La reforma laboral en el sector público

Hace unos días el Gobierno aprobó su reforma laboral. La presentó como reforma estructural para crear empleo y sentar las bases de un crecimiento que nos ayude a salir de la crisis. Afectados millones de asalariados por cuenta ajena cuya relación laboral se regula por el Estatuto de los Trabajadores y millones de desempleados a los que se les presenta como esperanza que puedan encontrar un empleo. Hasta aquí los objetivos que persigue el Gobierno. Por ver está si se cumplen, ojalá que sí; sería el mejor indicador que salimos de este agujero negro en que nos encontramos.

Pero esta reforma laboral escondía una sorpresa en ese universo de disposiciones adicionales que las normas incluyen y casi nadie se lee: cambios de profundidad que afectan al empleo público, concretamente al personal laboral y directivo al servicio de las Administraciones.

En relación al personal laboral se plantean para el sector público fórmulas legales que le dotan de una consideración equivalente a la de empresa privada y que permiten despidos y ceses fáciles y relativamente baratos. Paradógico que si para el grueso de la reforma se alega que mayor flexibilidad y coste laboral más reducido puede animar a los empresarios a contratar , en el caso del sector público esto simplemente no aplica. Por tanto, aplicada a las Administraciones es una reforma que no puede entenderse de otra forma que como instrumento facilitador del adelgazamiento de plantillas de laborales fijos al servicio de la Administración o cualquiera de sus entes, organismos o sociedades mercantiles.

¿Necesario? Quizá , no estoy seguro. Se habla de centenares, miles, de entidades públicas cuyo mapa se pretende redimensionar. La mayor parte de ellas son de pequeño tamaño con un personal escaso. El personal laboral fijo representa un porcentaje menor en el sector público si lo comparamos con los funcionarios de carrera que ocupan la mayoría de los puestos. Se concentra principalmente en las grandes empresas estatales (Correos - la de mayor plantilla- , Renfe, Aena, Paradores, RTVE, ADIF, RED.es , Ineco, etc.) , la mayor parte de ellas con problemas económicos debidos a diversas razones, pero todas con un denominador común: en su mayor parte soportan una obligación de servicio público escasamente compensada vía presupuestos. Entidades y empresas públicas de gran tamaño y nivel de empleo que garantizan cohesión social y que no se van a cerrar, a lo sumo privatizar y ya veremos cómo y cuándo. Muchas de ellas además en permanente "ERE oculto" con jubilaciones y otras salidas de personal cuyos puestos se amortizan, con niveles de reducción de empleo de decenas de miles de efectivos en los próximos años. Hipotéticos EREs adicionales que facilitaría esta reforma laboral no servirían más que para comprometer aún más un servicio que prestan y en la mayoría de los casos bien valorado por los ciudadanos. Hay otras vías más efectivas de ajuste no traumático, las cuales se vienen poniendo en marcha desde hace años en los ámbitos donde el empleo público de personal laboral es más numeroso

¿Oportuno? Quizá, no estoy seguro. Los problemas financieros son graves pero si la fábrica de parados de nuestra economía funciona a destajo , meterle una marcha más incluyendo también al sector público como productor de desempleo es cuando menos discutible. Y más teniendo en cuenta que en el sector público la dimensión social tiene una importancia superlativa en relación a la económica, puesto que el intangible aportado por la primera se ha de valorar en relación al beneficio en la segunda. Por otra parte poner en juego los valores de calidad y estabilidad en el empleo público puede ser contraproducente: primero, porque lo público es primordial mandando señales a la economía , también en lo relativo a condiciones laborales; segundo, porque la estabilidad es garantía de continuidad, objetividad e independencia, atributos imprescindibles cuando nos referimos a organizaciones públicas, también aquellas dotadas de personal laboral. Tercero, porque si hablamos de una necesidad perentoria de equilibrar la composición funcionario /laboral de las entidades públicas - hacia una mayor laboralización en determinados puestos - y esto ya de por sí es un importante paso adelante en flexibilización, una mayor precarización del empleo laboral añade aún más incertidumbres.