Sobre BOEs extraordinarios y privatizaciones

Dentro del contexto generalizado de medidas extraordinarias, inéditas publicaciones de boletines oficiales y reformas a mata-caballo el pasado viernes vio la luz un nuevo decreto-ley esta vez sobre actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y creación de empleo.

Es preocupante el gustillo que le está cogiendo el gobierno a utilizar el decreto-ley como cajón desastre de medidas varias, y eso que este instrumento jurídico está pensado para aquellos casos excepcionales que justifiquen la adopción de decisiones urgentes.

Opinar sobre ello no es el objeto de este blog. Si lo es, sin embargo, comentar las diversas reformas que el citado decreto pone en marcha en el ámbito del sector público. Y son varias.

Dos de ellas son importantes cambios jurídicos en el ámbito de la gestión aeroportuaria y la del juego público. Porque de ello es exactamente lo que habla el decreto y no las (anunciadas) privatizaciones, que tendrán lugar tan pronto como estos cambios se produzcan (aunque se abre la puerta ya que esta nueva estructura empresarial que se establece permmite la consecución del objetivo de dar entrada al capital privado, si bien manteniendo en todo caso el carácter estatal de la sociedad).

Es por tanto preciso delimitar estos dos ámbitos diferenciados: cambio de régimen jurídico y privatización. Respecto al primero decir que la conversión en sociedades estatales de los entes públicos AENA y LAE parece bastante razonable si ello va a ayudar a incrementar la eficiencia, la autonomía y flexibilidad en la gestión, lo cual es muy previsible que así ocurra. Además permitirá modernizar el funcionamiento de ambos servicios en un contexto de exigente demanda (aeropuertos) y cambios tecnológicos importantes (juego).

En cuanto a la privatización las cosas cambian. Estamos hablando de privatización pura y dura (venta de patrimonio accionarial público a inversores privados) aunque es cierto que el Estado mantendrá el control mayoritario de ambas sociedades. Privatizar a golpe de ideología me parece un error; también (mucho peor) hacerlo con las prisas de tapar agujeros presupuestarios, eso sí que es pan para hoy y hambre para mañana.

Asumiendo que los procesos políticos son complejos y marcados por determinadas circunstancias , las privatizaciones (en mi opinión) pueden tener cierto sentido, pero desde una perspectiva racional, y habiéndose valorado diversos aspectos. Por ejemplo:

1. Naturaleza del bien o servicio prestado por la entidad a privatizar: si es más o menos esencial, más o menos estratégico, tiene una mayor o menor dimensión social.


2. Condiciones del mercado donde opera la entidad a privatizar: si es un libre mercado real con actores privados fuertes que compitan libremente o si por el contrario se va a privatizar un monopolio público para convertirlo en monopolio privado. Si es un mercado que funciona correctamente o si presenta distorsiones que hagan necesaria una presencia pública que lo equilibre.


3. Que el mercado realmente aporte una mejora en el servicio de los ciudadanos: se presupone en muchas ocasiones que lo privado da mejor servicio que lo público. Hay casos es así, pero en otros no. Son aquéllos de organizaciones públicas con siglos de historia cuya única culpa ha sido que simplemente no han tenido buenos mimbres para hacer el tiesto (marco jurídico, presupuestos, etc.) y por ello su servicio se ha deteriorado.


4. Condiciones que garanticen el cumplimiento de las obligaciones de servicio público por la entidad privatizada: los inversores privados estarán interesados en lo rentable, pero ¿y el segmento deficitario?


5. Que haya un comprador y el precio ofertado sea el adecuado: no siempre es así, puede haber compradores y las condiciones de mercado no permitir una buena venta. O simplemente no haber compradores que asuman la parte menos buena de la organización pública a privatizar.


6. Que la entidad sea un lastre para las arcas públicas: no tiene sentido privatizar lo que funciona bien y da mucho dinero a los arcas públicas. Tampoco hacerlo con organizaciones que, no siendo joyas de la corona, aportan un servicio público bien valorado por los ciudadanos a un coste razonable. Sin embargo, entidades fuertemente deficitarias e ineficientes pueden ser objeto de estudio para su privatización.


7. Tener en cuenta la dimensión social: el sector público no es una hermanita de la calidad pero guste o no es fuente de empleo para muchas familias y ayuda al mantenimiento de la cohesión ocial y territorial. Es preciso valorar este aspecto y sobre todo definir compromisos con el potencial comprador privado en este sentido.

¿Cumplen AENA y Loterías estas condiciones? Parcialmente. Los aeropuertos son una infraestructura básica y estratégica para un país. Algunos muy golosos para la inversión privada, la cual puede aportar un interesante know-how. Pero también es una red fuertemente deficitaria, engordada por decisiones territoriales no siempre racionales pero con un matiz político que se debe considerar. Por tanto una privatización parcial y una forma de gestión descentralizada y singular de cada aeropuerto puede tener un cierto significado. No así el juego público: no siendo un bien esencial se trata de un monopolio público que aporta miles de millones de euros de beneficios a las arcas públicas. Además, el respaldo del Estado garantiza una correcto desarrollo del juego y evita posibles fraudes, por no hablar de la importante red comercial que lo soporta y su tradición económica y social. Es decir, una auténtica joya que sin duda dará engordará la caja a corto pero supondrá una significativa merma estructural de los recursos públicos a medio y largo plazo.