Transformación de las AAPP: plazos, ¿qué plazos?

Diversos blogs (aquí, aquí o aquí) se han hecho eco de la aprobación del RD-ley 11/2018 (publicado ayer en el BOE) por el que se demora dos años la entrada en vigor de determinados (e importantes) supuestos reflejados en la ley 39/2015 relativos al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único.


La medida puede sorprender, pero únicamente por inesperada (para algunos) o por el vehículo jurídico utilizado (el decretazo ley omnibus). Por poco más.

No sorprende el incumplimiento de plazos y el saltarse a la torera las disposiciones normativas. Ocurre en la vida pública de nuestro país. Sin ir más lejos, y citando un asunto de actualidad, vemos cómo el Gobierno incumple al no llevar de nuevo la senda de déficit a las Cortes como le obliga la ley de Estabilidad.


En el ámbito de la reforma administrativa es lo habitual. Se aprueban normas que se incumplen, plazos que o no se respetan o vuelven a modificarse por la puerta de atrás. La demora en la implantación del procedimiento digital es un ejemplo más , pero no el único. En Justicia, que como sabéis ha sido mi destino más reciente, tenemos algunos ejemplso flagrantes:

• La ley 18/2011 reguladora del uso de la tecnología en la Administración de Justicia indicaba el deber de los profesionales (procuradores, abogados, graduados sociales) en relacionarse electrónicamente con juzgados y tribunales. No se establecía plazo, sino el deber sin más. Entró la ley en vigor, ¿y? Poco o nada cambió. Hubo que pegar un puñetazo en la mesa, modificar la ley procesal para hacer de lo electrónico un requisito procesal  y poner una fecha (1.1.16). Y pasó lo que pasó. Lío, polémica, revuelo, desgaste político. Pero ahí está, en la Administración de Justicia las comunicaciones procesales (presentación de escritos y notificaciones) son electrónicas.

• La misma ley 18/2011 daba un plazo de 5 años para que las AAPP competentes (Ministerio y CCAA) implantaran sistemas para la tramitación electrónica , es decir, implantaran el expediente digital. De nuevo pasaron los años, transcurrió el plazo y prácticamente nada cambió. Ni las AAPP habían implantado los sistemas y mucho menos juzgados y fiscalías estaban dispuestas a utilizarlos. Otro puñetazo en la mesa, otra implantación forzada y otra vez lío, polémica, desgaste político. Y ahí está: en la Administración de Justicia del territorio que gestiona el Ministerio (5 CCAA) funciona en los 1.000 juzgados el expediente digital.

• La ley 20/2011 transforma de manera integral el Registro Civil español. Se aprueba por consenso pero a medida que se aborda su implantación se ve la inviabilidad del modelo territorial que propone. Y para modificarlo se necesita un acuerdo en las Cortes que ya no hay, ni  una mayoría política que pueda ser un mal menor. DE ahí que se postpone en 2015, en 2017 y veremos qué pasa en 2020. Al menos hoy sí hay un proyecto tecnológico en desarrollo que podría servir para una puesta en marcha parcial y gradual. 

Las dificultades de la implantación de la 39/2015 se empezaron a vislumbrar desde muy al principio. Aunque se aprobó una EStrategia TIC AGE que debía orientar a esta transformación, y se dieron directrices a los MInisterios para elaborar Planes de Transformación Digital, éstas eran políticas que se dejaron a la parte tecnológica de la Administración en las que el "negocio" en muchas ocasiones no se veía implicado . Y ahí está el problema. Que una cosa es tener herramientas y otras que éstas funcionen transformando los procedimientos. Los Planes de Transformación Digital se fueron demorando y no siempre han podido ser lo ambiciosos que hubiera sido necesario. El resultado es el que tenermos.

Moraleja: o la transformación digital de la Administración se asume como una política de Estado impulsada con una visión política reformista o mucho me temo que de seguir siendo considerado "un algo de los TIC" seguiremos igual. A trancas y barrancas.

Termina una etapa

El tiempo ha pasado rápido desde que a finales de 2014 decidí aceptar el reto de trabajar para transformar nuestra Administración de Justicia. Un reto mayúsculo, "para valientes" - como me dijo una vez un amigo - cuya dureza en poco o nada se parecía a otros proyectos que había emprendido en el sector público con anterioridad. Tres años y ocho meses después esta etapa ha llegado a su fin.

Han sido años de gran satisfacción personal y profesional. A nivel personal me ha servido para aprender mucho en poco tiempo, para conocer una Administración diferente e incorporar a mi agenda de contactos y amigos a excelentes profesionales en un sector, el de la Justicia, que se ve diferente según seas ciudadano, intervengas en un proceso, o trabajes dentro de él.

A nivel profesional me ha servido para poder mostrar en el futuro cómo desde el nivel político de la Administración también se puede trabajar con vocación por el interés general, situando en lo más alto de la escala de prioridades del departamento proyectos de transformación con "perspectiva de país". En este punto todos los agradecimientos son pocos: al ministro Catalá por haber confiado en que un profesional público independiente como es mi caso le pudiera ayudar; a los altos cargos de esta etapa (secretaria de Estado, subsecretaria, secretario general, directora de gabinete, directores generales) que han dedicado a este proyecto un tiempo muy importante de sus quehaceres; y  a los funcionarios del Ministerio, colegas de gabinete, jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia, compañeros todos ellos, con los que codo a codo he estado trabajando en estos años.

Todos sabemos que tres años y medio en tiempos administrativos no son demasiado. Al frente del los Ministerios se suceden equipos de diferente color político que intentan todos ellos dejar su granito de arena. Los que hemos estado en esta ocasión en el equipo de dirección del Ministerio de Justicia hemos intentado dejar también nuestra modesta aportación.

Ha habido - como siempre en estos casos - logros y errores, proyectos que hemos acabado y otros que no ha sido posible. Entre los logros y proyectos acabados podemos presumir de que en este periodo se ha acelerado como nunca el despliegue de la digitalización en Justicia, lo hemos convertido en un camino irreversible que , guste o no, tendrá que continuar. Entre los errores ha habido alguno como el error técnico que produjo la brecha de seguridad en LexNET o el siempre insuficiente tiempo y dinero que se dedica al lado humano del cambio. Por último, entre los proyectos que me hubiera gustado terminar queda la transformación del Registro Civil, un proyecto organizativo, humano, y digital que supondrá una auténtica revolución en muchos de los asuntos de la vida civil que nos toca como ciudadanos. Aunque, eso sí, tras años de parón, lo hemos dejado encarrilado con un nuevo sistema de Registro Civil digital (DiciReg) en construcción que muy pronto empezará a ofrecer resultados. Estoy convencido de que, pasado el tiempo y con más perspectiva, esta etapa de gran impulso a la transformación  en el Ministerio de Justicia se valorará en su justa medida.

Termina un ciclo y empieza otro... ya veremos que oportunidades profesionales se presentan en el futuro. La consecuencia más inmediata será retomar en cierta medida esta bitácora, un poco aparcada por imposibilidad material de escribir en los exigentes años que ahora terminan. Sea el que sea el destino que nos toque será difícil igualar la etapa en Justicia, aunque procuraré enfrentarme a él de la misma forma, con el máximo rigor y profesionalidad.

Empleados públicos y sociedad en red

Hace ya bastante tiempo que los dinosaurios desaparecieron de la faz de la tierra . Las grandes transformaciones que se produjeron en nuestro planeta, en su mayoría violentas y sistémicas, tuvieron gran culpa de ello. El resto se debió a la incapacidad de las especies para adaptarse al nuevo ecosistema.

Frecuentemente al sector público se le compara con un gran dinosaurio, por su tamaño, lentitud, obsolescencia, etc.  ¿Es posible pensar que la sociedad en red, las transformaciones derivadas de internet, de la tecnología, pueden llevárselo por delante igual que ocurrió hace miles de años en nuestro planeta con dichas especies?

Pensar en una desaparición total es un absurdo, un escenario que hoy nadie maneja, ni siquiera los más acérrimos enemigos de lo público. Lo que sí está en juego es su legitimidad y la posibilidad de que el sector público acabe siendo un residuo marginal dentro del escenario social.

Si esto ocurriera sería terrible. ¿Por qué? Algunos motivos: 

1. Lo público articula las relaciones sociales y económicas, armoniza intereses contrapuestos.
2. Lo público vertebra cualquier territorio.
3. Lo público dota de cohesión a la sociedad.
4. Lo público contribuye a la equidad y a la justicia social.
5. Lo público puede suponer un motor económico, en determinadas circunstancias y determinados sectores.
6. Lo público contribuye a la competitividad y al progreso.
7. Lo público es clave para la mejora de los índices de desarrollo humano y bienestar en términos de salud , educación, seguridad y riqueza. 
8. Lo público equilibra los fallos del mercado y actúa en determinados segmentos "no rentables" para el mismo.
9. Lo público proporciona las redes de protección
10. Y por último lo público es (sobre todo) el valor de lo intangible

 ¿De qué depende entonces que no haya más "fallas de legitimidad" de las que desgraciadamente ya vienen sufriendo las AAPP? De varios factores: algunos tienen que ver con las fuerzas (externas)   y cómo le van a impactar. Pero otros con la capacidad del propio sector público para reposicionarse frente a vectores de cambio intensos como los derivados de la tecnología y las transformaciones sociales inducidas por ella. Un ejemplo, ¿cómo se relaciona la Administración con las nuevas generaciones Y , Z que vienen?

Frente a esta disyuntiva los profesionales públicos no pueden, no deben mirar hacia otro lado. No pueden esperar a que sean los políticos quienes vayan a marcar el paso, dar la orientación o las pautas necesarias: el asunto escapa de sus intereses / competencias. No pueden encerrarse en su castillo pensando que es un asunto que no va con ellos: sí que va porque son ellos los que componen y dan continuidad a las organizaciones afectadas.

La respuesta pasa por los profesionales. Son ellos quienes tienen que arremangarse y enarbolar esta bandera con decisión y responsabilidad. La pregunta es ¿cómo? Una premisa básica: conocer lo que está pasando, comprenderlo , interiorizarlo y, por último, actuando en consecuencia.

Profesionales públicos y retos de transformación digital

Hace unos días el Observatorio de Sector Público de IECISA me invitó a participar en un coloquio  sobre "El Factor Humano en la Transformación Digital" junto a otros colegas del sector público y sector privado con experiencia en la materia: Yolanda Lamilla de Google, Andres Pastor de la Gerencia Informática de la Seguridad Social, Luis Herrera del INAP e Inmaculada Sanchez Ramos de Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid. 

Situar a las personas en el centro de los procesos de transformación digital en el sector público es de todo un reto ya que a día de hoy es algo que está más en la esfera del  "dicho" que del "hecho". No son pocos los estudios, análisis, documentos, declaraciones, etc. que hablan de la importancia de las personas en este tipo de procesos pero cuando tocamos proyectos de verdad comprobamos cómo lo tecnológico ocupa la mayor parte de la escena y de las personas acaban ocupándose actuaciones muy menores de acompañamiento formativo en las últimas etapas del cronograma.

De ahí que aunque lo digital sirva para , entre otras cosas, para mejorar la vida de las personas , muchas veces sea percibido como algo "contra las personas" siendo éste el motivo por el que los proyectos, muchos, acaban fracasando.

Los proyectos de transformación digital tienen por tanto mucho de tecnológico pero también mucho de gestión del cambio, mucho de impacto en el negocio y en el statu-quo organizativo. Y estas dos cuestiones no son cosas de tecnológos sino que afecta a niveles estratégicos de la organización

Hablamos también de los modelos de dinamización del talento en los procesos de innovación que hay detrás de los proyectos de transformación digital. Hubo debate sobre el papel de la política o de instrumentos como la evaluación del desempeño como aceleradores del espíritu innovador en los empleados públicos. Como ya expuse en la sesión , y discrepando de algunos colegas, me mostré algo escéptico respecto a la eficacia de unos y de otros. En relación al papel de la política tiene su importancia en marcar la orientación y en el impulso pero no son pocas las veces en la práctica cotidiana que es más importante como habilitador del liderazgo de intraemprendedores públicos situados en puntos clave que como alguien que dice de forma precisa lo que hay que hacer. Impulso político sí, pero también emprendimiento interno y vocación de servicio público para apostar por el cambio y la innovación. Respecto a la evaluación del desempeño su potencial dinamizador de la motivación será siempre mayor si va alineada con las expectativas individuales de cada persona . De ahí que los procesos burocratizados y masivos de evaluación con incentivos económicos tengan en la práctica y, en no pocas ocasiones,
más costes que beneficios.

Por último os dejo algunas de las conclusiones relevantes que IECISA documentará próximamente en un informe:

1. Plan de choque de competencias digitales para los empleados públicos.
2. La transformación digital afecta a toda la organización. Enfoque transversal.
3. La transformación requiere un verdadero Plan de gestión del cambio, dotado de medios
4. Un nuevo perfil profesional “dinamizador de la transformación digital”,
5. Las leyes por sí solas no resuelven los problemas, hay que implementarlas.

Breve historia de un proyecto público de éxito

Una de las paradojas de lo público es que a veces lo que parece sencillo y/o es de sentido común no siempre es lo que primero que se aborda. Por el contrario son frecuentes las tentaciones de afrontar grandes proyectos, con elevados presupuestos y en tiempos -en no pocas ocasiones- un tanto irrealistas. Increible pero es así.

Si os cuento que según mi experiencia uno de los grandes secretos del éxito en la gestión pública es intentar encontrar "pequeñas" cosas que hagan la vida más fácil a los ciudadanos quizá os pueda parecer un obviedad. Pero creedme que no es sencillo dar con este tipo de proyectos. El magma de intereses cruzados e iniciativas que con los años siguen ahí -decayendo o que emergiendo según toque lo hace complicado. Hay mucha paja en la que buscar una simple pepita de oro.
 
Pero a veces ocurre, aparecen proyectos que con un esfuerzo relativo solucionan problemas importantes a la gente y además lo hacen con claridad y sin atisbo de duda. Cuendo esto ocurre es más fácil alinear los astros para garantizar el éxito.

Todos estos ingredientes se han producido para lograr el éxito de uno de los proyectos, para mí, más significativos en la AGE durante los últimos años: la comunicación de nacimientos desde hospitales al Registro Civil que arrancó el pasado jueves en 24 centros públicos sanitarios de todas las CCAA.

Una medida extraida de uno de los retos más importantes y complejos que queda por abordar en nuestros servicios públicos: la transformación del Registro Civil español. Un proyecto que sin consenso político y social se tuvo que abandonar en el mes de mayo para empezarlo de nuevo (casi de cero) con planteamientos distintos y un horizonte de implantación más alejado: el 1 de julio de 2017.

Pero de ese mega-proyecto (la paja) había una medida (el oro) cuyo beneficio era incuestionable: evitar que los padres, en los días que más se les requiere apoyo emocional y logístico por sus hijos recién nacidos, no tengan que pasarse la mañana en las vetustas ventanillas de nuestros registros civiles. De ahí que en mayo, abandonado el proyecto global del nuevo Registro Civil, se apueste poro mantener la medida (parcial) de la comunicación de nacimientos. Cuatro meses por delante para:

1) Coordinar a todas las CCAA;
2) Coordinar a todas las CCAA de Sanidad, y desde un Ministerio diferente, el de Justicia;
3) Desarrollar la solución tecnológica, y hacerla con medios propios (DTIC AGE);
4) Adaptar todo el marco normativo (ley e instrucciones);
5) Hacer una planificación rigurosa y responsable;
6) Dotar las garantías (el sistema no puede fallar: un nacimiento es un hecho jurídico fundamental);
7) La medida es estatal, tiene que arrancar en todo el territorio;
8) Gestionar la comunicación y la gestión del cambio;
9) Solventar un cambio  de responsables políticos por medio (elecciones autonómicas mayo 2015);
10) Gestionar las expectativas.

Sólo cuatro meses y con los mimbres del cesto que se disponen en la Admnistración general del Estado. Aunque para algunos parecía imposible a otros nos pareció que merecía la pena arriesgar, echarle ganas de tirar para delante y para no meter, una vez más, el proyecto en el cajón.

Una historia de un éxito que podemos resumir en cuatro puntos fundamentales:

1. Abstraer el trabajo de la controversia política: nadie, por elevadas que sean las diferencias políticas, puede oponerse a una medida que beneficie con claridad a los ciudadanos. Quedaría retratado.

2.  Protagonismo a los técnicos: si la controversia política desaparece, los profesionales pueden trabajar. Y con los magníficos profesionales públicos que tenemos , es toda una garantía.

3. Emergiendo la motivación y el liderazgo de los profesionales. Cuando el beneficio es claro  éstos allá de dónde procedan y cualesquiera que sean sus competencias, rápidamente se activan. Aparecen muchos de los intra-emprendedores que están inhibidos en sus organizaciones.

4. Liderazgo político existente pero no visible (tácito )y un eficaz enganche entre la esfera política y la esfera técnica que permita a los profesionales trabajar con el respaldo suficiente.

5. Apostando - que no siempre es fácil - por la gente de la casa, por medios propios y por las soluciones "made in company"

El camino hacia la Administración sin papel

El pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó y remitió a las Cortes el proyecto de ley del Procedimiento Administrativo Común que viene a refundir las actuales leyes 30/92 y 11/2007 de Administración electrónica.

Se trata de una medida incluida en la reforma CORA que pretende servir de instrumento normativo para la transformación digital de las Administraciones públicas. Entre otros objetivos se persigue mejorar la eficiencia administrativa con una Administración totalmente electrónica e interconectada que otorga carácter preferente a la tramitación electrónica de los procedimientos, impone la obligación de que las comunicaciones sean mediante medios electrónicos a personas jurídicas, profesionales que requieran colegiación y físicas que reglamentariamente se determine. Significativamente otorga validez jurídica a los actos digitales y a medios de identificación y firma electrónica mucho más simplificados y usables como es el caso de cl@ve.

Asimismo este proyecto viene complementado por otro de Régimen Jurídico del Sector Público  que establece que todas las relaciones de las Administraciones con sus órganos, organismos y entidades dependientes así como las de las distintas Administraciones entre sí serán a través de medios electrónicos que además garanticen la interoperabilidad de los sistemas. Realidad ésta que costará años alcanzar pero para la que el proyecto de ley marca un camino claro y decidido. Además se regula el portal de Internet como punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración y permite el acceso a información y , en su caso, a servicios (sede).

En todo este marco general podríamos considerar que se incluye el plan del Ministerio de Justicia de avanzar de manera decidida hacia una Justicia sin papel. Un camino que se inició hace años, que no es fácil y que aún le quedan otros cuantos. Pero al que hay que ir dando pasos, aún sabiendo que este transitorio donde coexistan el papel con lo digital se va a mantener un tiempo largo y será fuente de distorsiones e ineficiencias difíciles de comprender en determinadas situaciones.

El  paso a dar este año 2015 es importante y parte de dos premisas: que poner fechas es siempre bueno; y que la obligatoriedad introducida a través de la ley que mayor efecto jurídico produzca dejando el mínimo margen a la interpretación es una vía válida para avanzar. Fruto de ello es la medida de que el 1 de ener
o de 2016 la ley de Enjuiciamiento Civil establecerá como obligatorias las relaciones electrónicas de los profesionales con la Justicia. Supondrá un salto importante hacia la Justicia sin papel, aunque a corto no produzca los efectos máximos deseados al no contar todavía con la implantación completa de la tramitación / expediente judicial.

Para ello es preciso que todos los actores (jueces, fiscales, secretarios, procuradores, abogados, instituciones, etc...) se impliquen a fondo y resuelvan, junto a Ministerio y CCAA los impactos que se vayan a producir. Este es el objetivo de la Comisión de alto nivel creada esta mañana y cuyo resumen adjunto en este link.

Tecnología, agenda digital y gobernanza pública

Publicado en Cinco Días IDEARIUM de ESADE el pasado 3/11/14

La tecnología es hoy un elemento esencial en nuestras vidas. Seamos o no conscientes de ello, lo cierto es que desde que empezamos el día hasta que lo terminamos los dispositivos tecnológicos – el smartphone, el principal de todos ellos-  nos permiten estar informados y conectados de forma sencilla y a un coste relativamente bajo. La tecnología se ha convertido por tanto en una commodity al alcance de una parte muy importante de la población -mayores, adultos y jóvenes- induciendo nuevos hábitos y alterando las pautas de comportamiento de ciudadanos y consumidores.

La tecnología impacta en las dinámicas sociales pero también es un driver que afecta a las estructuras económicas. Fenómenos como la globalización no se conciben sin la eclosión de los avances tecnológicos asociados al nacimiento de Internet. Surgen nuevos nichos de mercado, la posibilidad de ofrecer productos y servicios a un abanico más heterogéneo de clientes a un menor coste. Gracias a la tecnología las organizaciones pueden relacionarse de una manera más estrecha con sus clientes, incorporarles a sus procesos y ser más eficientes y competitivas en la creación de valor.

Con estos ingredientes es deber irrenunciable para los Estados situar en su agenda de políticas públicas todo aquello que tenga que ver con el impulso a lo digital. Así nació la conocida como Agenda Digital, estrategia pública destinada al fomento de la sociedad de la información cuya última versión para el periodo 2013-15 fue aprobada por el Gobierno en el marco de los objetivos de la Agenda Digital para Europa en 2015 y 2020.

Son varias las líneas estratégicas que la Agenda Digital pretende impulsar a través de un amplio paquete de planes de acción dotados de sus correspondientes partidas presupuestarias: despliegue de infraestructuras TIC de nueva generación, impulso a la economía digital y al I+D+i, promoción de la confianza en lo digital, reducción de la brecha tecnológica a través de la inclusión y la alfabetización y el desarrollo de una Administración y servicios públicos digitales.

La tecnología dispone de energía potencial infinita para transformar, también la Administración pública. La apuesta en este sentido es decidida por la necesaria mayor eficiencia en el gasto público. El proyecto CORA, la reforma de la Administración promovida por el gobierno central, nace precisamente para atender el vector de la eficiencia y apuesta por la digitalización de servicios públicos y las TIC como instrumento de reinvención interna.

Son muchas las iniciativas de CORA en términos de simplificación, racionalización de procedimientos en diferentes áreas de “negocio” en la Administración. Pero a los proyectos debe dotarse de estructuras organizativas adecuadas que los hagan posibles de forma eficaz y eficiente. En ese sentido es novedoso el nuevo modelo de gobernanza TIC para la Administración General del Estado aprobado hace unas semanas, un modelo que permite sentar unas bases sólidas con las que empezar a trabajar. 

Se ancla al más alto nivel en un Comité de Estrategia TIC y una Dirección TIC, con peso orgánico sustancial – rango de subsecretaría –, que se constituye como el órgano de impulso que engloba tres competencias clave: el desarrollo de la Administración digital, la orientación y ejecución de una estrategia TIC vinculada a la estrategia global del gobierno y por último la racionalización del uso de los recursos informáticos.

Un nuevo modelo de gestión de lo digital cuyos efectos sin duda habrá que seguir de cerca en el futuro.

Dirección TIC de la AGE, un buen trabajo

El pasado viernes el Boletín Oficial del Estado publicó los RD de estructura orgánica de la Dirección TIC de la Administración del Estado así como el correspondiente a la organización e instrumentos operativos de las TIC en la AGE y sus organismos públicos.

Ha pasado un año desde la toma de posesión de Domingo Molina como Director TIC y entre medias mucho trabajo, mucha gestión con unos y con otros, pero al final un buen trabajo que permite sentar unas bases sólidas con las que empezar a trabajar.

La Dirección TIC se configura como un órgano específico, al más alto nivel, para impulsar y coordinar el necesario proceso de racionalización y transformación del sector público administrativo estatal.... supone revisar planteamientos organizativos vigentes ... O lo que es lo mismo, mantiene un peso orgánico importante (subsecretaría) pero orgánicamente adscrito a la Secretaría de Estado para la Administración Pública (SEAP). Aunque funcionalmente la relación con el ministerio de la presidencia se mantiene, el paso a desde la Vicepresidencia del Gobierno, donde nació, a la SEAP puede mermar en cierta medida la capacidad de actuación, decisión ésta contraria a las recomendaciones de la OCDE acerca del fortalecimiento de las capacidades estratégicas (las TIC lo son) en los núcleos centrales de gobierno.

Un aspecto orgánico positivo de dicha adscripción en SEAP es que la Dirección TIC asuma las funciones de Administración digital que hasta la fecha tenía encomendadas la DGIAEP que desaparece. Queda así fortalecida uniendo estas competencias a las de orientación estratégica en las TIC derivadas de la estrategia global del gobierno y la racionalización del uso de los recursos informáticos. La fórmula de agencia TIC de momento tendrá que esperar.

No obstante hay tres aspectos en mi modesta opinión que no quedan del todo bien resueltos. Primero, el no incluir  competencias en materia de gobierno abierto dentro de la Dirección TIC, por ejemplo el desarrollo de la ley de transparencia o la puesta en marcha de una estrategia 2.0 marco para todas las unidades y organismos de la AGE. Segundo, la pata de los "procedimientos" que queda en otra dirección general (traerá problemas) y eso a pesar de incidir en los decretos por la apuesta por el rediseño integral de los procesos  y servicios actuales de la Administración ... no sólo la automatización de los servicios. Tercero, dejar fuera de la política TIC general la política informática de la Intervención General  que (por sus peculiaridades) queda en manos de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos.

En lo que respecta al modelo de gobernanza, es decir de arreglos institucionales para la coordinación y toma de decisiones, sin duda el modelo es novedoso y esperanzador aunque no exento de la complejidad burocrática que suele caracterizar el funcionamiento administrativo.

El Comité de Estrategia TIC, y más concretamente su órgano ejecutivo - más operativo- será quien dicte la estrategia que a su vez deberá ser implementada por el Comité de Dirección TIC que coordinado por la DTIC estará compuesto por repressentantes de todos los ministerios y , para el ámbito de la Administración digital, por las Comisiones Ministeriales de Administración Digital (CMAD) en cada ministerio. Es de desear que la relación sea más de colaboración que de jeraquía, más bidireccional (top-down, bottom-up) que unidireccional.

Las Unidades TIC son la "célula" del sistema, quienes proveen de servicios TIC a los diferentes departamentos y se encargan de implementar tanto la estrategia TIC como las medidas relativas a la Administración digital.

Si queréis complementar este post muy buena información en el blog de Andrés Pastor.

#CORA, ¿mola?

Pasan los meses y el proyecto para la Reforma de la Administración (CORA) sigue su curso. Se van poniendo en marcha diversas medidas cuya ejecución, en parte, conocemos por el informe trimestral de la Oficina para la Ejecución de CORA (OPERA). Una de las más últimas se está debatiendo en la actualidad: la Ley para la Reforma del Sector Público, una especie de totum-revolutum en la que lo mismo se habla de supresión de entidades, que de devolución de moscosos, que de movilidad del personal militar, que de temas medioambientales, ferroviarios, etc....

Pero está pasando desapercibido uno de los aspectos más relevantes del proyecto puesto en marcha por el Gobierno: la reforma en la gobernanza TIC de la AGE. Lejos de medidas puntuales y necesarias como la simplificación y mejora de procesos que permite la Administración electrónica, la nueva gobernanza TIC de la AGE debería contemplar un alcance ambicioso y con visión que otorgara a las TIC un rol relevante en la acción pública estatal contribuyendo a la estrategia de gobierno en la creación de valor público así como una mayor eficiencia en la gestión de los recursos TIC, desde el personal destinado a estas tareas hasta las inversiones en infraestructuras y desarrollos.

Ya dijimos en su día que la creación del CIO AGE en septiembre de 2013 era un paso necesario pero del todo insuficiente. La cuestión, decíamos, no es que exista esta figura y que sea ocupada por un buen profesional sino el margen de maniobra que pueda tener para poner en marcha su proyecto. Es decir, que sonando bien la música de dicho proyecto, que es conocida y está bien tirada, no es suficiente porque lo difícil será la letra, los detalles, los puntos de apoyo a la hora de ponerlo en marcha. De ahí que lo denunciado por ASTIC, la asociación de funcionarios TIC de la AGE, respecto a la paralización de gran parte de lo que hay en CORA referente a este asunto no nos deba sorprender.

Es en estos momentos, al poner encima de la mesa planteamientos que rompan con las clásicas incercias administrativas cuando ese apoyo político al máximo nivel que respalda CORA es más necesario para desatascar y neutralizar los puntos de veto que gran parte de las inciativas referentes a la reforma TIC de la AGE están encontrando.

Pero es ahí donde se ponen de manifiesto las incongruencias de un proyecto, sobre el papel ambicioso, pero que en la práctica cuando al mirar hacia dentro y de sudar la camiseta para cambiar la Administración en aspectos relevantes -gobernanza TIC, por ejemplo- se trata,  CORA, para el político, no mola.

Y lo relevante,  lo complejo que suponga transformar,  no sale adelante. Lo fácil, que además se pueda explicar bien, sí. Eso sí que mola.

#TIC y transformación interna: ¿oportunidad o fiasco?

La digitalización de las Administraciones sigue avanzando. A buen seguro el ritmo actual y el entusiasmo presupuestario no es ni de lejos el que cuando se puso en marcha la ley 11/2007 pero sigue siendo significativa la cantidad de proyectos de cierta relevancia en marcha a diferente nivel administrativo (estatal, autonómico, local).

Las TIC son (y deberán ser aún más) un driver de transformación de nuestras Administraciones. La Administración del siglo XXI será intensiva en la utilización de tecnología o no será. Pero es precisa una estrategia clara, coordinada y compartida por los diversos actores, que priorice acciones y rinda cuentas de resultados. Hasta ahora, no la habido; si en el futuro la hay está por ver. ¿Estará en la hoja de ruta del #CIOAGE?

En lo que tiene que ver con los agentes externos (ciudadanos, empresas, entidades colaboradoras) las respuestas dadas a las demandas de prestación de servicios, apertura de datos, canales de participación o fórmulas de colaboración son desiguales. Mientras que en gobierno abierto estamos empezando, en servicios públicos digitales estamos bien, hay una oferta amplia y España ocupa un nivel aceptables en los rankings internacionales. Otra cuestión, que no por ampliamente reiterada merece menos atención, es la baja demanda (ciudadanos y pymes) y el gap existente con la oferta. Que yo sepa lo que se está haciendo en este sentido es insuficiente y los ajustes (necesarios) en hacer mucho más user friendly instrumentos como el e-dni no se acaban de concretar. Sólo cuando los usuarios perciban que relacionarse con la Administración de forma electrónica es más sencillo que hacerlo de manera telefónica o presencial la demanda crecerá y lo hará, a buen seguro, exponencialmente.

Es entonces cuando tendrá mayor sentido el reducir costosos procesos analógicos de relación con los usuarios de los servicios públicos con acciones drásticas, por ejemplo cerrando drásticamente canales de atención.

Una cuestión más de la que, a mi entender, es la gran asignatura pendiente en este proceso de digitalización e introducción de tecnología en la Administración: los limitados efectos en términos de simplificación, supresión o reinvención de procedimientos internos, con los cuantiosos ahorros en capítulos I y II que llevaría asociados. Esperemos que para esto, sí que CORA sea de gran utilidad.

Mucha de esta pobredumbre de resultados tiene que ver con quiénes manejan dentro de la Administración el asunto de los procedimientos y la organización administrativa y quienes manejan los asuntos TIC. Los primeros imponen una visión legalista y burocrática que entiende la tecnología como simple soporte; los segundos ofrecen soluciones que chocan a menudo con planteamientos inamovibles.

El punto neurálgico de todo ello y, a su vez, la prueba del algodón de si será posible utilizar las TIC en el objetivo de la transformación interna es la reforma de la ley 30/92. Una reforma que es imprescindible para, apoyándose en las TIC, poner al día (y desmontar en parte) nuestro vetusto aparataje administrativo.

¿Una oportunidad o un fiasco? Veremos, pero para los amigos de las conjeturas investiguen quién la está cocinando. Y encontradas las respuestas que vayan
imaginando.

Informe #CORA: reformas comparadas

El Gobierno sigue con su empeño en sacar adelante todas las medidas incluidas en el Informe CORA sobre la reforma de la Administración pública española. Son muchas las iniciativas en este sentido, la mayoría de ejecución pero otras de divulgación y exposición pública de las bondades del proyecto.

En este último contexto se enmarca la Jornada sobre la Reforma de las Administraciones Públicas en Europa, evento organizado por la vicepresidenta del Gobierno que ha reunido en el Palacio de la Moncloa a los ministros que en Portugal, Polonia, Reino Unido, Francia e Italia pilotan este eje de política pública y ha contado con el máximo respaldo político e institucional en la figura del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Si hace casi un año, en la presentación del Informe CORA, escuchábamos que la reforma de la Administración era una iniciativa básica de ajuste y reducción de gasto público en la senda de consolidación fiscal hoy el discurso q
ue hemos oído en Moncloa, para ese mismo proyecto, es otro: "la reforma de las Administraciones debe contribuir a configurar una Administración de vanguardia, dinámica que sea un factor para el crecimiento económico" (Soraya S. de Santamaría) , " el objetivo, además de ahorrar, es dotar al sector público de músculo para ser capaz de responder a un entorno cambiante" (M. Rajoy) , "un sector público que se ha reducido en medio millón de empleos y que cuyo tamaño está lejos de la media europea" (C. Montoro).

La música sonando de otra manera recoge una la letra, las acciones que se están poniendo en marcha, que es la misma que ya comentamos cuando se puso en marcha el informe CORA allá por el pasado mes de junio. Por tanto, algo no cuadra.

Aún así la Jornada ha servido para mostrar un panorama comparado de los procesos de reforma que están teniendo lugar en otros países de nuestro entorno. Que la reforma española esté enfocada por el camino de la racionalización y simplificación de nuestro ropaje burocrático, es algo que ya conocemos. Pero ha sido grato comprobar el enfoque que a esta misma línea de política pública están dotando otros países.

Portugal e Italia, con problemas similares a los nuestros, presentan enfoques similares en cuanto a sus esfuerzos en simplificación, reducción de cargas administrativas o agilización de procedimientos. Dos matices que me parecen interesantes: tan importante es la autoridad como la autonomía y la responsabilización en la gestión (Portugal), o el recorte de personal crea problemas de cualificación profesional dentro de las Administraciones en cuando a la capacidad de éstas a la hora de enfrentarse a los retos de la sociedad en red (Italia).

Polonia tiene claro que su eje de reforma es lo digital como forma de reconstruir la confianza ciudadana en su sector público: servicios digitales y gobierno abierto. Me ha gustado su enfoque de gobernanza multinivel aproximando las iniciativas de participación ciudadana al ámbito local.

Francia apuesta por una "reforma CON", poniendo el acento en la reforma del empleo público y en afianzar los valores del servicio público como motor de progreso económico y social. Los franceses entienden que Europa debe tener un modelo propio de sector público que contribuya al bienestar de los ciudadanos. Se habla de una reforma basada en la evaluación (con los actores) , en la innovación abierta y en reformular principios básicos de la acción burocrática como el silencio administrativo (positivo).

La letra de la reforma a la británica suena más que bien: "Just do it !!! " (JID), es decir , acción , acción y acción. Y esta acción se concreta en cinco prioridades: 1) Abrir el gobierno, 2) Centralizar los grandes proyectos TIC (servicios comunes); 3) Coproducción de servicios (explorar fórmulas híbridas); 3) Digital, por defecto, con reingeniería y nuevo concepto; 4) Cambio cultural y competencial en la función pública.

Un evento, sin duda, interesante .............

TICs y reformas: el cambio desde los valores

Mi reflexión en este post parte del artículo que hace unos días publicó el diario El País titulado "Big data y miopía de la Administración" y, en concreto, de una última frase en el mismo que es ciertamente contundente: "¿Cómo va la Administración a facilitar y promover un futuro tecnológico que no entiende?"

Efectivamente podemos comprobar día tras día cómo pequeñas o grandes decisiones en lo público minusvaloran o ignoran el impacto de la tecnología como elemento transformador y disruptivo.

No hay más que ver algunos ejemplos: es el caso de la actualmente en ejecución Reforma de la Administración que arrincona la tecnología a un simple papel instrumental de "simplificación y racionalización" pero no se apoya en la misma para abordar una auténtica transformación interna de las estructuras administrativas. O el caso de la implantación de Administración electrónica y el monstruo indescifrable en el que se ha convertido para la mayoría de los mortales. O la anunciada puesta al día de la ley 30/92 del procedimiento administrativo que lejos de ser sometida a un contundente revolcón amenaza con complicar más las cosas. Y no digamos ya las poses de algunas iniciativas de participación o transparencia o los súbitos apretones tecnológicos de determinados partidos políticos (en plena campaña de recuperar la notoriedad social) cuyos líderes presumen en petit-comité de no haber usado ni PC ni red social alguna. 

Se trata pues de retoques estéticos que buscan dar continuidad a un modelo político-administrativo agotado y exponencialmente cada vez más distanciado de una sociedad que va por otro lado.

Que nuestra política o Administración vayan a remolque de la cibersociedad no es algo que debiera preocupar. Al menos irían. Lo que es verdaderamente preocupante es la obstinación en negar sistemáticamente de los nuevos valores que emergen de la sociedad en red y el escaso interés en aprovechar los mismos para abordar un proceso de reforma en profundidad.

Si la tecnología permite que el ciudadano vuelva a ocupar el centro de la vida pública, le da oportunidad de acceder a numerosa información y compartirla o actuar, le empodera  ¿por qué política y Administración no interiorizan estos valores y adoptan enfoques renovados en la relación con la ciudadanía, definición de políticas o prestación de servicios?


Quizá la respuesta esté en el desconocimiento de las TIC y la incomprensión que de éste se deriva; o de una todavía insufiente penetración de lo digital en el complicado mundo analógico de las Administraciones públicas. Ambas cuestiones se acabarán resolviendo con el tiempo.

Pero el miedo al cambio que produce el reequilibro de poderes que se deriva de las posibilidades de internet es asunto más estructural. Ahí seguramente estará el quid de la cuestión. 

Innovación y ADN público

Leer la entrevista al profesor Carsten Sorensen de la London School of Economics me invit
a a reflexionar sobre el impacto de sus afirmaciones sobre el sector público.

El profesor Sorensen habla de un final de las oportunidades para el trabajador medio, un futuro controlado por máquinas e hiper-automatizado, trabajos relacionados con la innovación, trabajadores subempleados que trabajarán menos horas de las que les gustarían, un mercado de trabajo polarizado en el que la clase media quedará vacía.

Quien piense que todas estas afirmaciones son ciencia ficción está equivocado. El sector público ha sido tradicionalmente remanso de estabilidad y solidez así como fuente de empleo de calidad, lo cual ha servido para nutrir esa amplia clase media característica de países como el nuestro. Comprobamos que lo anterior empieza a no ser así: despidos, devaluación salarial, merma en las condiciones laborales, amortización de vacantes...... Y eso que el proceso de reconversión aún no ha entrado en su fase de mayor intensidad.

Será una cuestión difícil de asumir. Así quien se encastille en un modelo de sector público ajeno a los cambios derivados de la revolución tecnológica y del conocimiento, a la transformación de la sociedad  y desprecie el impacto de ambas en sus estructuras, procesos y cultura sencillamente acabará siendo desbordado por la realidad.

Inevitablemente la innovación -más pronto que tarde- tendrá que formar parte de forma destacada del ADN público, alterando la relación de lo público con la sociedad, el statu-quo de profesionales y las estructuras en las que se basa la producción de valor.

Lo cual obligará a una reconversión profesional de muchos empleados públicos en cuanto a sus competencias, en terminos de actitudes pero también de conocimentos, aptitudes y habilidades. Unido a cambios importantes en estructuras de puestos de trabajo (la tradicional pirámide de base ancha acabará girando 180º hacia una pirámide invertida) hará que la innovación en definitiva constituya una auténtica revolución cultural.

En resumen, sector público e innovación juntos para siempre, en un camino de no retorno.

Comisión para reforma de AAPP: ¿hay alguien ahí?

Algunos recordaréis que hace meses se anunció solemnemente la puesta en marcha de una comisión para la reforma de las Administraciones públicas, cuya primera medida - anunciada a bombo y platillo- fue un decreto para la reordenación del Parque Móvil del Estado y quitar de la circulación algunos coches oficiales.

De aquel momento a esta parte poco o nada hemos sabido de cómo están progresando sus trabajos, salvo que se suceden las reuniones interministeriales (a diferente nivel) , y otras con comisiones de expertos, asesores, etc. de sociedad civil y grupos profesionales. El resultado, previsto para finales de junio, debe ser un prolijo informe que (suponemos) abordará grandes aspectos sobre los que el gobierno deberá actuar en los próximos meses.

Las dudas se incrementan cuando vemos que el propio gobierno, en paralelo, ha puesto sobre la mesa otros planes concretos de reforma por cauces ajenos a los de la propia comisión.

Por ejemplo, el Plan Estratégico de Mejora de la Administración, impulsado por la dirección general de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la AE, para el periodo 2012-15 que pretende abordar aspectos como: 1) racionalizar la arquitectura orgánica de la AGE (se promete una  nueva LOFAGE para 2014) , 2) simplificar y reducir cargas administrativas para ciudadanos y empresas a través de la AE, y 3) impulsar la colaboración interadministrativa.

Por otra parte está sobre la mesa la reforma de la Administración local , cuyo anteproyecto - del que ya veremos qué queda al final - sigue su curso legislativo levantando no pocos escollo. Un plan en el que (simplificando mucho) se abordan aspectos clave sobre la naturaleza, prestación y financiación de los servicios públicos más próximos al ciudadano (los municipales) o el reparto de competencias entre Administraciones bajo el principio "una competencia, una Administración".

Curso diferente siguen los anteproyectos de ley de empleado público de la AGE y el Estatuto de la Dirección Pública Profesional que aparecen y desaparecen de las declaraciones políticas cuales ojos del Guadiana. Teniendo en cuenta que irán en la línea de las medidas tomadas hasta el momento en el ámbito de función pública (en clave de recorte más que de reforma) estarán reservándose para ocasión más propicia según las nuevas exigencias que marque la
consolidación fiscal.

Por tanto, ¿qué margen le queda a la famosa Comisión? Redundar en lo ya ofrecido por otros planes (p.ejem, inistir en la reducción de cargas o  eliminación de organismos públicos y empresas en la AGE) o entrar de lleno en un nuevo frente, complicado, espinoso, de resultado incierto : la reforma del entramado institucional del conjunto del Estado. Una misión de demasiado nivel para una simple comisión de altos funcionarios.

La sociedad en red 2011

Acaba de publicarse el informe "Sociedad en Red. Informe 2011" elaborado por el Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. A modo de resumen extraigo las ideas que me han parecido más destacadas y que son interesantes como elementos de entorno para las Administraciones públicas.

1. La telefonia móvil todavía crece a nivel mundial, aunque se estanca por saturación en los países desarrollados (España incluida). En concreto, en España el 91,5% de los hogares tiene algún telefono móvil.
2. Un 60% de los hogares españoles tienen acceso internet, algo por debajo de la media de la Unión Europea (68%).
3. El acceso a internet móvil crece a doble dígito, crecimiento que hace que en España ya un tercio del acceso a Internet en los hogares sea a través del teléfono móvil.
4. Internet se usa principalmente para buscar información y leer publicaciones.
5. La sensibilidad respecto a las TIC aumenta: casi el 70% las considera fundamentales en la educación y un 65% muy importantes en el ámbito laboral.
6. La implantación de internet en las empresas es prácticamente total. Casi la mitad utiliza internet móvil, en las grandes cerca del 100%.
7. El teletrabajo - trabajo en remoto- es todavía poco habitual, especialmente en las pequeñas y medianas empresas. Sólo hay un 21,5% de empleados que lo usan.

 En cuanto a la Administración electrónica:

1.  La madurez de la oferta (99% accesibles los procedimientos de alto impacto en la AGE) contrasta con el largo y complejo recorrido aún pendiente en el uso. 
2. Aún así en uso la e-Administración iguala o supera a otros servicios como la banca: el 39% de usuarios utiliza internet en relación a las AAPP (cierto es que mayormente en búsqueda de información y descarga de formularios; sólo un 18% de ciudadanos los envían). En empresas el 80% tratan con las AAPP por esta vía.
3. En rankings (sofisticación y diversificación) estamos bien, pero hemos descendido en el último año al 23 puesto en la ONU y el 15 de la UE.
4. En servicios públicos destaca la sanidad: más del 90% de centros de salud dispone de historia clínica electrónica y el 92% tiene cita por intenet.  El reto está en extenderlo a la especializada y en el intercambio de información, que cada centro de salud no sea una "isla" y el historial pueda ser consultado por diferentes médicos en diferentes centros y/ o diferentes áreas sanitarias.
5. La digitalización de los registros civiles avanza, y a buen ritmo (13000 tomos digitalizados). 

AAPP: 12 peticiones para 2012

Pasados uvas y Reyes, el año nuevo y la existencia de renovados equipos al mando de las instituciones públicas me han animado a escribir una lista de deseos para el ámbito que trata este blog, la modernización de las Administraciones públicas. A ver qué os parece:

1. Que el cortoplacismo no ciegue el cambio profundo que demandan nuestras AAPP. Apostar por innovación en el sector público no es una paranoia, es una necesidad, pero lleva su tiempo.
2. Ley de Transparencia sí, pero no como estación de llegada del gobierno abierto sino como punto de partida.
3. No confundir la legitimidad que da el voto en unas elecciones con la imprescindible participación ciudadana en las políticas públicas. Hacerlo, en los tiempos que corren y con las herramientas existentes puede ser suicida para cualquier gobernante.
4. Que las reducciones lineales (hachazos) dejen paso a revisión meniculosa de las partidas de gasto (cirujía fina) que valoren coste-beneficio entendiendo éste no sólo en términos económicos, sino también en términos de valor público.
5. Mantener el compromiso con el gobierno electrónico, como canal de un mejor servicio a los ciudadanos pero sobre todo (está pendiente) como vía de reorganización interna y reducción del gasto.
6. Hacer de la congelación en la oferta pública de empleo la excusa (motor necesario) para una revisión de las relaciones de puestos de trabajo, especialmente en el bloque administrativo de las AAPP.
7. No olvidar que las agencias no son sólo un foco de gasto incontrolado. Tienen sus ventajas, y muchas, para modernizar la gestión pública.
   
8. Pensar bien que a largo plazo los procesos de enajenación de patrimonio público tienen sus impactos (y a veces no compensan la caja que pueda hacerse a corto)
   
9. Colaboración público-privada sí, pero aprovechamiento de los recursos públicos existentes y mejora de su gestión también.
10. Legitimar y dar prestigio al trabajo público. Motivar es imprescindible, más aún en las actuales circunstancias de congelación-recortes salariales.
    
11. Institucionalizar la función directiva profesional en el sector público. Cinco años más tarde ya es hora de desarrollar el artículo 13 del EBEP.
12. Y por último, que el ajuste no haga olvidar a nadie la importancia de un sector público potente y de calidad para la importancia económica y social de cualquier país.
    

Efectos de eAdministración: estabilización del capitulo I

He leido con mucho interés los dos post de la serie Puesta en valor del #egov que Andrés Nin está publicando en su blog estos días. Después de años en los que la prioridad ha sido impulsar proyectos de todo tipo de Administración electrónica y normativas que les den amparo jurídico parece buen momento de abordar una nueva fase en la que el estímulo de la demanda y la cosecha de beneficios sean los protagonistas.

No estamos hablando de elementos aislados: cuanto mayor sea el tirón de la Administración electrónica entre ciudadanos y empleados públicos mayores serán los beneficios obtenidos y más rápidamente se retornarán las inversiones. Por ello, hay que ser constante ( "gota malaya") e insistir -aún con poco presupuesto- en iniciativas como la campaña de comunicación que el Ministerio Política Territorial ha puesto en marcha recientemente para dar a conocer las ventajas de los servicios públicos electrónicos que más pueden interesar a los ciudadanos y que menos exigencias técnicas (e-firma, certificados, etc.) plantean.

Andrés Nin ha empezado hablando de dos bolsas de beneficio importantes: la reducción de cargas administrativas y el menor impacto medioambiental. Seguramente esté a punto de hablar de una tercera, que a mi personalmente me parece de las más importantes: el impacto sobre el capítulo I (gastos de personal).

Opino que en los próximos años es preciso abordar un Plan Integral de Reordenación de Efectivos como impacto directo de la e-Administración. Un Plan intra-administrativo, de naturaleza transversal, que tenga en cuenta las necesidades de personal en los diferencios ámbitos en los que la e-Administración vaya sustituyendo progresivamente a la Administración en papel tradicional, especialmente en los back-office o unidades de tramitación de las Administraciones. Un Plan a largo plazo, cuyos resultados plenos difícilmente veremos en menos de diez años, pero que tendría que lograr ir modificando el perfil, número y distribución de los diferentes efectivos.

Un plan que precisa, ya de entrada, plantearse cambios sustanciales en las ofertas de empleo público de nuevo ingreso. Que requiere revisar las relaciones de puestos de trabajo, amortizando vacantes (¿quién necesita ordenanzas que muevan papeles?), cesando interinos y reclasificando puestos. Un plan que requiere adjunto un proyecto formativo de hondo calado que contribuya a reorientar profesionalmente al personal cuyas funciones han quedado sin sentido gracias a la Administración electrónica.

Todo ello es necesario y sus beneficios directos a largo plazo servirán no sólo para amortizar inversiones sino, como no, para darle una vuelta de calcetín a nuestra Administración.

Conocer o no conocer la @administración: esa es la cuestión

Hace unas semanas el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública puso en marcha la campaña @dministración, todos los servicios a tu mano para dar a conocer las bondades de la Administración electrónica y promover su uso por parte de los ciudadanos.

Conocidos nuevos rankings en los que la oferta de servicios públicos en nuestro país puede considerarse más que aceptable, esta iniciativa se enmarca en una nueva fase del despliegue de la e-Administración que tiene por objeto actuar sobre la demanda, camino éste en el que queda mucho por recorrer.

Para activar dicha demanda entre los ciudadanos - las empresas los usan y mucho- son precisas diversas políticas que actúen sobre el impulso de la sociedad de la información en general, pero sobre todo un aspecto básico que hasta ahora no se había abordado y que éste parece ser el momento: que dichos ciudadanos sepan en qué consiste la Administración electrónica, las posibilidades que les ofrece y cómo pueden acceder a ella.

Estamos por tanto ante una acción de comunicación buena por necesaria pero no podemos tomarla como buena práctica por cómo se ha concebido y cómo se está desarrollando.

Si podéis perder un minuto en analizarla podréis comprobar cómo realmente lo que han hecho es poner unos cuantos anuncios (analógicos y digitales) y abrir una serie de canales en algunos de los social media más conocidos en el que de manera unilateral se van lanzando mensajes un tanto enlatados. Nada diferente, por otra parte, de lo que es habitual en estos lares administrativos donde los gabinetes de comunicación se han apuntado la mayoría a prácticas del tipo abrir un canal en twitter como réplica digital de las tradicionales notas de prensa, confundiendo comunicación social con comunicación tradicional sobre soportes sociales.

Es una pena porque una iniciativa destinada a promover y difundir las bondades de la e-Administración puede tener infinito más impacto con una comunicación social mucho mejor ejecutada que conecte redes, sume prescriptores, proyecte mensajes más atractivo o cruce iniciativas entre las muchas posibilidades que los diversos canales analógico-digitales que está utilizando ofrecen.

Compra pública innovadora: obligación antes que opción

Dentro de la serie de diálogos sobre Colaboración Público-Privada que el Club de Dirección Pública de ESADE Alumni viene organizando, se ha celebrado una nueva actividad sobre innovación y compra pública. Angel Saz, profesor del profesor del Instituto de Gobernanza y Dirección Pública coordinaba una mesa compuesta por expertos (Pepa Montejo-COTEC), actores públicos (Juan Manuel Garrido-CDTI) y privados (David Pascual-INDRA).

La primera idea importante en la que coincidieron nuestros invitados fue la carencia de enfoque estratégico ("conocemos bien los pliegos y las leyes") en un asunto clave, teniendo cuenta que el mercado público supone un 15% del PIB en España y la importancia de la innovación para salir de la crisis. Mientras en Europa han sido prioriarios otros aspectos como el mercado único, la transparencia, etc. en EEUU hace años que se utiliza la compra pública para fomento de la innovación en sectores como energía, transporte, salud, defensa, etc.

La compra pública de innovación (CPI) es fundamentalmente un instrumento de demanda que tiene por objeto dinamizar la innovación e internacionalización, suscitar la aparición de nuevos segmentos empresariales. Aunque la compra pública regular puede lograr parcialmente estos objetivos, es la CPI - combina presupuestos de compra con presupuestos de I+D- el verdadero cambio de paradigma: el efecto de tracción del estímulo innovador a cambio supone añadir un riesgo adicional ya que se compran productos o servicios nuevos para una mejor prestación a los ciudadanos. Y ese riesgo es compartido: las empresas compiten en innovación -ellas mismas también pueden tomar la iniciativa y ofrecer nuevos desarrollos que hayan realizado- y la Administración compra algo que no existe.

La CPI engloba dos ámbitos diferentes: la compra pública de tecnología innovadora (CPTI) y la compra pública precomercial (CPP). La CPTI consiste en comprar productos nuevos completos para ser utilizados. Se regula mediante la ley de contratos del sector público (a través del contrato de colaboración público-privada). La CPP, aunque está también en la LCSP - contratos de servicios I+D- se centra en la obtención de un prototipo que no tiene por qué quedarse el comprador y no existe obligación de igualdad de trato.

España está a la cola de compra pública innovadora. El objetivo del gobierno es que esta realidad cambie: según acuerdo del Consejo de Ministros de 8.10.10 se impulsa la CPI dentro de la Estrategia Estatal de Innovación. Para ello se actuará sobre la demanda (revisión del entorno normativo para incluir la CPI, análisis para ver dónde aplicarla - modernización administrativa, economía verde, salud, turismo, defensa) y sobre la oferta (instrumentos financieros, actuaciones piloto, ventanilla especialzada "fast-track").

Varios son los factores de éxito en el desarrollo de la CPI. Por parte de las AAPP, el correcto desarrollo del proceso de compra pública y un cambio en los "skills" del comprador público (por ejemplo para ser capaces de evaluar la innovación). Por parte de las empresas, deben ser proactivas en presentación de proyectos de innovación, comprender las diferencias entre el sector público y el privado y ser capaces de trabajar en red (pymes, centros investigación, universidades, etc.)

En lo que coincidieron todos los ponentes es en que el proceso que está comenzando. El desconocimiento general (ministerios o consejerías de innovación) es todavía grande. Es necesaria primero una importante sensibilización y después procesos de "coaching" que asesoren con buenas prácticas de referencia . Tampoco existen claros incentivos para que los directivos públicos superen el miedo al riesgo y opten por la CPI. Alguna respuesta se está dando: por ejemplo la reserva de un % del presupuesto de cada departamento para este tipo de compras (para que se tengan que hacer "sí o sí")

Únete al grupo Linked-In del Club Dirección Pública ESADE Alumni

¿El o-Gobierno europeo en 2015?

Recientemente se ha publicado por parte de la Comisión Europea el Plan de Acción 2011-15 para el desarrollo del e-Government a nivel europeo. Se trata de un documento detallado que tiene por objeto marcar la senda para lograr los ambiciosos propósitos reflejados en la Declaración Ministerial de Malmoe: "para 2015 las Administraciones de los países miembros serán abiertas, flexibles y colaborativas en sus relaciones con ciudadanos y empresas. Usarán la administración electrónica para mejorar su eficacia y eficiencia y para mejorar continuamente los servicios en el sentido de atender al máximo las necesidades de los usuarios y maximizar el valor público como forma de contribuir a la transición dne Europa a una economía líder en conocimiento".

El Plan de Acción supone pues una apuesta decidida por la transición del actual concepto de administración electrónica a un nuevo modelo de gobierno más abierto y flexible en los diferentes niveles local, regional, estatal y europeo, con un protagonismo directo de los ciudadanos.

Para ello fija una serie de ejes de actuación que incluyen acciones concretas a desplegar por los Estados Miembros y la propia Comisión con calendario para cada una de ellas:

Eje 1: Empoderamiento del usuario

Facilitar el que ciudadanos y empresas sean proactivos mediante el uso de nuevas herramientas tecnológicas:

• Servicios que tengan en cuenta las necesidades de los usuarios: para 2013 los gobiernos deberán haber desarrollado servicios online personalizados con funciones del tipo de seguimiento del estado de las transacciones con las Administraciones.


• Producción de servicios colaborativa: se realizará un análisis inicial sobre cuáles son las herramientas más adecuadas y la mejor forma de aplicarlas.


• Reutilización de información en poder del sector público: para 2011 se deberá acordar un paquete común de información que pueda ser reutilizada. También se modificará la directiva que la regula con el ánimo de extender la estrategia.


• Mejora de la transparencia: para 2014 los Estados Miembros permitirán a los ciudadanos acceder electrónicamente a sus datos personales.


• Participación de los ciudadanos en los procesos de formulación de políticas públicas: se trabajará en proyectos de e-participación sobre la base por ejemplo de las herramientas para peticiones electrónicas en el marco de las iniciativas legislativas populares.

Eje 2. Mercado Interior

Trabajar para que los servicios públicos electrónicos puedan ser compatibles entre diferentes países:

• Ventanilla única europea y plataforma única de licitación electrónica: para 2014 se deberán haber eliminado las barreras que soportan las empresas para hacer negocios entre diferentes países.


• Movilidad de las personas: para 2015 los Estados Miembros deberán facilitar que los servicios de entrega de información a los ciudadanos sean compatibles entre los distintos países.


• e-Proyectos de ámbito europeo: se definirán una serie de proyectos de gran escala que sean de ámbito europeo, en el ámbito medioambiental por ejemplo.

Eje 3. Eficacia y Eficiencia de Administraciones

Se trata de que las TIC permitan los cambios organizativos suficientes para la provisión de servicios públicos más rápidos, sotenibles y de mejor calidad:

• Mejora de los procesos organizativos: aprovechando las ventajas de las TIC por ejemplo mejorando el portal ePractice hacia una plataforma de intercambio de conocimiento.


• Reducción de cargas administrativas: poniendo en común prácticas de implementación de procesos de un único registro.


• Administración verde: para 2013 los gobiernos deberán haber acordado indicadores y procedimientos de evaluación para medir las acciones de reducción de emisiones por la implementación de servicios de e-Gov.

Eje 4. Condiciones para desarrollar la Administración electrónica

Se trata de poner en marcha una serie de medidas de tipo técnico y legal que sirvan para facilitar la interoperabilidad entre países:

• Especificaciones abiertas e interoperabilidad: para 2015 deberán estar implementadas las acciones destinadas para poner en marcha la red europea de interoperabilidad así como la estrategia europea de interoperabilidad. Los gobiernos previamente deberán tener configurado sus esquemas nacionales en la línea del europeo.


• Elementos comunes de identificación: se promoverá el mutuo reconocimiento entre países de la firma electrónica y la autenticación electrónica de cada uno de ellos.


• Innovación en infraestructuras: se estudiarán nuevos paradigmas (cloud-computing) y se pondrán en marcha diferentes proyectos piloto.

Como podéis comprobar los diferentes gobiernos que salgan de las próximas elecciones tienen trabajo por delante.