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reflexiones sobre administración pública inteligente

martes, 9 de junio de 2009

Un nombramiento como ejemplo


Casi dos años escribiendo mis puntos de vista sobre la Administración en este blog dan para mucho, posts mejores y peores, comentarios varios, temática diversa, etc. Hoy escribo la entrada número 300 (que ya son !) y lo voy a celebrar comentando el reciente nombramiento de nuestros colegas de la blogosfera pública Alberto Ortiz de Zárate e Iñaki Ortiz como directores de Atención Ciudadana y Modernización Administrativa de la nueva Consejería de Justicia y Administración pública del Gobierno Vasco.
Este post no va a ser simplemente un post de felicitación. Felicitarles ya lo he hecho en un comentario en su blog (hacía el nº 73) y personalmente a Alorza esta mañana cuando hemos coincidido en las III Jornadas Aporta de Reutilización de Información del Sector Público en Europa. También lo han hecho muchos miembros de esta comunidad que es la blogosfera.

Mi intención es tomar este caso como ejemplo para una apostar (una vez más!) por una función directiva profesional en lo público que sirva de base para una nueva forma de entender la Administración. Todos los días pasan por mis ojos disfunciones en la provisión de puestos de trabajo en el sector público; las veo y las sufro, como cualquier gestor público de un mínimo nivel de complemento de destino. Entiendo por "disfunciones" algo tan simple como la no adaptación del perfil profesional del empleado a los requerimientos del puesto de trabajo vacante que se presta a ocupar. Dichas disfunciones vienen provocadas por todo un conjunto de mecanismos de selección, provisión de puestos y desarrollo profesional que hoy en día no se sostienen. Y lo más grave, que cuando se ha intentado algo nuevo van los tribunales y tumban las nuevas propuestas (si alguien tiene la última sentencia del TS que suprime algunos elementos de la OEP del 2006 que me las haga llegar, por favor).

El tema se pone más serio aún cuando hablamos de puestos con mayor responsabilidad, que son los que tienen que tirar de la Administración para el logro de los objetivos políticos fijados por los que legítimamente han sido elegidos por los ciudadanos. No soy el único que demanda una función directiva profesionalizada para el ámbito público; muchos profesionales, asociaciones, agentes externos, etc. también lo hacen. Aunque no sé si bajo el mismo epígrafe de función directiva profesional se esconde lo mismo:
  • "Función directiva": no me refiero a puestos que representaran un peldaño más del escalafón administrativo al que llegar después de acumular trienios y con unas funciones de aplicación sin más de instrucciones o normas con unos presupuestos. Sería algo más: puestos entre los políticos y administrativos que tuvieran que gestionar su entorno participando en la formulación de la estrategia y traduciendo las directrices para sacar el máximo rendimiento a una Administración, cuyos mecanismos deben conocer en profundidad.


  • "Profesional": en mi opinión significa, ya de antemano, el alejamiento de los políticos de este tipo de puestos. Pero no por capricho, sino porque lo que se demanda son personas con competencias demostradas; competencias que serán las que sean, según el puesto de trabajo (habrá puestos que demanden más conocimientos y otros más habilidades de un cierto tipo). Para lograr ese alejamiento mi propuesta es un cambio radical de cultura en la propia clase política, porque son ellos los responsables de anteponer un buen funcionamiento de lo público a sus propios intereses partidistas, y son ellos los que tienen que cambiar. En este país, sin embargo, lo hacemos a nuestra manera: promulgamos leyes que incluyen "reservas" poco eficaces y así pensamos que se resuelve el problema, ocurriendo justamente lo contrario, que sigue igual o se agrava, porque los políticos o hacen la correspondiente excepción a la ley o buscan acólitos que cumplan la "reserva" aunque sean de un cuerpo funcionarial y con una hoja de servicios en las antípodas de los requererimientos para el puesto (como aquel director general del secretariado del gobierno que pasó a director general de calidad ambiental)

El caso del nombramiento de Iñaki y Alorza muestra una camino a seguir para los que pensamos que las cosas se pueden hacer de otra manera. En este caso, una política como Idoia Mendia, la Consejera, no busca a compañeros de partido ni afines para cubrir puestos que demandan una importante competencia profesional: selecciona a personas que tendrán las ideas políticas que tengan (como todos) pero los elige porque han trabajado muchos años en esas áreas, porque despliegan ideas e iniciativas todos los días a través de su blog y porque tienen el reconocimiento profesional de toda una comunidad. Ahh, y no ha hecho falta una reserva legal para garantizar este nombramiento.

miércoles, 3 de junio de 2009

Nuevos liderazgos para la complejidad en el sector público


Gestionar políticas y servicios públicos es una actividad crecientemente compleja. Las fórmulas tradicionales para lograr la eficacia y eficiencia, basadas en la coordinación jerárquica y la especialización técnica, aparecen cada vez más limitadas cuando los problemas admiten lecturas diversas y se multiplica el número de actores, públicos y privados, llamados a intervenir.


Desde la creación de la agenda a la evaluación de los logros, el ciclo de creación de políticas públicas afronta entornos fuertemente cambiantes y caracterizados por la diversidad de valores e intereses presentes. Los modelos de gobernanza que funcionan en un sector no son exportables a otros, lo que confiere a los sistemas públicos una apariencia fragmentada y caótica.


Las amenazas, internas y externas, de captura del patrimonio público se multiplican.¿Qué significa liderar en estos contextos? ¿Cómo articular liderazgos políticos y gerenciales adaptados a los nuevos escenarios? ¿Cómo afrontar los cambios necesarios para hacerlos posibles en los gobiernos y administraciones públicas que conocemos?


Para responder a estas cuestiones hemos organizado una sesión académica con el profesor Francisco Longo para el próximo 9 de junio a las 20:00 h.


Francisco Longo es profesor del Departamento de Dirección de Recursos Humanos y director del Instituto de Gobernanza y Dirección Pública de ESADE. Licenciado en Derecho (Universidad de Barcelona).Ha asesorado a diversos gobiernos y administraciones públicas. Entre las instituciones para las que ha trabajado, destacan, en España, el Ministerio para las Administraciones Públicas, el Gobierno vasco, varios departamentos de la Generalitat de Catalunya, el Consejo General del Poder Judicial, la Ertzaintza, el Ayuntamiento y la Diputación de Barcelona, así como un gran número de gobiernos locales y empresas públicas. En América Latina, ha asesorado a los gobiernos de Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, El Salvador, Perú y Uruguay. Ha trabajado como consultor internacional del Instituto Europeo de Administración Pública y el Banco Interamericano de Desarrollo. Ha sido redactor y ponente, por encargo de Naciones Unidas y el CLAD, de la Carta Iberoamericana de la Función Pública, aprobada por la Cumbre Iberoamericana de 2003 y la Asamblea General de la ONU.Antes de incorporarse a ESADE, fue director de Recursos Humanos y gerente de los Servicios Centrales del Ayuntamiento de Barcelona, director ejecutivo del Centro Municipal de Operaciones de los Juegos Olímpicos de 1992, así como asesor del alcalde de Barcelona y miembro de los consejos de administración de varias empresas públicas.Sus áreas de especialización son la dirección de recursos humanos, el diseño organizativo de instituciones públicas y el gobierno local, temas sobre los que ha publicado numerosos trabajos.

martes, 2 de junio de 2009

Rendición de cuentas: primero valores, luego herramientas


Jordi Sevilla fue un magnífico ministro de Administraciones Públicas, seguramente el mejor en los años que el MAP estuvo en funcionamiento. Somos muchos los que añoramos su etapa en el ministerio, una etapa caracterizada por la producción frenética de iniciativas en favor de la reforma y modernización de las Administraciones públicas (EBEP, ley de agencias, portal 060, LAECSP, Código de buen gobierno, normativa de incompatibilidades, Plan Concilia, etc).

Jordi cree en lo público, siendo, por tanto, un firme defensor de situar la reforma de la Administración en la primera línea de las reformas estructurales de este país. Ya siendo ministro era bloguero y ahora, alejado de la primera línea política desde su cese a mediados del 2007, se emplea bastante más.

Os recomiendo su último post: Rendir cuentas es buen gobierno. En él reflexiona sobre la importancia de la rendición de cuentas (accountability, en inglés) en la gestión pública moderna
y el escaso gusto por la misma (histórico) que existe en nuestra cultura político-administrativa:

Siempre me ha llamado la atención cómo en España el debate presupuestario reproduce, año tras año y gobierne quien gobierne, la misma situación anómala: el Gobierno dice lo que espera del año próximo y las cosas que pretende hacer en ese futuro temporalmente acotado. Y todos discutimos sobre la credibilidad de ese marco futuro y sobre lo que se dice que se quiere hacer en el mismo. Pero nunca se discute sobre lo que se ha hecho, en relación a lo que se dijo el año pasado que se iba a hacer, aunque se presenta un estado de cuentas con el grado de ejecución del presupuesto anterior, que no suele suscitar especial interés.

La rendición de cuentas tiene varios objetivos: el más inmediato es el indicado en el párrafo anterior, es decir, que la ciudadanía conozca de antemano cuáles son los resultados de la gestión pública y pueda pasar factura a sus responsables políticos. Como pilar básico de cualquier sistema democrático, los estados más avanzados son los que tienen más desarrollados los mecanismos de accountability y sus sociedades (maduras ellas) difícilmente aceptarían un manejo de los asuntos públicos alejado de estas lógicas. En este sentido, España demuestra que todavía es una sociedad joven e inmadura.

La rendición de cuentas es uno de los mecanismos a través de los que se despliega ese paradigma de buen gobierno llamado Open Government. Las TIC y las numerosas herramientas de red social ayudan en el sentido de dar soporte a esta práctica de gestión pública. Dos ejemplos:
  • El blog del Alcalde de Jun, que le sirve a José Antonio Rodríguez Salas para compartir diariamente con su pueblo el desarrollo de su acción política y como canal de comunicación con los vecinos que quieran mostrarle sugerencias, comentarios, quejas, etc.

  • La web Recovery.gov, ejemplo de cómo una política pública puede desplegarse de forma transparente informando permanentemente a los ciudadanos qué se está haciendo con su dinero, dónde y cómo se está gastando, o qué efectos está teniendo.

Las herramientas de poco sirven si no uno no cree en lo que está haciendo. La rendición de cuentas es sobre todo un cambio conceptual y cultural. Hacer un blog o gastar mucho dinero en un portal no valen si uno no cree realmente en valores como la transparencia, responsabilidad, dignidad o servicio a la sociedad.

Para mostralo copio una cita de la Administración americana que lo resume:

"We cannot overstate the importance of this effort. We are asking the American people to trust their government with an unprecedented level of funding to address the economic emergency. In return, we must prove to them that their dollars are being invested in initiatives and strategies that make a difference in their communities and across the country. Following through on our commitments for accountability and openness will create a foundation upon which we can build as we continue to tackle the economic crisis and the many other challenges facing our nation."
Memorandum to Head of Departments and Agencies, February 9, 2009


"No podemos dejar a un lado la importancia de este esfuerzo. Estamos pidiendo a los americanos que confíen en su gobierno en un esfuerzo de financiación sin precedentes para atajar la crisis económica. A cambio, debemos mostrales que sus dólares se están invirtiendo en iniciativas y estrategias que van a hacer que las cosas sean diferentes en sus comunidades y por todo el país. Continuando con nuestros compromisos de rendición de cuentas y apertura en la gestión crearemos una fundación sobre la cual podamos construir mientras continuamos atajando la crisis y otros muchos retos que afronta nuestra nación"


lunes, 1 de junio de 2009

Fernando de Pablo sustituye a JM Márquez al frente de la eAdministración

Algunos blogs como el de Rafa Chamorro se hacen eco de la noticia del nombramiento de Fernando de Pablo como nuevo director general para el Impulso de la Sociedad de la Información (Ministerio de Presidencia) en sustitución de Juan Miguel Márquez, que deja el cargo después de tres años de dedicación al mismo.

Se trata de un cambio en la dirección general clave para la gestión de todo el desarrollo de la Administración electrónica en previsión de lo marcado por la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, a poco más de 6 meses para que se cumpla el plazo legalmente establecido desde el que cualquier ciudadano pueda ejercer su derecho a relacionarse electrónicamente con cualquier Administración pública y en tiempos de mucho movimiento interno tras la supresión del MAP y la adscripción de las competencias de función pública al Ministerio de Presidencia, con cambio en la titularidad de la secretaría de estado y en el resto de direcciones generales dependientes de la misma.

Si hace unos años se cuestionaba el nombramiento de Márquez por su perfil partidista, en este caso no puede decirse lo mismo. Fernando de Pablo tiene la amplia experiencia de una década de dedicación profesional al sector privado y muchos años en la propia Administración, desarrollando la mayor parte de su carrera en la AEAT, en concreto en Informática tributaria, motor de la eAdministración en España. Por ello podemos hablar de un perfil marcadamente profesional .

Suerte al nuevo director en los complicados retos que ha de afrontar en los próximos meses.

jueves, 28 de mayo de 2009

Los estudios infinitos sobre la estructura de la AGE


Ayer en el Congreso, el diputado Jané de CiU preguntó a la Vicepresidenta y Ministra de la Presidencia sobre el tamaño de la AGE y qué se está haciendo para ajustarlo a las necesidades reales en función de las competencias que tiene definidas. De la Vega responde con las mismas vaguedades que llevan utilizando años y años los diferentes gobiernos, incapaces de coger el toro por los cuertos y plantearse seriamente la reforma de la Administración central: se está estudiando, se están haciendo informes, hay que verlo con calma, etc.

Os transcribo copia literal del diario de sesiones.

DEL DIPUTADO DON JORDI JANÉ I GUASCH,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN
(CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA
A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA
DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA
Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO:
¿QUÉ ACTUACIONES ESTÁ REALIZANDO
EL GOBIERNO PARA REDUCIR LA ESTRUCTURA
DE LA ADMINISTRACIÓN PERIFÉRICA
DEL ESTADO Y LAS SUBDELEGACIONES
DEL GOBIERNO? (Número de
expediente 180/000562.)


El señor PRESIDENTE: Preguntas para la señora
vicepresidenta primera del Gobierno. (Rumores.)
Silencio, por favor.
Para formular la pregunta por él presentada tiene la
palabra don Jordi Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta, todo debería apuntar en la línea
de reducir la Administración periférica del Estado. Ya en
el año 1997 se aprobó en esta Cámara la Lofage, que
apuntaba ese principio de la Administración única o
común, y después los nuevos estatutos. Pronto se van a
cumplir, señora vicepresidenta, tres años de la aprobación
del Estatuto de Cataluña en cuya disposición adicional
sexta se dice que la Generalitat debería ser la
Administración ordinaria del Estado en Cataluña y que,
para ello, funciones ejecutivas que realizan los órganos
territoriales de la Administración periférica deben transferirse
a la Generalitat. La propia austeridad que implica
el momento económico nos lleva a la necesidad de
reducir organismos, de reducir estructuras y de evitar
duplicidades. Por tanto, le pregunto, señora vicepresidenta:
¿Qué actuaciones está realizando su Gobierno en
la línea de reducir la Administración periférica del
Estado?


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Jané.


Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL
GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y
PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega
Sanz): Gracias, señor presidente.
Señoría, como sabe, el Gobierno viene trabajando
desde el inicio de la legislatura en la modernización de
la Administración con el objetivo fundamental de racionalizar
los recursos y establecer una administración más
eficaz, más transparente y más al servicio de los ciudadanos.
Hemos hecho muchas cosas, pero es verdad que
todavía queda mucho camino por recorrer. En estos
momentos vamos a seguir trabajando en ese camino bajo
tres criterios: uno, racionalización y utilización de todos
los recursos existentes; dos, refuerzo de la austeridad y
el ahorro en la Administración y, tres, impulso de las
nuevas tecnologías y la implantación de la Administración
electrónica
. Ese plan afecta a toda la Administración
territorial, también a la Administración periférica y, por
tanto, a las delegaciones y subdelegaciones a las que
usted ha hecho referencia en su pregunta. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora
vicepresidenta.
Señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta, el movimiento se demuestra
andando
. Esos objetivos, que nuestro grupo comparte,
de racionalizar, simplificar y eliminar organismos deben
plasmarse.
Su Gobierno aprobó un acuerdo de no disponibilidad
de créditos por un importe de 1.500 millones
de euros el pasado mes de febrero. ¿En qué se materializa
ese acuerdo en la reducción concreta de organismos de
la Administración periférica del Estado? Se va a cumplir
ese tercer aniversario del Estatuto de Autonomía de
Cataluña y en el mismo, de manera expresa, se apunta
en esa dirección de reducir, de transferir, e incluso la
propia Constitución en el artículo 150.2 establece que
es un mecanismo que puede ser utilizado para implantar
esa Administración ordinaria. Cuando gobernaba el
Partido Popular se aprobó la Lofage, y en el propio
preámbulo de la Lofage se apunta ese mecanismo del
artículo 150.2 de la Constitución. Por tanto, hay mecanismos.
El propio Tribunal Constitucional, en su sentencia
de 28 de mayo del año 1992, aboga para evitar
duplicidades burocráticas y no mantener administraciones
paralelas. Esta es la línea que apuntamos y esperamos
una respuesta de su Gobierno.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Jané.
Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL
GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y
PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega
Sanz): Muchas gracias, señor presidente.
Los acuerdos que ha adoptado esta Administración en
lo que se refiere a reducción de gasto y ahorro se han
plasmado en decisiones que usted conoce. Yo entiendo
su posición legítima, pero discrepo de ella. Una cosa es
adecuar y racionalizar y otra cosa es reducir necesariamente.
¿Cuáles son los compromisos del Gobierno? El
Gobierno se ha comprometido a hacer un estudio —y en
ello estamos— de las necesidades actuales en función
de todas las decisiones —transferencias, nuevos estatutos—
que ha tomado la Administración general, también
la Administración periférica
. Eso en unos casos va
a llevar necesariamente a ajustes, a reducciones, y en
otros casos puede llevar incluso a ampliaciones para
satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Me reconocerá
que lo más importante no es reducir por reducir,
sino que seamos capaces en la Administración General
del Estado, dentro de la competencias que en estos
momentos tenemos, de dar la mejor y más eficaz respuesta
a la ciudadanía, y eso es precisamente lo que
estamos haciendo y lo que tenemos planificado hacer en
los próximos años.
Muchas gracias. (Aplausos.)

martes, 26 de mayo de 2009

Mejoras a golpe de informe


El último informe del Defensor del Pueblo es demoledor: el número de quejas ciudadanas a esta institución por un inadecuado tratamiento por parte de las Administraciones públicas ha subido un 40%. Algunas denuncias son graves: la Administración no informa sobre el estado de tramitación de una solicitud, normativas que alargan los trámites dejando a la gente en una completa indefensión, incompatibilidad de sistemas de gestión, la Administración se enreda con datos que posee ella misma, etc.

El resultado del informe desde luego da que pensar: ¿son las Administraciones que cada vez lo hacen peor o son los ciudadanos que cada vez son más exigentes en su relación con las diferentes instancias administrativas y están más predispuestos a reclamar? Yo personalmente no considero que las Administraciones cada vez lo hagan peor; más bien al contrario: si comparamos el sector público actual con el de hace 20 años podremos apreciar una mejora sustancial. Lo digo como ciudadano y como profesional de lo público. Percepción ésta que coincide mayoritariamente con la de la sociedad en general según revelan distintas encuestas de valoración. Esfuerzos desde luego se han hecho , ¡y muchos!

Será por tanto que los ciudadanos son cada vez más ciudadanos, conocen mejor sus derechos y están dispuestos a exigir su cumplimiento. Lo cual a su vez es una magnífica noticia y un reto para las Administraciones al suponer un estímulo constante para la mejora evitando así que éstas se duerman en la autocomplacencia. El problema es que la presión ejercida por estos informes se limita al eco que los medios de comunicación se hacen de los mismos en el instante de su publicación. Es por tanto una presión acotada a un momento concreto, lo que, cale más o menos en el inconsciente ciudadano, la hace menos eficaz a la hora de tensionar a las diferentes Administraciones.

Cosa distinta ocurre cuando las Administraciones habilitan de forma permanente canales de escucha para que distintos ciudadanos y coletivos sociales hagan llegar sus inquietudes sobre el funcionamiento de los servicios (por ejemplo, a través de herramientas de Administración 2.0). Aquí la presión sí que sería continua y permanente , lo cual aumentaría en eficacia en ese proceso de "ponerse las pilas" y mejora continua, pero también produce tensiones por la incomodidad de sentirse controlado y evaluado constantemente, tensiones que gustan poco a empleados públicos y mucho menos a políticos. Tal es así que acaban viéndose más como una amenaza que una oportunidad menoscabando muchas de las oportunidades de mejora .

Por eso, entre otras cosas, avanzamos pero poco.....

lunes, 25 de mayo de 2009

Errores en procesos de innovación de servicios públicos


Supongo que muchos de vosotros andaréis estos días como yo, locos para cuadrar la declaración de la renta y poder presentarla sin errores en el plazo correspondiente. Como ciudadanos es el momento de cumplir con Hacienda y eso conlleva necesariamente una interacción con dicho organismo.

La AEAT ha sufrido un importante proceso innovador en los últimos años, respaldado por una decidida voluntad política y fuertes inversiones. El cambio ha sido significativo, no sólo en cuestiones instrumentales (programa PADRE, presentación telemática con firma electrónica, acceso a datos personales, diferentes canales, etc.) , sino en un giro conceptual en la relación con ciudadanos y empresas: la Administración dispone de mis datos, es capaz de hacerme la declaración, mandármela y mediante un simple sms otorgar la validación. Esto ya de por sí es algo para encuadrar en capítulo de mejores prácticas y usar de ejemplo para argumentar que es posible encaminarse hacia una Administración proactiva. Por si fuera poco es también destacable el ejercicio de aplicación/interpretación amplia, flexible y razonable que desde la AEAT se viene haciendo del derecho administrativo mostrándonos cómo lo jurídico puede ser esa herramienta útil e imprescindible al servicio de las ideas y no el obstáculo insalvable que acaba con cualquier espíritu de mejora.

Hasta aquí perfecto. Pero hay cosas (como siempre) a mejorar, que nos pueden enseñar para tenerlas en cuenta en procesos de modernización de otros servicios públicos. Una de ellas son los errores en los borradores de la declaración. La perfección no existe y todos nos podemos equivocar, pero hay errores y errores. Cuando yo (Administración) pongo a disposición de los ciudadanos datos y hay errores en aspectos sencillos afectando a un colectivo amplio , estoy poniendo en duda la credibilidad del proceso de proactividad y obtener resultados inversos a los pretendidos: los usuarios no se fiarán y volverán a sistemas tradicionales con mayor impacto en las cargas de trabajo de los servicios.

La otra es lo que podríamos llamar el umbral de proactividad; es decir, el nivel hasta el cual el resultado de la acción (proactiva) de la Administración es satisfactorio pero a partir del cual no sirve. En el caso del IRPF este umbral está a un nivel bajo ya que sólo para casos muy sencillos de declaraciones sirve la validación del borrador, de forma que en cuanto hay "algo más" (dividendos, alquileres, etc.) no vale y es el contribuyente el que tiene que hacerla. Resultando además que cuanto más complicada sea (y no pensemos por favor en contribuyentes poderosos con casos de gran sofisticación fiscal) más incapaces son los servicios de ayuda que tiene dispuestos la propia Administración tributaria (progama PADRE, telefónica, cita previa, etc.) de prestar un apoyo satisfactorio. Al final, la sensación para muchos ciudadanos puede ser la de "mucha tecnología y mucha historia pero cuando tengo una duda no hay quien me la resuelva".

Por eso quedémonos con una moraleja: en cualquier proceso de innovación de servicios públicos valoremos siempre a que población darán solución los nuevos diseños y herramientas. En función de ello, pensemos también en el resto y diseñemos respuestas eficaces y de calidad que vamos a dar. No olvidemos que también son ciudadanos, pueden ser colectivos amplios y nuestra responsabilidad también es con ellos.

jueves, 21 de mayo de 2009

La crisis como oportunidad para las Administraciones Públicas




Os reproduzco el artículo que he escrito para la columna de opinión de Expansión.com , canal de función pública:

No escapa a nadie que estamos inmersos en una crisis económica de gravedad y dimensiones desconocidas desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Hay coincidencia general en que no se trata de una situación coyuntural sino una catarsis sistémica que obligará a hacer profundos replanteamientos en las estructuras económicas globales a largo plazo.

En nuestro país se ha iniciado ya un amplio debate sobre estos aspectos, el cual se concretará, según anunciaba el presidente del Gobierno en el Debate del Estado de la Nación en un despliegue de políticas públicas, proyectos de ley, procesos de diálogo social, etc. en los que participarán los distintos actores políticos, económicos y sociales.

En todas esas iniciativas se echa de menos la inclusión en los primeros lugares de la agenda gubernamental de una potente política de reforma de la Administración pública española. Su importancia lo merece: por una parte, estamos comprobando cómo lo público está teniendo un papel destacado tanto en el proceso de contención de los efectos de la crisis como en la recuperación de la misma.

Por otra, la Administración supone un elemento clave para garantizar unas condiciones óptimas en el funcionamiento socio-económico de cualquier país; de hecho, las economías más competitivas (por ejemplo las nórdicas) están dotadas de los sectores públicos más avanzados, siendo difícil de concebir, en un escenario de nueva economía, que uno de sus actores fuera una Administración con trazas decimonónicas.

Se dice que las crisis son también fuente de oportunidades. Aunque sea un tópico muy manido, en este caso puede tener su parte de fundamento: los incentivos que encuentran los políticos para priorizar una reforma en el ámbito administrativo son muy débiles, especialmente porque su éxito es remoto en tiempo/posibilidades y la valoración (en votos) del ciudadano va a ser muy baja, cuando no nula. En contextos como el que vivimos la carencia de liderazgo de estos procesos se supliría por la necesidad y trascendencia de lo que está en juego.
La reforma estructural que parece necesaria podría articularse en tres ejes: talento, innovación y sostenibilidad. Talento, un desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público que desplegara todas sus posibilidades y huyera de replicar modelos del pasado, teniendo como objetivo aprovechar el amplio potencial de las personas que trabajan en lo público a través de adecuados mecanismos de reconocimiento y desarrollo profesional; además de abordar la imprescindible profesionalización del directivo público alejada de tentaciones partidistas o corporativas.
Innovación, inversiones tecnológicas para el desarrollo complementario de la Administración electrónica y la Administración 2.0, pero también introducir una verdadera cultura de la innovación en la Administración, que genere el estímulo para un replanteamiento continuo del quehacer cotidiano a diferentes niveles de gestión/ejecución administrativa. Sostenibilidad, iniciativas en pro de una Administración bien dimensionada (en calidad y en cantidad de puestos de trabajo), con estructuras organizativas flexibles y coordinadas que garantizara unos niveles de eficacia y racionalización en el gasto público.

No partiríamos de cero: existe la experiencia (se han abordado procesos similares en sectores concretos de la Administración como la Agencia Tributaria) y la legislación básica necesaria (Estatuto Básico, ley de Agencias, LAECSP, etc.) para poder construir el futuro.