El 2010 que viene en las Administraciones públicas

El año 2009 ha sido un tanto decepcionante en cuanto a las políticas de reforma y modernización de las Administraciones públicas. La crisis ha ocupado el centro de la atención política y si ya era complicado que este tipo de proyectos se hicieran hueco en las agendas políticas ahora menos todavía. El balance es pobre si exceptúamos algunas iniciativas aisladas como el acuerdo Gobierno-sindicatos para el desarrollo del EBEP, el desarrollo parcial de la LAECSP o la estrategia para la reforma de la Administración de justicia.

¿Será el 2010 mejor? Aunque a estas alturas se recomienda ser optimista de cara el futuro tengo mis dudas. La crisis seguirá siendo el tema estrella y centrará la mayor parte de las iniciativas. Existe un consenso cada vez más generalizado que el escenario post-crisis demandará cambios importantes en las Administraciones públicas, especialemente en las más ancladas en modelos burocráticos poco idóneos para los retos que se presentan. Eso al menos es lo que "de boquilla" se plantea en el desarrollo de los importantes proyectos legislativos puestos en marcha por el Gobierno central: la ley de Economía Sostenible y la recién aprobada Ley Omnibus que desarrolla la Directiva Europea de Servicios. Ambas contienen elementos que impactan directamente al funcionamiento de las Administraciones públicas que tendremos que ver si una vez aprobadas se materializan o simplemente quedan en fuegos de artificio.

Otro de los puntos fuertes del 2010 será la negociación Gobierno-Sindicatos para el desarrollo del Acuerdo firmado hace unos meses sobre medidas en materia de función pública. Es previsible que se aprueben proyectos de leyes de función pública a nivel central y autonómico que sería deseable incorporan importantes novedades relativas a la organización y funcionamiento del empleo público. Un sueño sería que se abordara de forma valiente y rigurosa el transcendental asunto de la dirección pública profesional. Igualmente está por ver si se van a acometer las necesarias medidas de racionalización de las estructuras públicas que recoge dicho Acuerdo y el proyecto de Ley de Economía Sostenible, tan necesarias para contener el gasto de las Administracioneos. Veremos.

La propia evolución de la economía está pidiendo a gritos una utilización más intensa de la colaboración público-privada, en especial en campos como la innovación, infraestructuras, servicios sociales o energía. Previsiblemente seguiremos descubriendo más iniciativas de este tipo aunque sería necesario profundizar en una mejor regulación de estas colaboraciones (con mejor control incluido) por parte de los poderes públicos.

La e-Administración sigue su curso y una vez pasado el plazo legal (incumplido) al que obligaba la LAECSP seguirá progresando en el conjunto de las Administraciones. A buen seguro existirán nuevos desarrollos reglamentarios a nivel del Estado, así como la creación de nuevas sedes y registros electrónicos en los diferentes departamentos. La interoperabilidad será otro de los asuntos en los que se va a trabajar con más intensidad así como en lograr una mayor utilización del eDNI. Una pena que la e-Administración esté también burocratizándose (no hay más que ver algunas órdenes ministeriales) y no esté sirviendo (al menos de momento) de coartada para cambios en mayor profundidad en el funcionamiento interno de estas organizaciones.

En materia de open government pienso que 2010 debería ser el año en que de verdad se comprobara si estamos hablando de algo serio o simplemente un bluff. Seguramente sigan proliferando como setas iniciativas aisladas de ayuntamientos, entidades, algún gobierno, etc. sobre utilización de herramientas 2.0. Pero eso no es suficiente, más allá de cumplir el expediente, darse un barniz de modernillos y quedar como Dios. El reto es ver si al máximo nivel existen compromisos de desplegar un gobierno y una Administración abiertos como política transversal y si dichos compromisos se plasman en aspectos concretos. Quizá alguna CCAA o algunos ayuntamientos nos den alguna sorpresa.

Y por último está la reforma de la justicia. En mayo se van a poner en marcha las oficinas judiciales piloto y se están dando ya pasos en firme a nivel tecnológico para crear un sistema para integración de la información procesal, culminar la digitalización de registros civiles, un portal para interaccionar electrónicamente con la Administración de justicia o la informatización de diversos trámites procesales.