La FEMP lleva el debate municipal a Facebook

Muy buena la iniciativa que conozco sobre el uso de Facebook por parte de la Federación Española de Municipios (FEMP) para animar el debate sobre el papel de los ayuntamientos. A partir de la iniciativa de su presidente, el alcalde de Getafe Pedro Castro, se ha creado el grupo Municipalismo: La conciencia social de las ciudades construye Estado al que uno se puede unir para seguir y participar la conversación que se pretende estimular alrededor de la cuestión municipal. Es el propio perfil del alcalde el que administra y responde las diferentes cuestiones ejerciendo de una forma muy activa de animador del debate.

Al hilo del debate que teníamos el otro día en el blog de CArlos Guadian y que yo continué ayer, éste puede ser un buen ejemplo de utilización de las redes sociales en el ámbito público como plataforma que estimule la participación de los ciudadanos y la formación de opinión en relación de diversos asuntos de la esfera colectiva. Es además a nivel municipal, donde la Administración está más cercana y las comunidades más definidas en torno a un territorio donde muchas de las herramientas 2.0 pueden tener más sentido.

Además, me gustaría destacar la faceta de político 2.0 del presidente de la FEMP. Además de su perfil en facebook, tiene su blog, comparte contenidos en flickr, y en todos ellos se le ve activo. Sin duda su impulso habrá sido importante en promover este grupo creado por la FEMP.

El 2.0 en lo público: Más querer que poder

Hace unos días Carlos Guadian publicaba en su blog k-government un post titulado La Revolución dospuntocerista en las AAPP en el que reflexionaba sobre la progresiva (pero lenta) introducción de valores dospuntocero en algunos ámbitos de la Administración. Siendo el post magnífico, lo es aún más por la avalancha de comentarios que ha ocasionado sobre las dificultades/posibilidades de evolucionar hacia un modelo y el debate que ha suscitado.

Desde este blog hemos hablado en numerosas ocasiones sobre la web 2.0 y la Administración pública, destacando que lo importante del 2.0 no son simplemente las herramientas ni la utilización de las mismas, sino sus valores como posible respuesta a un cambio que se demanda a gritos en el funcionamiento de la Administración. Ese cambio del que hablo no es algo banal, sino una reforma estructural crucial para poner a este país en la vanguardia a la salida de la crisis sistémica que estamos viviendo y se añadiría a otras reformas que se vienen escuchando últimamente de otros ámbitos socio-económicos.

Partimos de la base de que la Administración pública es un ente complejo y está sometido al imperio de la ley. En ese sentido creo que es importante asumir que el dospuntocerismo puro en lo público será imposible, no sólo porque los purismos en general no sean aconsejables, sino porque lo público en algunos aspectos de su acción (p.ej. el ejercicio de autoridad) es radicalmente incompatible con los valores que sustentan la web social.

No obstante, muchas de las pegas que se puedan poner al desarrollo de un nuevo modelo de Administración más abierta podrían ir siendo superadas en el tiempo con una apuesta firme por hacer las cosas de otra manera. En especial, en donde sí cabría posibilidad como en el diseño/producción de servicios, los procesos de e-democracia, la generación y estimulación de comunidades o la escucha para detectar las necesidades sociales (totalmente de acuerdo en ese sentido con drjordan o alorza).

Una de las cuestiones que se comenta en el debate es el derecho administrativo y el aspecto de legalidad. Ciertamente es uno de los frenos más importantes, si no el que más, llevándonos incluso a la sacro-santa e intocable Constitución como base de todo el ordenamiento. En este punto yo me planteo si la ley es una herramienta de la que se dota una sociedad para regular sus relaciones o si las leyes se formulan para que sean inmutables, supongan escollos insalvables y, en definitiva, generar más problemas que los que resuelven. En España, es de sobra conocido, tendemos a pensar que todas las cuestiones se resuelven a base de formular leyes y, así nos va, con un aparato legal inmenso cuya aplicación, cuando menos, a veces es discutible por llevar a los ciudadanos a litigios judiciales imposibles de asumir si desean ejercer sus derechos.

Quizá deberíamos razonar en términos que el derecho administrativo no sea el problema , sino la solución en los nuevos escenarios que se plantean, siendo el mecanismo legal que ponga las garantías adecuadas en las lagunas que puedan plantearse en estos nuevos escenarios. Pero reconociendo que dicho mecanismo legal necesariamente tendría que ser diferente tanto en su ámbito de actuación como en los resortes que utilice: ¿tiene sentido que se aplique el procedimiento con la misma intensidad en la prestación de un servicio que en un ejercicio de inspección? ¿es el papel el soporte imprescindible para la acción administrativa?.

Por último, un mensaje optimista: no nos llevemos las manos a la cabeza que no es ciencia ficción; ya se ha hecho. La Agencia Tributaria lleva años actuando en esta línea: sin ser yo jurista todavía recuerdo una conferencia magnífica que su director jurídico (abogado del estado él) nos dió sobre cómo habían estirado los mecanismos legales a través de sucesivas reinterpretaciones y de generación de normativa específica complementaria para que, por ejemplo, se pudiera hacer una confirmación de borrador de la renta por SMS o por TDT.

No nos engañemos, las cosas se pueden plantear de otra forma; poderse se puede, otra cosa es que se quiera.

Una mejor Administración frente al tópico de menos Administración

Uno de los impactos menos comentados de las difíciles circunstancias económicas que vivimos es el aprovechamiento que se hace de las mismas para sacar argumentos demagógicos. Dichos argumentos son reiterados de forma intencionada hasta crear ciertos estados de opinión que acaban derivando en verdades absolutas que calan fácilmente en amplios sectores sociales.

Lo público es habitualmente atacado desde diversos frentes. Se aprovechan ciertos tópicos y los problemas crónicos de la Administración para deslegitimar la necesidad de un sector público moderno y eficiente como actor fundamental de cualquier sociedad.

En estos tiempos complicados parece que la tendencia se acentúa. La prueba puede ser el artículo que acabo de leer en la Gaceta de los Negocios titulado El sector público, lastre para salir de la recesión. Freno a la competitividad. Ya el título muestra una cierta manipulación tendenciosa en forma de opinión, la cual nos llevaría fácilmente al siguiente razonamiento: si estamos en una recesión tan grave y el sector público es un lastre, ¿para qué lo queremos? ¡A la M- con lo público! El estado psicológico actual motivado por la crisis caldea los ánimos y alienta este tipo de argumentos.

La manipulación continúa en todo el texto de la noticia. Si nos molestamos por leerla comprobaremos que aún asumiendo que algunos de los argumentos que se desgranan tengan su parte de verdad, no están escritos con el tono de crítica constructiva que es necesaria para la imprescindible mejora que necesita nuestra Administración. Desde esta bitácora también hemos denunciado numerosas ocasiones que la organización es en muchos casos ineficiente, que hay un exceso de personas de cierto tipo de perfiles en ciertas Administraciones, que no es de recibo que los Ayuntamientos paguen a 200 días, etc. Pero lo hacemos aportando soluciones, asumiendo que las fórmulas mágicas no existen y desde el convencimiento que una Administración moderna es un motor imprescindible para el progreso económico y social de cualquier territorio.

Otros argumentos, sin embargo, nos llevan a la discrepancia: hablar, así en general, que un trabajador público cuesta el doble que uno privado creo sencillamente que no es cierto (podemos fácilmente comparar nuestras nóminas con los equivalentes en la empresa privada); que las organizaciones públicas compiten con la empresa privada de forma desleal tampoco creo que sea exacto (hay sin embargo que analizar el valor público aportado por el sector público empresarial en términos de vertebración, equidad, universalidad, etc.); o indicar que cuando se destruye empleo la Administración lo crea tampoco considero que sea una relación causal que aplique siempre.

Sin embargo, es llamativo que se hable poco del importante papel que lo público está desempeñando precisamente en estos momentos como factor de estabilidad económica, de red social frente a los desprotegidos por la crisis o de apoyo a sectores en quiebra por su exagerada codicia o nula capacidad de gestión.

Conclusión: frente a los que utilizan el mal funcionamiento de lo público y sus errores estructurales para reivindicar menos Administración, desde aquí nuestro lema es no menos, pero sí mejor Administración que supere sus patologías históricas causantes de cúmulos de ineficacia e ineficiencia.

El tijeretazo de los 1500 millones

El pasado viernes el Consejo de Ministros dió la aprobación formal a lo que ya había anunciado unos días antes el presidente Zapatero ante el pleno del Congreso: el famoso ajuste presupuestario de 1.500 millones de euros en la AGE.

La nota informativa la podéis leer porque es muy escueta. Sería interesante conocer cómo se ha cogido una cantidad global (los 1.500 millones en este caso) y se ha repartido el tijeretazo en los distintos departamentos (Igualdad al margen); quizá se haya hecho un prorrateo en base a ciertos criterios y luego un ajuste según las negociaciones pertinentes. O se han empleado argumentos más sofisticados. No sé.

Desde luego hay otras cosas que quedan más claras..... O NO . Según la nota, no se recortarán partidas de personal, inversión productiva o protección social (sic) y los ajustes presupuestarios que se llevan a cabo se centran en gastos que no se consideran estrictamente imprescindibles para el normal funcionamiento de los servicios públicos de la AGE. Entiendo que el capítulo I y el VI (que son los que más recursos consumen) permanecerán intactos y sobre todo los recortes se harán en partidas del capítulo II.

Se vuelve a repetir la historia de siempre: no se tocan los puntos sensibles, especialmente en lo referente a la necesaria reducción del número de efectivos en los niveles bajos, que es donde habría que tocar porque es lo razonable en el contexto actual; y, sin embargo, se recortarán partidas que algunas de ellas sólo servirán para hacer más incómodo el trabajo de los empleados públicos a cambio de unos ahorros pírricos.

Justicia: diagnóstico unánime, solución imposible

La justicia está en pie de guerra: los jueces siguen mosqueados tensando la cuerda con anuncios de huelga, muchos de los funcionarios de Madrid comienzan una serie de paros que amenazan con colapsar cada vez más los ya de por si tocados juzgados madrileños. Un auténtico polvorín.

Estaréis de acuerdo conmigo que es lamentable que se llegue a esta situación en uno de los servicios públicos/poderes vertebradores del Estado. Todo el mundo que conozco coincide en una cuestión: la justicia está de pena. Lo dicen jueces, funcionarios, ciudadanos, abogados, procuradores, políticos, etc. ¡Todo el mundo! (si hay alguien que piense lo contrario que levante la mano en forma de comentario en este blog).

Entonces, la pregunta del millón es: ¿por qué si hay esta unanimidad cuesta tanto reconducir la situación? ¿es que la entidad de lo que está en juego hace que merezca la pena?

Es sin duda paradójico que toda la palabrería gastada en tantos años haya servido de tan poco, llegando al punto en que nos encontramos con juzgados colapsados, profesionales y ciudadanos cabreados, y descrédito generalizado.

A mí así, a bote pronto, se me ocurren algunas reflexiones:

1. ¿Es un problema de medios? Es el argumento que suele ocupar la cabecera de todas las reivindicaciones y algo de ello habrá. Si así fuera, me parece difícilmente comprensible que siendo la justicia un servicio prioritario no haya sido tratado como otros similares (tráfico, vivienda, inmigración, etc.) y convenientemente dotada, pero no ahora que hay crisis y ajuste presupuestario, sino en los años de bonanza. De todas formas creo que centrar el problema en este punto me parece un argumento un tanto simplón.


2. Suponiendo que haya asignación presupuestaria, ¿cuánto tiempo se tarda desde la autorización del gasto hasta que la persona o el inmueble están prestando sus servicios efectivos? Coincidiréis conmigo en que una eternidad. Es lo de siempre, si se trata de personas, toda la burocracia del proceso de selectivo y la formación alarga como mínimo un año los plazos (siendo generoso). De ahí los interinos. Para medios materiales, el proceso de contratación y ejecución otro tanto. Esto es incompatible con las actuales dinámicas sociales.


3. ¿Tan difícil es la coordinación de las distintas políticas? La fragmentación de competencias existe y es una dificultad importante, no cabe duda. A nivel interadministrativo no debería suponer mayor dificultad que coordinar otras cuestiones en los ámbitos de la sanidad o educación, por ejemplo. Cosa bien distinta es lo que afecta a poner de acuerdo a los diferentes colectivos de la justicia: guerrillas por las cuotas de poder basadas en criterios corporativistas hacen que los intereses sean a veces difícilmente conciliables. Por ejemplo, la discrepancia en la capacidad de señalamiento de los juicios que los jueces no quieren perder en favor de los secretarios.


4. Rediseño de procesos y tecnología, ¿son incompatibles con la cultura existente en justicia? A priori parece que, por lo menos, difícilmente compatibles, porque ello requiere abrir la mente y aceptar nuevas formas de hacer las cosas, lo cual no es fácil. Garantías y seguridad jurídica son perfectamente compatibles con pensar en cambiar algún chip (ejemplo, la Agencia Tributaria). Si se apostara más por esta línea de trabajo casi con seguridad el problema de medios sería menor; o al menos diferente: se necesitarían jueces, secretarios y gestores, pero no tanto auxiliares o agentes judiciales.


5. ¿El impulso político no existe o es de baja intensidad? En la última década se ha firmado un Pacto por la Justicia y abordado diversas iniciativas que no han acabado de cuajar. Se habla mucho, se hacen muchas reuniones y fotos pero a la hora de la verdad nada cambia. Cierto que invertir en justicia no tiene el rédito electoral deseado (y ya sabemos los cálculos que hacen nuestros políticos). Si además calculamos que invertimos pero contrariamente surge un desgaste por lo complicado que hace la maraña de intereses hacer efectiva dicha inversión, entonces apaga y vámonos.


6. ¿Tan complicada es una nueva organización de la oficina judicial? ¿Y la reforma de las leyes procesales? Mi respuesta es: sí, muy complicadas. El corporativismo y la defensa de intereses frenan de forma permanente estas reformas.

Es un tema que da para mucho más ... pero ahí queda eso.

Viva las notificaciones telemáticas

En los últimos tiempos he podido comprobar (para mi desgracia) lo mucho que ha progresado Tráfico en el ámbito sancionador, gracias al flamante Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas de León: si te ha cazado un radar en cualquiera de las carreteras de España, en cuestión de días te llega la multa correspondiente. Me ha ocurrido y por eso hablo con conocimiento de causa.

Para mejorar aún más el proceso desde hace poco las multas de Tráfico pueden ser ser notificadas a través del correo electrónico a quienes así lo deseen sustituyendo la tradicional visita del cartero a nuestro domicilio dispuesto a que le firmemos el certificado. Eso es posible gracias a las notificaciones telemáticas seguras que en su día pusieron en marcha el MAP y Correos.

No podemos hablar que este tipo de notificaciones sea una innovación de carácter rupturista. Más bien al contrario: como buen ejemplo del e-Gov se trata de sustituir el papel y el desplazamiento del cartero por un fichero electrónico que el ciudadano recibe en una cuenta de correo. Aunque sea hacer lo de siempre pero con tecnología creo que es un interesante paso adelante que ahorrará papel y tiempo de tramitación del correspondiente procedimiento administrativo. Y sobre todo un acierto que Correos se haya posicionado en el liderazgo de este proyecto.

Para poder recibir notificaciones telemáticas es preciso disponer de un buzón virtual donde la Administración nos puede remitir la notificación (la llamada dirección electrónica única), que se puede obtener de forma gratuita a través de interet (se requiere un certificado digital que acredite la veracidad de la firma electrónica). Posteriormente uno puede suscribirse a los procedimientos que desee que tengan habilitada esta posibilidad y recibirá en su cuenta de correo electrónico el aviso de la notificación y la posibilidad de acceder al contenido de la misma.

De esta forma nos podemos olvidar si estamos en casa o no, nos cambiamos de domicilio, tenemos que ir a recoger el certificado o acudir a la ventanilla correspondiente para que nos entreguen copia de la notificación. Lo que es necesario es que se incorporen el máximo número de Administraciones y procedimientos que tengan que emitir este tipo de documento administrativo, para que a los ciudadanos les merezca la pena darse de alta en la dirección electrónica única.

Salidas y entradas en la Administración

Leo hoy en Expansión.com una noticia curiosa: Japón limitará a los ex funcionarios al entrada en la empresa privada. Por lo visto, en el país nipón existe la costumbre que los altos funcionarios anticipen su retiro de la función pública para acceder a puestos en el sector privado que deben estar bien retribuidos. De esta forma las empresas aprovechan la experiencia, conocimiento, influencias, y algunas cosas más... de aquéllos que durante años han estado llevando los hilos de la Administración desde posiciones de relevancia.

En España no ocurre lo mismo pero sí algo parecido: ocurre con cierta frecuencia que funcionarios de ciertos cuerpos de élite de la Administración, tras no muchos años en la función pública, pasen sin complejos a empresas privadas con las que seguramente tuvieron que lidiar en su momento, ofreciéndoles el capital de conocimiento, experiencia y contactos adquiridos en el servicio público a cambio de una retribución muy superior que la fijada en los PGE.

Es un hecho que nuestra sociedad se fija con demasiada frecuencia en los movimientos público-privados que se producen por parte de los políticos, pero poco en los que protagonizan los funcionarios. La regulación a través de las leyes de incompatibilidades es más bien laxa y refleja con mayor intensidad esta mayor preocupación.

Por supuesto que todo el mundo tiene derecho a dirigir su carrera profesional en el sentido que más le interese. Pero el servicio público tiene una particularidad nada desdeñable: la defensa de los intereses colectivos con neutralidad es una actividad demasiado importante como para permitir la salida y vuelta a la Administración con escasas cortapisas. Sería preciso dar pasos en el sentido de poner requisitos más severos para la obtención de ciertas excedencias según sean los motivos de las mismas así como límites muy claros a la posibilidad de retorno a la Administración una vez ejercida una actividad privada durante un tiempo determinado.

Quien acceda a la función pública debe tener muy claro que su nueva condición demanda una apuesta seria por un servicio a largo plazo y con compromiso. Y las empresas deben recibir señales claras que la Administración no puede servir de cantera para la formación de algunos de sus directivos.

¿Casan mal derecho administrativo e innovación?

Como es de sobra conocido nuestra Administración pública es una entidad jurídica soportada por un importantísimo aparato legal, existiendo una rama específica del derecho dedicada a dar cobertura a todas las actuaciones de la Administración. Sobre esa rama se articula todo un área de conocimiento que abarca desde la docencia, la práctica administrativa, los despachos de abogados, asesorías, una casta de asesores expertos, etc. Desde hace más de un siglo que nació el derecho administrativo para dar cobertura legal, seguridad jurídica y garantías al ciudadano frente al proceder público está fuertemente arraigado en nuestra cultura y modelo de Administración. Es también la base del modelo burocrático bajo el que funciona el aparato administrativo y marca un estatus especial para la función pública.

No hace falta ser jurista ni experto en la materia (como es mi caso) para afirmar que una de las bases en las que se asienta el derecho administrativo es su carácter garantista, dotando al procedimiento de suficientes mecanismos de control y salvaguardas para proteger a los ciudadanos de hipotéticos abusos en el actuar de la Administración; o su capacidad para dotar de respaldo jurídico al proceder de ésta. Para ello hay toda una seriede figuras e instrumentos que se aplican minuciosamente, sirviendo además de parapeto para muchas incongruencias. Aún con toda esta música que suena tan bien , ¿no os habéis nunca sentido "maltratados" por la Administración y sus formas de actuar?

Si la respuesta a dicha pregunta es afirmativa, mi impresión es que algo falla, ¿no? Puede ser que bajo el prisma del derecho administrativo la persona siga siendo considerada un "administrado" (como en el s. XIX) cuando la sociedad de hoy en día está compuesta de individuos acostumbrados a recibir servicios y otras prestaciones de calidad con todo el contenido de exigencia y derechos que ello conlleva. O quizá el derecho administrativo ancle sus raíces en tiempos donde la tecnología y la revolución del conocimiento actual no existían, donde la medida de la unidad de tiempo era diferente a como es en la actualidad.

¿Quiere esto decir que el derecho administrativo no sirva para nada y tenga que desaparecer? Por supuesto que no. No olvidemos que la Administración no es sólo prestación de servicios, sino que es también autoridad, poder o regulador. En estos casos tiene todo el sentido del mundo que exista un respaldo jurídico articulado en una rama del derecho. Ahora bien, creo que el derecho administrativo que tenemos está desfasado y hay que darle una vuelta como un calcetín. Además, la vara de medir sobre el rigor y la exactitud en el cumplimiento del procedimiento se utiliza a discrección: en casos como la modernización de la Agencia Tributaria o la notificación de sanciones lo jurídico ha estado sometido a un nuevo concepto de hacer las cosas que ha interesado y que además ha supuesto mejoras sustanciales sobre los ciudadanos. Lo contrario que en la mayoría de los casos, en que es lo jurídico lo que se antepone y sirve de freno a propuestas innovadoras.

Se requiere una nueva ley que simplifique los procedimientos y sea coherente con la nueva realidad actual (p.ej la tecnología). Pero no dotar de un barniz de modernidad a lo que tenemos hoy. Proceder de esta manera, en mi opinión, supondría un error que nos podría lastrar 30 años más. Aunque es difícil, porque el zorro guarda a las gallinas: los que redactan las leyes y sus asesores suelen ser de los que difícilmente entienden cuestiones como la tecnología y su potencial transformador.