Otoño caliente, perspectivas frías

Comienza un nuevo curso. Momento de marcar en la agenda las tareas prioritarias en los próximos meses. En lo público, un curso difícil muy condicionado por la crisis económica y el comienzo de una larga temporada electoral (catalanas y municipales).

El gobierno central (y por ello los autonómicos) sigue (y seguirá) sin poner en marcha una clara y marcada política pública de reforma de las Administraciones con un liderazgo visible y recursos asociados por lo que iremos comprobando cómo en los próximos meses se hacen "cositas" pero quizá menos: el escenario electoral y la escasez presupuestaria van a parar o retrasar (una vez más) algunos de los diferentes proyectos que llevan tiempo en la agenda política pero que, por un motivo u otro, no acaban de despegar; especialmente en lo que se refiere a aquéllos que levanten más debate o requieran más recursos.

La primera prueba de fuego está en la ley de Presupuestos que el ejecutivo necesita sacar a toda costa.

En materia de personal no habrá sorpresas: después del tijeretazo toca congelación salarial. Continuarán las negociaciones de los convenios colectivos del sector público empresarial que acabaran reflejando, también para el personal laboral, rebajas salariales. Aunque el gobierno mande algún mensaje optimista las expectativas de recuperación de poder adquisitivo de los empleados públicos tendrán que esperar al menos hasta el 2012, año electoral. Igualmente los presupuestos marcarán de nuevo una OEP muy restrictiva.

Muy esperada (tres años de retraso !) es la ley de función pública de la AGE que según el compromiso del Gobierno debiera ver la luz este mes de septiembre. No tengo ni idea si será así o no, pero me temo que acabaremos viendo un texto descafeinado o si no tiempo al tiempo. No está el Gobierno para enredarse en guerrillas con los grupos de poder de las Administraciones públicas en temas que interesan poco a los ciudadanos ni para calentar más aún a unos sindicatos de uñas. Por tanto, asuntos tan importantes como la dirección pública profesional, la carrera profesional o la evaluación del desempeño se abordarán en la ley pero con el enfoque de "no incomodar". Ojalá me equivoque.

En cuanto al gasto corriente e inversiones las Administraciones se tendrán que apretar, una vez más el cinturón. A nivel de la AGE la pelea de cada ministerio con Hacienda promete ser guapa y previsiblemente se pararan la mayor parte de proyectos no prioritarios. Esto afectará a las TIC que verán congelados en términos reales parte de sus dotaciones presupuestarias. Ciertamente España ha avanzado mucho en Administración electrónica en los últimos años y estamos a buen nivel en el ranking de países avanzados, especialmente en servicios ofrecidos on-line a empresas y ciudadanos. Pero hay dos retos: su utilización y la interoperabilidad. No es que para ello se requieran enormes asignaciones económicas pero hay que concienciar y tener voluntad política de acuerdo, no sé si posibles en los tiempos que corren.

En los próximos meses veremos de nuevo candidatos electorales modernos, conversos a las nuevas tecnologías y a la moda "open" que se acercarán proactivamente a los ciudadanos para conversar con ellos e invitarles a participar a través de avanzadas plataformas tecnológicas. Muy bien !!. Pero igualmente (y ojalá me equivoque) veremos como los que ganan volverán a encerrarse en su urna institucional y los que pierden volverán a los cauces habituales del parlamentarismo y el tacticismo partidista para hacer oposición.

Saldrá incluso una ley de Transparencia aprobada por las Cortes que dará respaldo legal al acceso público a la información en poder de las AAPP y obligará a éstas a dar cuentas de oficio a los ciudadanos de los resultados de su actividad. Veremos en qué queda todo ello.

La colaboración público-privada, anunciada en los meses anteriores para el ámbito de infraestructuras, se verá materializada en diferentes modelo de partenariado, previsiblemente la mayoría del tipo project finance. No queda más remedio si hay que invertir y la caja del tesoro público está vacía. Esperemos que se haga bien, sin excesos y en condiciones equilibradas que den beneficios tanto a socios privados como a públicos.

Por otra parte hay sempiternos problemas que seguirán sin resolver: el de la estructura organizativa de la AGE (más allá de los retoques estéticos de las crisis de gobierno), una arquitectura institucional que reproduce al milímetro las patologías de la Administración central o la financiación de servicios básicos esenciales (Sanidad o Administración local).

Como veis estas son algunas pinceladas, no muy optimistas por cierto, de lo que puede ocurrir en los próximos meses. Pero puede haber sorpresas: ¿ o es que el año pasado cuando a estas alturas se firmó el Acuerdo Gobierno Sindicatos en materia de función pública alguien podía pensar que el recorte de sueldos de mayo se iba a producir?