes" que el ejecutivo pone a dicha agencia para el año 2010 en el ámbito de la evaluación de las políticas. Según el Plan de Trabajo la AEVAL deberá centrar sus esfuerzos en políticas enmarcadas dentro del Programa Nacional de REformas y de la EStrategia Española de Desarrollo Sostenible, algunas ciertamente relevantes y otras no tanto:

1. Plan Español de Energías Renovables 2005-2010


2. Líneas ICO-PYME


3. Estrategia de Salud de Cuidados Paliativos


4. Programa de Ayudas a la Reindustrialización


5. Gestión y funcionamiento de las Demarcaciones de Costas para la Protección del Dominio Público Martímo


6. Programas de Vacaciones para Personas Mayores y Termalismo Social

Desde este blog hemos sigo críticos con todo lo que ha venido rodeando a la AEVAL desde su constitución hace tres años. No tanto con el trabajo de sus profesionalidades sino por cómo se puso en marcha, su gestión y la utilización que se le ha venido dando.

En el año 2011 tendrán que presentarse los resultados de estas evaluaciones. Serán informes completos y exaustivos que se publicarán en la web. Pero, ¿cómo se utilizarán? ¿se contrastará realmente la eficacia de estas políticas? ¿servirán para algo?

El tímido Plan de Racionalización de la AGE

Como dicen los castizos, mucho ruido y pocas nueces. El gobierno presentó, con más de un mes de retraso, los anunciados planes de racionalización en las estructuras administrativas y del sector público empresarial. Como dice el profesor Francisco Longo en su artículo del pasado domingo en El Periódico un paso en la buena dirección, pero extraordinariamente tímido e insuficiente.

Para entender el por qué de esta situación hay que revisar el proceso que ha llevado a este resultado. Me consta que las intenciones iniciales eran sensiblemente más ambiciosas: el Ministerio de Economía y Hacienda, a través de su DG de Patrimonio, planteó un proyecto de recorte sustancial. Sobre un total de estructuras de superior dirección a reducir (entre las que se encontraban incluso secretarías de estado y secretarías generales) se envió a cada ministerio la cuota que le correspondía. Esta circunstancia levantó no pocas ampollas y derivó entre los afectados en toda una lucha de supervivencia para mantener el sillón. Durante las últimas semanas se han sucedido todo tipo de artimañas, codazos, llamadas, recados, favores a devolver, etc. que han ido retrasando el acuerdo y han descafeinado borrador tras borrador hasta el resultado final.

Y éste finalmente conllevará la supresión de 33 altos cargos, una cifra modesta no sólo desde una perspectiva cuantitativa sino también cualitativa porque afecta casi en su totalidad a direcciones generales lo cual plantea una peculiaridad: aunque la mayoría afectan a unidades de gestión que pueden ser reemplazadas por altos funcionarios (como las DG de servicios, planificación, etc.) y otras son amortizables (como las de comunicación) hay otras muchas que impactan de lleno a organismos públicos que quedan descabezados: el INAP, la Biblioteca Nacional, e Institutos públicos de investigación. Desconozco cómo va a resultar ese experimento de repartir las funciones de sus responsables entre sus superiores-subordinados jerárquicos, pero a botepronto no me parece lo más aconsejable: los de arriba tendrían un perfil demasiado político y los de abajo demasiado operativo.

Además curiosamente según la LOFAGE los directores generales deben ser con carácter general funcionarios públicos. Por tanto, todos los cesados seguirán en la Administración cobrando el nivel 30 que le corresponda, a excepción de alguno como el DG para el Desarrollo de la Sociedad de la Información.

Otro aspecto que me gustaría destacar es el de Revisión de las normas que determinan la estructura orgánica de los Departamentos Ministeriales. Si efectivamente lo que hay detrás es una revisión en profundidad de la LOFAGE, que aplane y simplifique las estructuras administrativas será una buena noticia. Recordemos que es una promesa electoral socialista incumplida después de dos años de legislatura.

Palabras y... ¿hechos?

El pasado martes 2 de marzo la vicepresidenta del Gobierno compareció ante la Comisión Constitucional del Congreso para explicar las líneas generales y prioridades de su departamento en materia de función pública. La comparecencia completa la podéis obtener aquí, del Diario de Sesiones.

Mi primer comentario es sobre el momento de la comparecencia. Puede que más de uno os quedéis perplejos (como me quedé yo) por el hecho de que la responsable política de esta materia tarde, nada más y nada menos, que un año para acudir al Congreso para contarle a SS.SS lo que pretende realizar. Alucinante ... y más cuando se han venido anunciando acuerdos de calado o ha pasado en este periodo una secretaria de estado por el cargo. Algún diputado de la oposición se lo recrimina; la supuesta causa los "trámites de la burocracia parlamentaria". Repito, alucinante. En cualquier caso, si la comparencia y la nueva secretaria de estado sirven para un mayor impulso político a las medidas en marcha bienvenidos sean ambos.

En segundo lugar, los contenidos. Nada nuevo, reiterar las medidas ya conocidas: congelación salarial virtual, reducción de gasto público vía limitación al 10% de la tasa de reposición, la puesta en marcha del Observatorio sbre el Empleo Público y los esperados planes de racionalización de recursos humanos y de reestructuración de la AGE y el sector público empresarial.

Espereremos y veamos porque son varios los casos en que las palabras no coinciden con los hechos. La congelación salarial es un hecho, es verdad (ya veremos qué pasa con la claúsula de revisión en 2012) pero otras cuestiones presentan algunas contradicciones entre palabras y hechos o simplemente ponen de manifiesto la supuesta doble alma de este gobierno (otro portavoz parlamentario, s.i.c.). Dos ejemplos: 1) mientras la vicepresidenta adorna su intervención destacando el valor de lo público, el valor y la acción del Estado como garante del interés general y del bienestar social, sorprende la dejadez y destinterés del Gobierno en relación a servicios públicos vertebradores social-económica y territorialmente; 2) mientras la vicepresidenta habla de limitar la tasa de reposición para reducir la factura del capítulo I y adaptar la estructura y la organización a las exigencias y necesidades actuales del servicio público, no paran de llegarme casos de departamentos ministeriales que siguen sacando a cobertura vacantes de puestos administrativos y auxiliares, de naturaleza burocrática, en algunos casos nutriéndose de efectivos de otras organizaciones públicas que los necesitan para atención al ciudadano.

En tercer lugar, los plazos. Finales de junio para tener todas las medidas en marcha, finales de marzo para tener el Plan de Reestructuración, finales de marzo para el decreto de creación del nuevo Observatorio, etc. La realidad es que llevamos más de tres años esperando la ley de Función Pública en la AGE y que sacar un decreto de creación de un organismo no supone que éste vaya a empezar en breve su funcionamiento. Ejemplos, hay.

Cuarto y último, las evasivas. Así al menos podemos considerar, por ejemplo: el mantenimiento de 140 millones de inversión en formación continua (tocan a 46€ /año por empleado público !!), las inexistente mención a la reforma de la LOFAGE (estaba en el programa socialista !!) como herramienta para racionalizar ministerios, altos cargos y servicios comunes, o la ambigua referencia a los trabajos internos en un borrador de estatuto del directivo público.

Más tijeretazos al déficit público

El pasado viernes el Consejo de Ministros aprobaba un nuevo Plan de Austeridad para el periodo 2011-13 que se verá complementado por un Plan de Acción Inmediata para este año 2010.

Las cuentas públicas lógicamente están notando el efecto de la crisis y hay que dar señales a los mercados de que algo se va a hacer para atajar el desbocado déficit. Supongo que esta es la verdadera razón por la que el viernes salió a la palestra la vicepresidenta económica para anunciar (nada más y nada menos) que un tijeretazo de 50.000 millones en los próximos años. No es la primera medida de recorte que se ha anunciado en los últimos tiempos (aquí y aquí) pero sí la más contundente, si es que al final de verdad se va a aplicar.

Para empezar, según la nota oficial de Moncloa, los ministerios tienen que decir en qué van a recortar este año hasta llegar a un 0.5% del PIB (unos 1300 millones de euros). Además, la tasa de reposición de efectivos en la AGE quedará limitada al 10% (sólo una reposición por cada diez jubilaciones), incumpliendo (y no ha hecho más que ponerse en marcha) el acuerdo gobierno-sindiatos del pasado otoño que fijaba esta tasa en el 30% (¿qué dirán a esto los sindicatos de función pública?).

Pero esto es chocolate del loro si comparamos los drásticos ajustes que se anuncian para el periodo 2011-13. Recortar un 2.6% adicional (AGE) va a suponer reestructuraciones del gasto importantes en capítulos como personal, inversiones y transferencias. No sabemos si de nuevo se incumplirá el acuerdo Gobierno-sindicatos (preveía el mantenimiento del poder adquisitivo de los empleados públicos mediante claúsulas de revisión salarial en este periodo) o habrá reducciones de efectivos en la AGE suficientes para alcanzar -0.3% prometido. Si las inversiones públicas se difererirán tanto que afectarán a programas significativos de obras públicas como la red de carreteras o la alta velocidad (-0,5%) . O cómo se verán afectados entes autónomos, CCAA y EELL por la reducción en las transferencias (-1.6%).

Aquí podéis consultar la presentación que hizo la vicepresidente el pasado viernes. Corren tiempos difíciles...

17 apuntes a la Ley de Economía Sostenible

El presidente Zapatero ha comparecido hoy en el Congreso (a petición propia) para explicar el proyecto de ley de Economía Sostenible. Se ha manoseado tanto este tema durante los últimos meses que ya había ganas de conocer los detalles de una de las políticas estrella de la legislatura. He tardado algunos días en echar un vistazo al texto normativo que propone el ejecutivo a las Cortes generales.

Primero.- Comentar lo que ya (por desgracia) es algo recurrente: la ley se antepone a la estrategia. Según el Gobierno el proyecto de ley es una de las tres patas que conforman la llamada Estrategia de Economía Sostenible. Pero no se habla de dicha estrategia sino del proyecto normativo que pretende darle soporte. De nuevo parece que o no sabemos o no queremos hacerlo de otra manera. Recuerden aquello tan español de que "cuando no sepas cómo resolver algo aprueba una ley"

Segundo.- Las otras dos patas de la Estrategia de Economía Sostenible son por una parte los fondos que dan sustento económico a la estrategia (el fondo ICO de Economía Sostenible de 20.000 millones y el fondo Estatal para el Empleo y Sostenibilidad Local de 5.000 millones) y por otra una serie de reformas: justicia, socio-laboral, directiva de servicios, educación y energía. ¿Les suenan? A mí mucho pero por las veces que se repiten en los medios de comunicación no por sus resultados.

Tercero.- Una vez más una reforma fundamental, como es la de la Administración pública, cae en saco roto a pesar de ser absolutamente imprescindible para abordar con garantías un cambio en el modelo económico. Las medidas deslavazadas que se anuncian, muchas de las cuales reiterativas, no son suficientes ni forman parte de una planteamiento coordinado y ambicioso.

Cuarto.- ¿Se acuerdan de las leyes de acompañamiento? Eran esas leyes "cajón desastre" que se aprobaban junto a la ley de presupuestos en la que todo cabía y que se utilizaban para hacer cambios sustanciales a la remanguillé. Tanto fue el cántaro a la fuente que al final el Supremo las suprimió. A mí desde luego esta ley me suena eso y no me esperaba encontrar 137 artículos, 198 páginas (100 de ellas de disposiciones finales, adicionales, transitorias, etc.). ¿Alguien me puede explicar que pinta lo del control de las descargas en internet dentro de esta ley?

Quinto.- El artículo 3 cita los principios que deben impulsar las Administraciones públicas en favor de una economía sostenible. Serían los nuevos desafíos a los que se enfrentan los poderes públicos en un escenario diferente: mejora de la competitividad, estabilidad de las finanzas públicas, fomento de la capacidad innovadora de las empresas, promoción de las energías limpias, racionalización de la construcción residencial, extensión y mejora de la calidad de la educación e impulso de la formación, fortalecimiento y garantía del Estado social. Como principios están bien; ahora... ¿está Administración preparada para esta compleja tarea?

Sexto.- El rol regulatorio es sin duda uno de los más destacados en el horizonte de las Administraciones públicas. Los principios de better regulation enunciados en la ley son correctos pero se mantienen mis dudas sobre la capacidad de las Administraciones actuales para asumirlos.

Séptimo.- Destacada es la reforma de los organismos reguladores del capítulo II, reforzando
desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines con autonomía orgánica y funcional, plena independencia de las Administraciones Públicas y de los agentes del mercado.
Asimismo están sometidos al control parlamentario y judicial. Evidentemente se busca una dirección más ágil y transparente al reducir el número de consejeros y dotar de mayor publicidad de sus actuaciones y rendición de cuentas. Aunque la realidad es que van a seguir subordinados al gobierno de turno mientras su presidente sea nombrado por el mismo. Una curiosidad, ¿alguien sabe si la Comisión Nacional del Sector Postal está funcionando?

Octavo.- El capítulo IV de Sostenibilidad Financiera de las Administraciones públicas no tiene desperdicio: el enésimo Plan de Austeridad y Calidad del Gasto (art. 33) que debe ser presentado en 6 meses y que teóricamente será presentado a las Cortes; el enésimo Plan de Racionalización de la AGE y el sector público estatal (art. 34), también en el plazo de 6 meses; una obligación de responsabilidad social corporativa para el sector público empresarial (faltaría más si es público!) (art.36).

Noveno.- Dos novedades en el capítulo IV antes mencionado. Una poco importante: se autoriza al gobierno a la creación de una nueva agencia, la Agencia patrimonial del Estado (art. 35) que centralizará la gestión inmobiliaria de los bienes públicos en poder del Estado. ¿Qué pasará con la dirección general de Patrimonio? Y una significativa: meter en cintura a los ayuntamientos. O someten sus liquidaciones presupuestaria a Economía y Hacienda o habrá retención de transferencias.

Décimo.- Un nuevo impulso a la contratación pública y a la colaboración público privada (capítulo V). Se habla de favorecer a las Pymes, pero ¿tienen estas recursos para lidiar con los costosísimos trámites de la LCSP?

Undécimo.- La simplificación administrativa como base para la competitividad: el Gobierno lleva ya mucho tiempo hablando de este tema por lo que no representa ninguna novedad. Se define de forma detallada (art. 43) un procedimiento simplificado en coste y plazos para la creación de empresas, eliminación del ITPAJD con la introducción de elementos telemáticos y exención de tasas de publicación.

Duodécimo.- Se modifica el silencio administrativo con el objeto de que si la Administración no se pronuncia no se interrumpe el procedimiento, aunque no en todos ellos (se excluyen los que no se consideren cubiertos por razones imperiosas de interés general). También se agilizan ciertos trámites de licencias municipales y catastro inmobiliario.

Decimotercero.- Bienvenida sea la obligación de pago a 30 días por parte de las Aministraciones. Pero , qué quieren que les diga. Yo no me lo creo. ¿Qué garantías tienen los empresarios que se cumplirán dichos plazos? Ahora existe obligación de pago a 60 días y muchas pagan a más de 100.

Decimocuarto.- Sobre el derecho universal de acceso a redes de banda ancha (1M) para antes del 2011 (art. 61) nada que objetar. Aunque me gustaría que no ocurriera lo de siempre que se habla de derechos (universales): que simplemente no se cumplen. Acaban mercantilizándose y ya sabemos que cuando hay rentabilidades por medio no siempre se cumplen los principios de accesibilidad, equidad y precio asequible.

Décimoquinto.- El impulso de la economía verde es uno de los retos de los poderes públicos según esta nueva ley. Harán falta capacidades y fórmulas organizativas específicas para articular estas políticas con más técnicos cualificados y menos burócratas. Interesante la simplificación administrativa (art. 104) para el impulso a energías renovables y eficiencia energética.

Decimosexto.- La Administración verde (art. 105) no es novedad, aunque se haya incluido también en esta ley.

Decimoséptimo.- Respecto a la aplicación y evaluación de la ley, ¿por qué no se recurre a la AEVAL? De nuevo parece que queda al margen en un asunto importante.

Eficiencia y racionalidad en el empleo público

El pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó la Oferta Empleo Público para el año 2009. Tiempo tendremos en los próximos días de hacer un post específico hablando de los detalles de dicha Oferta, una vez que conozcamos el contenido exacto del Real Decreto aprobado por el Gobierno.

Mientras, no podemos dejar sin comentar el apéndice que este año incorpora la referencia que publica el Consejo de Ministros de la que también da cuenta la nota de prensa del MAP. Se trata de un Acuerdo para la Eficiencia en el Gasto de Personal que consiste en una serie de medidas de austeridad y eficiencia en materia de empleo público con el fin de optimizar los gastos de personal.

Algunas de las medidas son :

• Dimensionar adecuadamente las RPTs ajustando los puestos que sean necesarios, dando de baja los que no lo sean cuando queden vacantes y limitando el número de las mismas a un 8%.
• Procedimiento de selección de interinos para cubrir necesidades urgentes e inaplazables.
• Racionalización de cuerpos y escalas de la AGE.

Desde aquí no me queda otra que aplaudir estas medidas porque es algo de lo que hemos hablado en este blog en otras ocasiones. No nos engañemos: igual que existen sectores prioritarios de empleo, también hay áreas excedentarias de las que puede salir un buen ajuste en el gasto de personal, especialmente de los niveles más bajos de la Administración. Lo mismo ocurre con la muy desfasada estructura de cuerpos y escalas que, sin entrar al fondo de la cuestión si tiene sentido en la Administración pública actual, también tiene importantes márgenes de racionalización. Veo sin duda más posibilidades en este sentido que en la facilona congelación salarial de los empleados públicos, de la que ya se están empezando a oir las primeras voces incluso desde el Gobierno.

Ya veremos en qué queda todo esto y si no es de nuevo otra medida de carácter efectista que acaba fulminada por la trituradora administrativa. Desde luego sería un magnífico ejercicio de transparencia el que el MAP y Hacienda informaran de los detalles de estas medidas y cómo se van ejecutando. Pero no nos engañemos: nunca lo hacen y ahora no va ser diferente. El hermetismo en nuesta Administración en estas cuestiones es total.

Revolución en el Ayuntamiento de Barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona nos anuncia una "reforma radical en su gestión los próximos años". Este es el ambicioso objetivo que rodea el Plan Barcelona 2.0, que ayer fue presentado a directivos y técnicos según El Periodico.com. Se desarrollará entre 2009-2011 y se introducirán nuevas técnicas de gestión como el cumplimiento de objetivos y la incentivación económica en este sentido. También se abordarán cambios en la selección de personal, la formación y el ámbito directivo. Se pretende un "cambio en la forma de trabajo" y se anuncian mejoras en la dotación de recursos, con una inversión tecnológica que duplicará la correspondiente a la legislatura anterior.

Visto así desde luego que parece que la cosa promete. Habrá que seguirlo con detalle ya que, además, el Ayuntamiento de Barcelona es una Administración de un tamaño interesante (13.000 empleados). Luego, como en otras ocasiones, veremos en qué queda todo.... aunque hay un matiz a valorar: los catalanes en temas de modernización de la Administración, sobre todo en el ámbito local, van por delante del resto de España.

Si alguien tiene el documento del Plan Barcelona 2.0 que me lo haga llegar, por favor. He mirado un rato en la web municipal y no lo he logrado ver.