Cada vez va quedando más claro que en lo público una cosa son las palabras y otras los hechos, que raras veces las unas y las otras guardan relación. También parece más evidente que hacer leyes es una cosa, cumplirlas otra bien distinta y exigirlo en los tribunales no te quiero ni contar.
El otro día hablábamos sobre las dudas que despierta la anunciada (que no aprobada) ley de Transparencia. Hoy nos tenemos que hacer eco de la noticia que revela Expansión sobre el incumplimiento, por parte del sector público, de la ley de Morosidad a los pocos meses de haber entrado en vigor. Como suele ser habitual en los artículos periodísticos hay algunas imprecisiones y cierta demagocia, pero ¿es que alguien esperaba otra cosa?.
Aunque es pronto para hacer balance lo que mal apunta mal acaba. Mucha y buena voluntad legislativa de acabar con la morosidad puede haber pero si antes no se ha resuelto el problema de la financiación de ciertas AAPP (entidades locales en este caso) difícilmente éstas podrán pagar a sus proveedores cuando casi no pueden pagar a sus empleados. Los ayuntamientos no sólo están secos sino que difícilmente pueden encontrar otras fuentes de ingresos que no sean las transferencias, con los impuestos vinculados al ladrillo bajo mínimos y la prohibición de endeudarse impuesta por el gobierno central. ¿Qué les queda? Pues a la espera de más recursos, revisar sus presupuestos y recortar, difícil papeleta teniendo en cuenta que los servicios públicos que prestan son básicos y, sobre todo, con la amalgama de intereses particulares, clientelismos y proceso electoral que tienen por delante.
La financiación local es un asunto prioritario que debe entrar en la agenda política. Pero hacerlo cuando no hay recursos es como lograr la cuadratura del círculo. Si además hay elecciones, un imposible.
No hay comentarios:
Publicar un comentario