Justicia: diagnóstico unánime, solución imposible

La justicia está en pie de guerra: los jueces siguen mosqueados tensando la cuerda con anuncios de huelga, muchos de los funcionarios de Madrid comienzan una serie de paros que amenazan con colapsar cada vez más los ya de por si tocados juzgados madrileños. Un auténtico polvorín.

Estaréis de acuerdo conmigo que es lamentable que se llegue a esta situación en uno de los servicios públicos/poderes vertebradores del Estado. Todo el mundo que conozco coincide en una cuestión: la justicia está de pena. Lo dicen jueces, funcionarios, ciudadanos, abogados, procuradores, políticos, etc. ¡Todo el mundo! (si hay alguien que piense lo contrario que levante la mano en forma de comentario en este blog).

Entonces, la pregunta del millón es: ¿por qué si hay esta unanimidad cuesta tanto reconducir la situación? ¿es que la entidad de lo que está en juego hace que merezca la pena?

Es sin duda paradójico que toda la palabrería gastada en tantos años haya servido de tan poco, llegando al punto en que nos encontramos con juzgados colapsados, profesionales y ciudadanos cabreados, y descrédito generalizado.

A mí así, a bote pronto, se me ocurren algunas reflexiones:

1. ¿Es un problema de medios? Es el argumento que suele ocupar la cabecera de todas las reivindicaciones y algo de ello habrá. Si así fuera, me parece difícilmente comprensible que siendo la justicia un servicio prioritario no haya sido tratado como otros similares (tráfico, vivienda, inmigración, etc.) y convenientemente dotada, pero no ahora que hay crisis y ajuste presupuestario, sino en los años de bonanza. De todas formas creo que centrar el problema en este punto me parece un argumento un tanto simplón.


2. Suponiendo que haya asignación presupuestaria, ¿cuánto tiempo se tarda desde la autorización del gasto hasta que la persona o el inmueble están prestando sus servicios efectivos? Coincidiréis conmigo en que una eternidad. Es lo de siempre, si se trata de personas, toda la burocracia del proceso de selectivo y la formación alarga como mínimo un año los plazos (siendo generoso). De ahí los interinos. Para medios materiales, el proceso de contratación y ejecución otro tanto. Esto es incompatible con las actuales dinámicas sociales.


3. ¿Tan difícil es la coordinación de las distintas políticas? La fragmentación de competencias existe y es una dificultad importante, no cabe duda. A nivel interadministrativo no debería suponer mayor dificultad que coordinar otras cuestiones en los ámbitos de la sanidad o educación, por ejemplo. Cosa bien distinta es lo que afecta a poner de acuerdo a los diferentes colectivos de la justicia: guerrillas por las cuotas de poder basadas en criterios corporativistas hacen que los intereses sean a veces difícilmente conciliables. Por ejemplo, la discrepancia en la capacidad de señalamiento de los juicios que los jueces no quieren perder en favor de los secretarios.


4. Rediseño de procesos y tecnología, ¿son incompatibles con la cultura existente en justicia? A priori parece que, por lo menos, difícilmente compatibles, porque ello requiere abrir la mente y aceptar nuevas formas de hacer las cosas, lo cual no es fácil. Garantías y seguridad jurídica son perfectamente compatibles con pensar en cambiar algún chip (ejemplo, la Agencia Tributaria). Si se apostara más por esta línea de trabajo casi con seguridad el problema de medios sería menor; o al menos diferente: se necesitarían jueces, secretarios y gestores, pero no tanto auxiliares o agentes judiciales.


5. ¿El impulso político no existe o es de baja intensidad? En la última década se ha firmado un Pacto por la Justicia y abordado diversas iniciativas que no han acabado de cuajar. Se habla mucho, se hacen muchas reuniones y fotos pero a la hora de la verdad nada cambia. Cierto que invertir en justicia no tiene el rédito electoral deseado (y ya sabemos los cálculos que hacen nuestros políticos). Si además calculamos que invertimos pero contrariamente surge un desgaste por lo complicado que hace la maraña de intereses hacer efectiva dicha inversión, entonces apaga y vámonos.


6. ¿Tan complicada es una nueva organización de la oficina judicial? ¿Y la reforma de las leyes procesales? Mi respuesta es: sí, muy complicadas. El corporativismo y la defensa de intereses frenan de forma permanente estas reformas.

Es un tema que da para mucho más ... pero ahí queda eso.