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reflexiones sobre administración pública inteligente

miércoles, 13 de mayo de 2009

Recetas contra las Administraciones morosas

De siempre se ha dicho que la Administración paga tarde y mal, pero paga. Por tanto, no es algo nuevo que la crisis nos esté descubriendo, sino que lógicamente en estos momentos hay más ruido con el tema: las empresas proveedoras lo notan más (al tener el crédito estrangulado) y las Administraciones ciertamente andan más tiesas de dinero.

Estaréis de acuerdo conmigo que, dejando el contexto aparte, no es de recibo que el sector público sea tan mal pagador, ni cuando hay vacas gordas ni cuando, como ahora, estamos de vacas flacas. Porque si una de las formas que lo público tiene para aportar valor a la sociedad es produciendo ejemplaridad mediante actuaciones impregnadas de buenos principios y legalidad no parece lógico que en éste (ni en otros) casos actúe de esta manera.



Por mi parte achacaría dos motivos principales para que tenga lugar esta situación:
  1. Una cierta cultura de superioridad por parte de la Administración: es la vieja percepción que desde dentro de lo público se tiene de que los agentes externos son súbditos o administrados. No es algo escrito en ninguna parte pero está ahí, forma parte de la tradición administrativa en este país. Si a ello le sumamos el hecho de actuar como un comprador potente del que dependen muchos de los proveedores, el efecto se amplifica. Falta todavía para alcanzar una completa cultura de Administración en red en la que las relaciones entre clientes-proveedores adquieran un nivel de relación comercial similar a las que disfrutan las empresas privadas en sus negocios.

  2. Un inadecuado funcionamiento interno: basado en procedimientos lentos, manuales y obsoletos con multitud de trámites, aprobaciones, plazos no cuantificados, con garantías (se supone) para todo el mundo menos para el proveedor, que queda en una situación francamente de inferioridad y con pocas posibilidades de solución.

Por tanto, es en estos frentes donde, a mi juicio, habría que actuar. No sirve, desde luego, aprobar un papel en forma de ley que obligue a las Administraciones a pagar en X días. Como en otros muchos casos, quedaría en papel mojado porque ya habrá otras tantas normativas de detalle que, cumpliéndolas fielmente, imposibilitaran el cumplimiento de aquélla. La solución está en poner en primera prioridad de la agenda política el desarrollo de pequeñas actuaciones que aborden estos dos frentes en la misma dirección.

3 comentarios:

Manu dijo...

Oscar, un tema peliagudo el que comentas. Para mí es un gran fracaso de nuestro sistema de financiación pública, extendido además salvo honrosas excepciones. Me gusta además que sea ese el primer punto, la sensación de superioridad. Creo que hay mucho de eso, de actitudes que, más allá de los procedimientos tasados que no siempre son tan lentos, hacen que el pago se retrase de forma incocnebible. Después, claro está, tenemos el procedimiento, el famoso procedimiento, elevado a la altura de lo sacrosanto y que es el responsable de gran parte de los retrasos.

Aun así, no deberíamos olvidar, y quizá estoy pensando más en las Etnidades Locales, que tenemos un enorme problema de financiación municipal, lo cual retrasa también muchos plazos.

El sistema de contratación pública acaba de reformarse buscando -me parece- más agilidad, pero veremos...estoy contigo en que no es suficiente. Más allá de las barreras legales y los procedimientos de control del gasto público, hay barreras mentales que justifican impagos, retrasos y abusos más allá de lo discrecional.

gustavo dijo...

Oscar: Acertadísimo.. pero hay que agregar las posibles manipulaciones que pueden hacerse para fijar fechas de pago..

Saludos!!
Gustablog

Anónimo dijo...

Apuntas bien. He trabajado durante los últimos años en este ámbito y te puedo asegurar que, en mi opinión dos son las claves que más minoran el plazo de pago en el ámbito público (al menos en la entidad pública para la que trabajo), ambas incluidas dentro de lo que llamas inadecuado funcionamiento interno:
1. Descentralizar la gestión.
2. Compromiso público.
Con esta receta, sin necesidad de modificaciones normativas, se ha llegado a reducir el plazo de pago hasta los 30 días fecha/factura. Pero claro está, sobre todo hace falta compromiso.