Últimamente están apareciendo reivindicaciones de distintos colectivos de empleados públicos pidiendo incrementos retributivos. Una misma base común, aunque distinta naturaleza: equiparación salarial entre CCAA, reconocimiento del nivel de responsabilidad, pérdida de poder adquisitivo, etc. Conductores de autobús, jueces, inspectores de trabajo, funcionarios de justicia, funcionarios de algunas CCAA, empleados postales, policías, etc. Se calienta el ambiente, y más ahora en periodo electoral.
Sin duda alguna los empleados públicos suelen "pagar el pato" cuando de contener el gasto público se trata. Dejando la congelación salarial del mediados de los 90, los últimos años se ha producido una pérdida de poder adquisitivo en términos reales ya que las subidas del 2% no compensan la inflación real y no existen claúsulas de revisión salarial. Aunque se han adoptado diversas fórmulas para completar esta subida (aportaciones a fondos de pensiones, equiparación de pagas extra, etc.) y aunque los complementos difieren mucho entre Administraciones públicas (las autonómicas pagan más) o dentro de una misma Administración (los de Hacienda, los mejor pagados de la AGE) los empleados públicos, en general y más específicamente los de cuerpos superiores, no están bien retribuidos.
Lo anterior puede tener su lógica si tenemos en cuenta que la sociedad ve en los empleados públicos a unos privilegiados, en cuanto a trabajos vitalicios, derechos y calidad de vida. Esto no se escapa a los políticos cuando de ejercer de "patrones" se trata; aunque realmente se está haciendo un flaco favor a la tarea de encaminarse hacia el objetivo de una Administración inteligente, excelente y plena de talento. Además, no podemos olvidar que el esfuerzo retributivo se suele realizar en colectivos bien representados por los sindicatos con capacidad de movilización y adopción de posiciones de fuerza, aplicándose posteriormente a los demás el "café para todos".
Por todos son conocidas las fugas de profesionales de ciertos cuerpos superiores (inspectores de hacienda, abogados de estado, técnicos comerciales, etc.) al ámbito privado una vez que aprueban la oposición y pasan algunos años. El daño producido es difícil de cuantificar pero real: al coste de formación del que se va, se añade el conocimiento que se lleva y el coste de un nuevo reclutamiento.... aparte de las acciones "contra" la Administración que pueda realizar en su nuevo trabajo en el mundo privado.
Si pensamos en un horizonte de futuro, desde i-public@ nos imaginamos una Administración pública intensiva en capital humano altamente cualificado, con talento y motivado. Además, directivos públicos con capacidad de tomar decisiones y responsabilizarse de resultados. Aunque , como decía Iñaki Ortiz, la retribución a ciertos niveles no es lo más importante, sí debe mantener unos niveles de competitividad con el sector privado que, al menos, no sea un elemento desincentivador para trabajar en lo público.
Estaremos pendientes de las distintas medidas retributivas que se adopten en el desarrollo del EBEP y de los Estatutos del Directivo Público. Ahí puede estar una de las claves para construir una Administración pública de calidad.
Sobre este tema, me pareció muy acertada la reflexión de Francisco Longo, "Huelga y servicio público", en la sección de opinión de Expansión-Función Pública.
ResponderEliminarPor cierto, llegaba a conclusiones distintas de las que expones en este post. Se preguntaba, por ejemplo: "¿Tiene el sector público un empleo de menor calidad, mayor precariedad y desprotección en seguridad y salud laboral?". Y su respuesta era: "parece evidente que la cosa no es así, sino más bien al contrario".
Su conclusión era: "quienes ejercen mayor presión para exigir e imponer mejoras laborales no son los más débiles o necesitados, sino, por el contrario, aquellos que gozan, de entrada, de las condiciones más favorables, a saber: empleo estable y garantizado en organizaciones que no quiebran ni suspenden pagos ni tienen que mantener estructuras de costes que las hagan competitivas".
Cada punto de vista tiene su parte de verdad. Si los sumamos llegaremos a una buena conclusión.
Por mi parte, insisto en lo que decía en el post que citas: hay otros factores aparte de los retributivos que podrían contribuir mucho a la satisfacción laboral y profesional de los funcionarios. Sobre todo, en determinados niveles.
Es cierto, las autonómicas pagan más.
ResponderEliminarAyer mismo comentaba con un compañero que, como yo, no hace tanto trabajaba en la privada, cómo nos extrañó ver lo bien que paga el Gobierno Vasco. Por nuestro lado, no veo problema para competir en el mercado. Pero existen otros motivos para la fuga de talentos.
Hay que tener cuidado con lo que se dice, o se escribe. Debemos ser precisos, rigurosos en nuestras apreciaciones. Cuando se comenta que los empleados públicos de Hacienda son los mejor pagados de la AGE, sin duda se refería a la Agencia Tributaria, no al Ministerio de Economía y Hacienda donde los salarios son bastante ridiculos en los cuerpos C2, C1 y hasta en el A2, no así en el A1 que al final se nutre de jugosas cantidades en concepto de productividad, que al no estar controlado y ser su reparto arbitrario pueden de alguna manera, ligar a los funcionarios altos al puesto sin necesidad de huir al sector privado.
ResponderEliminar