¿Es culpa de los interinos?

Más allá de otras valoraciones políticas las huelgas que están teniendo lugar en algunas CCAA con motivo de las medidas adoptadas en educación invita a reflexionar el colectivo más directamente afectado: los interinos.

El personal interino ocupa importantes espacios en el empleo público, en sectores tan sensibles como educación, sanidad o justicia. Se trata de un tipo de personal de naturaleza eventual cuyo protagonismo ha ido aumentando año tras año en la función pública. Un protagonismo no deseado pero real a medida que gran parte del nuevo empleo generando se ha ido cubriendo de forma provisional.

Los interinos se ven directamente afectados por estas medidas, pero no son los culpables de esta situación. Seguramente a muchos de ellos les hubiera gustado tener una plaza de funcionario de carrera; otros quizá sí habían convertido la interinidad como un modo de vida y hacían lo justo para mantenerse en las bolsas sin estudiar cuando salían las oposiciones.

Pero el problema de los interinos no lo han generado ellos, tampoco si me apurais los gestores públicos sino las retrógradas e inflexibles normas que rodean a la gestión de personas en las Administraciones públicas. Cuando los servicios básicos han aumentado rápidamente (demandándose más personal) y el proceso de generación / provisión de vacantes es lento hasta la saciedad los gestores se encontraban con un gap que únicamente podía ser cubierto con personal eventual.

El modelo ha venido dando lugar a un crecimiento del capítulo I y una temporalidad inaceptable para la Administración. Sin embargo, la flexibilidad que permite esta bolsa de efectivos está sirviendo - como estamos comprobando- de margen para un ajuste en el empleo público.

Desde el punto de vista númerico y de gestión es una vía para cuadrar las cuentas; desde el punto de vista de calidad tendrá sus impactos que habrá que ponderar con el ahorro logrado. Ahora bien cae como una losa sobre ese personal interino, muchos de los cuales llevan años prestando sus servicios en el sector público.

Una manera de ajustar brusca y radical por el problema previamente generado. Un problema que con otras herramientas de gestión de personas nunca debería haberse producido.