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reflexiones sobre administración pública inteligente

martes, 18 de septiembre de 2012

Treinta años después....

Ayer conocimos que Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, presentaba su dimisión y retirada de la primera línea política donde ha estado los últimos treinta años, concretamente desde 1983. A continuación expresaba su deseo de retomar su puesto de funcionaria en algún ministerio, condición ésta (la de funcionario) que obtuvo mediante oposición recién acabada la carrera y que ejerció poco más de cinco años, allá en la Administración pre-democrática.

Cualquiera que no conozca el régimen de excedencias e incompatibilidades de los empleados públicos se quedará perplejo al conocer que una persona que prácticamente (como funcionaria) ni ha pisado la Administración, ni ha desarrollado carrera en la misma, ni conoce las "tripas" de la maquinaria administrativa pueda retornar, próxima a la jubilación, a un cómodo puesto de nivel 28-30 (predirectivo o directivo) en un ámbito cualquiera (en este caso Turespaña, del Ministerio de Industria) del amplio abanico sectorial de la Admnistración General del Estado.

La señora Aguirre por supuesto no es el único caso, ni será el último, de un sistema de gestión de personas anacrónico y absurdo que en este aspecto concreto, excedencias e incompatibilidades, es extraordinariamente garantista con el empleado y sorprendentemente penalizador con la Administración, a la que no queda más remedio que, en cumplimiento de la ley, recolocar personas que hace tiempo optaron por una profesión diferente y que en su retorno suponen un coste adicional y estarán en fuera de juego.

El sentido común indica que excedencias e incompatibilidades deben ser equilibradas, entre el derecho del empleado a mantener su condición mientras prueba singladuras profesionales diferentes que le permitan ganar competencias que pueda aplicar al retornar a la Administración, y el derecho de la misma a denegar reingresos cuando circunstancias concretas (tiempo transcurrido, actividad profesional desplegada por el solicitante, etc.) vayan en contra del interés público.

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