¿Es sostenible nuestro estado del bienestar?

Dentro de las actividades del Club Dirección Pública de ESADE el pasado lunes tuvimos la ocasión de compartir mesa y mantel con Ana Pastor , vicepresidenta segunda del Congreso, exministra de Sanidad y responsable en el Partido Popular de asuntos sociales. Fue un placer compartir un animado coloquio de cerca dos horas de duración con alguien que conoce muy bien el funcionamiento de los servicios públicos que conforman el núcleo duro del estado del bienestar, como médico que es, funcionaria del cuerpo general de sanidad y subsecretaria en diversos ministerios durante los gobiernos de Aznar. Sin duda todo ello aportó un valor especial al coloquio porque las diferencias entre políticos de este perfil y otros con un background más de partido y menos de haberse arremangardo es evidente.

Como no podía ser de otra manera la cena giró alrededor del delicado asunto que hoy por desgracia ocupa gran parte de todo tipo de debates: ¿es sostenible nuestro estado del bienestar? A esa pregunta nuestra invitada respondió con rotundidad: por supuesto, pero con reformas de calado. Se habló sobre todo de sanidad, pero también de educación y dependencia.

En una sociedad que envejece, donde las enfermedades tienden a cronificarse y la esperanza de vida ha aumentado sensiblemente la sanidad es clave en las políticas públicas. El gasto sanitario es una de las grandes partidas del gasto público pero su deuda consolidada, junto a la merma en recursos y los factores mencionados anteriormente constituyen una seria amenaza. Para Pastor - que defendió con claridad nuestro sistema público de seguridad social - nuestra sanidad es muy buena pero ineficiente. ¿Por que? Principalmente por su organización: se trata de sistema agrupado en base a especialidades, sin sistemas de comunicacion entre los distintos actores (dentro pero sobre todo entre distintas CCAA), cuyo resultado es que el paciente tenga que ir de prueba a prueba, de consulta en consulta numerosas veces, siendo por una parte costosísimo para el paciente (tiempo y esfuerzo emocional) y para el sistema (p.ej. repetición de pruebas). Su propuesta: reorganizar los hospitales para que la atención se haga por procesos siendo el paciente el centro sobre el que giren todos ellos. Clave en todo ello son los profesionales de la sanidad; en definitiva, son los que asignan recursos y deciden sobre el gasto. Por ello apostó por desarrollar la ley de ordenación de profesiones sanitarias impulsada en su mandato en el sentido de dotarles de mayor responsabilidad y capacidad de autogestión junto a una estabilidad y desarrollo profesional adecuada. Dos ideas más y un posicionamiento: el copago no es la solución y es necesario unificar carteras de servicios, resultados de salud y una base de datos única de práctica clínica para que existan unos protocolos comunes.

Respecto a dependencia indicó que tenemos una ley inasumible económicamente hablando y más en estos momentos. Por ello indicó que habrá que delimitar y priorizar dentro de la dependencia llevando la prestación de estos servicios a las entidades más próximas al ciudadano (ayuntamientos). Para educación reclamó cambio de modelo porque el actual no está dando resultados y ese es un lastre que España no se puede permitir; en su opinión serían necesarias menos leyes y más acuerdo en cuatro cuestiones fundamentales: un tronco de enseñanzas comunes, bachiller más largo, primar la excelencia (p.ej. para pasar de curso) y reforzar la autoridad del profesorado.

Y por último en relación a la AGE consideró necesaria una reforma de calado que apueste por la gestión por procesos, cambios en el perfil de competencias de los empleados públicos, hacer énfasis en la calidad de estos profesionales e incentivar teniendo en cuenta resultados a tres niveles: individual, de unidad y de servicios.