¿Nuevo escenario para la Administración?

El cielo de la economía aparece lleno de nubarrones y la próxima legislatura se torna difícil, al menos en su primera mitad. Por otra parte, los partidos políticos con opciones de gobierno están disputándose el mérito de aparecer ante los ciudadanos como el "campeón de las bajadas de impuestos" cual subasta de una lonja cualquiera de nuestras costas. Estas dos realidades afectarán sin duda a la Administración pública. Quizá sea bueno reflexionar cómo puede hacerlo.


En primer lugar la reducción de ingresos públicos es previsible. Consecuentemente, y para cuadrar el presupuesto de acuerdo a los principios de estabilidad presupuestaria, el gasto público deberá ajustarse y el nuevo equipo de Economía y Hacienda empezará a meter la tijera en algunas partidas. En estas situaciones, se suele priorizar según la agenda política y desde luego no serán la políticas sociales u otras políticas públicas con una percepción directa en la ciudadanía aquellas que se vayan a ver afectadas, salvo gran hecatombe. Por el contrario, las políticas de modernización administrativa, sobre las que solemos hablar en la blogosfera pública, son diana fácil en esta coyuntura puesto que, aun siendo vitales para el desarrollo socio-económico, carecen de la visibilidad ante la sociedad y no suelen formar parte de la memoria ciudadana a la hora de votar.


Miremos un poco los efectos en las políticas que en el ámbito de Administración pública le pueden corresponder al MAP en la próxima legislatura:

Función pública

• El capítulo I del presupuesto suele ser un recurso seguro en épocas de crisis cuando de reducir gastos se trata. Primero, porque hablamos de partidas muy elevadas en las que un frenazo o pequeño recorte suponen bastante. Segundo, porque los costes políticos son menores (la sociedad "entiende muy bien" las medidas contra los "privilegiados" funcionarios). Aunque uno de los propósitos de la Mesa de la Función Pública es dignificar los sueldos públicos (muy lentamente, eso sí, a través del aumento de las pagas extra, fondo de pensiones, etc) esta voluntad puede verse truncada. No olvidemos las congelaciones salariales de los 90.


• El número de efectivos puede tender a reducirse, mediante amortización de puestos vacantes por jubilación o jubilación anticipada. Ya se está haciendo en alguna empresa pública y puede ponerse en marcha en la AGE, aunque la tasa de reposición de efectivos sea del 100%. No creo desde luego que sea una idea descabellada: no parece lógico que el número de empleados públicos siga crecieno a nivel central cuando ha existido un fuerte proceso de transferencias y además las nuevas tecnologías tienen incidencia directa en numerosos puestos de tramitación que no son ya necesarios.


• En cuanto al desarrollo del Estatuto del Directivo Público, que está cociéndose pero falta por ver qué sale al final, no debería verse muy afectado sea cual sea el modelo escogido. Aunque una hipotética adecuación salarial con "sueldos de mercado" o la implantación de retribuciones variables podría derivar incrementos presupuestarios, éstos serían porcentualmente mínimos en el capítulo de gastos de personal.


• Sobre este apartado podéis leer el post de Sevach sobre el tema que es muy ilustrativo, aunque no estemos de acuerdo con algunos aspectos.

Administración electrónica

• Será seguramente una de las prioridades del nuevo gobierno en la próxima legislatura a efectos de cumplir con la LAECSP en el 2010. Según la citada ley el gasto anual "adicional" en los próximos tres años para su implantación debería ser de unos 103,5 millones de euros, lo cual no parece excesivo si lo comparamos con otras inversiones públicas (carreteras, ferrocarril,etc.)


• Otra cuestión son los presupuestos TIC de la AGE que en 2007 ascendieron a 1.702,535 millones de euros con un incremento del 6,92% respecto al año anterior que, en caso de venir mal dadas, podrían verse afectados. Consecuentemente lo haría el volumen de negocio de las empresas privadas que están trabajando para la Administración.

Para terminar

• La creación de Agencias estatales debería continuar su rumbo en los próximos años, no debiendo verse afectada por la nueva coyuntura al ser ésta más una medida de organización administrativa que suelen hacerse "sin incremento de gasto público".


• La simplificación de procedimientos, eliminación de papel y trabas burocráticas se mantendrá y debería permitir reducir los costes administrativos principalmente a las empresas, muy aconsejable en tiempos de crisis.

Tendremos que esperar de todas formas a ver los programas electorales de los principales partidos para desgranar sus propuestas en el capítulo de Administración pública.... aunque una cosa es lo que se promete y otra lo que se hace. Ya lo sabemos.