Palabras y... ¿hechos?

El pasado martes 2 de marzo la vicepresidenta del Gobierno compareció ante la Comisión Constitucional del Congreso para explicar las líneas generales y prioridades de su departamento en materia de función pública. La comparecencia completa la podéis obtener aquí, del Diario de Sesiones.

Mi primer comentario es sobre el momento de la comparecencia. Puede que más de uno os quedéis perplejos (como me quedé yo) por el hecho de que la responsable política de esta materia tarde, nada más y nada menos, que un año para acudir al Congreso para contarle a SS.SS lo que pretende realizar. Alucinante ... y más cuando se han venido anunciando acuerdos de calado o ha pasado en este periodo una secretaria de estado por el cargo. Algún diputado de la oposición se lo recrimina; la supuesta causa los "trámites de la burocracia parlamentaria". Repito, alucinante. En cualquier caso, si la comparencia y la nueva secretaria de estado sirven para un mayor impulso político a las medidas en marcha bienvenidos sean ambos.

En segundo lugar, los contenidos. Nada nuevo, reiterar las medidas ya conocidas: congelación salarial virtual, reducción de gasto público vía limitación al 10% de la tasa de reposición, la puesta en marcha del Observatorio sbre el Empleo Público y los esperados planes de racionalización de recursos humanos y de reestructuración de la AGE y el sector público empresarial.

Espereremos y veamos porque son varios los casos en que las palabras no coinciden con los hechos. La congelación salarial es un hecho, es verdad (ya veremos qué pasa con la claúsula de revisión en 2012) pero otras cuestiones presentan algunas contradicciones entre palabras y hechos o simplemente ponen de manifiesto la supuesta doble alma de este gobierno (otro portavoz parlamentario, s.i.c.). Dos ejemplos: 1) mientras la vicepresidenta adorna su intervención destacando el valor de lo público, el valor y la acción del Estado como garante del interés general y del bienestar social, sorprende la dejadez y destinterés del Gobierno en relación a servicios públicos vertebradores social-económica y territorialmente; 2) mientras la vicepresidenta habla de limitar la tasa de reposición para reducir la factura del capítulo I y adaptar la estructura y la organización a las exigencias y necesidades actuales del servicio público, no paran de llegarme casos de departamentos ministeriales que siguen sacando a cobertura vacantes de puestos administrativos y auxiliares, de naturaleza burocrática, en algunos casos nutriéndose de efectivos de otras organizaciones públicas que los necesitan para atención al ciudadano.

En tercer lugar, los plazos. Finales de junio para tener todas las medidas en marcha, finales de marzo para tener el Plan de Reestructuración, finales de marzo para el decreto de creación del nuevo Observatorio, etc. La realidad es que llevamos más de tres años esperando la ley de Función Pública en la AGE y que sacar un decreto de creación de un organismo no supone que éste vaya a empezar en breve su funcionamiento. Ejemplos, hay.

Cuarto y último, las evasivas. Así al menos podemos considerar, por ejemplo: el mantenimiento de 140 millones de inversión en formación continua (tocan a 46€ /año por empleado público !!), las inexistente mención a la reforma de la LOFAGE (estaba en el programa socialista !!) como herramienta para racionalizar ministerios, altos cargos y servicios comunes, o la ambigua referencia a los trabajos internos en un borrador de estatuto del directivo público.