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reflexiones sobre administración pública inteligente

viernes, 9 de diciembre de 2011

Gestión pública vs. gestión privada


Últimamente oímos con demasiada frecuencia y desde foros muy diversos la supuesta superioridad de la gestión privada frente a la pública a la hora de dar respuesta a las necesidades sociales. Una idea -que a fuerza de ser repetida- va camino de convertirse en dogma incontestable. De hecho, cada vez está incorporándose con más fuerza a discurso y acción política; algunos ni lo disimulan.

No sé a vosotros pero a mí los blancos o negros me hacen desconfiar. Por eso el mensaje de la gestión privada como solución milagrosa a los problemas públicos me da que pensar, me despierta dudas sobre qué es lo que de verdad interesa, si no son otras cosas que premeditadamente pretendan ser ocultadas.

¿Blanco o negro? ¿Gestión privada o gestión pública? No vamos a negar que corren tiempos donde con presupuestos recortados el factor "eficiencia" gana peso; y en eso la gestión privada tiene mucho que enseñar a la gestión pública. Tampoco vamos a negar que la gestión pública se ha ganado a peso su desprestigio: la extensión de la burocracia como paradigma dominante en la gestión pública ha provocado ciertas distorsiones, especialmente en la provisión de servicios públicos, precisamente aquellos en que hay un mayor contacto con el ciudadano. En esto, en gestión de servicios, el sector privado también lleva cuerpos de ventaja.

¿Es todo ello suficiente para imponer ese dogma de la supuesta superioridad de la gestión privada sobre la pública? En mi opinión no. Los valores economicistas sobre los que se asienta lo privado pueden poner en peligro valores fundamentales en lo público como la cohesión, la igualdad, la eficacia o la imparcialidad. Además, existe un cierto riesgo de que intereses privados acaben por secuestrar intereses públicos que son de todos.

Por ello, mi fórmula es "depende": sí a la gestión privada sí, pero sobre todo sí a una gestión pública reformada, que incorpore lo mejor de lo privado pero sin renunciar a los valores básicos de lo público. Hacerlo de otro modo puede poner en riesgo a largo plazo el desarrollo social y económico de cualquier sociedad.

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