El tijeretazo solitario

El pasado jueves fue convalidado (por la mínima) el Real Decreto- ley por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. El debate en la red comenzó hace días, justo desde el momento en que el presidente del gobierno anunció las medidas en el Congreso de Diputados, y quizá ya ha perdido intensidad. Por mi parte he preferido esperar, primero a conocer los detalles del RDL y posteriormente a su convalidación en sede parlamentaria.

Dejando aparte valoraciones sobre la crisis económica, sus causas, efectos en nuestro país y medidas necesarias voy a entrar únicamente en lo que tiene que ver con la temática de este blog. Llevo muchos años defendiendo la reforma de la Administración, no desde una perspectiva ideológica neo-liberal de "menos Administración" o que "lo público es un problema" sino defendiendo la legitimidad de lo público a través de "mejor Administración". Estoy convencido que un sector público avanzado y eficiente es fundamental para promover un desarrollo social y económico con riqueza y reparto justo de la misma (a los países nórdicos me remito). Para ello hay que cambiar, se requiren reformas profundas que llevan años.

Salvando el periodo de Jordi Sevilla como ministro (2004-07) gobiernos de diferente color político en España han dado de lado cualquier política a este respecto. Su escasa rentabilidad electoral y las numerosas dificultades demandan largos periodos para su desarrollo y obtención de resultados, incompatibles con los tiempos políticos. La crisis que ya hace dos años se venía venir podría haber sido "buena excusa" para hacer, con más tiempo, algo al respecto (ya lo dije en Expansión hace un año).

De repente ha llegado la necesidad de una "urgentísima" consolidación fiscal con los deberes (en lo relativo a estructura, organización y dotación de la Administración pública) sin hacer. En estos casos (es la triste realidad) lo fácil e inmediato es analizar qué apartados del gasto público son los más sensibles al ahorro y cuáles los que menos efectos electorales adversos pueden tener. Resultado: si lo que se trata es recortar (en gastos de funcionamiento) una buena cantidad de millones de euros de un día para otro lo más inmediato es apretar el botón del RDL y reducir los sueldos del personal al servicio de las AAPP tal y como ha hecho el gobierno. Otras cosas que he oido por ahí (quitar asesores, ministerios / consejerías, etc.) están bien pero son un tanto populistas: realmente el ahorro es chocolate del loro e incluso alguna puede costar incluso más de lo que pretende ahorrar (ver post de Félix Serrano).

Y en esas tenemos un RDL que es un parche, un auténtico tijeretazo y no soluciona absolutamente ninguno de los problemas que tienen nuestras AAPP. Además de injusto, rebasa líneas rojas muy sensibles y presenta lagunas fruto de la improvisación (judicialización está al caer). Por ejemplo:

• Se usa un RDL para modificar (nada más y nada menos) que la Ley de Presupuestos, la más importante que se aprueba en las Cortes. ¿Legal? Sí (razones de urgencia). ¿Conveniente? No.


• Se altera de manera unilateral la cuantía de conceptos retributivos consolidados, como salario base y trienios, inherentes al grupo profesional y antiguedad adquiridos por cada trabajador. Los jueces dirán.


• Revienta el derecho a negociación colectiva de los empleados públicos: aunque jurídicamente se eche mano de la excepcional claúsula 38.10 del EBEP no parece de recibo un cambio tan sustancial, tan sólo 9 meses después de lo acordado. Dicho acuerdo es papel mojado, aunque el gobierno pretenda no verlo de esa manera.


• Está por ver su efecto jurídico sobre el personal laboral sometido al derecho privado. En una parte parece que les afecta (art. 25), en otras que no (disposición adicional 9). El agravio comparativo está servido porque todos son empleados públicos y no parecería de recibo que a unos sí y a otros no.


• Suspende la creación de nuevas agencias estatales (disposición adicional 5). Por fin una norma incluye lo que de facto era un hecho: el parón en el cambio organizativo sustancial que se pretendió a través de la ley de agencias del año 2006. Mala noticia.

Otra consideración es cómo viene el RDL, sólo, aislado, sin otras medidas complementarias de mayor calado cuyos efectos a largo plazo pudieran suponer una mayor racionalidad administrativa (exceptuando la limitación de la tasa de reposición al 10%). ¿Por qué no se abordó con más profundidad el Plan de Racionalización de Estructuras de la AGE? ¿Para cuándo una reforma de la LOFAGE que simplifique las estructuras de superior dirección de la AGE y posibilite la creación de estructuras de servicios comunes más eficientes? ¿Por qué no se afronta una revisión en profundidad de las RPT en lo relativo a puestos de escaso valor añadido (grupos C y E), incluyendo la externalización de funciones no esenciales?