Política y gestión pública: juntos pero no revueltos

Leemos hoy en Expansión.com cómo el futuro gobierno tiene intención de despolitizar las televisiones públicas en la próxima legislatura. Esta noticia me lleva a traer de nuevo a este blog el espinoso asunto de las relaciones entre política y gestión pública. Esta vez no desde la perspectiva de la dirección pública, a la que ya nos hemos referido en otras ocasiones, sino desde el impacto que puede tener la política en la producción de valor público de las distintas Administraciones.

Para empezar, aunque sé que no es lo habitual, considero necesario hacer una defensa de la actividad política, de su necesidad y legitimidad. Desgraciadamente, por unas cosas u otras, el ejercicio de la política en nuestro país está fuertemente desprestigiado; es una posición cómoda criticar a los políticos y sus actuaciones. Con seguridad existen motivos fundados para ello pero eso no significa que la política no sea imprescindible en el escenario público. La buena política debe recoger las necesidades de diferentes colectivos sociales y transformarlas en planes y presupuestos concretos; debe conciliar intereses contrapuestos en búsqueda del bien común; representar dignamente a los ciudadanos que los designaron; y, por todo lo anterior, le corresponde la formulación de las políticas públicas y la dirección superior de las diversas instituciones encargadas de desarrollarlas.

Otra cuestión es cuando la política se inmiscuye directamente en la gestión pública y en los mecanismos de producción de valor público. Esto afecta principalmente a organizaciones de producción de servicios, que adquieren normalmente naturaleza administrativa descentralizada y más empresarial (entidades públicas empresariales, empresas públicas, agencias, etc.). Y se pone de manifiesto cuando la actividad realizada es secuestrada por un fuerte componente partidista, bien en su contenido (como el asunto de las televisiones públicas) o en su desarrollo. El resultado es que el "performance" y la productividad de estas organizaciones se ven seriamente dañados y su personal desmotivado, con una incidencia clara en la calidad de los servicios producidos. Menos es el impacto en las estructuras de los departamentos de la Administración general. Las prácticas de meter proyectos al cajón, la alteración en los presupuestos o la creación/supresión de unidades también tiene su impacto negativo aunque la producción burocrática (lenta y constante) sigue y no está expuesta a la visibilidad de usuarios o de los entornos en los que operan.