Fernando de Pablo sustituye a JM Márquez al frente de la eAdministración

Algunos blogs como el de Rafa Chamorro se hacen eco de la noticia del nombramiento de Fernando de Pablo como nuevo director general para el Impulso de la Sociedad de la Información (Ministerio de Presidencia) en sustitución de Juan Miguel Márquez, que deja el cargo después de tres años de dedicación al mismo.

Se trata de un cambio en la dirección general clave para la gestión de todo el desarrollo de la Administración electrónica en previsión de lo marcado por la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, a poco más de 6 meses para que se cumpla el plazo legalmente establecido desde el que cualquier ciudadano pueda ejercer su derecho a relacionarse electrónicamente con cualquier Administración pública y en tiempos de mucho movimiento interno tras la supresión del MAP y la adscripción de las competencias de función pública al Ministerio de Presidencia, con cambio en la titularidad de la secretaría de estado y en el resto de direcciones generales dependientes de la misma.

Si hace unos años se cuestionaba el nombramiento de Márquez por su perfil partidista, en este caso no puede decirse lo mismo. Fernando de Pablo tiene la amplia experiencia de una década de dedicación profesional al sector privado y muchos años en la propia Administración, desarrollando la mayor parte de su carrera en la AEAT, en concreto en Informática tributaria, motor de la eAdministración en España. Por ello podemos hablar de un perfil marcadamente profesional .

Suerte al nuevo director en los complicados retos que ha de afrontar en los próximos meses.

Los estudios infinitos sobre la estructura de la AGE

Ayer en el Congreso, el diputado Jané de CiU preguntó a la Vicepresidenta y Ministra de la Presidencia sobre el tamaño de la AGE y qué se está haciendo para ajustarlo a las necesidades reales en función de las competencias que tiene definidas. De la Vega responde con las mismas vaguedades que llevan utilizando años y años los diferentes gobiernos, incapaces de coger el toro por los cuertos y plantearse seriamente la reforma de la Administración central: se está estudiando, se están haciendo informes, hay que verlo con calma, etc.

Os transcribo copia literal del diario de sesiones.

DEL DIPUTADO DON JORDI JANÉ I GUASCH,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN
(CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA
A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA
DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA
Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO:
¿QUÉ ACTUACIONES ESTÁ REALIZANDO
EL GOBIERNO PARA REDUCIR LA ESTRUCTURA
DE LA ADMINISTRACIÓN PERIFÉRICA
DEL ESTADO Y LAS SUBDELEGACIONES
DEL GOBIERNO? (Número de
expediente 180/000562.)

El señor PRESIDENTE: Preguntas para la señora
vicepresidenta primera del Gobierno. (Rumores.)
Silencio, por favor.
Para formular la pregunta por él presentada tiene la
palabra don Jordi Jané.

El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta, todo debería apuntar en la línea
de reducir la Administración periférica del Estado. Ya en
el año 1997 se aprobó en esta Cámara la Lofage, que
apuntaba ese principio de la Administración única o
común, y después los nuevos estatutos. Pronto se van a
cumplir, señora vicepresidenta, tres años de la aprobación
del Estatuto de Cataluña en cuya disposición adicional
sexta se dice que la Generalitat debería ser la
Administración ordinaria del Estado en Cataluña y que,
para ello, funciones ejecutivas que realizan los órganos
territoriales de la Administración periférica deben transferirse
a la Generalitat. La propia austeridad que implica
el momento económico nos lleva a la necesidad de
reducir organismos, de reducir estructuras y de evitar
duplicidades. Por tanto, le pregunto, señora vicepresidenta:
¿Qué actuaciones está realizando su Gobierno en
la línea de reducir la Administración periférica del
Estado?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Jané.

Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL
GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y
PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega
Sanz): Gracias, señor presidente.
Señoría, como sabe, el Gobierno viene trabajando
desde el inicio de la legislatura en la modernización de
la Administración con el objetivo fundamental de racionalizar
los recursos y establecer una administración más
eficaz, más transparente y más al servicio de los ciudadanos.
Hemos hecho muchas cosas, pero es verdad que
todavía queda mucho camino por recorrer. En estos
momentos vamos a seguir trabajando en ese camino bajo
tres criterios: uno, racionalización y utilización de todos
los recursos existentes; dos, refuerzo de la austeridad y
el ahorro en la Administración y, tres, impulso de las
nuevas tecnologías y la implantación de la Administración
electrónica. Ese plan afecta a toda la Administración
territorial, también a la Administración periférica y, por
tanto, a las delegaciones y subdelegaciones a las que
usted ha hecho referencia en su pregunta. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora
vicepresidenta.
Señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta, el movimiento se demuestra
andando. Esos objetivos, que nuestro grupo comparte,
de racionalizar, simplificar y eliminar organismos deben
plasmarse. Su Gobierno aprobó un acuerdo de no disponibilidad
de créditos por un importe de 1.500 millones
de euros el pasado mes de febrero. ¿En qué se materializa
ese acuerdo en la reducción concreta de organismos de
la Administración periférica del Estado? Se va a cumplir
ese tercer aniversario del Estatuto de Autonomía de
Cataluña y en el mismo, de manera expresa, se apunta
en esa dirección de reducir, de transferir, e incluso la
propia Constitución en el artículo 150.2 establece que
es un mecanismo que puede ser utilizado para implantar
esa Administración ordinaria. Cuando gobernaba el
Partido Popular se aprobó la Lofage, y en el propio
preámbulo de la Lofage se apunta ese mecanismo del
artículo 150.2 de la Constitución. Por tanto, hay mecanismos.
El propio Tribunal Constitucional, en su sentencia
de 28 de mayo del año 1992, aboga para evitar
duplicidades burocráticas y no mantener administraciones
paralelas. Esta es la línea que apuntamos y esperamos
una respuesta de su Gobierno.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Jané.
Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL
GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y
PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega
Sanz): Muchas gracias, señor presidente.
Los acuerdos que ha adoptado esta Administración en
lo que se refiere a reducción de gasto y ahorro se han
plasmado en decisiones que usted conoce. Yo entiendo
su posición legítima, pero discrepo de ella. Una cosa es
adecuar y racionalizar y otra cosa es reducir necesariamente.
¿Cuáles son los compromisos del Gobierno? El
Gobierno se ha comprometido a hacer un estudio —y en
ello estamos— de las necesidades actuales en función
de todas las decisiones —transferencias, nuevos estatutos—
que ha tomado la Administración general, también
la Administración periférica. Eso en unos casos va
a llevar necesariamente a ajustes, a reducciones, y en
otros casos puede llevar incluso a ampliaciones para
satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Me reconocerá
que lo más importante no es reducir por reducir,
sino que seamos capaces en la Administración General
del Estado, dentro de la competencias que en estos
momentos tenemos, de dar la mejor y más eficaz respuesta
a la ciudadanía, y eso es precisamente lo que
estamos haciendo y lo que tenemos planificado hacer en
los próximos años.
Muchas gracias. (Aplausos.)

Mejoras a golpe de informe

El último informe del Defensor del Pueblo es demoledor: el número de quejas ciudadanas a esta institución por un inadecuado tratamiento por parte de las Administraciones públicas ha subido un 40%. Algunas denuncias son graves: la Administración no informa sobre el estado de tramitación de una solicitud, normativas que alargan los trámites dejando a la gente en una completa indefensión, incompatibilidad de sistemas de gestión, la Administración se enreda con datos que posee ella misma, etc.

El resultado del informe desde luego da que pensar: ¿son las Administraciones que cada vez lo hacen peor o son los ciudadanos que cada vez son más exigentes en su relación con las diferentes instancias administrativas y están más predispuestos a reclamar? Yo personalmente no considero que las Administraciones cada vez lo hagan peor; más bien al contrario: si comparamos el sector público actual con el de hace 20 años podremos apreciar una mejora sustancial. Lo digo como ciudadano y como profesional de lo público. Percepción ésta que coincide mayoritariamente con la de la sociedad en general según revelan distintas encuestas de valoración. Esfuerzos desde luego se han hecho , ¡y muchos!

Será por tanto que los ciudadanos son cada vez más ciudadanos, conocen mejor sus derechos y están dispuestos a exigir su cumplimiento. Lo cual a su vez es una magnífica noticia y un reto para las Administraciones al suponer un estímulo constante para la mejora evitando así que éstas se duerman en la autocomplacencia. El problema es que la presión ejercida por estos informes se limita al eco que los medios de comunicación se hacen de los mismos en el instante de su publicación. Es por tanto una presión acotada a un momento concreto, lo que, cale más o menos en el inconsciente ciudadano, la hace menos eficaz a la hora de tensionar a las diferentes Administraciones.

Cosa distinta ocurre cuando las Administraciones habilitan de forma permanente canales de escucha para que distintos ciudadanos y coletivos sociales hagan llegar sus inquietudes sobre el funcionamiento de los servicios (por ejemplo, a través de herramientas de Administración 2.0). Aquí la presión sí que sería continua y permanente , lo cual aumentaría en eficacia en ese proceso de "ponerse las pilas" y mejora continua, pero también produce tensiones por la incomodidad de sentirse controlado y evaluado constantemente, tensiones que gustan poco a empleados públicos y mucho menos a políticos. Tal es así que acaban viéndose más como una amenaza que una oportunidad menoscabando muchas de las oportunidades de mejora .

Por eso, entre otras cosas, avanzamos pero poco.....

Errores en procesos de innovación de servicios públicos

Supongo que muchos de vosotros andaréis estos días como yo, locos para cuadrar la declaración de la renta y poder presentarla sin errores en el plazo correspondiente. Como ciudadanos es el momento de cumplir con Hacienda y eso conlleva necesariamente una interacción con dicho organismo.

La AEAT ha sufrido un importante proceso innovador en los últimos años, respaldado por una decidida voluntad política y fuertes inversiones. El cambio ha sido significativo, no sólo en cuestiones instrumentales (programa PADRE, presentación telemática con firma electrónica, acceso a datos personales, diferentes canales, etc.) , sino en un giro conceptual en la relación con ciudadanos y empresas: la Administración dispone de mis datos, es capaz de hacerme la declaración, mandármela y mediante un simple sms otorgar la validación. Esto ya de por sí es algo para encuadrar en capítulo de mejores prácticas y usar de ejemplo para argumentar que es posible encaminarse hacia una Administración proactiva. Por si fuera poco es también destacable el ejercicio de aplicación/interpretación amplia, flexible y razonable que desde la AEAT se viene haciendo del derecho administrativo mostrándonos cómo lo jurídico puede ser esa herramienta útil e imprescindible al servicio de las ideas y no el obstáculo insalvable que acaba con cualquier espíritu de mejora.

Hasta aquí perfecto. Pero hay cosas (como siempre) a mejorar, que nos pueden enseñar para tenerlas en cuenta en procesos de modernización de otros servicios públicos. Una de ellas son los errores en los borradores de la declaración. La perfección no existe y todos nos podemos equivocar, pero hay errores y errores. Cuando yo (Administración) pongo a disposición de los ciudadanos datos y hay errores en aspectos sencillos afectando a un colectivo amplio , estoy poniendo en duda la credibilidad del proceso de proactividad y obtener resultados inversos a los pretendidos: los usuarios no se fiarán y volverán a sistemas tradicionales con mayor impacto en las cargas de trabajo de los servicios.

La otra es lo que podríamos llamar el umbral de proactividad; es decir, el nivel hasta el cual el resultado de la acción (proactiva) de la Administración es satisfactorio pero a partir del cual no sirve. En el caso del IRPF este umbral está a un nivel bajo ya que sólo para casos muy sencillos de declaraciones sirve la validación del borrador, de forma que en cuanto hay "algo más" (dividendos, alquileres, etc.) no vale y es el contribuyente el que tiene que hacerla. Resultando además que cuanto más complicada sea (y no pensemos por favor en contribuyentes poderosos con casos de gran sofisticación fiscal) más incapaces son los servicios de ayuda que tiene dispuestos la propia Administración tributaria (progama PADRE, telefónica, cita previa, etc.) de prestar un apoyo satisfactorio. Al final, la sensación para muchos ciudadanos puede ser la de "mucha tecnología y mucha historia pero cuando tengo una duda no hay quien me la resuelva".

Por eso quedémonos con una moraleja: en cualquier proceso de innovación de servicios públicos valoremos siempre a que población darán solución los nuevos diseños y herramientas. En función de ello, pensemos también en el resto y diseñemos respuestas eficaces y de calidad que vamos a dar. No olvidemos que también son ciudadanos, pueden ser colectivos amplios y nuestra responsabilidad también es con ellos.

La crisis como oportunidad para las Administraciones Públicas

Os reproduzco el artículo que he escrito para la columna de opinión de Expansión.com , canal de función pública:

No escapa a nadie que estamos inmersos en una crisis económica de gravedad y dimensiones desconocidas desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Hay coincidencia general en que no se trata de una situación coyuntural sino una catarsis sistémica que obligará a hacer profundos replanteamientos en las estructuras económicas globales a largo plazo.

En nuestro país se ha iniciado ya un amplio debate sobre estos aspectos, el cual se concretará, según anunciaba el presidente del Gobierno en el Debate del Estado de la Nación en un despliegue de políticas públicas, proyectos de ley, procesos de diálogo social, etc. en los que participarán los distintos actores políticos, económicos y sociales.

En todas esas iniciativas se echa de menos la inclusión en los primeros lugares de la agenda gubernamental de una potente política de reforma de la Administración pública española. Su importancia lo merece: por una parte, estamos comprobando cómo lo público está teniendo un papel destacado tanto en el proceso de contención de los efectos de la crisis como en la recuperación de la misma.

Por otra, la Administración supone un elemento clave para garantizar unas condiciones óptimas en el funcionamiento socio-económico de cualquier país; de hecho, las economías más competitivas (por ejemplo las nórdicas) están dotadas de los sectores públicos más avanzados, siendo difícil de concebir, en un escenario de nueva economía, que uno de sus actores fuera una Administración con trazas decimonónicas.

Se dice que las crisis son también fuente de oportunidades. Aunque sea un tópico muy manido, en este caso puede tener su parte de fundamento: los incentivos que encuentran los políticos para priorizar una reforma en el ámbito administrativo son muy débiles, especialmente porque su éxito es remoto en tiempo/posibilidades y la valoración (en votos) del ciudadano va a ser muy baja, cuando no nula. En contextos como el que vivimos la carencia de liderazgo de estos procesos se supliría por la necesidad y trascendencia de lo que está en juego.

La reforma estructural que parece necesaria podría articularse en tres ejes: talento, innovación y sostenibilidad. Talento, un desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público que desplegara todas sus posibilidades y huyera de replicar modelos del pasado, teniendo como objetivo aprovechar el amplio potencial de las personas que trabajan en lo público a través de adecuados mecanismos de reconocimiento y desarrollo profesional; además de abordar la imprescindible profesionalización del directivo público alejada de tentaciones partidistas o corporativas.

Innovación, inversiones tecnológicas para el desarrollo complementario de la Administración electrónica y la Administración 2.0, pero también introducir una verdadera cultura de la innovación en la Administración, que genere el estímulo para un replanteamiento continuo del quehacer cotidiano a diferentes niveles de gestión/ejecución administrativa. Sostenibilidad, iniciativas en pro de una Administración bien dimensionada (en calidad y en cantidad de puestos de trabajo), con estructuras organizativas flexibles y coordinadas que garantizara unos niveles de eficacia y racionalización en el gasto público.

No partiríamos de cero: existe la experiencia (se han abordado procesos similares en sectores concretos de la Administración como la Agencia Tributaria) y la legislación básica necesaria (Estatuto Básico, ley de Agencias, LAECSP, etc.) para poder construir el futuro.

Infantilismo y directivos públicos

Iñaki Ortiz relataba en un post el desarrollo de las jornadas Innovación y Excelencia en las Administraciones Públicas que tuvieron lugar en Cambrils la semana pasada. Leyéndolo me daba una idea para escribir sobre uno de los párrafos (reproduzco a continuación) de la intervención de Carles Ramió:

Habló de "infantilización" de los directivos públicos, porque, aunque parezca que hay muchos que mandan, en realidad casi todo se consulta al superior, creando así espectaculares cuellos de botella. Me suena.

A Iñaki le suena; a mí y a muchos de vosotros seguro que también. Los propios mecanismos internos de la Administración pública, tan pensados y bien fundamentados para tantas cosas, acaban siendo perversos para la actuación cotidiana de las personas (el activo fundamental de la Administración), sean de la categoría profesional que sean. A un mayor nivel de CD, más se agrava el problema... y se produce (entre otros) este proceso de "infantilización" que no es más que quitarse responsabilidades de encima. La siguiente historia es tan veraz como habitual en las organizaciones públicas: pensemos en alguien que llega ingresa "virgen" en lo público, a un nivel de pre-directivo con formación, habilidades y ganas de hacer cosas, impulsar proyectos y asumir responsabilidades. De éstos, no os creáis, hay bastantes. Se encontrarán con jefes de más experiencia, que les irán enseñando poco a poco la cruda realidad administrativa.

Primer caso (bastante habitual): aquel jefe miedoso y acaparador que centraliza la toma de decisiones para tener él el control de las situaciones frente a sus superiores; jefe éste que se ocupa principalmente de proteger su sillón a base de no complicarse la vida, funcionando al tran-tran y escapando de los charcos peligrosos. Todo ello lo logra a base de centrarse en el día a día, en decisiones "micro" y en escalar a su superior cualquier cuestión fuera de lo habitual. Nuestro protagonista lo tiene jodido: como todo lo centraliza el jefe, irá encontrando que su margen de actuación se va reduciendo poco a poco y que será mejor evitar cualquier tentación de dar un poco más de sí. Le quedarán migajas insignificantes para su entretenimiento.

Segundo caso (bastante habitual): aquel jefe que, conocedor de sus limitaciones, ve a buenos colaboradores más como una amenaza que como una oportunidad. Actúa pegando patadas para abajo cada vez que uno de ellos intenta sacar la cabeza, no sea que vaya a quedar en evidencia ante sus superiores. El tiempo y los golpes acaban enseñando a nuestro protagonista que lo mejor es o irse a otro lado, o sumirse en la mediocridad y vivir tranquilo para evitar problemas. Por tanto, no complicarse la vida y, ante la más mínima, que decida el de arriba.

Tercer casi (más raro pero ocurre): el jefe que ejerce un "liderazgo blando", deja hacer a sus colaboradores, les da autonomía, respaldo y confianza. Les deja actuar con libertad y responsabilidad, confiando en sus resultados. El escenario (a priori) perfecto para nuestro protagonista. Empieza actuar y van llegando resultados. Pero el resto de la organización, al no estar acostumbrada, lo empieza a ver como algo anómalo, un cuerpo extraño para el que operan mecanismos de defensa en forma de obstáculos, recelos, facturas pendientes, etc. que, en algún momento, se pondrán de manifiesto. ¿Cuándo? Pues depende. Normalmente cuando ese jefe se va (que lo acabará haciendo) llegarán otros y actuarán como elementos neutralizadores de nuestro protagonista que sufrirá consecuencias por sus "osadas" actuaciones anteriores.

La conclusión siempre acaba siendo la misma: el que menos pone menos pierde y así estamos. En el "infantilismo". ¿Os suena? Seguro que sí..

Recetas contra las Administraciones morosas

De siempre se ha dicho que la Administración paga tarde y mal, pero paga. Por tanto, no es algo nuevo que la crisis nos esté descubriendo, sino que lógicamente en estos momentos hay más ruido con el tema: las empresas proveedoras lo notan más (al tener el crédito estrangulado) y las Administraciones ciertamente andan más tiesas de dinero.

Estaréis de acuerdo conmigo que, dejando el contexto aparte, no es de recibo que el sector público sea tan mal pagador, ni cuando hay vacas gordas ni cuando, como ahora, estamos de vacas flacas. Porque si una de las formas que lo público tiene para aportar valor a la sociedad es produciendo ejemplaridad mediante actuaciones impregnadas de buenos principios y legalidad no parece lógico que en éste (ni en otros) casos actúe de esta manera.

Por mi parte achacaría dos motivos principales para que tenga lugar esta situación:

1. Una cierta cultura de superioridad por parte de la Administración: es la vieja percepción que desde dentro de lo público se tiene de que los agentes externos son súbditos o administrados. No es algo escrito en ninguna parte pero está ahí, forma parte de la tradición administrativa en este país. Si a ello le sumamos el hecho de actuar como un comprador potente del que dependen muchos de los proveedores, el efecto se amplifica. Falta todavía para alcanzar una completa cultura de Administración en red en la que las relaciones entre clientes-proveedores adquieran un nivel de relación comercial similar a las que disfrutan las empresas privadas en sus negocios.


2. Un inadecuado funcionamiento interno: basado en procedimientos lentos, manuales y obsoletos con multitud de trámites, aprobaciones, plazos no cuantificados, con garantías (se supone) para todo el mundo menos para el proveedor, que queda en una situación francamente de inferioridad y con pocas posibilidades de solución.

Por tanto, es en estos frentes donde, a mi juicio, habría que actuar. No sirve, desde luego, aprobar un papel en forma de ley que obligue a las Administraciones a pagar en X días. Como en otros muchos casos, quedaría en papel mojado porque ya habrá otras tantas normativas de detalle que, cumpliéndolas fielmente, imposibilitaran el cumplimiento de aquélla. La solución está en poner en primera prioridad de la agenda política el desarrollo de pequeñas actuaciones que aborden estos dos frentes en la misma dirección.

La reforma de las AAPP no está en la agenda de ZP

Hace unas semanas tenía dudas sobre la supresión del MAP y el encaje de la parte de Administración pública en la vicepresidencia del gobierno. Después de escuchar a Zapatero en el Debate sobre el Estado de la Nación ya no me queda ninguna duda: para este gabinete la reforma de la Administración no está en la agenda de reformas estructurales. El asunto lo despacha el presidente en dos párrafos de su discurso (pág. 16) que reproduzco a continuación:

Quiero destacar, también, el esfuerzo realizado en materia de modernización y mejora de la Administración, con la puesta en marcha del Plan de Reducción de Cargas Administrativas. Ya se han eliminado o simplificado trámites en cerca de 160 procedimientos, que suponen un ahorro de más de 780 millones de pesetas.

Se ha avanzado visiblemente en la aplicación de la LAECSP. En torno al 70% de las tramitaciones de ciudadanos y empresas con la Administración central ya puede realizarse por vía telemática.

Reafirmación de lo que se está haciendo pero sin nuevas propuestas (tan sólo una enigmática reforma de los organismos reguladores sectoriales). Por tanto, se confirma la tendencia cansina y gris que lleva esta política pública desde el cese del ministro Jordi Sevilla a mediados del 2007.

Sin embargo, en el ámbito de los servicios públicos hay una novedad, con la apuesta por la introducción de las TIC en educación: pizarras digitales, portátiles para los alumnos, conexión wifi en las aulas, formación al profesorado. La letra suena bien, aunque eso sí, requerirá de la complicidad de las CCAA.