i-public@
reflexiones sobre administración pública inteligente

viernes 16 de mayo de 2008

La justicia: ¿una modernización imposible?


Últimamente ando un poco indignado con todo el asunto del funcionamiento de la justicia, especialmente cuando uno ve en los juzgados las montañas de expedientes, los retrasos, la descoordinación, etc.; en resumen, el caos y la falta de modernización que afecta a este pilar fundamental del Estado.

El otro día sale el ministro Bermejo en rueda de prensa y afirma que las soluciones están más en cambios en los modelos de gestión que en un incremento sustancial de los recursos (especialmente las plantillas de personal). En este punto concreto estaríamos de acuerdo si a lo que se refiere es a hacer las cosas de otra forma, a un replanteamiento de los procesos judiciales, a un cambio cultural, a un funcionamiento diferente de la oficina judicial y a un fuerte impulso tecnológico. Si es así, por supuesto que la solución no es meter más gente; todo lo contrario: ¡sobrarían muchos!

Una de las cuestiones fundamentales es que tiende a olvidarse (sobre todo por los miembros de la judicatura) que la justicia no sólo es un "poder" (que lo es), no sólo es "autoridad" (que lo es), sino que es un servicio público y, como tal, los ciudadanos que pagan sus impuestos para mantenerlo tenemos todo el derecho del mundo de exigir un funcionamiento de calidad, entendida ésta como la producción de sentencias justas en un plazo razonable.

Puestos a soñar y por citar cuatro cosas pienso por ejemplo en la posibilidad de tener una gestión integral informatizada de cada procedimiento(expediente): seguimiento electrónico con alertas sobre distintos trámites para los funcionarios; emisión de citaciones o "alertas" de cumplimiento de plazos por sms/email/tdt, etc.; acceso compartido a todos los juzgados. O poder presentar/recibir escritos por vía telemática. O que los sumarios estén almacenados en grandes bases de datos con la posibilidad de acceso a los mismos por internet (con los permisos correspondientes, por supuesto). O una herramienta para generación de sentencias que incorpore por ejemplo la posibilidad de vínculos a bases de datos jurídicas.

Lo anterior se puede hacer, no es demasiado complicado. Chocaría evidentemente con las pegas de áquellos que piensan que tecnología y garantías no son muchas veces elementos compatibles. Pero éste no puede ser un argumento para no avanzar; el caso de la Agencia Tributaria es el mejor ejemplo para demostrar que la tecnología no tiene por qué menoscabar las garantías.

No obstante, no es suficiente con "informatizar la burocracia", aunque estando como estamos sí que el avance sería significativo. ¿Sería deseable una simplificación de las leyes procesales? Creo que sí, aunque en este punto los garantistas de nuevo se estarán tirando de los pelos. Quizá mi "sí" no es un "sí absoluto" porque habría que ver los distintos procedimientos: en algunos ámbitos como el penal sería preciso ser mucho más cuidadoso porque está en juego la libertad de las personas.

¿Y la gestión de la oficina judicial? Hace pocos años se ideó un modelo que no se ha acabado de implantar por diversos motivos. La función del juez indudablemente incorpora la dimensión de autoridad/poder que debe conciliarse con la de servicio público. Pero la oficina es una unidad de servicio público cuya gestión debe incorporar nuevas técnicas como el enfoque por resultados (formulación de objetivos y evaluación de los mismos) vinculados a incentivos retributivos o a la carrera profesional.

Todo ello es necesario para mejorar el funcionamiento de la justicia. Y muchas cosas más. Pero entrar a enumerarlas y a analizarlas tendría mucha tela que cortar.

martes 13 de mayo de 2008

Jornada "Los escenarios de la gestión pública del siglo XXI"


En el marco del 50 aniversario de la escuela de negocios ESADE y coincidiendo también con el 20 aniversario del Instituto de Dirección y Gestión Pública (IDGP) de la misma, tendrá lugar en Barcelona el próximo 19 de mayo una jornada de trabajo titulada "Los escenarios de la gestión pública del siglo XXI".

El acto girará en torno a dos ejes principales: el liderazgo en el ámbito público y la gestión relacional público-privada. Temas de máxima actualidad y fundamentales para entender la gestión pública en las próximas décadas.

El plantel del ponentes es muy completo: la plana mayor del IDGP y algunos de los profesores más destacados. Por dar algunos nombres: Francisco Longo, Carlos Losada, Joan Subirats, Carles Ramio. ¡Todo un lujo!


lunes 12 de mayo de 2008

Nueva Comisión de AAPP del Congreso


El pasado lunes 5 de mayo se constituyó la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso de Diputados. Su presidente es Juan Fernando López Aguilar (PSOE) que fue Ministro de Justicia y candidato socialista a la Presidencia de la CCAA de Canarias. El resto de la mesa, como es habitual, está compuesta por dos vicepresidentes y dos secretarios, entre los que destaca Eugenio Nasarre (PP), político de larga trayectoria que ha ocupado distintos puestos en los gobiernos de UCD y Partido Popular.

La Comisión será la encargada de trabajar en detalle las leyes que el Gobierno tiene previsto mandar a las cámaras durante esta legislatura: la reforma de la ley del gobierno, de la LOFAGE, la nueva ley de función pública de la AGE, la ley de acceso a la información o la carta de compromisos de calidad.

En las próximas semanas se espera la comparecencia ante esta Comisión de la Ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, para informar (como suele ser habitual ) de las líneas generales que va a desarrollar su departamento en los próximos cuatro años. Estaremos pendientes.

miércoles 7 de mayo de 2008

El éxito de las ideas sencillas


En no pocas ocasiones hemos podido comprobar cómo grandes proyectos, planes ambiciosos, reingenierías imprescindibles chocan con el muro infranqueable de lo público y acaban en el cajón, la papelera o simplemente el olvido. La experiencia dice que cuanto mayor es la dimensión de este tipo de planteamientos menor el éxito de los mismos.
Hay opiniones, sin embargo, en el sentido contrario: si abarcamos mucho y tiramos muy alto, por poco que consigamos ya habremos avanzado. Ese es el plantemiento habitual cuando, por ejemplo, se ponen fechas límite inverosímiles para leyes de hondo calado: por ejemplo, el 2010 para la LAECSP.

En entornos muy públicos especialmente complejos (p.ejemplo, la justicia) los pequeños pasos pueden suponer mejoras importantes y servir de empuje necesario para un cambio paulatino de la cultura interna. Mejor, normalmente, que las obras grandilocuentes. Eso nos contaba hoy en la comida un amigo sobre un sencillo sistema de gestión de colas recientemente implantado en la sede judicial de una CCAA española, servido por amables informadores con la imagen corporativa de la Administración correspondiente. Con esta idea, implantada en dos meses, el ciudadano tiene la opción de gestionar el tiempo de su mañana (puede dar un paseo o hacer la compra hasta la hora que le dicen que le va a tocar) y se lleva un buen sabor de boca por estar adecuadamente atendido; la Administración suprime la mala imagen de sedes judiciales desbordadas de personas y los funcionarios ven algo de luz en el túnel al no tener que soportar la presión psicológica de las mismas. ¡Eso sí! El problema de fondo, la saturación de los órganos judiciales, sigue ahí, sin solución.
Otra amiga comentaba que en este tipo de organizaciones públicas tan difíciles donde nunca cambia nada o lo hace de forma infinitesimal el reto verdadero es encontrar liderazgos políticos que realmente quieran dar el paso de algún cambio, aunque sea de baja intensidad. "Si nunca se ha hecho nada, ¿voy a ser yo el que se tire a la piscina?", "¿Y el coste de verme enredado? ¿es rentable?" Así piensan muchos ....

martes 6 de mayo de 2008

¿Hacia una nueva "i-"contratación pública?


Reconozco que no soy un experto en la materia ni mucho menos. Pero como ya me han venido ecos de distintos sitios no puedo evitar referirme al tema. Estoy hablando de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, a la que muy valientemente la profesora Pilar Jiménez Rius se refiere hoy en su artículo de Expansión.com como la "Ley del Caos para los Servidores Públicos".

Curiosamente todas las opiniones que me han ido llegando los últimos meses sobre el tema coinciden en una cosa: acordarse, y no para nada bueno, de aquellos legisladores que la sacaron adelante para su aprobación en las Cortes. Un conocido que es subdirector general en un organismo autónomo de la AGE comentaba en una comida hace algunas semanas que tenía el texto completo durmiendo en la mesa de su despacho desde su publicación en el BOE y cada vez que le echaba una mirada con el ánimo de estudiarlo le subía una pereza y un desánimo tales que postponía el estudio para una posterior fecha en la que le volvería pasar lo mismo. Y así una y otra vez. Yo mismo le eché un vistazo rápido y acabé por abandonar......

Parece que la experiencia de la elaboración del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Estado del año 2000 no fue suficiente; el mismo Subsecretario de Hacienda de aquella época me comentaba hace poco que fue un trabajo agotador. El caso es que en estos tiempos hablamos mucho de simplificación, sencillez, reducción de cargas burocráticas, facilidad en el trato con la Administración, adecuación al lenguaje administrativo, etc. y para empezar nos encontramos con un "regalito" de 101 páginas y 309 artículos que no hay por donde cogerlo. Y no lo digo yo, lo reconocen muchos de los afectados, empezando por los interventores y fiscalizadores como la propia Pilar Jiménez Rius, letrada del Tribunal de Cuentas.

"Regalito" que no sólo parece que va a complicar la vida a los funcionarios afectados sino a las numerosísimas empresas que venden sus productos y servicios al sector público, las cuales lejos de ver cómo les es más sencillo todo el proceso de licitación y adjudicación, se van a topar con un muro que les va a complicar sobre manera el desarrollo de sus negocios. Eso por no hablar de cómo va a complicar el asunto eel cumplimiento de los propósitos del nuevo gobierno sobre aumentar el volumen de licitación y agilizar los plazos para estimular la economía.

Desde luego, no parece que los señores legisladores que aprobaron el texto pudieran remar más a contracorriente, aconsejados (supongo) por sus asesores parlamentarios expertos en derecho administrativo..., ¡quién sabe si son los mismos que están haciendo el agosto con los numerosísimos cursos de formación que se están dando a diestro y siniestro por todos los rincones públicos del Estado!

lunes 5 de mayo de 2008

Directivos y ética pública


En los últimos días ha saltado a la palestra la noticia de varios ex-altos cargos políticos de los gobiernos popular y socialista que tras dejar sus responsabilidades públicas inician un nuevo camino en el ámbito privado con sustanciosos contratos en empresas multinacionales, lobbies, etc. La noticia en sí ha levantado un cierto revuelo y ha puesto de nuevo encima de la mesa la difícil comunión que en ciertas ocasiones existe entre las altas responsabilidades en los ámbitos público y privado. Y, cómo no, tiene un impacto directo en el debate sobre la dirección pública, independientemente que ésta sea ostentada por políticos o profesionales.


Ya hemos insistido en anteriores ocasiones que hay diferencias entre ostentar puestos de responsabilidad en el ámbito público y hacerlo en el ámbito privado. Una diferencia fundamental (de forma resumida) es que en lo público, al menos en teoría, se trabaja por el interés general, se toman decisiones que pueden tener efectos directos sobre las personas y las cuentas de resultados de las empresas, se maneja información sensible y se gestiona dinero que es de todos. Y esto conlleva, por un lado, unas prácticas de actuación y una ética específicas; por otro, un reflejo legal también singular con delitos concretos que sólo afectan a acciones en el ejercicio del cargo.


Es por ello por lo que son especialmente delicados los movimientos profesionales de lo público a lo privado. Si nos referimos al ámbito político es perfectamente comprensible que la persona, tras un tiempo dedicado a esta actividad, acepte ofertas que le puedan interesar o retorne a su profesión de origen; y más si se pretende evitar la proliferación de "políticos profesionales"de naturaleza vitalicia . Pero lo cierto es que el atractivo para las empresas de muchos políticos está más en la información que han podido manejar, las decisiones que han podido tomar y su agenda de contactos que en otras competencias de conocimientos, habilidades directivas o liderazgo. Y ahí está el problema, aunque quede sin más en la dimensión ética y no llegue a la penal. Para evitarlo se aprobaron la Ley de Incompatibilidades para altos cargos y el Código de Buen Gobierno de la AGE en la pasada legislatura, se creó la creación de la Oficina de Conflictos del MAP. Pero la respuesta es débil porque los políticos ejercientes no tienen un interés real en cortar estas prácticas al ser ellos posibles afectados en el futuro: no hay desarrollo reglamentario y no hay transparecia ni libre acceso a las decisiones tomadas en el ejercicio del cargo.


La cuestión también afecta a altos funcionarios, especialmente de cuerpos como Inspección de Hacienda, Abogados del Estado, Judicatura, etc.. Tras unos años en la función pública suelen verse tentados por jugosas ofertas de firmas privadas. En este caso el reclamo también tiene su origen en los contactos y en la información manejada pero hay un componente más técnico de conocimiento de la maquinaria administrativa. El daño provocado a lo público es de una naturaleza algo diferente que en el caso de los políticos pero también existe. Si bien el político no se pretende que sea un "profesional" de lo suyo, se supone que quien aprueba una oposición se convierte en un "profesional de lo público" con posibilidades de desarrollar una carrera profesional en muy diferentes ámbitos de la Administración. El proceso selectivo, la formación adquirida, y la reposición de la vacante dejada al pedir la excedencia todos tienen un coste. También lo tiene la posibilidad de reingresar o el impacto de la actividad desempeñada para defender intereses privados versus la Administración.


En definitiva, podríamos decir que el paso de lo público a lo privado tiene más beneficios para el interesado que para la Administración y también más costes para ésta que para el primero. En este sentido, las medidas para atajar estas prácticas en políticos y en empleados públicos deberían ser más intensas. La cuestión es que a los que lo tienen no interesa.

martes 29 de abril de 2008

Las transformaciones de las mobile telecoms sobre lo público


Las nuevas tecnologías están revolucionando la sociedad. Pocos discuten que banda ancha, conexiones inalámbricas, dispositivos móviles, redes sociales virtuales, blogs, etc. son un elemento transformador potentísimo que está actuando en diversos ámbitos de la vida.

Hace un par de números, el semanario The Economist sacó un suplemento especial sobre las "mobile telecoms"; os invito a que lo leáis porque francamente es muy completo: su hilo conductor es cómo las comunicaciones inalámbricas están cambiando la forma en que la gente trabaja, vive, se relaciona, etc. Se abordan desde las transformaciones en el trabajo, a aquellas sobre los edificios, ciudades, tráficos, vínculos de familia .... En definitiva la vuelta a un estilo de vida nómada.

Desde un punto de vista profesional el artículo sobre el impacto en el mundo laboral es de sumo interés. Muchos de los ejemplos que lo ilustran se refieren a Estados Unidos (donde van muy por delante en temas TIC y sin duda marcan tendencia). El cambio que supone desvincular el trabajo de un espacio físico permanente ocasiona múltiples transformaciones que afectan a la distribución de tiempos y agendas de trabajo (el no tener que ir a una oficina a una hora determinada marca la organización de las tareas de toda la jornada), posibilidad de trabajar en cualquier sitio, sea un café, un parque, una librería, etc. (consecuencia: redefinición de los espacios de oficina, tipo de mobiliario, eliminación de papel y otros consumibles, reducción de viajes de trabajo), la difusión de las estructuras de poder o la modificación en los elementos formales (reuniones, entrevistas, visitas, etc.)

Pero esta flexibilidad y mayor autonomía también ocasiona inconvenientes, si no se sabe gestionar adecuadamente, como es la tiranía de estar conectado 24 horas y en cualquier lugar, al difuminarse la línea de separación tiempo de trabajo/tiempo personal. No sólo en lo que dependa de cada uno (que sea capaz o no de desconectarse en el momento adecuado), sino en las exigencias de los demás a estar conectado cuando lo reclaman. Sin duda esto es un problema que tiene un coste elevado que se debe considerar.

Hablando del ámbito público estos temas pueden sonar todavía un poco a ciencia-ficción. No porque existan o no redes inalámbricas en las sedes oficiales (que existen) o porque se usen o no blackberrys por parte de los empleados públicos (que se usan); sino por el importante proceso de transformación que estas tecnologías pueden impulsar tanto en la cultura interna como en la relación con los ciudadanos. Más lejos la primera que la segunda. Ejemplos de futuro como el que nos cuenta Roc Fages no resultan tan extraños, pero ¿alguien se imagina la eliminación del fichaje de entrada/salida o del control del absentismo, el abandono de los imponentes edificios públicos hacia oficinas más versátiles, la supresión de los numerosos despachos (los grandes y los pequeños), la recolocación de las dos o tres secretarias de cada cargo, el paso a la historia de las larguísimas y numerosísimas comisiones/grupos de trabajo/reuniones, sus actas y papeles varios, etc? Difícil, difícil de creérselo.

lunes 28 de abril de 2008

Seguimos con el debate del nuevo MAP...


Acabo de leer los distintos posts aparecidos en los blogs Administraciones en Red y Sociedad Conectada-Voz y Voto sobre la reciente reestructuración del MAP que comentábamos hace unos días. Sin duda se trata de un debate interesante en el que voy a intentar de poner mi granito de arena.


Desde mi punto de vista la nueva estructura refleja en buena medida algunas cuestiones básicas:


  • Continuidad en los proyectos y en las políticas. Por ello, la estructura sufre pocos y no muy importantes retoques.

  • La prioridad que se le da al cumplimiento de la ley 11/2007. De ahí seguramente provenga le idea del cambio de nombre a la antigua Dirección General de Modernización; la terminología "Impulso a la Administración electrónica" tiene un matiz de acción muy adecuado al objeto que se visualice bien este propósito (y qué mejor que en el título de una DG). Otra cuestión es el contenido competencial; y aquí estoy de acuerdo con Félix Serrano e Iñaki Ortiz que no parece muy apropiado separar los temas de "sistemas" propiamente dichos de los temas de "procesos" puesto que ambos van íntimamente relacionados.

  • El carácter poco estratégico de las políticas de reforma administrativa. Sólo así se puede explicar el enfoque operativo e instrumental que se le viene dando a estos asuntos en la AGE o la débil coordinación ejercida por el MAP. Por ello, la función de "Modernización" en el ámbito administrativo que se refiere Iñaki (yo prefiero llamarla "Innovación") no tiene un reflejo organizativo real, ni en el MAP, ni en Presidencia, ni en el nuevo Ministerio de Innovación.

  • El significado otorgado a "Organización Administrativa". La palabra "organización" de siempre se ha utilizado de forma muy diversa: según quién la utilice y cómo se utilice tendrá un valor u otro. En muchas entidades, la función de organización alcanza un sentido amplio refiriéndose no exactamente a las tareas de rediseño de procesos y sistemas, sino también al diseño organizativo, la definición de puestos de trabajo, las relaciones entre los mismos. En estos casos adquire un peso fundamental y va vinculada directamente a la estrategia. Otras veces, adquiere la forma de "Dirección de Organización y Sistemas" que tiene un carácter más operativo (en este caso podría asimilarse a la anterior función de la DG de Modernización Administrativa). En el ámbito de la AGE las cosas son algo diferentes: la palabra "organización" ha tenido habitualmente un matiz operativo, tanto lo referido a rediseño de procesos (que ahora conforman la nueva DG) como lo relativo a estructura de puestos de trabajo, ya que la actuación del MAP en este campo ha sido la implementación técnica y detallada de las decisiones políticas de estructura de la AGE tomadas en el entorno de Presidencia del Gobierno.

  • La dificultad para equilibrar la autonomía ministerial con la necesidad de que la AGE actúe disponga de unos servicios comunes únicos y eficientes en el ámbito electrónico para todas sus estructuras. En este sentido parece difícil que la coordinación del MAP logre este propósito y también soy partidario de un nuevo organismo transversal en la línea apuntada por Félix Serrano.

En otro orden de cosas, el pasado viernes el Consejo de Ministros nombró al nuevo Director General de Organización Administrativa.