El tímido Plan de Racionalización de la AGE

Como dicen los castizos, mucho ruido y pocas nueces. El gobierno presentó, con más de un mes de retraso, los anunciados planes de racionalización en las estructuras administrativas y del sector público empresarial. Como dice el profesor Francisco Longo en su artículo del pasado domingo en El Periódico un paso en la buena dirección, pero extraordinariamente tímido e insuficiente.

Para entender el por qué de esta situación hay que revisar el proceso que ha llevado a este resultado. Me consta que las intenciones iniciales eran sensiblemente más ambiciosas: el Ministerio de Economía y Hacienda, a través de su DG de Patrimonio, planteó un proyecto de recorte sustancial. Sobre un total de estructuras de superior dirección a reducir (entre las que se encontraban incluso secretarías de estado y secretarías generales) se envió a cada ministerio la cuota que le correspondía. Esta circunstancia levantó no pocas ampollas y derivó entre los afectados en toda una lucha de supervivencia para mantener el sillón. Durante las últimas semanas se han sucedido todo tipo de artimañas, codazos, llamadas, recados, favores a devolver, etc. que han ido retrasando el acuerdo y han descafeinado borrador tras borrador hasta el resultado final.

Y éste finalmente conllevará la supresión de 33 altos cargos, una cifra modesta no sólo desde una perspectiva cuantitativa sino también cualitativa porque afecta casi en su totalidad a direcciones generales lo cual plantea una peculiaridad: aunque la mayoría afectan a unidades de gestión que pueden ser reemplazadas por altos funcionarios (como las DG de servicios, planificación, etc.) y otras son amortizables (como las de comunicación) hay otras muchas que impactan de lleno a organismos públicos que quedan descabezados: el INAP, la Biblioteca Nacional, e Institutos públicos de investigación. Desconozco cómo va a resultar ese experimento de repartir las funciones de sus responsables entre sus superiores-subordinados jerárquicos, pero a botepronto no me parece lo más aconsejable: los de arriba tendrían un perfil demasiado político y los de abajo demasiado operativo.

Además curiosamente según la LOFAGE los directores generales deben ser con carácter general funcionarios públicos. Por tanto, todos los cesados seguirán en la Administración cobrando el nivel 30 que le corresponda, a excepción de alguno como el DG para el Desarrollo de la Sociedad de la Información.

Otro aspecto que me gustaría destacar es el de Revisión de las normas que determinan la estructura orgánica de los Departamentos Ministeriales. Si efectivamente lo que hay detrás es una revisión en profundidad de la LOFAGE, que aplane y simplifique las estructuras administrativas será una buena noticia. Recordemos que es una promesa electoral socialista incumplida después de dos años de legislatura.