Fin de la basura, vuelta a la colaboración público-privada

Acaba de finalizar un conflicto laboral que ha sido titular en muchos periódicos: la huelga de basuras en la ciudad de Madrid. Finalmente los trabajadores han vuelto a sus puestos de trabajo para empezar a recoger las toneladas de basura acumuladas después de 13 días de paro.

El servicio de limpieza de calles y jardines en Madrid está sujeto a una fórmula de colaboración público-privada. Como tantísimos otros casos -especialmente en servicios públicos municipales, y crecientemente autonómicos- se trata de un servicio público cuya titularidad corresponde a la Administración pero la gestión del mismo está concesionada/externalizada a una o varias empresas privadas que, en el marco de un contrato obtenido por licitación pública, prestan el servicio en las condiciones legales y económicas determinadas en pliegos y resolución de adjudicación.

La huelga ha puesto de relieve algunas de los aspectos clave que no deberían pasarse por alto en relación a este tipo de fórmulas entre instituciones públicas y empresas privadas:

1. El servicio es público. Por tanto, la responsabilidad del buen o mal funcionamiento del mismo es de la dirección de la institución. 
2. Los ciudadanos pagan sus impuestos a cambio de determinados servicios e independientemente de quién sea su prestador..Deben tener claras las responsabilidades a la  hora de aplaudir o pedir explicaciones.
3. La dirección política debe valorar en qué servicios la gestión debe ser directa y en cuáles puede ser indirecta. No es un asunto simple ni baladí, y el criterio económico no puede ni debe ser el único utilizado.
   
4. Uno de los criterios para esta valoración debe ser cuál estratégico es el servicio. Que la limpieza lo sea o no es discutible. Al menos parece que tiene tres impactos directos: en la percepción de los vecinos de la ciudad, en los ingresos derivados de la actividad económica, (puede llegar) en términos de salud pública.
5. Otro de los criterios es si se trata de actividades de alto o bajo valor añadido. Supuestamente actividades de bajo valor añadido pueden ser realizadas por empresas de forma más eficiente , mientras que a las AAPP les interesa ganar músculo y cualificación. En principio parece que la limpieza viaria no es de estas últimas.
6. Toda relación público-privada depende enormemente de cómo estén redactados los contratos, las claúsulas que contienen, cómo se ejecutan. Acotar riesgos y prevenir impactos no deseados es misión fundamental de todo ello. Está por ver si en lo de la limpieza de Madrid estaban previstas y protegidas jurídicamente las consecuencias de determinadas decisiones públicas en relación a dichos contratos.
7. El control es el instrumento fundamental que debe utilizar la Administración para salvaguardar el interés público y el correcto funcionamiento de los servicios. La mala práctica de pensar que se firma un contrato y está todo hecho es fuente de no pocos problemas. Lo difícil viene luego.
8. Transparencia es el ingrediente que no puede faltar en cualquier fórmula de colaboracion público-privada. Pero que falta demasiado a menudo. ¿Qué hay en juego, cuáles son las obligaciones y derechos de cada una de las parte, qué se acuerda en determinadas circunstancias? La transparencia no sólo afecta a la obligación de publicar pliegos y adjudicaciones. Debe impregnar todo el proceso.