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reflexiones sobre administración pública inteligente

lunes, 8 de febrero de 2016

Directivos públicos: 10 principios

Ahora que se debate sobre la formación de un nuevo gobierno es de esperar que en la próxima legislatura esté quien esté al frente de la Administración general del Estado impulse el ya de tan  esperado casi olvidado, Estatuto del Directivo Público Profesional.

En algún momento, digo yo, se tendrá que proceder a la tan necesitada reforma en profundidad del empleo público español, en la línea que tímidamente apuntó el Estatuto Básico del Empleo Público del 2007. Tan sólo Cataluña, en la pasada legislatura, dio algún paso valiente en este sentido porque algunos de los dados en otras CCAA no vale la pena ni comentarlos por lo poco novedosos que resultan.

En el ámbito del Estado ésta es una de las asignaturas pendientes. Una asignatura un tanto incómoda, porque si se plantea de forma valiente presentará una fuerte oposición en determinados estamentos y un retorno en términos de visibilidad política un tanto limitado. De ahí que, siendo un aspecto fundamental para la transformación de nuestro sector público, no haya formado parte de las prioridades en la agenda política hasta ahora.

En la próxima legislatura quizá esté nuevo sobre la mesa. Desde este blog me atrevo a proponer diez puntos concretos que debería contener cualquier proyecto para este nuevo Estatuto que se precie:

  1. Extensible a todo el sector público (administrativo, fundacional o empresarial).
  2. Formar parte de las relaciones de puestos de trabajo, con un ámbito concreto perfectamente definido, y diferenciado de los puestos de naturaleza política por un lado y del resto de estructura administrativa por otro. No son técnicos; tampoco, políticos.
  3. Dotado de competencias de naturaleza gerencial.
  4. Con ámbito de responsabilidad propio. Es la condición básica si queremos que esté sometido a evaluación.
  5. Con una relación contractual específica , no necesariamente administrativa.
  6. Proceso de selección sin más limitación que la acreditación según principios de mérito y capacidad de las competencias que demanda cada puesto de trabajo concreto.
  7. Una retribución sea competitiva e incentivadora, al menos para poder atraer también al sector público a los mejores profesionales. Difícil en los tiempos que corren.
  8. Garantías para cierta estabilidad en el empleo que dependa entre otros factores del resultado de su gestión y no exclusivamente de criterios de confianza política.
  9. Compromisos de cumplimiento de los fines, pero sin olvidarnos de los medios. 
  10. Elevados estándares de exigencia ética y valores inherentes al servicio público.

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