viernes, 31 de julio de 2009
lunes, 27 de julio de 2009
Construyendo el gobierno abierto desde los pilares
Ya que nuestro modelo político de democracia representativa anda un tanto adormecido (esa es, al menos, mi impresión) me encantan las inicitivas que estimulen procesos de "democratización de la democracia" para ir saliendo de este estancamiento.
El gobierno abierto no es tan sólo dotar a la actuación pública de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Supone también poner en marcha todas aquellas medidas que sirvan para involucrar a la sociedad en los asuntos públicos. ¿Sirve de algo que mostremos a los cuatro vientos todo lo que hacemos si al final la gente pasa de todo y ni nos mira?. Un poco frustrante, ¿no?
Por eso creo que también en esto del gobierno abierto es mejor empezar a construir la casa por los cimientos y no empezar por el tejado. Estamos de acuerdo que colgar de la web de nuestra Administración las actas de los plenos, los tochos de presupuestos, habilitar un canal de facebook o radiar por twitter la actividad al minuto seguramente es más fácil, más cómodo y a muchos ya les deja la conciencia tranquila porque pueden sacar pecho presumiendo de modernillos. Eso sí, da igual las visitas, comentarios, su número, quiénes son, lo que se hace con ellos, cómo responder, etc. Por eso muchas plataformas dospuntoceristas de la Administración acaban siendo un fracaso (aquí y aquí).
¿Es esto lo que pretendemos con el gobierno abierto? En mi opinión no. En eso de construir la casa por los cimientos las primeras acciones de un gobierno que pretenda ser abierto deben ir encaminadas a cómo fomentar y dinamizar la participación en asuntos públicos. Esa sería, en mi opinión, una de las políticas más prioritarias en la materia. ¿Por qué no se hace? Diferentes motivos: uno puede ser las ansias cortoplacistas de la política y las ganas de ponerse medallas de forma rápida y visible. Otro quizá sea que realmente no se quiere un gobierno abierto de verdad, sino simples retoques estéticos que nos hagan quedar bien de cara a la galería. Otra, que las herramientas nos suelen entusiasmar tanto que acaban por obnubilarnos desplazando el centro de gravedad de lo más importante hacia lo secundario.
Lo primero es que para fomentar y dinamizar la participación en los asuntos públicos es importante que tanto los que van a liderar como los que van a implementar esta política crean en ella asumiendo retos y dificultades. Por tanto, una labor interna de persuasión, convencimiento, comunicación e información en la organización pública se debe realizar.
Se precisa también mucha paciencia y una estrategia a largo plazo. No podemos suponer que todo el mundo está ansioso por participar, ni marcarnos el objetivo de que participen todos, ni frustrarnos porque esto no ocurra o porque pasa el tiempo y los avances son lentos. Al contrario: se trata de ir como las hormigas, desplegando iniciativas que sumen y vayan logrando adhesiones poco a poco, dando mucha visibilidad a cada pequeño logro ... de forma que alcancemos en un plazo razonable la masa crítica (en tamaño y en actores clave -los que más movilizan en una comunidad) tal que el proceso se lance a mayor escala.
Y ahora sí.... considerados y perfilados estos factores podemos ir pensando en incorporar las herramientas tecnológicas o normativas. Antes creo que no es lo más recomendable.
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lunes, 20 de julio de 2009
Desde La Moncloa se animan a twittear
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miércoles, 15 de julio de 2009
La tocada de narices de los empleados públicos.. y de Granados
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martes, 14 de julio de 2009
Turismo en red patrocinado por España
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lunes, 13 de julio de 2009
¿Qué es un directivo público? ¿Lo tenemos claro?
- Las Administraciones se enfrentan a problemas de tercera generación con las herramientas de la primera generación.
- No es lo mismo ser un técnico que un directivo. Por tanto, es un error considerar el puesto directivo como el escalafón máximo de la carrera profesional de un técnico superior.
- El EBEP tiene una gran contradicción: el espíritu de la exposición de motivos (totalmente novedoso) no se corresponde con el del articulado posterior (en ciertos puntos muy continuista). El legislador fue rebajando pretensiones en el proceso y olvidó darle una coherencia global final a todo el texto revisando la exposición de motivos.
Pilar Arranz, directora general del INAP, ocupó un primer turno de intervención en el que intentó dar su opinión sobre qué es un directivo público. Aunque sus continuas referencias al profesor Longo no aportaron nada novedoso a la definición, sí reconoció que en los frecuentes encuentros multilaterales que mantiene con sus colegas de la UE siempre se acabara hablando de la importancia de la función directiva pública como un núcleo separado dentro de la función pública con elementos específicos (sin consenso, sin embargo, sobre el sistema de acceso). Respecto al parón en la AGE del desarrollo del artículo del EBEP que corresponde a la dirección pública indicó que el principal motivo era la carga económica indudable y la visión a corto plazo en las altas instancias políticas. Asumió, no obstante, que se podrían tomar ciertas medidas aunque no se desarrollara el EBEP: incorporar las competencias directivas a ciertos programas formativos y empezar a orientar la formación según los itinerarios profesionales (calificó como inédito que no ocurriera en la actualidad).
José Manuel Jover, secretario general de la Consejería de Administración Pública de Extremadura, hizo la intervención más arriesgada y rupturista. También la que más polémica (en el debate posterior) levantó:
- Una frase demoledora para comenzar: Pienso recurrir lo mínimo al art. 13 del EBEP porque da mala suerte.
- Respecto a quiénes a su juicio pueden ser directivos públicos: personas físicas (no empresas consultoras), que sepan leer (tener conocimientos previos y saber obtener información), escribir (saber firmar), que no pertenezcan a una casta funcionarial (alguna relación con el que nombra) y con plena responsabilidad del que los nombra.
- En su opinión, el EBEP no define la función directiva (una chapuza para lograr el consenso), incorpora principios "funcionariales" en la selección, los encuadra claramente como patronal (ojo con el asociacionismo) y con unos criterios de mérito poco adecuados que están más basados en los cursos, diplomas, escalafón que en la acreditación de capacidades.
- Hizo mucho hicapié en que deberían ser considerados más altos cargos que plantilla funcionarial, que el peso del nombramiento debería caer en quien lo realiza. Por ejemplo, transparencia no tanto del proceso selectivo sino del nombramiento, quién lo hace y por qué. No es muy partidario de acceder por ascenso como el ejemplo del cadete que sobrevive y llega a coronel.
- Debería tratarse de alguien serio y cabal, que aportara ejemplaridad, con "asiento personal" tal que le hubiera servido para vivir experiencias que le hubieran enseñado, ni juveniles (agresivos) ni prejubilados, asumiendo la temporalidad del nombramiento y con una implicación total 365 días x 24 horas.
J.A. Soriano, director general del Instituto Andaluz de Administración Pública no cree que en las AAPP los directivos sean un problema en sí mismo, sino que los problemas principales acaban siendo otros. Descartó que en Andalucía estuviera el EBEP parado: se estaba redactando la ley que saldrá a la luz en pocos meses. En ese sentido, los directivos que hoy son más altos cargos podrían tener un tratamiento futuro similar a la actual LOFAGE. Le preocupaba también que el EBEP deje abierta la posibilidad de que las CCAA "podrán" regular la función directiva en el marco de sus competencias. . No se imagina un sistema abierto por completo y respecto a la selección apostó por un concurso público con requisitos mínimos y amplio margen de discreccionalidad. Puestos en RPTs, de ida y vuelta, aunque eso sí, sin límites temporales tasados. Y dió datos sobre una encuesta realizada sobre las capacidades de los empleados públicos andaluces que daba un dato revelador: tienen una muy buena competencia técnica pero muy mejorables competencias relacionales e interpersonales.
Lo dicho: tenemos un empleo público muy enfocado a tener excelentes técnicos pero sin habilidades directivas. Si queremos buenos directivos públicos habrá que seleccionar, formar, retribuir y desarrollar. Iniciativas complementarias que tendrán que ir en la misma dirección.
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jueves, 9 de julio de 2009
i-public@ cumple dos años
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miércoles, 8 de julio de 2009
Oferta y demanda de e-Gov: una brecha que no cesa
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martes, 7 de julio de 2009
¿Acabamos con algunos mitos sobre los empleados públicos?
Siempre que hay crisis empieza a sonar ese soniquete de que los empleados públicos son unos privilegiados. Ya nos estamos acostumbrando a que ciertos chascarrillos que parecen tener sentido común cobren fuerza a base de reiterarlos en las tertulias de los medios o en los corrillos de cafetería que tanto nos gustan a los españoles. Si, además, afectan a colectivos tradicionalmente tan señalados en nuestro país como los "funcionarios" , no os quiero ni contar: parece ser uno más de otros muchos debates superficiales que se producen en nuestra sociedad hoy en día.
La idea básicamente es la siguiente: "Los empleados públicos son unos privilegiados porque tienen un empleo vitalicio, un sueldo seguro y no pegan un palo al agua". Es simplona y olo voy a demostrar con una serie de argumentos cuyo único propósito es lanzar el anzuelo de que las cosas tienen un poquito más de enjundia de lo que parece.
¿Los empleados públicos tienen empleo vitalicio?
Lo primero tendríamos que definir qué son empleados públicos: según el EBEP (art. 8)
son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales. Se clasifican en: funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral (ya sea fijo, por tiempo indefinido, o temporal), personal eventual. Es decir, no todos los funcionarios de carrera son empleados públicos; son sólo una tipología de empleados públicos. Esto que parece tan evidente, no lo es tanto en la conciencia colectiva de los españoles: nuestra tradición desde hace casi un siglo ha sido que la función pública ocupe el centro del empleo público de forma que la mayoría de empleados públicos sean funcionarios y eso hace que en la cultura colectiva, todo aquel que trabaja para lo público sea funcionario. Pero ya hemos visto que no es así: también son empleados públicos los puestos de naturaleza política, interinos, laborales fijos, laborales eventuales indefinidos/temporales.
Es más, me consta que la voluntad inicial (otra cosa es el desarrollo real) del legislador del EBEP era precisamente seguir la tendencia en muchos países avanzados de nuestro entorno (como los nórdicos) de dotar de un sentido más amplio al concepto de empleo público permitiendo la progresión del personal laboral en cierto tipo de puestos y dejar para una naturaleza estatutaria de funcionarios de carrera los puestos nucleares del corazón de las Administraciones (de ahí la redacción abierta del art. 9).
Así pues no todos los empleados públicos tienen empleo vitalicio. Es más, muchos son de una enorme eventualidad. Los funcionarios de carrera tienen lo que se llama "derecho de puesto de trabajo" (vulgarmente empleo vitalicio, aunque a mí particularmente no me gusta esta denominación). Y lo tienen no por capricho, ni porque sea un premio por aprobar una oposición, sino por una decisión que se adoptó en cierto momento marcar bien las diferencias entre una Administración estable y permanente al servicio de los intereses públicos y la clase política que legítimamente debía dirigirla. La idea era tanto mantener la independencia y el rigor de la Administración frente a las posibles arbitrariedades partidistas como blindar la Administración de la rapiña política. Todo, por tanto, tiene su sentido.
¿Sueldo seguro?
Sí, para los funcionarios públicos y laborales fijos. Esto en tiempos de crisis es desde luego un tesoro porque la Administración (salvo quiebra de país, que no es algo muy habitual ... aunque mirad Argentina) no va a quebrar, ni hace EREs (los planes de empleo para reducir personal fijo existen como instrumento pero nadie se atreve a aplicarlos). Aunque no todo es oro lo que reluce. Las retribuciones que un funcionario público va a recibir siempre fijas son las básicas (sueldo base, trienios) y el complemento de destino del grado personal consolidado (si es mayor al del puesto de trabajo ocupado; si es menor recibirá las del puesto de trabajo). Estas cuantías son sólo una parte del sueldo, pero no la más importante. Donde se cuecen las habas son en el complemento específico, en la productividad y en algún otro complemento. El primero depende del puesto de trabajo: si ocupas puestos de libre designación/comisión de servicio y entre dicho puesto y el tuyo en propiedad hay diferencias de C.E. (que suele haberlas) más te vale que no te cesen. La productividad es una buena cuantía que se paga normalmente por acudir por las tardes y la suelen tener los niveles altos, no el grueso de la clase funcionarial; por tanto, la mayoría no la tienen.
Otro tema es el nivel salarial (del que ya hablé en anteriores posts) y del poder adquisitivo. Cuando hay vacas flacas parece que congelar los sueldos públicos es la medida estrella que a todos se le ocurre (claro, encima que tienen un trabajo, ¿cómo les vamos a subir los sueldos?). Pero, ¿qué ha pasado en los últimos años de vacas gordas? Muy poco nos acordamos del 2% anual que se ha venido subiendo con inflaciones del 3-4%.
¿No pegan un palo al agua?
Ya hemos hablado de ello en otras ocasiones. Es verdad que, en ciertos segmentos del aparto burocrático (no así de la prestación de servicios) existe este problema. Pero el problema no tengo muy claro si es del empleado público (¿todos son vagos incorregibles desde que nacieron?) o del sistema que permite esas bolsas de ineficiencia (imposibilitando la movilidad funcional o los ajustes de plantilla necesarios cuando se producen vacantes) y desincentiva cualquier inquitud en sentido contrario.
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martes, julio 07, 2009
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lunes, 6 de julio de 2009
Jornada sobre el personal directivo en la gestión pública
- Pilar Arranz, directora general del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP): el único alto cargo superviviente de la reciente desaparición del MAP y su remodelación en Presidencia.
- José Manuel Jover, secretario general de la Consejería de Administración Pública y Hacienda de la Junta de Extremadura.
- José Antonio Soriano Cabrera, director del Instituto Andaluz de Administración Pública de la Junta de Andalucía.
Intentaremos tomar nota de todo para contarlo en este blog a los que no podáis asistir. Entre otras cosas, intentaré indagar (en público o en privado) si la reforma del INAP va adelante o se ha metido en el cajón de los olvidos; este tipo de organismos, o se adaptan a los tiempos, o al final suponen un gasto público con resultados cuanto menos discutibles... y ahora que se miran los presupuestos públicos con lupa....
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lunes, julio 06, 2009
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miércoles, 1 de julio de 2009
Redtrabajo: servicios públicos de empleo 2.0
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miércoles, julio 01, 2009
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