Una cuestión de confianza

Ayer conocíamos la noticia del relevo en la dirección general de Tráfico. Hoy Pere Navarro será sustituido después de ocho años en el cargo; un periodo en los que los resultados en términos de seguridad vial (muertos en carretera) han sido espectaculares. No es que lo diga yo; es incluso reconocido por el propio ministro que ayer mismo calficó el trabajo de Navarro como "excepcional". Pero el ministro tenía que justificar el cese y lo hacía amparándose en la "normalidad institucional" y la "necesidad de una nueva etapa tras tanto tiempo".

Si nos atenemos a cuáles son los criterios que tradicionalmente se usan en España para la designación de cargos directivos en el sector público no debe sorprendernos este relevo ya que efectivamente forma parte de esa "normalidad institucional". Ahora bien, ¿es cuestionable esa "normalidad institucional"? En mi opinión, sí.

La confianza política es un elemento decisivo para formar equipos de gobierno. Tiene todo el sentido del mundo que exista para los primeros niveles (ministros, consejeros, secretarios de estado, etc.) cuya labor fundamental es marcar el rumbo en base a un mandato otorgado por los ciudadanos. El cómo se plasme ese mandato, con qué valores y balance de preferencias / renuncias es precisamente lo que corresponde al nivel político de la Administración. Cohesión y solidez en los equipos son imprescindibles y para ello la confianza política es necesaria.

Lo cuestionable es que este modelo sea extensible a todos los niveles directivos y - dentro de ellos - a todos los ámbitos sectoriales en que actúan. Porque aquí hablamos de otra cosa, hablamos que a este nivel lo prioritario es dirigir la Administración en el rumbo marcado por el político pero con un margen de responsabilidad y la obligación de mostrar resultados. O hablamos de ámbitos concretos donde la materia no debería estar sujeta al choque de visiones ideológicas (¿estamos de acuerdo en que todos queremos que muera menos gente en carretera?) o simplemente es de tal nivel técnico que lo que se require es un conocimiento experto ajeno de simpatías partidistas.

Pone esto de manifiesto la necesidad de una dirección pública profesional con un enfoque renovado, también en el asunto de la confianza. Cambiar confianza política por confianza profesional parece imprescindible en cierto tipo de puestos. La pregunta es: ¿están nuestros políticos preparados para ello?