La condena de la empresa pública

Lo que podían ser tiempos de renovadas brisas modernizadoras en la gestión pública se están mostrando en tiempos de regresión. Podríamos hablar del empleo público y de la paralización total de iniciativas destinadas a su reforma mediante un desarrollo inteligente del Estatuto Básico del Empleado Público.

Pero hoy toca hablar de involución en otro ámbito distinto (aunque relacionado) como es el modelo organizativo del sector público. Tantos años de crisis como llevamos, tantos años como se viene cuestionando la proliferación de determinadas formas organizativas como agencias o sociedades mercantiles públicas. Se vende un crecimiento desorbitado de las mismas motivado por la decisión nada inocente de eludir los sistemas clásicos de control en aspectos clave como la gestión económico-presupuestaria o de personas, práctica ésta tendente a favorecer el enchufismo y el mal uso de los recursos públicos.

Esta asociación real, fortuita o intencionada, ha producido un efecto inmediato: el ciudadano vincula empresas públicas o agencias a un crecimiento desproporcionado e injustificado del sector público unido a la idea de despilfarro o corrupción.

No tengo ninguna duda que malas prácticas las ha habido -seguramente no unas cuantas sino bastantes más - pero para curar la rabia no es preciso matar al perro criminalizando formas jurídicas que tienen toda su razón de ser en el complejo mundo de la gestión pública.

No olvidemos que la utilización de estructuras descentralizadas en el sector público - recomendado por organismos internacionales respetados como la OCDE - responde a la necesidad de adaptar las monolíticas burocracias públicas a las exigencias planteadas por una creciente actividad destinada a la prestación de servicios, actividad ella sensiblemente diferente a la tradicional de ejercicio de autoridad para la que el modelo clásico centralizado y anclado en el procedimiento había sido concebido. Esta necesidad imperiosa de flexibilizar estructuras aconseja adoptar nuevas formas jurídicas de organización como por ejemplo la agencia o empresa pública, regidas por reglas próximas al derecho privado y donde el control no se realiza ex-ante del proceso sino en virtud de unos objetivos-resultados asignados al ente descentralizado. En mi opinión una vía interesante, preferible en la mayoría de las veces al atajo de la privatización pura y dura de la gestión de servicios.

Evidentemente los excesos cometidos deben ser corregidos, las unidades organizativas vacías de contenido liquidadas y las redundancias optimizadas. Pero el peligro es cuestionar el fondo de la cuestión: ¿queremos un sector público flexible, ágil y eficiente que pueda cumplir con éxito su misión de servicio ? Si la respuesta es afirmativa, no queda otra que reconocer la valía de agencias o empresas públicas, potenciarlas y corregir los defectos observados (por ejemplo, intensificando los controles). En caso contario, retornar a modelos administrativistas de gestión o directamente privatizar supondrá renunciar a una eficacia en la gestión y la consiguiente pérdida de retorno en términos de valor público para la sociedad. Nada más y nada menos.