¿Una Administración cara e inflada de personal?

Los malos tiempos que corren están teniendo efectos negativos directos sobre el empleo y los derechos de los trabajadores, lo cual está llevando a muchos ciudadanos al paro o a la precariedad. Aprovechando esta coyuntura se reaviva cierta retórica facilona y mensajes simplistas que calan fuerte en personas que muchas veces están en situación desesperada. Algunos de ellos tienen que ver con la Administración y el empleo público, dando a entender que ésta anda inflada de personal y nos sale muy cara; con la gente sensible, ideas (arraigadísimas) como que los empleados públicos son una especie de casta privilegiada y parásita adquieren una fuerza espectacular.

Las cosas, sin embargo, no son tan simples como parece, resultando que cualquier esfuerzo simplificador levanta sospechas de ser un tanto tendencioso en el sentido de buscar el desprestigio de lo público y negarle su legitimidad.

¿Está inflado de personal el sector público español ? Pues depende. Primero, hay que distinguir el personal de naturaleza política del profesional. En el primer caso, es cierto que en algunas Administraciones hay una estructura injustificada (la AGE por ejemplo dispone de un número de ministerios que no se sostiene) o el número de asesores y otros cargos de confianza se podrían racionalizar. Ya conocemos la lógica (con la que discrepo, por cierto) por la que se mueve la política: la gente del partido aprieta fuerte y piden sus recompensas.

Otra cuestión es la de los profesionales. Si le preguntamos a un médico, un enfermero, un maestro ,un cartero, un bombero o un policía se echarían las manos a la cabeza porque el crecimiento de estos profesionales públicos no está directamente vinculado a las necesidades que surgen en los diversos servicios que han de atender. Teniendo en cuenta que la mayor parte de efectivos públicos están en estos colectivos y que son los servicios públicos más y mejor valorados por los ciudadanos, no parece que haya tantos desmanes (salvo que pensemos que la provisión de estos servicios no deban hacerse por el Estado sino por empresas privadas). Otro tema es el exceso que en ciertas Administraciones provoca un aparato burocrático carente de sentido con una normativa y procedimientos inadecuados; aquí, efectivamente, podría sobrar personal, pero no de cualquier categoría profesional (¿alquien cree que hay exceso de inspectores de hacienda vigilando el fraude?), sino de las capas inferiores del escalafón administrativo.

¿Es una Administración cara? La misma historia. Cualquier profesional público español tiene un sueldo muy por debajo del de sus colegas europeos (de hecho, los médicos muchos de ellos se van al extranjero por mejores salarios); en numerosos casos los funcionarios no pasan de ser unos simples mileuristas (con fijeza en el empleo, pero mileuristas). Por tanto, de sueldos públicos la cosa no va. De nuevo podemos pensar que la provisión privada de servicios públicos resultaría una opción más económica para el contribuyente, cosa que no está tan clara y estaría por ver.

Con la crisis se está comprobando la importancia de lo público: lo importante es que esa Administración aporte el máximo valor a los ciudadanos. Para ello tendrá que estar bien dimensionada, pero también bien pagada. En ese caso, los retornos que proporcionará superarán con mucho a los costes, aunque muchos de ellos sean intangibles. En España, esto no ocurre, es decir nuestro sector público no está bien dimensionado ni tampo bien pagado. Seamos prudentes con ciertas afirmaciones: las cosas son mucho más complejas de lo que parece.