Dentro de unos días entra en vigor la ley 19/2013 sobre Transparencia y Buen Gobierno. Por ese motivo todos los departamentos de la Administración General del Estado andan atareados estos días en la puesta en marcha de las previsiones que dicha Ley impone a las distintas organizaciones del sector público.
En cuanto al Estado, el planteamiento inicial es de una implementación de "mínimos" para ir profundizando con el tiempo. En publicidad activa publicar los 25 items indicados en la Ley (información organizativa, económica, de rele
vancia jurídica...) . Y ésto centralizado en un portal de Transparencia único , coordinado funcionalmente por el Ministerio de Presidencia, en el que las unidades (delegadas) de información de cada Ministerio volcarán la información según unas directrices comunes para todos.
Para más adelante se deja lo más interesante (a mi entender): a medida que se vayan identificando cuáles son las demandas de transparencia, se abre la posibilidad de incluir más ítems a publicar. También más adelante se empezará a aplicar la conocida como "publicidad proactiva" es decir, la posibilidad de que un departamento o institución quiera ir más allá y publicar más información que la definida en el marco común.
En relación al derecho de acceso, es de sobra conocido que su aplicación se hará como un procedimiento administrativo más, sujeto inicialmente a las disposiciones de la 30/92 y en el futuro de las que determine la nueva LPAC que se está elaborando en estos momentos. Planteado así y con las salvaguardas que establece la ley se abren todo tipo de especulaciones y debates sobre su cuál va a ser su verdadera eficacia en atender las peticiones de los ciudadanos. En cualquier caso la mera existencia de este derecho plantea retos importantes a las Administraciones en cuanto a coordinación interna y a cambios en los sistemas para disponer de la información adecuada; lo cual llevará un tiempo de adaptación.
Sea o no adecuado el enfoque, el caso es que se inicia un camino, que habrá de ir haciéndose al andar, y en el que el Consejo de Transparencia -recientemente constituido- tendrá mucho que decir. Veremos dónde nos lleva.
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