Otoño caliente en función pública

La crisis económica que tenemos afecta a todos y el sector público no va a ser una excepción. Las cuentas de las Administraciones no están para muchas alegrías y los políticos que las dirigen buscan medidas para contener el gasto en los próximos ejercicios presupuestarios. Una de las que siempre aparece es la contención del capítulo I (gastos de personal). No hace falta ser un gran experto ni calentarse mucho la cabeza para descubrir que la partida de gastos de personal es una de las mayores del presupuesto de cualquier Administración; por tanto, es lógico pensar en resultados inmediatos al meter la tijera en este capítulo.

Ya hemos hablado en anteriores ocasiones (aquí, aquí) sobre las retribuciones en el sector público. No vamos a insistir de nuevo en los mismos argumentos. Pero lo cierto es que después del letargo del mes de agosto afrontamos un otoño caliente en función pública. El gobierno central (competente en fijar las bases de los incrementos salariales de los empleados públicos) ha venido jugando estas últimas semanas a lanzar mensajes cruzados todos ellos con el transfondo de que no habrá muchas alegrías en la negociación salarial de cara al año que viene: aunque el propio presidente del gobierno ha dicho que no va a haber imposiciones y que todo se hará dialogado, algún ministro ha hablado claramente de congelación.

Las posiciones de partida de una parte parecen claras. ¿Y la otra parte? Aunque los representantes de los trabajadores públicos gesticulan de cara a la galería una oposición a la hipotética congelación salarial creo que ellos mismos saben que no les va a quedar más remedio que asumir una negociación a la baja y salvar los trastos con otro tipo de contraprestaciones. Este esquema negociador no es nuevo. En anteriores ocasiones, siempre que los sindicatos han tenido que aceptar "palos" en el capítulo salarial, han planteado (y obtenido normalmente) mejoras en capítulos relacionados con el tiempo de trabajo (jornada, permisos y licencias, vacaciones, etc.) y más empleo público, especialmente en los segmentos profesionales afines (los grupos más bajos del escalafón); las declaraciones que he venido escuchando van en la misma dirección al solicitar que se aborde en la misma negociación el desarrollo del EBEP (supongo que las materias anteriores porque el gobierno niega su desarrollo en las materias más sensibles alegando falta de recursos).

Este es un planteamiento negociador que salva la cara de ambas partes, por lo menos en el corto plazo: por un lado el gobierno obtiene la deseada contención del gasto público a cambio de cuestiones que de forma directa e inmediata no suponen desembolsos adicionales; por el otro los sindicatos ofrecen a sus bases logros que siempre alivian la contrariedad por no tener una subida de sueldo como más días libres, jornadas más cortas, etc.

Otra cuestión es cómo afectan este tipo de acuerdos a la Administracion pública y a su productividad. Inflar el número de efectivos poco cualificados y disminuir el tiempo trabajado manteniendo la misma masa salarial no parece que sean recetas que a medio /largo plazo puedan contribuir a mejorar el sector público.