La Administración cerrada que no se abre

Ayer conocíamos que la ley de Transparencia y Libre acceso de los ciudadanos a la información en poder de las AAPP no forma parte del calendario legislativo del gobierno de aquí a que acabe la legislatura el año próximo. Hablando claro: estaba en el cajón y el cajón quedará hasta no se sabe cuándo.

Es una mala noticia para todos los que con convicción defendemos la necesidad de un gobierno abierto. Pero a nadie puede sorprender. El anteproyecto de ley lleva meses dando vueltas y vueltas por los diversos negociados afectados pero sin una verdadera voluntad política de sacarlo adelante. Y ahí está el quid de la cuestión: para avanzar en el Open Government es necesaria una conjunción de importante compromiso político (a materializar en impulso) y un aparato administrativo proclive a dicho cambio.

A diferencia de algunas Comunidades Autónomas como la vasca ninguno de los dos parecen existir a nivel de Estado central. En el primer caso existe por lado un Lehendakari que concreta su discurso en decisiones tangibles que incluyen la creación de una estructura organizativa que dé soporte a esta política y el establecimiento de medidas específicas de coordinación, comunicación, etc.; y por otro, una Administración, con los vicios de todas, pero más joven y flexible que es capaz de acompañar en el proceso.

A nivel de Administración General del Estado la política de gobierno abierto no ha fracasado. Simplemente no ha existido, como he denunciado en anteriores ocasiones. Las promesas electorales y palabras huecas que a algunos parecían ilusionar se han concretado en poco o nada, y lo poco ha sido para relegar a los escasos instrumentos de transparencia y rendición de cuentas existentes como la Agencia Estatal de Evaluación (AEVAL).

Pero no nos engañemos, el nivel político no es todopoderoso, requiere de un aparato administrativo que digiera sus decisiones y las implante, sin mencionar las numerosas ocasiones que iniciativas incluidas en las agendas políticas salen de las diferentes capas administrativas en un proceso bottom-up que es poco conocido para quienes no hayan trabajado en lo público. Para mover a una AGE tan poco proclive en este sentido, anclada años y años en el autismo, hace falta mucho impulso y del bueno. Que simplemente no existe.

Esta es la cuestión, el gobierno abierno no cuaja a nivel central y en este post he intentado aportar algunas de mis opiniones. Vosotros tendréis unas cuantas más. Seguro.