Externalizaciones de servicios públicos: dos ejemplos contrapuestos

La cuestión de externalización de servicios en el ámbito público es un asunto complejo. Detractores y defensores utilizan diversos argumentos, contrapuestos, para defender una u otra postura. Como en tantas y tantas cosas, desde nuestro punto de vista, en los extremos no suelen estar las mejores soluciones: la decisión "sí o no" a una externalización es una decisión de tipo contingente, dependerá de qué servicio, de cuál es su criticidad, de qué momento, de qué situación interna tenga, de qué posibilidades haya en el ámbito privado, etc., etc., etc.

El Ayuntamiento de Madrid es una de las instituciones públicas más activa en este espinoso asunto. El alcalde de Madrid, "en caliente" por el caso de la Operación Guateque (el escándalo en el proceso de concesión de permisos de obra en la capital), apostó por externalizar el servicio "como medida para acabar con la corrupción.. y ... aumentar la eficacia y eficiencia". Ya dimos nuestra opinión al respecto.

En los últimos días se plantea un nuevo debate sobre si es conveniente la externalización en dos nuevas áreas: la gestión de servicios tributarios y la atención municipal al ciudadano. Son dos buenos ejemplos porque se trata de servicios muy distintos en cuanto a su complejidad, su impacto estratégico o el tipo de recursos implicados.

En el primer caso estamos hablando de manejar el dinero de los contribuyentes, lo que supone disponer de las debidas garantías y controles en todo el proceso por cuanto significa el disponer de un dinero ganado a pulso por los ciudadanos para impulsar políticas públicas, así como la disponibilidad de utilizar nuevas tecnologías sumadas al capital intelectual de elevada cualificación necesaria para las tareas superiores de planificación y gestión tributos. En el segundo caso hablamos de servicios auxiliares, de un impacto relativo, cuyo valor aportado puede ser obtenido mediante una formación sencilla y que demanda de una gestión flexible para lograr la debida eficacia. Por tanto, parecen dos ejemplos en los que la externalización es menos recomendable (la gestión tributaria) o puede ser una buena solución (la atención ciudadana).

Evidentemente el mundo de la empresa es favorable a la externalización de la gestión pública. Al fin y al cabo, hay un importante nicho de mercado con buen beneficio en este campo, y es lógico ese interés empresarial. La dificultad radica muchas veces en tomar una decisión que puede ser clave para el gestor público, por las implicaciones que conlleva.

Seguramente será uno de los temas estrella en el acto del próximo jueves 12 de junio en ESADE. Empresarios y directivos públicos nos podrán contar sus puntos de vista en esta cuestión que es central en la gestión pública del siglo XXI. Todavía hay plazas por si os animáis.