i-public@
reflexiones sobre administración pública inteligente

miércoles, 24 de octubre de 2007

Directivos públicos: la pugna entre políticos y funcionarios




Aprovechamos este post para fijar nuestro punto de vista. Efectivamente, la función directiva no está regulada ni en la AGE ni en el conjunto de las AAPP. El nuevo Estatuto otorga una configuración jurídica a esta figura pero será necesario la aprobación de los distintos Estatutos del Directivo Público para conocer en detalle cuál va a ser la regulación.


Estamos de acuerdo con que la idea fundamental debe ser la PROFESIONALIZACIÓN de la función directiva, que garantice a las AAPP disponer de personal directivo de alta capacitación y preparado para liderar el sector público del futuro.


Coincidimos en que los puestos directivos están permanentemente destinados a constituir botín de los políticos para premiar a sus acólitos en las victorias electorales, lo cual es nefasto para el funcionamiento de las instituciones públicas. Para ello, es imprescindible la instucionalización de los puestos de dirección pública, en un ámbito claramente separado del ámbito político, que ejercerá legitimamente la superior dirección de estas organizaciones.


Aparte de la clara definición de los puestos, el quid de la cuestión está en cuáles van a ser las claves para seleccionar los profesionales que ocupen los mismos. Consideramos que la selección debe :


  • Garantizar la máxima publicidad de los procesos selectivos: uno de los problemas actuales es la terrible opacidad del mercado laboral para este tipo de puestos, opacidad que es promovida por los políticos para precisamente colocar a sus afines.

  • Estar dotada de la máxima transparencia, en todo el proceso de selección.

  • Ser extraordinariamente exigente en los méritos que se deban pedir, valorando no sólo el curriculum sino también las habilidades y resultados obtenidos.

Todo ello debería estar regulado al máximo para prevenir la "dedocracia", desgraciadamente tan habitual en estos asuntos.


Ahora bien, teniendo en cuenta todo lo anterior, ¿es necesario que haya una reserva normativa, del tipo a la actualmente existente en la LOFAGE, que haga imprescindible ser funcionario del grupo A para acceder a puestos directivos en cualquier Administración? En nuestra opinión NO, a excepción de unos puestos que sí deberían estar reservados (pero con interpretación restrictiva) como son los de "ejercicio de postestades y salvaguarda de los intereses de la Administración" (art. 9.2 del EBEP).


Lo verdaderamente imprescindible es acreditar unas competencias adaptadas al perfil del puesto. Evidentemente, lo más natural es que siguiendo un proceso de selección serio y riguroso la mayor parte de los puestos de dirección pública sean ocupados por personas con estatus de funcionario, ya que son los que en muchos casos mejor acreditarán méritos como experiencia en el sector público o conocimientos específicos en la materia. Conocemos el tema y no dudamos en absoluto la gran cantidad de personas de alto nivel con rango funcionarial que tienen el perfil necesario para ocupar puestos de directivos públicos.


Entendemos perfectamente que las malas experiencias en relación con las prácticas de los políticos hagan que muchos no se fíen y, para prevenir estas prácticas, reclamen una "reserva normativa". En nuestra opinión, los elementos normativos deben ser muy claros y exigentes en publicidad, transparencia, méritos exigidos (uno de ellos, la experiencia en el sector público, es vital) y no en imponer la condición de funcionario para acceder a estos puestos.


La reserva de la LOFAGE creemos que responde más bien a los intereses de los llamados "funcionarios políticos" que al acertado interés de proteger la dirección pública de la rapiña política. Este colectivo -"funcionarios políticos"- es muy característico de la Administración: son funcionarios con conexiones más o menos directas con determinada afinidad política. La reserva de la LOFAGE únicamente les beneficia a ellos, que son los que al final ocupan los puestos de Director General, Secretario General, Subsecretario y, en casos, algunos subdirectores generales. Los "funcionarios políticos", muchos de ellos amparados en cierto corporativismo de cuerpos poderosos, fueron los que impusieron en la Ley de 1964 que el "diploma de gerente público" (creo que así se llamaba) únicamente estuviera reservado a los TAC. Posteriormente, otros "funcionarios políticos" fueron los que lograron la movilidad a todos los cuerpos superiores. Esto último hace que, por ejemplo, haya carencias en la inspección de trabajo porque la mayoría de inspectores no se dedican a la inspección o que puedan existir subdirecciones generales de ciertos ministerios no "técnicos" ocupados por un funcionario de un cuerpo facultativo con buenos contactos.


Si precisamente lo que queremos todos es una óptima profesionalización también esto debería ser modificado.

9 comentarios:

Iñaki Ortiz dijo...

Suscribo este post de principio a fin. Y, además, me parece un tema fundamental. La Administración pública necesita una dirección profesional. Y, como bien dices, eso no significa que los directivos públicos deban ser necesariamente funcionarios.

Félix Serrano dijo...

Pues yo creo que no se puede desligar la función del directivo público del concepto que el gobierno (de turno) tiene de la Administración Pública. Cuanto más entienda el gobierno que es un instrumento para la ejecución del programa electoral, y menos como una entidad relativamente independiente con la misión de prestar servicio público, más tentado se sentirá a introducir personal "bajo su control" en los puestos que considere necesarios.

No es un tema fácil pues entiendo ambos puntos de vista. Hasta ahora las regulaciones de la LOFAGE pretendían preestablecer la frontera nítidamente, cosa que ya vemos no sirve de mucho, pues el que hace la ley hace "su excepción".

Por otro lado, pretender basar la elección del directivo público en un sistema de concurrencia pública de méritos y capacidades queda muy bonito, pero es tan alejado de la práctica habitual que se me antoja poco menos que utópico.

Y, por cierto, en la empresa privada el método de selección de directivos no suele ser un sistema abierto y público. Sin embargo en la empresa privada se exigen resultados, y si no, a la calle. ¿Podemos asumir eso mismo en las AAPP?. ¿Sobre qué base se van a valorar los resultados?. ¿Quién va a realizar esa valoración?.

Casimiro López dijo...

Como podemos comprobar el tema es una espiral que en vez de ir hacia el exterior va hacia dentro...Los "funcionarios políticos" de los que habla ocortes son una barrera, y, claro, quién es el encargado de valorar los elementos normativos en publicidad, transparencia y méritos exigidos... la famosa frase "experiencia en el sector público" debería ser un valor notable para acceder de forma profesional a los puestos de responsabilidad.
Si se consiguiera estabelcer unas reglas mínimas de ejecución, con toda probabilidad sería más factible llevar a cabo la tan manida e-administración, dado que para llegar a ella es necesario unos plazos a largo tiempo que no esstén sujetos a los "avatares" de las elecciones generales.

Alorza dijo...

En general, estoy de acuerdo con la postura de Óscar, aunque seguro que habría matizaciones que hacer.

Me ha gustado especialmente esta frase "lo más natural es que siguiendo un proceso de selección serio y riguroso la mayor parte de los puestos de dirección pública sean ocupados por personas con estatus de funcionario". Me parece sensato no legislar de forma cerrada, sino crear un contexto adecuado para la meritocracia.

Rosa dijo...

Es verdad que la Administración está necesitada de buenos directivos que ejerzan un auténtico liderazgo.
Pero el problema radica, más que en si debe o no ser funcionario, en la forma en que va a ser seleccionado ese directivo o, más bien, en quién lo va a seleccionar.
Creo que conseguir la independencia del empleado público puede tan fácil como garantizar que los miembros que componen los órganos o Tribunales de selección hayan sido nombrados objetivamente y no por el político de turno que debe un favor a alguien.
Por tanto, un directivo público elegido en base a la igualdad, mérito y capacidad estará en condiciones de desarrollar su labor sin presión y con total objetividad.
En la Administración local, a raiz de la entrada en vigor de la Ley de Modernización del Gobierno Local es frecuente encontrar directores que, en la mayoría de las veces, no han pasado por ningún proceso selectivo y cuyo ejercicio de la dirección está únicamente sujeto a los gustos y tendencias del político que le nombró.
En los ayuntamientos estamos bastante necesitados de directivos que ejerzan su profesión sin miedo. Porque además el directivo ocupa una posición en la que no sólo tendrá que ser independiente del político, sino también del personal al que tiene que dirigir.

Rafael Chamorro dijo...

Creo que es un tema complicado, y que digamos lo que digamos la práctica ya lo ha resuelto: los políticos harán lo que quieran y legislarán después para adecuar lo que quieren a la legislación.

Pero en principio me parece poco serio que se diga que la carrera profesional del Funcionario es hasta Subsecretario, y poco más tarde se diga que mejor directivos de fuera. Por qué razón? No le veo ventaja alguna. No soy partidario de privatizar en modo alguno la Administración. No me gusta el modelo de concesión pública y gestión privada. Me gusta la gestión pública.

En cualquier caso comprendo que en las Comunidades Autónomas el modelo es distinto en muchos sitios.

Yo establecería una barrera clara e inamovible entre funcionarios y políticos, y profesionalizaría todo lo que pudiera basándose en mérito y capacidad. Todo lo demás es ir en dirección contraria. Aunque todo se puede discutir por supuesto.

En cualquier caso el modelo actual debería cambiarse, aunque dudo que se consiga. Hay demasiados intereses en contra para que no se cambie.

ocortes dijo...

Gracias por vuestros comentarios. Efectivamente, como bien indica Rafa, el modelo actual necesita una vuelta y existen muchos intereses en juego que ya veremos lo que acaban generando.
La empresa privada, efectivamente tampoco es que sea paradigma de todo. Hay directivos que se reclutan por ser "de confianza" pero en otros casos hay procesos de selección sofisticados a través de head-hunters. Eso sí, se evalúan y se exigen resultados claros, lo cual no ocurre todavía en lo público.
Estoy de acuerdo con Rosa en que lo importante es el sistema de selección y no tanto la naturaleza de la relación laboral. Es fundamental establecer mecanismos que garanticen la independencia y objetividad del directivo para que no esté sujeta a los avatares políticos.
Y para finalizar, nosotros también estamos a favor de la gestión pública. Pero el concepto de "lo público" hoy es mucho más amplio que lo era antes. Hay también excelentes profesionales de lo público con relación de tipo laboral y eso en ningún caso supone privatizar, sino simplemente entender que el concepto de empleado público es hoy más amplio. Si no, que se lo pregunten a los suecos.

Anónimo dijo...
Este comentario ha sido eliminado por un administrador del blog.
Andrés Morey Juan dijo...

He visto tu comentario a mi artículo sobre partidos políticos y altos funcionarios, que agradezco, y he entrado a ver el tuyo sobre los directivos públicos y algunos de los comentarios al mismo. Estoy más cerca de lo que dice Rafael Chamorro, en virtud de mi experiencia personal. Ya hace muchos años que el tema ha sido objeto de mi atención, empezando a definrme en una obrita publicada en 1989 por la el IVAP de la Generalitat Valenciana, titulado " La Selección de personal en la Administración Pública" Si accedes a la página www.morey-abogados.com, puedes ver apuntes en la materia, comentarios al Estatuto del Empleado Público y un amplio trabajo sobre Juridicidad y organización, donde también se aborda la cuestión.

Se ha producido un error en este gadget.