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reflexiones sobre administración pública inteligente

miércoles, 25 de abril de 2012

Un sector público improductivo, con matices

Hace unas semanas asistí en el Ayuntamiento de Madrid a la conferencia "Recursos Humanos en contexto de crisis" que impartió el profesor Francisco Longo, director del Instituto de Gobernanza y Dirección Pública de ESADE. Os transcribo algunas de las notas que tomé por si son de vuestro interés; por supuesto son afirmaciones y datos sujetos a todo tipo de opiniones.

El profesor Longo inció su intervención reivindicando la necesidad e importancia del sector público, en estos momentos más que nunca. Por ello precisamente urge su reforma y más concretamente en el ámbito del empleo público que supone un 12% del PIB y es la partida más importante (en porcentaje) del gasto público.

¿Tenemos una Administración sobredimensionada? Si nos referimos exclusivamente al tamaño no. Ofreció datos que demuestran que España está algo por debajo de la media de los países de la OCDE en número de empleados públicos. Pero también se refirió a la evolución en la primera década del siglo XX, donde España incrementó su nómina de trabajadores sensiblemente más que la media de los países avanzados; así mientras que en la AGE la reducción ha existido pero escasa, el crecimiento de el empleo autonómico fue elevado después de las transferencias. No obstante, este crecimiento fue desigual: mientras que en Cataluña se llegó hasta una ratio de 3,3 empleados por cada 100 habitantes, en Extremadura lo es de 8,8. Por último, incidió que en España el recurso al sector privado para la provisión de servicios públicos es menor que en la OCDE.

¿Tenemos una Administración productiva? Según Longo no: la masa salarial pública ha crecido (en términos agregados) hasta el 2010 por encima de la media del país mientras que el trabajador público trabaja en promedio menos que la media europea. Posteriormente matizó estos números macro, refiriéndose que el salario superior a la media y el número de horas inferior se produce en segmento menos cualificado del empleo, mientras que en el más cualificado (representa un porcentaje menor) podría ser al contrario.

¿Tenemos un empleo público efectivo? La falta de efectividad de nuestras Administraciones se debe, en su opinión, a déficits en la gestión del empleo público. No existen mecanismos adecuados para gestión de personas. ¿Por qué? El modelo es uniforme y rígido, la burocracia un corsé demasiado apretado, la tasa de cualificación muy baja y no hay una cultura de management implantada.

¿Qué reformas son posibles? A corto plazo lo único que veremos son ajustes. Pero a medio-largo plazo deberíamos pasar del recorte a las reformas. Por ejemplo, pasar de un modelo único y homogéneo de empleo público a otro donde convivan diferentes modelos. Implantar prácticas avanzadas que equilibren mérito y flexibilidad: tecnificar plantillas, sistemas de valuación, flexibilidad en la compensación, dirección pública con gestores dotados de estabilidad y autonomía, diferenciados de los cuerpos y protegidos de la colonización pardtidista.



martes, 17 de abril de 2012

La condena de la empresa pública


Lo que podían ser tiempos de renovadas brisas modernizadoras en la gestión pública se están mostrando en tiempos de regresión. Podríamos hablar del empleo público y de la paralización total de iniciativas destinadas a su reforma mediante un desarrollo inteligente del Estatuto Básico del Empleado Público.

Pero hoy toca hablar de involución en otro ámbito distinto (aunque relacionado) como es el modelo organizativo del sector público. Tantos años de crisis como llevamos, tantos años como se viene cuestionando la proliferación de determinadas formas organizativas como agencias o sociedades mercantiles públicas. Se vende un crecimiento desorbitado de las mismas motivado por la decisión nada inocente de eludir los sistemas clásicos de control en aspectos clave como la gestión económico-presupuestaria o de personas, práctica ésta tendente a favorecer el enchufismo y el mal uso de los recursos públicos.

Esta asociación real, fortuita o intencionada, ha producido un efecto inmediato: el ciudadano vincula empresas públicas o agencias a un crecimiento desproporcionado e injustificado del sector público unido a la idea de despilfarro o corrupción.

No tengo ninguna duda que malas prácticas las ha habido -seguramente no unas cuantas sino bastantes más - pero para curar la rabia no es preciso matar al perro criminalizando formas jurídicas que tienen toda su razón de ser en el complejo mundo de la gestión pública.

No olvidemos que la utilización de estructuras descentralizadas en el sector público - recomendado por organismos internacionales respetados como la OCDE - responde a la necesidad de adaptar las monolíticas burocracias públicas a las exigencias planteadas por una creciente actividad destinada a la prestación de servicios, actividad ella sensiblemente diferente a la tradicional de ejercicio de autoridad para la que el modelo clásico centralizado y anclado en el procedimiento había sido concebido. Esta necesidad imperiosa de flexibilizar estructuras aconseja adoptar nuevas formas jurídicas de organización como por ejemplo la agencia o empresa pública, regidas por reglas próximas al derecho privado y donde el control no se realiza ex-ante del proceso sino en virtud de unos objetivos-resultados asignados al ente descentralizado. En mi opinión una vía interesante, preferible en la mayoría de las veces al atajo de la privatización pura y dura de la gestión de servicios.

Evidentemente los excesos cometidos deben ser corregidos, las unidades organizativas vacías de contenido liquidadas y las redundancias optimizadas. Pero el peligro es cuestionar el fondo de la cuestión: ¿queremos un sector público flexible, ágil y eficiente que pueda cumplir con éxito su misión de servicio ? Si la respuesta es afirmativa, no queda otra que reconocer la valía de agencias o empresas públicas, potenciarlas y corregir los defectos observados (por ejemplo, intensificando los controles). En caso contario, retornar a modelos administrativistas de gestión o directamente privatizar supondrá renunciar a una eficacia en la gestión y la consiguiente pérdida de retorno en términos de valor público para la sociedad. Nada más y nada menos.

viernes, 13 de abril de 2012

El desprestigio del funcionario

Por su interés reproduzco el artículo publicado en La Vanguardia el 12 de abril del 2012

El desprestigio del funcionario, de Àngel Castiñeira y Josep M. Lozano en La Vanguardia

Hace unas semanas, en un funeral, cuando se hizo el merecido elogio del fallecido se destacó algo así como que había trabajado con gran compromiso y dedicación y, se añadió, “no como un funcionario”. Hasta ahí podíamos llegar. Tenemos un problema. Un serio problema. Algo va mal, muy mal, cuando “funcionario” solo se usa como manera de insultar o descalificar a alguien. Una funcionaria de dedicación y convicción –pero también con buenas dosis de frustración– comentaba no hace mucho que cuando su hija le planteaba cómo enfocaba sus estudios universitarios y su carrera profesional ella le decía “sobre todo, no te hagas funcionaria”.

Tenemos no uno, sino dos problemas. Dos serios problemas. Por una parte, la consolidación del estereotipo sobre los funcionarios, como si fueran unos vagos y acomodados recalcitrantes. Y, en el contexto de la crisis actual, esto se adereza con el mensaje de que son unos privilegiados. Que hay fundamento empírico para que según qué valoraciones no cabe la menor duda, y no perderemos el tiempo en ello. Que algunas prácticas sindicales no ayudan precisamente a disolver algunos estereotipos, tampoco lo negamos. Pero hay multitud de funcionarios con vocación y compromiso de servicio público desaprovechados y desanimados en una estructura de la administración pública cuya reforma es una de las más clamorosamente y reiteradamente incumplidas promesas electorales. Una administración en la que demasiado a menudo si trabajas bien no pasa nada, y si trabajas mal, tampoco. Los directivos y profesionales con vocación de servicio público en la administración pública no son, como se decía antes, ni vagos o maleantes ni –como se podría deducir del CV de la mayoría de actuales ministros del Gobierno de España– políticos agazapados a la espera de o en transición a cargos políticos. Pero la falta de reformas en la administración y la falta de reconocimiento y valoración del trabajo específico de directivos y profesionales con vocación de servicio público hace más penosa y depresiva su situación y más lacerante el uso de “funcionario” como forma de desconfianza, insulto o desprecio.

En los últimos tiempos, por ejemplo, se ha puesto de moda lamentarse hipócritamente cuando algunas encuestas nos revelan que nuestros jóvenes preferirían ser funcionarios. No lo tenemos tan claro. Los jóvenes no quieren ser funcionarios: lo que quieren es tener un trabajo estable, que es muy distinto. Claro que hay quien confunde estable y garantizado de por vida, pero ante lo que está cayendo algunas jeremiadas de opinador profesional no son más que cinismo. ¿Tan irracional e irresponsable es que alguien aspire a un mínimo de estabilidad laboral? Y, claro, la gente mira a su alrededor y encuentra la estabilidad donde la encuentra. Aún no hemos constatado nunca que alguno de los que se lamentan de que haya un número significativo de jóvenes que dice querer ser funcionario profiera este lamento desde una situación personal de precariedad e incertidumbre laboral. Algunos de quienes se lamentan son a su vez funcionarios.

Y frente al escándalo que les genera a algunos tamaña insensatez juvenil, se contraponen los míticos y mitificados valores que atesoran los emprendedores. Necesitamos potenciar, reforzar, facilitar y apoyar a los emprendedores. Sin ellos no saldremos de la crisis. Todo lo que sea crear condiciones para el desarrollo empresarial y emprendedor será poco. Pero reconocer todo lo anterior no nos debe hacer olvidar algo cada vez más constatable: el discurso a favor del espíritu emprendedor se está usando como una forma de culpabilización. Es como si se dijera a tanta y tanta gente: si las cosas no te van bien, tu verás; a ver si espabilas, porque de ti depende todo. Hay que valorar, potenciar y reforzar el esfuerzo y la iniciativa, y combatir una cierta pasividad acomodaticia que siempre espera que venga alguien a resolverme los problemas. Pero no todo el mundo puede, quiere –ni debe– ser emprendedor. Y hay que combatir la tendencia creciente a reducir los problemas sociales a (in)capacidades personales. Es como si la nueva ideología dominante consistiera en predicar que las cosas están mal, pero que cada uno es el único culpable de lo que le pasa.

Pues bien (y para decirlo provocativamente): ojalá hubiera más jóvenes que, de verdad –pero de verdad–, quisieran ser funcionarios. Porque aquí es a donde queríamos llegar. El uso de “funcionario” como insulto y desprecio esconde y expresa el gran problema que tenemos entre manos: la desvaloración de lo público, de la orientación al bien común y, más concretamente, del servicio público. Y esto es algo que nunca nos deberíamos permitir. Necesitamos una administración pública más ágil, eficiente, transparente, orientada a resultados, respetuosa con el ciudadano y a su servicio; con una actitud que no sea prepotente pero tampoco servil con el ciudadano, al que también hay que educar en los deberes de una ciudadanía responsable y no reducirlo a ser un demandante insaciable de servicios públicos. Todo esto requiere algo fundamental: el reconocimiento, la valoración, la promoción y el prestigio del servicio público, de los servidores públicos, de los… funcionarios.

El uso generalizado y peyorativo de “funcionario” como un arma de desprestigiomasivo no es más que un estúpido modo de erosionar y disolver nuestra propia condición de ciudadanos.

Àngel Castiñeira y Josep M. Lozano, profesores de Esade (URL).

lunes, 2 de abril de 2012

La transparencia opaca


Ahora más que nunca está de moda la transparencia. Tanto es así que el gobierno ha incluido un proyecto de ley de Transparencia y Buen Gobierno en sus primeros cien días de ejercicio. Sin duda una buena noticia que la transparencia y el buen gobierno entren en la agenda legislativa con tanta fuerza.

Digo bien ("entrar en la agenda legislativa") porque siempre han estado instalados en el discurso político, en la retórica de los portavoces de todos los partidos, pero no tanto en las leyes y mucho menos en los hechos. Nunca se había promovido una ley de transparencia (sí códigos de buen gobierno) y menos en tan breve periodo de acción gubernamental. La frustración con el sí-pero-no que el anterior gobierno se trajo con una iniciativa similar contrasta con la firme decisión mostrada por los que les sustituyeron. Hasta aquí aplausos y felicitaciones a nuestros dirigentes.

La sorpresa viene cuando uno pasa de los titulares de prensa y la referencia del Consejo de Ministros a conocer en detalle el proyecto de ley aprobado hace unos días y que pronto inciará su senda parlamentaria. Comprobamos entonces cómo realmente estamos hablando de:

  1. Una transparencia en apariencia, porque la propia ley pone cortapisas a las posibilidades que los ciudadanos tienen de obtener información.
  2. Una transparencia viciada donde se sigue otorgando a la Administración un papel preminente en la relación con el ciudadano.
  3. Una transparencia limitada, al estar enfocada al control económico de la acción de gobierno y no como un compromiso amplio y decidido con el gobierno abierto.
  4. Una transparencia anticuada, por estar considerada como un procedimiento más del poder burocrático tradicional que la Administración ejerce frente a sus administrados.
  5. Una transparencia opaca, donde por ejemplo se piden aportaciones pero no se permite a los ciudadanos ver cuáles son, opinar sobre las mismas y comprobar si se han tenido en cuenta o no.
  6. Una transparencia engañosa, porque se habla de transparencia pero no se ponen los medios para que las decisiones públicas en su conjunto sean cristalina de cara a los ciudadanos; todas, no sólo las burocráticas (p.ej. procedimientos de contratación) sino también las políticas puedan ser conocidas en detalle y evaluadas por los ciudadanos.