i-public@: Fin de legislatura: el decálogo pendiente

El mes de agosto suele determinar el fin del curso político. Este año parece que algo más: se respira fin de legislatura y fin de ciclo.

Esperar, por tanto, grandes novedades de aquí a la convocatoria electoral en materia de políticas de reforma administrativa es poco realista.

Aprovechemos que nos vamos de vacaciones para repasar cómo están algunos de los asuntos que han sido protagonistas en este periodo:

Ley de Transparencia: añorada y reclamada hasta la saciedad, por diversos actores políticos y sociales. Es sonrojante que España sea uno del puñado de países europeos que aún no la tiene. Aunque en el último Debate del Estado de la Nación hubo un amago de sacarla del cajón (resolución del grupo socialista) me temo que va a continuar allí por algún tiempo.
Observatorio del Empleo Público: hace un año por estas fechas hablábamos de él. Y no hemos vuelto a hacerlo. Se apuntaba como una herramienta de estudio para proponer los numerosos cambios que son necesarios en la AGE en materia de plantillas. Una nueva muestra de que el papel del BOE lo soporta todo.
AEVAL: sus excelentes profesionales siguen trabajando en los encargos que el Gobierno les realiza cada año. Pero no es suficiente: en los tiempos que corren evaluar las políticas públicas, saber qué efecto está produciendo cada euro de gasto público, es determinante. Y no parece ser éste el enfoque que se le está dando a la agencia, cuya utilización como un órgano administrativo de baja intensidad, deja mucho que desear.
Ley de Función Pública de la AGE: cuatro años pendiente y completamente fuera de la agenda política del ejecutivo. Pero daría igual: si va a seguir la línea continuista que han elegido algunas CCAA en sus leyes de desarrollo sería irrelevante. Un desarrollo del EBEP continuista no es precisamente el golpe de timón que necesitan nuestras Administraciones.
LOFAGE: en el programa socialista figuraba una propuesta de cambio en esta ley que tiene ya casi quince años. La idea era buena: flexibilizar y aplanar estructuras administrativas. Pero ni está ni se le espera.
Reducción de cargas administrativas: imprescindible. Hay que valorar el esfuerzo que se ha venido realizando en esta legislatura. Pero queda camino que recorrer porque las trabas y dificultades siguen siendo importantes. La ley de Economía Sostenible sigue apuntando y profundizando en esa direccióin.
Administración electrónica: prácticamente automatizados los procedimientos (AGE) tocaba ya empezar a promover su utilización tanto en clave externa como interna. La campaña de comunicación impulsada -con poco presupuesto- desde el ministerio es un buen paso adelante que debe tener continuidad para que el mensaje cale especialmente en los ciudadanos. En cuanto a los impactos internos todavía están por ver.
Agencias: diversas razones las han llevado al olvido. Por ejemplo, los miedos de Hacienda a que una gestión descentralizada pueda disparar el gasto o los errores (de explicación fundamentalmente) cometidos en Andalucía. Costará llevarlas de nuevo al epicentro de la acción.
Oferta Empleo Público: seguirá raquítica. No es buen momento para opositar. Quizá sí lo sería para reformar el sistema de acceso. Falta hace.
Justicia: ¿algún día veremos los edificios judiciales vacíos de montañas de expedientes en papel? ¿se agilizarán los procedimientos? Ese es el objetivo que emprendió el ministerio con un programa de reformas valiente. Queda mucho trabajo por hacer y presupuesto que destinar. Los últimos proyectos legislativos van por el buen camino.