En 2019 hablaremos sobre....

Hace unas semanas comenzamos el nuevo año, momento siempre propicio para manifestar buenos própositos y plantearse retos inmediatos para los próximos meses que han de venir. Abundan por estas fechas los balances del año que acaba y las perspectivas o retos para el año que comienza.

Aprovechamos que la temática de este blog es sobre el sector público para indicar algunas cuestiones sobre las que se continuará hablando en 2019 en este ámbito.

En 2019 se hablará de despolitizar la función directiva en las Administraciones públicas. Es un debate recurrente que adquiere mayor intensidad cada vez que hay cambios de gobierno. El escenario electoral con municipales, autonómicas y quién sabe si generales propiciará unos cuantos. Y ya sabemos que cuando hay relevos, los buenos propósitos abundan siendo uno de ellos el de la profesionalización. Luego ya pasaremos del dicho al hecho que es otra historia. 

En 2019 se hablará de políticas de igualdad en el sector público. Conciliación, igualdad efectiva entre hombres y mujeres, el acceso de la mujer a los puestos directivos, etc. son asuntos que preocupan y han llegado para quedarse. La entrevista el otro día al secretario de Estado de Función Pública es toda una declaración de intenciones. 

En 2019 se hablará de la robotización de la Administración. Bajo este titular hay mucha miga: la aplicación de la inteligencia artificial o el blockchain al sector público está ya iniciándose pero es un camino en el que queda mucho por recorrer. La automatización de procesos, simplificación de tareas, refuerzo de las garantías, eficiencia de costes son parte de esas enormes expectativas generadas , que tendrán que convivir con el realismo de una madurez tecnológica que está por llegar y con toda la pléyade de impactos legales, éticos, organizativos y de gestión de personas con los que habrá que lidiar.

En 2019 se hablará de la captación de talento en el sector público. El reclutamiento y retención de profesionales públicos va a convertirse en un asunto estratégico dentro de la gestión pública. No ya sólo por el envejecimiento de unas plantillas que habrá que renovar, sino porque la digitalización pondrá más en evidencia el sistema actual de gestión de personas cuyo corsé impide que la Administración pueda contar con los mejores. Un coste demasiado alto que acabaremos pagando todos si no se aborda una reforma valiente de la política de gestión de personas.

El 2019 se hablará de Agenda 2030. La Agenda 2030 es una fuente inagotable de discurso, acciones y estrategias. Las políticas públicas que han de impulsarse desde las Administraciones están plenamente condicionadas por el cumplimiento de las obligaciones de la Agenda. Por otra parte las organizaciones públicas estarán sujetas a mandatos de dichas políticas que habrán de cumplir o supervisar que cumplan los actores privados que con ellas interactúan.

En 2019 se hablará de coproducción de servicios. Especialmente a nivel municipal serán cada vez más las iniciativas de innovación abierta en las que veremos una implicación cada vez mayor de la sociedad civil o mercantil. Nuevos enfoques como el design thinking o las metodologías ágiles irán avanzando dentro de la gestión pública para atender la dificultad de proporcionar mejores servicios en el menor tiempo posible.

En 2019 se hablará de municipalización o privatización. De nuevo el escenario electoral será el culpable de que reaparezca  un debate siempre abierto que, aunque de tintes ideológicos, nos encontramos con sorpresas: existen posiciones de la izquierda que defiendan la participación privada en la prestación de servicios públicos y viceversa, posiciones conservadoras que defienden servicios públicos prestados desde la Administración. Cuestiones como sostenibilidad, eficiencia, calidad de servicios y, en definitiva, buena gestión pública están sobre la mesa.

En 2019 se hablará del Consejo de Transparencia.  De transparencia se viene hablando diez años de forma recurrente y es el motivo de que haya habido avances. Pero estamos en un momento clave con asuntos en los que se demanda transparencia atascados, limitaciones constantes al derecho de información y un Consejo de Transparencia muy tocado, con una dirección interina y estrangulado presupuestariamente.

El oxímorón de la Justicia abierta

Justicia y apertura, ¿dos conceptos contradictorios? Hay pocas dudas que hasta ahora lo han venido siendo. Con razón o sin ella. La Administración de Justicia tiene sus peculiaridades que no son pocas.
Se trata de un servicio público que maneja bienes muy sensibles, nada más y nada menos que la libertad de las personas. Incluso sin llegar a ese extremo el mero hecho de estar envuelto en un procedimiento judicial puede tener un elevadísimo coste en la vida cotidiana y en la reputación de los implicados. La prestación no es bidireccional entendida ésta en términos "prestador -usuario" sino que hay varios intervinientes, unos ganan y otros pierden . Y además es impartida por un Poder del Estado independiente, en cuya función jurisdiccional tiene la autonomía y capacidad de decisión plena que consagra nuestra Constitución.

Dicho esto, que no es poco, la pregunta es si esa particularidad de la Administración de Justicia es motivo suficiente para que el servicio público de Justicia sea percibido por los ciudadanos como "distante", "opaco", "desconectado con al realidad" , o para que la ingente cantidad de datos - no personales- que están en los expedientes queden cerrados a cal y canto en un armario o para que no haya una rendición de cuentas efectiva, veraz e independiente de su funcionamiento o para que no se pongan de manifiesto los vicios, malas prácticas, pequeñas corruptelas que en este ámbito, como en muchas organizaciones ancladas en modelos del pasado, acaban aflorando.

Si pensamos en una Justicia del futuro sin duda muchas de estas cuestiones tienen que estar encima de la mesa.  Los gobiernos y los legislativos se están abriendo. También la Administración de Justicia ha de adaptarse a los nuevos tiempos y no sólo mediante el simple hecho de poner ordenadores en los juzgados.

En este sentido emerge el paradigma de Justicia abierta como un concepto novedoso, innovador y, por qué no decirlo, contracultural y a contra corriente del devenir hasta nuestros días de la Administración de Justicia. Hay ya gente que desde hace algún tiempo viene hablando de ello. De ahí que en el próximo Congreso Internacional de Gobierno, Administración y Políticas Públicas de GIGAPP haya un panel específico sobre la materia.


Os dejo el paper que he escrito para el mismo. No pretende sentar cátedra ni mucho menos. Simplemente ser una modesta contribución al debate conceptual e ideológico sobre este nuevo paradigma. Lo podéis descargar aquí.

Empleados públicos y sociedad en red

Hace ya bastante tiempo que los dinosaurios desaparecieron de la faz de la tierra . Las grandes transformaciones que se produjeron en nuestro planeta, en su mayoría violentas y sistémicas, tuvieron gran culpa de ello. El resto se debió a la incapacidad de las especies para adaptarse al nuevo ecosistema.

Frecuentemente al sector público se le compara con un gran dinosaurio, por su tamaño, lentitud, obsolescencia, etc.  ¿Es posible pensar que la sociedad en red, las transformaciones derivadas de internet, de la tecnología, pueden llevárselo por delante igual que ocurrió hace miles de años en nuestro planeta con dichas especies?

Pensar en una desaparición total es un absurdo, un escenario que hoy nadie maneja, ni siquiera los más acérrimos enemigos de lo público. Lo que sí está en juego es su legitimidad y la posibilidad de que el sector público acabe siendo un residuo marginal dentro del escenario social.

Si esto ocurriera sería terrible. ¿Por qué? Algunos motivos: 

1. Lo público articula las relaciones sociales y económicas, armoniza intereses contrapuestos.
2. Lo público vertebra cualquier territorio.
3. Lo público dota de cohesión a la sociedad.
4. Lo público contribuye a la equidad y a la justicia social.
5. Lo público puede suponer un motor económico, en determinadas circunstancias y determinados sectores.
6. Lo público contribuye a la competitividad y al progreso.
7. Lo público es clave para la mejora de los índices de desarrollo humano y bienestar en términos de salud , educación, seguridad y riqueza. 
8. Lo público equilibra los fallos del mercado y actúa en determinados segmentos "no rentables" para el mismo.
9. Lo público proporciona las redes de protección
10. Y por último lo público es (sobre todo) el valor de lo intangible

 ¿De qué depende entonces que no haya más "fallas de legitimidad" de las que desgraciadamente ya vienen sufriendo las AAPP? De varios factores: algunos tienen que ver con las fuerzas (externas)   y cómo le van a impactar. Pero otros con la capacidad del propio sector público para reposicionarse frente a vectores de cambio intensos como los derivados de la tecnología y las transformaciones sociales inducidas por ella. Un ejemplo, ¿cómo se relaciona la Administración con las nuevas generaciones Y , Z que vienen?

Frente a esta disyuntiva los profesionales públicos no pueden, no deben mirar hacia otro lado. No pueden esperar a que sean los políticos quienes vayan a marcar el paso, dar la orientación o las pautas necesarias: el asunto escapa de sus intereses / competencias. No pueden encerrarse en su castillo pensando que es un asunto que no va con ellos: sí que va porque son ellos los que componen y dan continuidad a las organizaciones afectadas.

La respuesta pasa por los profesionales. Son ellos quienes tienen que arremangarse y enarbolar esta bandera con decisión y responsabilidad. La pregunta es ¿cómo? Una premisa básica: conocer lo que está pasando, comprenderlo , interiorizarlo y, por último, actuando en consecuencia.

El camino hacia la Administración sin papel

El pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó y remitió a las Cortes el proyecto de ley del Procedimiento Administrativo Común que viene a refundir las actuales leyes 30/92 y 11/2007 de Administración electrónica.

Se trata de una medida incluida en la reforma CORA que pretende servir de instrumento normativo para la transformación digital de las Administraciones públicas. Entre otros objetivos se persigue mejorar la eficiencia administrativa con una Administración totalmente electrónica e interconectada que otorga carácter preferente a la tramitación electrónica de los procedimientos, impone la obligación de que las comunicaciones sean mediante medios electrónicos a personas jurídicas, profesionales que requieran colegiación y físicas que reglamentariamente se determine. Significativamente otorga validez jurídica a los actos digitales y a medios de identificación y firma electrónica mucho más simplificados y usables como es el caso de cl@ve.

Asimismo este proyecto viene complementado por otro de Régimen Jurídico del Sector Público  que establece que todas las relaciones de las Administraciones con sus órganos, organismos y entidades dependientes así como las de las distintas Administraciones entre sí serán a través de medios electrónicos que además garanticen la interoperabilidad de los sistemas. Realidad ésta que costará años alcanzar pero para la que el proyecto de ley marca un camino claro y decidido. Además se regula el portal de Internet como punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración y permite el acceso a información y , en su caso, a servicios (sede).

En todo este marco general podríamos considerar que se incluye el plan del Ministerio de Justicia de avanzar de manera decidida hacia una Justicia sin papel. Un camino que se inició hace años, que no es fácil y que aún le quedan otros cuantos. Pero al que hay que ir dando pasos, aún sabiendo que este transitorio donde coexistan el papel con lo digital se va a mantener un tiempo largo y será fuente de distorsiones e ineficiencias difíciles de comprender en determinadas situaciones.

El  paso a dar este año 2015 es importante y parte de dos premisas: que poner fechas es siempre bueno; y que la obligatoriedad introducida a través de la ley que mayor efecto jurídico produzca dejando el mínimo margen a la interpretación es una vía válida para avanzar. Fruto de ello es la medida de que el 1 de ener
o de 2016 la ley de Enjuiciamiento Civil establecerá como obligatorias las relaciones electrónicas de los profesionales con la Justicia. Supondrá un salto importante hacia la Justicia sin papel, aunque a corto no produzca los efectos máximos deseados al no contar todavía con la implantación completa de la tramitación / expediente judicial.

Para ello es preciso que todos los actores (jueces, fiscales, secretarios, procuradores, abogados, instituciones, etc...) se impliquen a fondo y resuelvan, junto a Ministerio y CCAA los impactos que se vayan a producir. Este es el objetivo de la Comisión de alto nivel creada esta mañana y cuyo resumen adjunto en este link.

El puzle del cambio

Helmut Klagues, ilustre académico alemán, es un experto en gestión del cambio aplicado a organizaciones públicas en general, y a entidades locales en particular. Obligadas son sus teorías en las que clasifica los procesos de gestión del cambio en diversas tipologías según su carácter más agresivo ("lanzamiento de bombas" = implantar el cambio a toda costa y sin contar con los actores) o menos ("balsa de aceite" = extender el cambio de forma muy lenta, muy consensuada, con tendencia a convertirse en una burocracia cronificada).

La virtud, como en tantas cosas en la vida, suele estar en el punto medio o , alternativamente, en construir un modelo de cambio que combine  un poco de todos mezclando y aplicando los ingredientes según el caso.

Un poco de todo ello es lo que estamos intentando hacer en el proyecto que estamos poniendo en marcha para acelerar la Justicia en entornos digitales cuyo plan para 2015 presentó ayer el Ministro a los medios.

Se trata , por un lado, de cerrar proyectos "históricos" del departamento que se han venido implantando a modo de "balsa de aceite" pero que fruto de ello llevamos más de una década y aún están sin cerrar. En un mundo con cambios vertiginosos y con un desarrollo tecnológico voraz es difícilmente asumible esperar otros diez para cerrar lo básico , los cimientos del edificio. Por ello hay que tomar decisiones drásticas y cerrar por ley , poniendo una fecha límite y haciendo que todos los afectados se pongan las pilas de forma definitiva. La Justicia sin papel, de la que se lleva hablando desde hace una década, debe ser una realidad ya. Los ciudadanos no esperan otra cosa.

Sin embargo, cuando se trata de abrir nuevas líneas de trabajo , completamente novedosas, es preciso primero abrir el debate para analizar pros y contras , y obtener ideas, para a partir de ahí ir construyendo el sendero a base de proyectos piloto e iniciativas más limitadas que puedan ser evaluadas. Es la única manera de construir servicios con rigor, que sean a la par flexibles y eficaces. La Justicia abierta, de la que muy pocos hasta ahora han hablado en este mundillo, debe seguir esta lógica.

De todo ello hay en el vídeo (5') que os adjunto y que pretende ilustrar el trabajo que estamos haciendo en el Ministerio
con el que queremos contribuir a que la Justicia sea un servicio público a la altura del siglo XXI. Pretendemos cerrar proyectos y abrir otros. Con ese doble objetivo nos plenteamos el 2015.

 

Modelos de transformación pública

Entramos en la segunda década del siglo XXI y los paradigmas sobre modelos de cambio en la Administracion pública van evolucionando y superponiéndose en el tiempo. Difícilmente acaba de extenderse en su totalidad uno de ellos cuando emergen otros que le mejoran o complementan.

Desde finales del siglo pasado y ya con fuerza en la primera década de este siglo el avance de la Administración electrónica ha sido incontestable. Se trata de llevar las posibilidades de lo digital a la prestación de servicios públicos y al funcionamiento interno de la Administración. El egov actúa sobre los procesos y la tramitación, sobre la maquinaria administrativa y en los aspectos de front-office que tiene que ver con la prestación de servicios. España ha alcanzado niveles altos de implantación de este modelo, especialmente en los servicios prestados a personas jurídicas, pero tiene aún pendiente el reto de la transformación digital. Es decir, cómo la tecnología puede alterar estructuras, cultura de trabajo y modos de prestación.

El lograr una Administración sin papel, ágil y eficiente está entre los objetivos de dos de los proyectos más relevantes que están preparándose para hacer de la nuestra una Administración plenamente digital: la EStrategia de Transformación Digital de la AGE que está preparando la DTIC y el APL del nuevo procedimiento administrativo que vendrá a a refundir las viejas 30/92 y 11/07. Ambos ofrecen una respuesta coordinada a necesidades perentorias como el disponer de servicios comunes o apostar por unas comunicaciones electrónicas (p.e. notificaciones) .

Pero la apuesta por una Administración digital , siendo hoy condición necesaria, ha quedado en insuficiente. La segunda década de este siglo nos lleva a tener que preocuparnos , no sólo de cómo hacer más eficiente la maquinaria administrativa, sino también de un eje que hoy es fundamental: la relación con el ciudadano. De ahí , la nació el Gobierno abierto que busca precisamente reconectar lo público a un nuevo modelo de ciudadanía que demanda una forma diferente de relacionarse con sus gobiernos y su Administración. Si primero fue el discurso, ya va siendo hora de pasar a los hechos y pasar de las palabras y las leyes, a las acciones concretas y sus consecuencias. En esa transición precisamente nos encontramos, así como en indagar si es posible (y cómo hacerlo) llevar el modelo de lo abierto también a otros ámbitos como el legislativo y el judicial.

Sin perder de vista los dos anteriores, se empieza a vislumbrar el modelo que va a caracterizar la tercera década: la Administración inteligente. Entendida ésta como aquella que utiliza el dato como activo digital estratégico y es capaz de procesar, entender y generar servicios y pautas de decisión basadas en el análisis. Se trataría de una evolución del concepto de smart city que a día de hoy estamos conociendo desde posiciones  tecnológicas y de generación de negocio, a otras de  gobernanza democrática y  políticas públicas.

Modelos que avanzan, se superponen y se condimentan con un buen puñado de nuevas técnicas de gestión (innovación  vs. planificación) y herramientas tecnológicas (redes sociales, movilidad, internet de las cosas).

En definitiva, cambios disruptivos y vertiginosos que a muchas de nuestras Administraciones les pueden resultar ciertamente indigestos.

El reto estratégico de TIC+derecho en lo público

La tecnología y el derecho van a velocidades sustancialmente distintas. Que la primera vaya a la velocidad de la luz y el segundo a un ritmo lento no es algo mejor ni peor, simplemente es una constatación que además puede que con todo el sentido del mundo.

Sin embargo, la transformación de las Administraciones públicas demanda que haya un  acompañamiento y coordinación entre la tecnología y el derecho. De nada sirve que tengamos todas las posibilidades tecnológicas del mundo si luego hay unas leyes que imponen hacer las cosas de una determinada manera. Igualmente el derecho es el equilibro necesario para algunos de los desmanes que pueden provocar las TIC.

El problema viene cuando no hay equilibrio; es decir, cuando desde el derecho se utiliza la norma como parapeto contra la innovación y se mantiene el obcecamiento en formas de trabajar del siglo pasado. O cuando desde planteamientos exclusivamente tecnológicos se ignora la necesidad de mantener las garantías y la legalidad.

Lo que sí es cierto es que los tiempos que corren llevan a replantearse muchas cosas, también a nivel jurídico y que es preciso innovar en este sentido para buscar nuevas formas de dar soporte legal a las nuevas oportunidades que abren las TIC. Cuando la respuesta a una innovación tecnológica es que no es posible implementarla porque no lo permite la ley, la siguiente pregunta es ¿qué impide cambiar la ley? y ¿por qué no se estudia cómo dar respaldo legal a dicha innovación?.

El futuro en la Administración pública no se concibe si un enfoque estratégico diferente que ponga a trabajar de manera conjunta en el diseño de servicios y de normativas a los profesionales jurídicos y a los profesionales TIC. En algunos sitios como AEAT y SS ya hace tiempo que lo están haciendo. En otros , lo estamos intentando.

Transformando la Justicia

El tiempo apremia y en unas cuantos semanas hemos sacado adelante un "Plan 500 días para acelerar la Justicia en entornos digitales" . Obviamente es imposible poner solución a problemas históricos y de enorme complejidad en lo que queda legislatura , pero precisamente por ello el Plan pretende incorporar una doble dimensión: por un lado una visión estratégica sobre los ejes de posicionamiento de la Justicia ante los retos y necesidades de la sociedad del siglo XXI. Y por otro, un enfoque de acción en el que dicho Plan se nutre de proyectos a corto plazo que muestren con hechos concretos cuáles son los objetivos que se pretenden conseguir.

Los ejes de transformación que se han identificado tienen que ver con: 1) el funcionamiento, una Justicia digital; 2) la relación con los ciudadanos, una Justicia abierta; 3) la gestión y la cultura interna, una Justicia innovadora.

 La Justicia digital tiene que ver con avanzar en la digitalización de los servicios con el objetivo de disponer de servicios proactivos, ágiles, simples y con "cero papel" . Para el 2015, uno de los proyectos más transformadores y relevantes, con esta idea de proactividad y mayor impacto en la ciudadanía, es la transformación que va a dar lugar a un Registro Civil Electrónico y la inscripción de nacimientos y defunciones desde los hospitales. Un proyecto complejo pero extraordinariamente relevante por el hecho de que los ciudadanos , cuando nace un hijo o muere un familiar, no tengan que ir a sufrir las largas colas del registro civil, sino que de manera sencilla en el propio hospital, los trámites de inscripción puedan verse realizados. Y más potente todavía los posibles evolutivos a más largo plazo de este modelo, ya que desde ese mismo hospital el ciudadano puede ver cómo el número de DNI, la obtención de prestaciones en el INSS, la inscripción en el INE, o la solicitud de ayudas a Hacienda puedan verse realizadas.

Por otra parte, la Justicia digital requiere avanzar en determinados aspectos clave que tienen que ver con la Administración de Justicia. Profundizar en las comunicaciones procesales electrónicas y en dispositivos móviles, tanto para profesionales como para ciudadanos. Hacerlas obligatorias en el primer caso, permitiendo la consulta de información desde dispositivos móviles, sistemas de pago electrónico, mensajería móvil para avisos informativos y señalamientos son algunso de los proyectos que pretendemos impulsar. Por otra parte la Justicia en Red busca conectar a la Justicia con otras Administraciones relevantes en el proceso judicial (por ejemplo en la remisión de datos necesarios para actuaciones de la Policía o en Tráfico), permitir la consulta a requisitorias desde cualquier juzgado de España o algo tan simple que cuando un ciudadano va a una ventanilla a iniciar un trámite en que se requiere comprobar si tiene antecedentes penales, ésto se pueda hacer sin necesidad de que dicho ciudadano tenga que acudir al Ministerio a pedir el certificado correspondiente.

Otro de los aspectos clave de la Justicia digital consiste en evolucionar a un nuevo sistema de gestión procesal electrónico sobre la base de una tecnología avanzada, modular, interoperable  y susceptible de reutilización, que permita la correcta implantación del expediente judicial electrónico. Además, la integración del sistema de gestión procesal con Fiscalías y Registros permitirá dotar de mayor agilidad y rapidez los procesos internos.

La Justicia abierta pretende impulsar una nueva relación con la sociedad en el entorno digital, orientando la actividad en Justicia a los ciudadanos del siglo XXI con un enfoque de mayor proximidad, transparencia y apertura a la participación y la colaboración. Desde el Ministerio impulsaremos nuevos proyectos que tengan que ver con ello: un modelo de escucha activa en la red, reorientar la web del Ministerio hacia un nuevo enfoque centrado al ciduadano , una estrategia de redes sociales eficaz y que cree valor así como nuevas formas de atención al ciudadano con mensajería instantánea a móviles. Dentro de este eje de Justicia abierta abriremos nuevos proyectos que mejoren la transparencia y la accesibilidad a información en la Justicia: Justicia 24 h. para mejorar el acceso de ciudadanos y profesionales a servicios de la Administración de Justicia, iniciaremos un Open data de la Justicia y un nuevo portal de subastas judiciales electrónicas integrado en el Boletín Oficial del Estado.

Por último tenemos muy presente aquello de que la tecnología no es nada sin personas ni organizaciones adecuadas. El eje de Justicia innovadora tiene por objetivo fomentar una cultura de la innovación que sirva de motor en la búsqueda de la excelencia en el servicio público y en la gestión interna. Para ello, avanzaremos el despliegue de la Oficina Judicial con nuevas implantaciones en Murcia o Ponferrada y entrará en funcionamiento un nuevo modelo de Oficina Fiscal. Pero también pondremos en marcha iniciativas para vincular la Justicia a la innovación , mediante la sensibilizacion, divulgación y formación de los profesionales en gestión de la innovción e incorporando herramientas de gestión compartida del conocimiento y aprendizaje colaborativo.

Un proyecto ambicioso con visión a largo y a acción a
corto que sirva de modesta contribución a la complicada labor de transformación de la Justicia. Falta hace en este país.

Millenials y Administración...en Málaga

La semana próxima, días 27 y 28 de octubre, se celebra en Málaga uno de los eventos con trayectoria y solera dentro de la temática modernización-calidad-innovación en el ámbito de las Administraciones públicas: las VIII Jornadas de Modernización y Calidad organizadas por el Ayuntamiento de dicha localidad andaluza.

El programa es amplio y está repleto de profesionales que llevan años trabajando por la modernización en la Administración local, cuya opinión y experiencia es valiosa para la necesaria puesta al día que este tipo de eventos facilitan.

Por mi parte asistiré con la ilusión de aprender y charlar con los colegas y amigos que forman parte del cada vez más amplio ecosistema de innovadores públicos. Con la ilusión añadida de poder participar como ponente en el taller Innovando en la Gestión Pública, repensando la organización que coordinan Antonio Díaz y Albert Galofré.

Un taller que se presenta muy interesante. Con un formato abierto, dinámico e informal la mesa dialogará con el público sobre gestión pública local . La hoja de ruta que han diseñado Antonio y Albert nos llevará desde el análisis del presente- cuál es el estado actual de la gestión pública local en tiempos de una crisis tan persistente- pasando por acciones concretas en base a propuestas de mejora elaboradas en grupos de trabajo hasta finalizar al día siguiente con una sesión de reflexión global sobre el futuro en términos de repensar las AALL hacia un modelo de gestión de impacto en la ciudadanía.

En esta última mesa es donde aprovecharé para hablar de mi percepción sobre algunas de las cuestiones que se van marcando poco a poco en el futuro inmediato: los millenials y su desembarco como ciudadanos, políticos y funcionarios; los nuevos hábitos asociados a la cultura digital; el papel de la Administración públicla en este nuevo escenario; los modelos de reforma - los que son y los que deberían ser; el papel de la tecnología como driver transformador; los rasgos de la organizació innovadora y cuáles son a mi juicio algunos de los factores más estratégicos en los que debe basarse una estrategia de innovación en cualquier
tipo de Administración.

Muchas cosas para poco tiempo que intentaremos sintetizar y apuntar en forma de ideas que puedan servir para que cada uno que quiera o pueda las aplique en su devenir de gestión cotidiano. ¡Nos vemos en Málaga! 

#CORA un año después... y seguimos

Ha transcurrido algo más de un año desde que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presentó a bombo y platillo su reforma de la Administración. Según sus palabras -  "fui ministro de AAPP y no reformé nada. Pero he vuelto como presidente y voy a hacerlo"- ahora tocaba entrar en profundidad en un asunto espinoso, que con más o menos entusiasmo abordan la mayoría de gobiernos con resultado desigual.

Esta mañana nos han vuelto a reunir en Moncloa para presentarnos brevemente algunos de los proyectos más significativos que se están poniendo en marcha (curiosamente la mayoría dependientes del Ministerio de Empleo) y para que el presidente dé un nuevo empujón a modo de anuncios de nuevas medidas en un momento en el que el ciclo político está casi finalizando.

Que esta reforma CORA esté centrada mucho en abrir portales para agilizar trámites o en realizar una sustancial "poda burocrática" (Rajoy dixit) y poco en desplegar un nuevo modelo de Administración, post-burocrático, abierto, dinámico que apueste por el talento (como parece que hacen otros, ver el PIP del Gobierno Vasco) no es opinión. No hay más que ver el díptico que nos han entregado al finalizar el acto en el que a modo de titulares destacan los hitos más importantes de la reforma:

• 10.417 M € ahorro acumulado,
• 2.000 entidades suprimidas,
• 4 anteproyectos proyectos de ley, 14 proyectos de ley, 21 reales decretos aprobados,
• 47% de las 222 medidas implantadas (el resto en fase de ejecución)
• 73% declaraciones IRPF por internet,
• 230 M€ ahorrados por compras centralizadas,
• 3 de 4 tramitaciones telemáticas,
• Integración de 57 oficinas en el exterior,
• Emprende en 3 en 1232 municipios (49% de l apoblación)
• 200M€ por venta de inmuebles y revisión de alquileres,
• 41.800M€ para pagar a 230.000 proveedores,
• 269 vehículos menos, 12,7 M ahorrados

Cifras sin duda interesantes pero que ponen de manifiesto qué es lo que realmente hay de transfondo en este proyecto: recortar y maquillar la burocracia vs. reformar de verdad.

Cuestión aparte son los anuncios que ha realizado el presidente sobre lo que va a salir en el Consejo de Ministros de mañana:

•  El anteproyecto de la nueva ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Es decir, la ley que venga a sustituir a la 30/92. Proyecto de especial importancia para desmantelar el pesado andamiaje burocrático de nuestra Administración. El presidente ha insistido que esta ley servirá para clarificar los tipos jurídicos de entidades públicas, introduciendo orden y racionalidad en el desarrollo de las mismas. Es decir, más por el lado del "régimen jurídico" y menos por el del "procedimiento administrativo" del que tan sólo ha anunciado que tendrá elementos más inclusivos para la ciudadanía. ¿Una ley para juristas o para ciudadanos? Esa es la cuestión. Veremos al final en qué queda todo ello.
• Manuales para la Simplificacion y la Racionalización Administrativa, musiquilla que ya hemos oido en anteriores ocasiones. El mantra de la simplificación da juego para años.
• Clave única para el acceso a los portales de la Administración general del estado, una buena medida que facilitará la vida a muchos ciudadanos que quieren acceder a los servicios públicos electrónicos pero que el galimatías existentes de claves, certificados, eDNI, etc... les echa para atrás.

Y por último que no ha anunciado el presidente pero que es relevante. Un año después de que se creara la . Trabajo ha costado. Pero esa ya es otra historia.
Dirección TIC de la AGE (CIO AGE) ¡por fin! sale mañana el decreto de estructura

Tres retos, tres, en materia de gobierno abierto

Tantos los ítems que tienen que ver con el concepto de gobierno abierto y tan variado su nivel de definición, desarrollo y aplicación que no es fácil identificar cuáles son los retos de futuro. Por descarte, parece claro que en el esquema teórico o conceptual no está el debate: está lo suficientemente avanzado para considerar que el gobierno abierto es un modelo sólido y comúnmente aceptado que es un paradigma de gestión pública en este siglo XXI.

A mi entender hay tres grandes retos pendientes: 

• Adaptar estructuras. Si queremos que una Institución sea abierta tienen que existir mecanismos internos que garanticen que lo sea: recursos, procedimientos, normativa interna, incentivos / sanciones, controles, responsabilidades. Tiene que existir un diseño organizativo específico que garantice por ejemplo la aplicación automática de la transparencia activa - sin depender de los intereses o decisiones de fulanito o menganito- o que las respuestas a peticiones de acceso a la información sean diligentes y eficaces - con sistemas que detecten si ha habido retrasos, dónde y por qué causa

• Medir y rendir cuentas sobre cuán abierto es mi gobierno. Los políticos hablan en demasiadas ocasiones de transparencia y apertura pero las palabras se las lleva el viento y lo que quedan son los hechos. Poner el cascabel al gato en este asunto es complicado. El trabajo de organismos independientes privados sin ánimo de lucro, como el ranking de Transparencia Internacional, es tan bien intencionado como insuficiente. Medir la transparencia por lo que vemos en una web institucional es una manera aceptable para disponer de algún tipo de información - más aún si se valora el que la información se ofrezca más allá de un PDF en web- pero si no existe la fuerza de la autoridad para auditar o fiscalizar en términos que se puedan exigir y valorar aspectos como la fiabilidad de lo que se informa o la organización interna que existe para lograrlo, es insuficiente.

• Profundizar en la democracia deliberativa. Es uno de los aspectos más solicitados de la sociedad y de él se hace eco una parte importante de la doctrina del gobierno abierto. Pero sólo en la teoría; en la práctica cuesta encontrar fórmulas - alguna fallida como el caso de la reforma de la Diagonal de Barcelona- para una integración más intensa y directa de los ciudadanos en los procesos de diseño, formulación e implantación de políticas públicas. Los instrumentos están. Faltan las decisiones de hacerlo y definir las condiciones adecuadas para que haya un desarrollo consistente en este sentido.

#CORA, ¿mola?

Pasan los meses y el proyecto para la Reforma de la Administración (CORA) sigue su curso. Se van poniendo en marcha diversas medidas cuya ejecución, en parte, conocemos por el informe trimestral de la Oficina para la Ejecución de CORA (OPERA). Una de las más últimas se está debatiendo en la actualidad: la Ley para la Reforma del Sector Público, una especie de totum-revolutum en la que lo mismo se habla de supresión de entidades, que de devolución de moscosos, que de movilidad del personal militar, que de temas medioambientales, ferroviarios, etc....

Pero está pasando desapercibido uno de los aspectos más relevantes del proyecto puesto en marcha por el Gobierno: la reforma en la gobernanza TIC de la AGE. Lejos de medidas puntuales y necesarias como la simplificación y mejora de procesos que permite la Administración electrónica, la nueva gobernanza TIC de la AGE debería contemplar un alcance ambicioso y con visión que otorgara a las TIC un rol relevante en la acción pública estatal contribuyendo a la estrategia de gobierno en la creación de valor público así como una mayor eficiencia en la gestión de los recursos TIC, desde el personal destinado a estas tareas hasta las inversiones en infraestructuras y desarrollos.

Ya dijimos en su día que la creación del CIO AGE en septiembre de 2013 era un paso necesario pero del todo insuficiente. La cuestión, decíamos, no es que exista esta figura y que sea ocupada por un buen profesional sino el margen de maniobra que pueda tener para poner en marcha su proyecto. Es decir, que sonando bien la música de dicho proyecto, que es conocida y está bien tirada, no es suficiente porque lo difícil será la letra, los detalles, los puntos de apoyo a la hora de ponerlo en marcha. De ahí que lo denunciado por ASTIC, la asociación de funcionarios TIC de la AGE, respecto a la paralización de gran parte de lo que hay en CORA referente a este asunto no nos deba sorprender.

Es en estos momentos, al poner encima de la mesa planteamientos que rompan con las clásicas incercias administrativas cuando ese apoyo político al máximo nivel que respalda CORA es más necesario para desatascar y neutralizar los puntos de veto que gran parte de las inciativas referentes a la reforma TIC de la AGE están encontrando.

Pero es ahí donde se ponen de manifiesto las incongruencias de un proyecto, sobre el papel ambicioso, pero que en la práctica cuando al mirar hacia dentro y de sudar la camiseta para cambiar la Administración en aspectos relevantes -gobernanza TIC, por ejemplo- se trata,  CORA, para el político, no mola.

Y lo relevante,  lo complejo que suponga transformar,  no sale adelante. Lo fácil, que además se pueda explicar bien, sí. Eso sí que mola.

¿Podemos?

Nuestro sector público tiene el reto de ponerse al día rápidamente. Un reto mayúsculo, pero irrenunciable. ¿Quién es el responsable de ello? Creo que todos: los ciudadanos deben exigirlo, puesto que está en juego - por ejemplo - algo tan simple que se entiende fácilmente como la gestión de su dinero; las empresas, porque su actividad económica viene condicionada por lo público días tras día. Los empleados públicos, por su propia responsabilidad y compromiso con el juramento o promesa que adquirieron en su toma de posesión. Y los políticos, porque los elegimos precisamente para dirigir lo común y no hay nada más común que la estructura de la que se dota una sociedad para convertir su aportación (impuestos) en valor que contribuya al progreso.

La reforma de lo público tiene pues que estar de forma permanente en la agenda política del gobierno de turno. Reformar para mejorar; reformar para fortalecer; reformar para dotar de músculo y capacidades, que no para liquidar lentamente de forma más o menos disimulada. Ese debe ser el objetivo de una política reformista que, como dije anteriormente, debe ser un continuo en el tiempo (aunque su intensidad pueda variar).

Persistir es pues uno de los secretos de un éxito tan difícil de lograr como necesario. El gobierno actual ha hecho un esfuerzo poniendo en marcha CORA pero deja en el tintero aspectos clave que, de momento, no asoman por ninguna parte. He aquí cinco ejemplos:

1. ¿Es posible..... un cambio en la forma de selección de los empleados públicos?
2. ¿Es posible .... dotarse de sistemas eficaces sistemas de escucha activa para alinear políticas con las necesidades ciudadanas? 
3. ¿Es posible .... incorporar las redes sociales en el proceso deliberativo de las políticas públicas?
4. ¿Es posible.... que se apruebe un Estatuto para la Dirección Pública Profesional?
5. ¿Es posible .... una reforma integral de la ley del procedimiento administrativo?

¿No se puede o no se quiere? ¿Ignorancia o intencionalidad? ¿Atenazados por intereses creados o no se ve oportuno en estos momentos? ¿Desconocimiento de la necesidad u
oposición deliberada a un reequilibrio en la relación de poder ciudadanos-política-Administración?

Burocracias gruyère

Las burocracias públicas cada vez me recuerdan más a quesos gruyère. De tan absolutos y dominantes que son su cultura, convicciones, usos y costumbres, que les empiezan a aparecer agujeros cuando han de enfrentar las complejidades plantean las sociedades modernas.

Estos agujeros o goteras, como queráis llamarlo, a la vista son poco visibles pero se van poniendo poco a poco de manifiesto cuando las respuestas de la acción pública adolecen de eficacia y eficiencia. En los tiempos que corren donde todo se mira con lupa y todo se cuestiona - y más en lo público- este proceso de deterioro y cuestionamiento es más intenso todavía.

El cambio, tapar las goteras, pasa no sólo por modificar las actitudes sino incluso por algo más efectivo, por cambiar los comportamientos e incluso por modificar el vocabulario, la jerga administrativa, los términos que utilizamos para referirnos a las cosas.

Efectivamente el lenguaje no es neutro y ante nuevos escenarios es preciso incorporar un nuevo repertorio de términos que sirvan para introducir un poco de aire fresco en las anquilosadas y arcaicas estructuras administrativas.

Por poneros unos ejemplos. No es lo mismo.............

• Hablar de servicios que de trámites,
• Hablar de proyectos que de programas,
• Hablar de incentivos que de controles,
• Hablar de liderazgo que de mando,
• Hablar de visión que de plan,
• Hablar de inprendedores que de burócratas,
• Hablar de profesionales que de funcionarios,
• Hablar de colaboración que de suficiencia,
• Hablar de redes que de jerarquía,
• Hablar de valores que de normas,
• Hablar de impulsar que de esperar ............................

Podríamos seguir pero mejor lo dejo para la conferencia que el próximo viernes impartiré en el V Congreso para la Excelencia en la Gestión de las Administraciones públicas que organiza Q-Epea, la asociación de entidades vascas.

Allí hablaré de cambio en la Administración, si es posible, en qué y cómo llevarlo a cabo.  El lenguaje es uno de los caminos. Necesario, pero no el único
.

Reformas públicas: ¿qué? ¿por qué? y ¿para qué?

El pasado lunes organizamos en ESADE Madrid una sesión académica impartida por el profesor Francisco Longo sobre ese asunto que está siempre encima de la mesa y que nunca parece tener fin como es la reforma de la Administración pública. Os dejo un resumen de lo más destacado.

 1. ¿Por qué una reforma de la Adminisitración?

Aunque no hablamos de una situación catastrófica, hay argumentos de peso que justifican abordar una línea de políticas públicas de reformas en este sentido:

• Crisis de sostenibilidad: déficit, deuda, y gasto público inelásticamente creciente (sanidad).
• Crisis de legitimidad: confianza en lo público bajo mínimos -> no se atienden las demandas de los ciudadanos (diez años ocupándose de la transparencia hasta que ha salido esta ley.. y qué ley); elevados costes de regulación y poco "business friendly".
• Crisis de capacidad: modelos de gestión anclados en el pasado que no dan respuestas a necesidades del presente. Se requieren nuevas competencias "top level": liderar, anticipar riesgos, gestionar en la complejidad, saber colaborar con el sector privado.

2. ¿Qué se está haciendo? (reforma CORA)

• Alta dosis de gesticulación reformista. Se habla todo el tiempo de reforma de las AAPP.
• Ajustes (CP) vs. reformas (LP) que no modifican las inercias instaladas actúando más sobre los outputs que no sobre los inputs.
• Contrasta la ambición (anuncios) frente a la realidad (práctica). Ejemplos concretos: ley de Transparencia y Reforma Local.
• Reforma burocratizadora centrada en el orden formal, controles primarios, recentralización de competencias, unidad de mando. El problema, p.ej., no es el número de entidades sino cómo se crean, cómo se planean o cómo se les pasan cuentas.

3. ¿Qué se debería hacer? 

•  Mejorar la calidad normativa (better regulation) y simplificar para hacer una Administración más fácil para los creadores de riqueza.
• Incrementar la calidad del gasto y los controles de la misma: incentivar la eficiencia, reformar el sistema presupuestario, una Autoridad Fiscal Independiente con auténtica "autoridad" e "independiente".
• Orientar hacia la gestión del talento: re-equilibrar las plantillas públicas hacia el conocimiento. Externalizar el trámite e internalizar la inteligencia.
• Un management profesional que rompa el círculo vicioso del "spoil system" cerrado que tenemos en la actualidad.
• Aprovechar el desarrollo de la ley de Transparencia para hacer un sector público transparente de verdad (tal y como aconseja la OCDE, entre otros).
• Aprovechar el efecto multiplicador de la "buena" colaboración público-privada.

4. ¿Cómo afrontar la reforma? 

• Enfoque multinivel (especialmente importante en un estado compuesto como el nuestro).
• Pensar "out of the box" y salirse de la endogamia que obstaculiza las reformas disruptivas.
• Menos acento en leyes y normas y más en incentivos y capacidades.
• Vincular la reforma a la sociedad. Es algo político por y para los ciudadanos.

 

El Estado "antifrágil"

De pavoroso califican algunos medios de comunicación el futuro que nos espera en las próximas décadas según describe el informe España en el Mundo 20133 elaborado por ESADE Geo y PWC, del que también se hace eco Antonio Díaz en un debate que ha abierto en Novagob. Lo podéis conocer y valorar accediendo a los links.

Pavoroso o no, lo que sí apuntan éste y otros informes es la sucesión de cambios sistémicos que se van produciendo en la sociedad, economía, política, etc. como consecuencia de la crisis o con ésta como pretexto, quién sabe. Por ejemplo, el informe Global Risks 2014, Ninth Edition (World Economic Forum) habla de desempleo y subempleo estructuralmente alto, importante disparidad de rentas, crisis relacionadas con recursos básicos (agua, alimentación, etc.), fenómenos meteorológicos extremos, fracaso de la gobernanza mundial y profunda inestabilidad social y económica.  Global Trends 2030: Alternative Worlds, añade como  principales tendencias que marcarán el siglo, al menos hasta 2030, el “empoderamiento de los individuos, el poder difuso, los nuevos patrones demográficos y el creciente nexo entre alimentos, agua y energía, y su relación con el cambio climático”.

A buen seguro que este panorama de oportunidades pero también de inquietantes amenzas como la desigualdad, precariedad, desempleo que pueden cronificarse en las sociedades occidentales (en España ya lo vemos), acabará teniendo efectos políticos sobre los territorios más afectados y, por ende, efectos sobre su sector público y el rol que éste viene destinado a desempeñar. Si la Administración nació como instrumento para maximizar el bienestar social podríamos pensar que en un escenario de escasez y desigualdad la Administración tendrá que actuar para maximizar las oportunidades de las personas y corregir las crecientes brechas y efectos colaterales provocados por la globalización.

En este sentido podría darse el escenario de que frente a aquellos que pronostican la vuelta a un Estado marginal que intervenga poco y vigile más cuyo rol central vuelva a ser la autoridad y la regulación frente a la provisión masiva de bienes públicos, otros como Taleb, N. apuestan por un Estado antifrágil que no sólo se recupera sino que sale fortalecido del caos y la incertidumbre con roles reforzados: cemento social (cohesionador de la desigualdad), corrector de desequilibrios (dumping social), redistribuidor (no sólo a través de rentas sino mediante nuevas y buenas prestaciones), proactivo (anticipa a demandas ciudadanas desde el primer minuto), colaborativo y abierto.

A día de hoy es difícil de pronosticar. Aunque el Estado marginal asoma poco a poco la patita, serán los ciudadanos, la sociedad, con su capacidad de actuar quien tiene en buena parte la respuesta. Conformismo o la movilización. Ese es el quid de la cuestión. Uno u otro nos llevan a escenarios diferentes....... esperemos que menos pavorosos de los que plantean los reputados analistas que elaboran los informes de tendencias.

¿#CORA for ever?

El pasado martes estuve en la secretaría de Estado para la Administración Pública en el acto oficial de presentación del Informe sobre la Reforma de la Administración de España que ha elaborado el departamento de Gobernanza Pública de la OCDE.

El acto, con amplia presencia de medios de comunicación, altos cargos del ejecutivo y personalidades de la sociedad civil, sirvió para que el ministro Montoro, la vicepresidenta Saénz de Santamaría y el secretario general de la OCDE A. Gurría expusieran los aspectos que a su juicio son más importantes de dicho estudio y anunciaran nuevas medidas como el incremento de plazas en la nueva OEP o la próxima elaboración de un esquema que salvaguarde la calidad normativa en aras de una better regulation.

La lectura sosegada del documento no me ha deparado demasiadas sorpresas, y más teniendo en cuenta que el pasado mes de julio mantuvimos una comida en ESADE con el director del departamento de Gobernanza Pública de la OCDE, Mario Marcel donde ya nos contó muchas de las reflexiones que desde este potente think-tank multilateral se vienen haciendo sobre la reforma de la Administración española.

Las recomendaciones de la OCDE se basan más en observaciones sobre la metodología y el procedimiento de reforma que en opinar sobre medidas concretas de las contempladas en el informe CORA.

 A juicio de esta organización el proceso de reforma debe ser un continuo con apoyo político al máximo nivel mantenido en el tiempo.En este sentido, incide en un modelo de gobernanza de la reforma con un enfoque estratégico coordinado que gestione coherentemente las diversas líneas de reforma puestas en marcha o que lo vayan haciendo. Priorizando e intensificando la coordinación con actores destacados, profundizando aún más el co-diseño y la participación de sociedad civil y ciudadano en el proceso de reforma administrativa.

La transparencia merece también un comentario destacado en el análisis de la OCDE. Valora positivamente la elaboración de la ley y la institucionalización que, gracias a la misma, en cierta manera se logra, pero recuerda que lo más importante está por llegar y que hay distintos ejes de actuación insuficientemente coordinados en los ámbitos de la regeneración democrática, las finanzas públicas, la gestión de personas, etc..

Las TIC son etiquetadas como motores de la reforma: antídotos de la fragmentación administrativa, palancas de cambio cultural y vector de eficiencia. El desarrollo de la estrategia elaborada por Dirección TIC de la AGE , el obligatorio uso de algunos servicios digitales, o una adecuada estrategia de gestión de datos e información del Gobierno se consideran aspectos clave.


Por último, la OCDE también incide en la necesidad de profundizar en aspectos como la reforma del proceso de presupuestación (apuntado en CORA pero de manera tímida), el fortalecimiento de los distintos organismos de evaluación y favorecer el diálogo, la cooperación y compromiso multinivel con incentivos que beneficien los acuerdos.

Nota.- Gracias a Andrés Pastor por la idea para el título de este post. 

Líderes en lo público, líderes en ....

Lo público necesita líderes acordes con los tiempos que corren y los complejos desafíos a los que se enfrenta la sociedad. Líderes en plural y con mayúsculas. No hablo de visionarios, ni de los hiperliderazgos ensalzados por partidos o medios de comunicación, ni siquiera de quienes ocupan posiciones formales de relieve en las estructuras jerárquicas burocráticas. Hablo de todas y cada una de las personas que trabajando en lo público pueden contribuir directamente en la creación de valor y bienestar para los ciudadanos.

Políticos, empleados públicos; directivos , mandos intermedios, empleados base.... Todos ellos deberían potenciar o desarrollar algunas cualidades que en mi opinión son necesarias para un adecuado liderazgo público en el siglo XXI.

1. Líderes en red, que superen la visión del liderazgo autocrático y burocrático siendo capaces de concebir la gestión como algo relacional.
2. Líderes en tenacidad, aglutinadores de consensos para una colaboración  exitosa.
3. Líderes en visión estratégica, no tanto al servicio de una planificación difícil de llevar a la práctica por las restricciones temporales de las responsabilidades públicas, subordinadas a la duración del mandato político y por la mudabilidad del entorno en el que han de ejercerse.
4. Líderes en gestionar el cambio y crear no sólo valor público (algo que puede ser efímero), sino patrimonio público (lo que queda del valor público añadido, lo que se consolida y permanece).
5. Líderes en resultados, donde más que la búsqueda de output, del beneficio económico cortoplacista, debe procurarse el outcome, el valor social a largo plazo.
6. Líderes en rendir cuentas y asumir responsabilidades, con hechos más que con palabras. 
7. Líderes en trabajar en contextos participativos, que requieren actitudes propias en favor del trabajo en comunidad frente al individualismo tradicional.
8. Líderes en valores, puestos todos ellos al servicio de un cambio de cultura en su organización que es del todo imposible realizar a golpe de decreto. 
9. Líderes en caerse y volverse a levantar, asumiendo el riesgo y el error como algo natural y necesario para avanzar y mejorar.
10. Líderes en credibilidad, lograda a través de un constante de coherencia y sentido común impregnado en su hoja de servicios.

Así a bote pronto a mí
se me han ocurrido estos diez. ¿Se os ocurre alguno más? Seguro que sí....

¿Innovas en tu #aapp? 5 consejos sencillos

Aunque muchos aún no lo crean el sector público también puede innovar. Puede... y debe en el sentido que es ahora más que nunca cuando es necesaria una reinvención permantente.

Dicho lo anterior, me resisto a mitificar la innovación como un fenómeno nuevo en la Administración: bien inconscientemente, bien llamándolo de otra manera, siempre ha habido gente dispuesta a hacer cosas nuevas o a hacerlas de forma diferente. ¿Quién no ha ido alguna vez a hacer un trámite administrativo y se ha encontrado con un funcionario que, lejos de poner problemas, ha buscado alguna solución a lo que aplicando estrictamente la normativa parecería un imposible? Aunque sé que para muchos de los que leéis este blog lo anterior os parecerá una obviedad, esto también es innovar.


No obstante sí que me gustaría ofreceros cinco consejos sencillos que deben ser tenidos en cuenta para todo aquel que tenga por objetivo impulsar proyectos de innovación en el sector público: 

1. Ponte a la última. Sitúa tu proyecto en alguno de los ejes (megatendencias) de transformación del sector público. Podrás así venderlo mejor (interna y externamente) para que sea un proyecto valorado al que muchos tendrán el gusto de apoyar. ¿Cuáles son algunas de  estas megatendencias? i) Todo aquello que tenga que ver con tu institución más transparente, receptiva, colaborativa, participativa y accesible tu Administración; en definitiva, más abierta; ii) Todo aquello que tenga que ver con potenciar y aprovechar el talento de las personas que trabajan en ella; en definitiva, más humana; iii) Todo aquello que tenga que ver con hacerla más ágil, aplanada, flexible y racional; en definitiva, más eficiente; iv) Todo aquello que tenga que ver con hacerla más conectada, más tecnológica. 


2. Mete a los "de fuera" dentro de tu organización. Muy pronto no es que se vaya a distinguir entre si la innovación es abierta o cerrada, sino que será toda "open" . Piensa siempre en términos de red, de colaboración: con la sociedad, con los ciudadanos, con los grupos de interés, con el sector privado. Sólo no vas a ninguna parte.

3. Potencia los microespacios de innovación. Promueve proyectos piloto, startups internas. Dicho en lenguaje más castizo "divide y vencerás": los macro-proyectos, los macro-equipos, los macro-presupuestos, lo macro está muy señalado (negativamente) en los tiempos que corren.

4. Cambiar nos toca a todos. El cambio cultural interno es un "must". Lograrlo no puede apostarse a una única iniciativa, sino a un cúmulo de acciones diversas, bien enfocadas y sostenibles en el tiempo. Desde lo micro del día a día, hasta las acciones formativas regladas; desde los comportamientos a  las actitudes.

5. Comunica, comunica, comunica. La comunicación es el lubricante perfecto para engrasar los proyectos de innovación. Formal, informal; individual, colectiva; analógica, digital; top-down, bottom-up, todo un amplio abanico de opciones que deben ser combinadas con inteligencia y audacia. El objetivo: persuadir y ampliar la vanguardia del cambio, sumar apoyos al proyecto de innovación y debilitar a los que se oponen o lo bloquean.

Informe #CORA: reformas comparadas

El Gobierno sigue con su empeño en sacar adelante todas las medidas incluidas en el Informe CORA sobre la reforma de la Administración pública española. Son muchas las iniciativas en este sentido, la mayoría de ejecución pero otras de divulgación y exposición pública de las bondades del proyecto.

En este último contexto se enmarca la Jornada sobre la Reforma de las Administraciones Públicas en Europa, evento organizado por la vicepresidenta del Gobierno que ha reunido en el Palacio de la Moncloa a los ministros que en Portugal, Polonia, Reino Unido, Francia e Italia pilotan este eje de política pública y ha contado con el máximo respaldo político e institucional en la figura del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Si hace casi un año, en la presentación del Informe CORA, escuchábamos que la reforma de la Administración era una iniciativa básica de ajuste y reducción de gasto público en la senda de consolidación fiscal hoy el discurso q
ue hemos oído en Moncloa, para ese mismo proyecto, es otro: "la reforma de las Administraciones debe contribuir a configurar una Administración de vanguardia, dinámica que sea un factor para el crecimiento económico" (Soraya S. de Santamaría) , " el objetivo, además de ahorrar, es dotar al sector público de músculo para ser capaz de responder a un entorno cambiante" (M. Rajoy) , "un sector público que se ha reducido en medio millón de empleos y que cuyo tamaño está lejos de la media europea" (C. Montoro).

La música sonando de otra manera recoge una la letra, las acciones que se están poniendo en marcha, que es la misma que ya comentamos cuando se puso en marcha el informe CORA allá por el pasado mes de junio. Por tanto, algo no cuadra.

Aún así la Jornada ha servido para mostrar un panorama comparado de los procesos de reforma que están teniendo lugar en otros países de nuestro entorno. Que la reforma española esté enfocada por el camino de la racionalización y simplificación de nuestro ropaje burocrático, es algo que ya conocemos. Pero ha sido grato comprobar el enfoque que a esta misma línea de política pública están dotando otros países.

Portugal e Italia, con problemas similares a los nuestros, presentan enfoques similares en cuanto a sus esfuerzos en simplificación, reducción de cargas administrativas o agilización de procedimientos. Dos matices que me parecen interesantes: tan importante es la autoridad como la autonomía y la responsabilización en la gestión (Portugal), o el recorte de personal crea problemas de cualificación profesional dentro de las Administraciones en cuando a la capacidad de éstas a la hora de enfrentarse a los retos de la sociedad en red (Italia).

Polonia tiene claro que su eje de reforma es lo digital como forma de reconstruir la confianza ciudadana en su sector público: servicios digitales y gobierno abierto. Me ha gustado su enfoque de gobernanza multinivel aproximando las iniciativas de participación ciudadana al ámbito local.

Francia apuesta por una "reforma CON", poniendo el acento en la reforma del empleo público y en afianzar los valores del servicio público como motor de progreso económico y social. Los franceses entienden que Europa debe tener un modelo propio de sector público que contribuya al bienestar de los ciudadanos. Se habla de una reforma basada en la evaluación (con los actores) , en la innovación abierta y en reformular principios básicos de la acción burocrática como el silencio administrativo (positivo).

La letra de la reforma a la británica suena más que bien: "Just do it !!! " (JID), es decir , acción , acción y acción. Y esta acción se concreta en cinco prioridades: 1) Abrir el gobierno, 2) Centralizar los grandes proyectos TIC (servicios comunes); 3) Coproducción de servicios (explorar fórmulas híbridas); 3) Digital, por defecto, con reingeniería y nuevo concepto; 4) Cambio cultural y competencial en la función pública.

Un evento, sin duda, interesante .............