Dos ejemplos de deficiente implicación del sector privado en lo público

Decir que los países anglosajones han sido los creadores y promotores de la Nueva Gestión Pública (NGP) no es ningún descubrimiento. Leyendo The Economist estas vacaciones encuentro dos artículos interesantes sobre los deficientes resultados que una no bien gestionada implicación del sector privado en servicios públicos puede acarrear. Tan malos serán que hasta el propio The Economist, también defensor de la NGP, critica abiertamente.

Empezamos por el caso del metro de Londres. Los que lo conozcáis os habréis percatado de lo obsoleto que está. Pues bien, Transport for London (gestor público de este servicio) para poder afrontar la billonaria (en términos anglosajones) cuenta de libras esterlinas que suponía tal obra pública montó un partenariado público-privado (PPP) con dos empresas. El problema surge por una disputa sobre el pago de los extracostes que se ha de resolver mediante arbitraje; una de las dos empresas del partenariado, Metronet, con numerosos problemas (peleas directivas, caos organizativo, financieros, etc.) se queda sin liquidez, pide que sean los contribuyentes quien afronten las necesidades económicas de la obra y, como además pierde el arbitraje, se acaba declarando en bancarrota. Cuando esto ocurre se descubre que la citada empresa no estaba preparada para participar en un consorcio de esta envergadura, algo que desde la entidad pública que promovió esta colaboración no se detectó. Finalmente son los ciudadanos (por las demoras en la obra) y los contribuyentes (por los sobrecostes) los que acabarán pagando la mediocre actuación del ámbito público en el marco del PPP.

El otro caso es completamente diferente. Se trata de las prisiones en EEUU. El crecimiento exponencial del número de reclusos y la escasa popularidad entre los norteamericanos por pagar impuestos y destinarlos a las prisiones (allí se entienden más como un instrumento de castigo que de rehabilitación social) han provacado que el sistema público de prisiones haya prácticamente reventado y lo han solucionando tomando el atajo más fácil, recurrir a las prisiones privadas. Estas prisiones, surgidas para "atender este mercado", tienen que dar una rentabilidad económica y basan sus resultados en varios elementos: primero, una construcción estándar y sencilla, prácticamente son como bloques prefabricados; segundo, reducción de la burocracia, y por tanto de la mayoría de controles; tercero, se construyen donde el terreno y la mano de obra son más baratos; y por último, sus reclusos vienen o van según criterios de optimización de capacidad. Qué queréis que os diga, que a mí esto me parece una barbaridad. Para empezar no se tiene en cuenta los más básicos derechos humanos de los reclusos que, no nos olvidemos, son personas; no existe prácticamente ningún control público, como si no fuera responsabilidad última de la administración tanto la custodia de estas personas como su reeducación. Más bien parece que estamos hablando de guardar pollos en un corral que de personas. Experiencias novedosas, aunque muy discutibles, en el tema de prisiones las hay. Una de ellas es el caso del servicio de prisiones del Reino Unido, que se gestiona mediante el modelo de agencia, con un enfoque muy de resultados de la actividad de las mismas (número de suicidios, número de carreras universitarias terminadas, etc.) pero con una dudosa capacidad de control político, en un tema tan sensible como es éste. Es evidentemente un modelo muy discutible, pero definitivamente nada tiene que ver con lo de EEUU.