Justicia y las culpas de los políticos
"Falta voluntad política para modernizar la justicia" ¿Toma castaña!. Este es el titular con el que se despacha la actual portavoz del CGPJ la fiscal Gabriela Bravo en una entrevista que le ha realizado recientemente el diario El País.
¿Creéis que lo del retraso de nuestra justicia es únicamente por falta de voluntad política? Cierto que hay factores relacionados: políticamente se asignan los presupuestos, se impulsan las reformas, se reforman las normativas, se nombra al gobierno de los jueces, se disponen los medios materiales y humanos. Todos ellos imprescindibles para una reforma, necesarios pero insuficientes para explicar lo que tenemos.
Es costumbre nacional echar las culpas a otros y no mirarse el ombligo de uno mismo cuando nos apuntan como responsables de un asunto concreto. La portavoz del CGPJ utiliza el pim-pan-pum habitual hacia los políticos para ocultar otra de las causas de la fallida reforma de la justicia: la cerrazón profesional de los colectivos que conforman la justicia, sobre todo del más importante de todos ellos, los jueces.
No olvidemos que esa cerrazón ha obstaculizado anteriores intentos de avanzar. Cerrazón que se sustenta por un lado en la férrea defensa de ancestrales intereses corporativos unida por otro a unos usos y costumbres tan arraigados en la propia esencia de la profesión jurídica y en las antípodas muchas ocasiones de lo que supondría un funcionamiento basado en la simplificación y la tecnología.
Siendo la justicia un mundo complejo la verdad es que las causas de la no reforma son también complejas. En este sentido , las declaraciones de Gabriela Bravo parecerían un tanto simplistas. ¿A vosotros qué os parece? ¿Quién creéis que de verdad tiene la culpa de la justicia que tenemos?
2 comentarios:
Óscar, pues yo creo que Gabriela tiene mucha razón. Si las competencias en materia de justicia están en muchos casos transferidas a las comunidades, no será la causa de las distintas velocidades cuestión de voluntad política? Hablo desde la ignorancia. No tengo conocimientos sobre la situación interna de los juzgados. Pero cada dos por tres recibo noticias relativas al esfuerzo de modernización que esta realizando mi Comunidad Autonoma, la Andaluza. Es similar en las restantes regiones? Y en cualquier caso, no se conseguiría incrementar la eficiencia de este esfuerzo si se realizase de forma conjunta o coordinada para todo el Estado? Por ejemplo, a través de algún tipo de comisión o similar, como dice Gabriela.
Es llamativa la falta de información sobre la realidad judicial que sufren incluso personas formadas e informadas como el autor de este blog. Nadie más que los gobiernos sucesivos es responsable del estado de la administración de Justicia en nuestro país, y supongo que a eso es a lo que se refiere Gabriela.
Frente a otros servicios públicos, la Justicia tiene una enorme ventaja para los políticos: siempre hay una figura visible, el Juez, al que puede echársele la culpa de todo, aunque la realidad es que los Jueces son víctimas de la situación tanto como el que más. Privados de facultad alguna sobre los medios materiales, ni siquiera sobre el personal que -en teoría- está al servicio de su labor, ¿cómo puede pretenderse que alquien responda de una organización en la que es poco más que un invitado?
Me parece que pocas personas saben que cada Juez español viene realizando, desde hace años, el trabajo equivalente al de dos o tres jueces europeos, dato que cualquiera puede comprobar. El Consejo encargó en su día un exhaustivo informe a una consultora privada (Steria), y los resultados no dejaron lugar a dudas: el rendimiento laboral de los jueces está muy por encima de cualquier medida razonable, y así lo constataba aquel informe, que costó más de 500.000 euros y fue a parar a un cajón, porque los responsables ministeriales no querían oir esa "verdad incómoda, que traslada la pleota a su tejado, sino que les dijeran que los jueces son unos vagos y deben trabajar más.
Sobre la "cerrazón" tecnológica de los jueces: sinceramente, esa afirmación no se corresponde con los datos de la realidad actual, ejemplificada en el uso masivo de la extranet del Consejo, de la formación y de los grupos de trabajo on-line. Incluso antes de existir estas herramientas, tienes que saber que muchos, muchos jueces, compraron escáneres y ordenadores de su bolsillo, y no consiguieron que la administración pagara ni siquiera los cartuchos de tinta.
Esta es la realidad, para el que esté dispuesto, de buena fe, a conocerla, y sus causas son también claras: la Justicia es un servicio público, sí, pero también es otra cosa: un mecanismo de control del poder político, y ¿cómo va el controlado a facilitar la labor del controlador?
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