Los tiempos que corren se caracterizan por esquemas de gobernanza cada vez más complejos. A nivel estatal la capacidad de decisión política (competencias) está fragmentada entre diferentes estructuras de poder territorial. Un esquema descentralizado que se complica cuando, además, muchas de las políticas tienen que ponerse en común en organismos multilaterales supranacionales.
Por ejemplo, la reciente crisis de deuda ha puesto de manifiesto la necesidad de una coordinación más intensa en políticas económicas, financieras y monetarias entre los socios de la unión y del euro. Se está replanteando la llamada gobernanza económica en el sentido que la Comisión previsiblemente va a tener capacidad de supervisar las cuentas públicas condicionando las decisiones de los parlamentos nacionales, en un ejercicio claro de cesión de soberanía.
Todo este proceso y otros similares se llevan a cabo bajo un aparentemente bien engrasado institucionalismo que permite un minucioso proceso de toma de decisiones de alto nivel en un escenario de precarios equilibrios e intereses contrapuestos. Qué duda cabe que en el caso de la construcción europea o en otros con el tiempo los resultados acaban llegando, con el tiempo pero llegan.
La pregunta es: ¿cómo los ciudadanos están condicionando este proceso? ¿realmente se les está teniendo en cuenta? Acaba siendo un problema cuando los ciudadanos perciben este institucionalismo como algo alejado sobre el que poco pueden actuar con sus decisiones. Cualquier encuesta sociológica reciente refleja que la ciudadanía ve con distancia y desconfianza todo este "tinglado" sobre el que se asienta el funcionamiento de la cosa pública, sensación agravada por una crisis que cae de lleno sobre millones de familias.
Por ello se plantea un reto importante: ¿cómo conjugar gobierno abierto con un institucionalismo que tiende a encerrarse sobre si mismo? ¿ cómo ir abriendo cauces de participación efectivos en un contexto intrínsecamente hostil? Las respuestas seguramente no son nada fáciles.
Una posible solución viene con un cambio hacia un modelo de gobierno abierto que vaya más allá y se entienda como un cambio sustancial en la propia naturaleza de nuestras democracias y cambios radicales en la arquitectura del poder. Una aportación sería enfocar el debate en la esencia del problema incorporando al habitual discurso (perspectiva tecnológica) otros puntos de vista de naturaleza filosófica, jurídica y de ciencias de la administración. Quizá de esta manera, sumando presión social e intelectual desde diversos frentes el problema puediera acabar entrando la agenda política. Algo que hoy todavía quejos lejos.
No deja de ser curioso que al hablar del Gobierno Abierto nadie ponga encima de la mesa la apertura de las relaciones entre las AAPP. Y respecto a la revisión de presupuestos me asalta una duda desde que lo leí, ¿se van a revisar TODOS los presupuestos del Estado español, los del Gobierno Estatal y los de las CCAA? En caso que sea así (que lo dudo), ¿van a ir 1+17 al ECOFIN a defender los puntos que cuestione la Comisión?
ResponderEliminarMe parece muy interesante el tema que planteas en este post. Seguro que ayudaría para acercar las instituciones a la ciudadanía que éstas ejercieran sus funciones de una forma más transparente y participativa, como también lo haría que las Administraciones colaborasen más entre ellas, por encima de sus intereses particulares.
ResponderEliminarTambién contribuiría en este sentido adecuar la estructura administrativa a la realidad actual, dotando de más competencias a las instituciones más cercanas a la ciudadanía (los ayuntamientos) y distribuyendo las demarcaciones municipales de forma que los Ayuntamientos tengan una dimensión más adecuada para poder gestionar los servicios (casi 9000 ayuntamientos es un despropósito).
Y, finalmente, también algunos cambios en el sistema electoral ayudarían a legitimar las instituciones. Estos cambios deberían dar más poder a la ciudadanía frente a los aparatos de los partidos. Por ejemplo, las listas abiertas.