Publicado en PUBLIC, revista del Instituto de Gobernanza y Dirección Pública de ESADE, el 30/9/12Hablar de transparencia en la dirección de los asuntos públicos no es nuevo: desde los años setenta se habla de “abrir las ventanas” (Chapman y Hunt, 1987) del sector público con el objeto de reducir la opacidad burocrática. Durante décadas, hablar de transparencia significó hablar de libertad de información (freedom of information, FOI) y de acceso a datos en poder del Estado, con el fin de garantizar a los ciudadanos el ejercicio de su derecho a saber.
Con la llegada del siglo xxi y de la crisis, se han acentuado algunas tendencias de cambio que ya se venían anticipando: cambio social –sociedad más compleja, interdependiente, plural, diversa, fragmentada–, cambio económico –globalización, crisis fiscal, sostenibilidad de los servicios–, cambio político institucional –variabilidad en número, tipología y relaciones entre actores, procesos de soberanía compartida, conflictos de competencias, etc.
Pero es sin duda la tecnología, con la aparición de internet, uno de los vectores de cambio más profundos de nuestras sociedades, que representan “otro orden social, otro país” (Subirats, 2012). Así, se conforma un nuevo poder, el poder de las redes, que otorga al ciudadano la capacidad de conectarse y de compartir información de una forma que altera significativamente las pautas de conformación de la opinión pública y los procesos de construcción de la legitimidad política.
Ante este escenario, se acentúan los signos que indican la necesidad de un reequilibro en la relación entre los ciudadanos y los poderes públicos. La erosión de la confianza y la crisis de legitimidad que, de manera creciente, sufren las instituciones, así como la nueva lógica de actuación de las generaciones más vinculadas a la tecnología como modo de vida, plantean el reto de evolucionar desde la cómoda delegación de poder que la ciudadanía ha venido realizando a favor de los políticos y los funcionarios hacia un escenario donde los ciudadanos sean el elemento central, los actores y los participantes involucrados en los asuntos públicos.
En este contexto, adquiere una renovada importancia la necesidad de enfocar la acción de gobierno –en sus dos dimensiones: política y administrativa– bajo un prisma de “gobierno abierto”, basado en tres pilares fundamentales: transparencia, participación y colaboración.
Vemos, pues, que hablar hoy de transparencia implica algo más que cumplir con un mandato burocrático; va más allá de las declaraciones simbólicas. Ha de ser una forma de gobernar que impregne las decisiones en el marco de las políticas públicas, un compromiso amplio y decidido a favor del gobierno abierto (Cortés, 2012). Supone asimismo asumir que, siendo el conocimiento uno de los elementos básicos en la capacidad de intervención de los actores en las políticas públicas, una democracia de mayor calidad implica la universalización del mismo.
En este sentido, la transparencia ha de ir asociada a tres valores fundamentales: la accesibilidad –que la información sea fácilmente accesible a cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier lugar–, la receptividad –por parte del Gobierno y/o la Administración– y la equidad –para equilibrar el gap entre actores con mayor y menor capacidad de acceso.
Partiendo de estas premisas, el siguiente paso sería modular, para cada política pública, el grado de apertura o poder que se retorna a la ciudadanía, siempre teniendo en cuenta que la transparencia implica redistribución de poder para que el proceso no acabe siendo frustrante y engañoso a ojos de los ciudadanos. Todo ello permite hablar de transparencia a diferentes niveles: de información –unidireccional de las instituciones a los ciudadanos–, de consulta –integrando la voz ciudadana– o de delegación –cuando la ciudadanía se implica directamente en la valoración de las políticas públicas (Ortiz de Zárate, 2012).
En cualquiera de los casos, la transparencia ha de ir más allá de la simple elaboración de una ley; ha de potenciar la utilización de las herramientas disponibles y crear con ellas espacios de contacto directo con la ciudadanía a través de internet, así como plataformas para el debate informado y el trabajo en común. Pero también trabajar y educar en valores, en un doble sentido: por una parte, el de los principios de gestión, para que la transparencia se asocie de forma inequívoca a la forma de gestionar los asuntos públicos; por otra, porque tener instituciones transparentes es condición necesaria pero no suficiente, pues también es necesario que exista un tejido cívico con capacidad y potencial para exigir y actuar en el campo de las políticas públicas. Ambos son aspectos que se retroalimentan: una mayor transparencia redunda en una mayor implicación cívica, que a su vez exige mayor transparencia.
Concluimos, por tanto, que una marcada apuesta por la renovación democrática sitúa la transparencia no como una opción, sino como una obligación, entendida en el marco de un concepto más amplio de gobierno abierto, que implica una redistribución real de poderes entre lo público y la sociedad. De lo contrario, hablar de transparencia quedará al nivel de una simple retórica, alejada de las expectativas inherentes a la gestión pública que requieren los tiempos en que vivimos.
Óscar Cortés Abad es colaborador académico de ESADE y vicepresidente del Club Dirección Pública ESADE Alumni.
Referencias
Subirats, J. (2012): “¿Qué democracia y qué Administración para la nueva época? Internet y la gestión pública”. Ekonomiaz, 80, 2.º cuatrimestre.
Cortés, Ó. (2012): “La transparencia opaca”. Blog i-public@, 2 de abril. <http://i-publica.blogspot.com.es/2012/04/la-transparencia-opaca.html>
Ortiz de Zárate, A. (2012): Modelo LUDO: el gobierno abierto desde la perspectiva del ciclo de las políticas públicas. Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas. Instituto Universitario de Investigación “Ortega y Gasset”. WP-2012-15. ISSN: 2174-9515.
Chapman, R.; Hunt, M. (1987): Open Government. A Study of the Prospects of Open Government within the Limitations of the British Political System. Londres: Routledge.
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