Más aportaciones al debate de la función directiva pública

Son de agradecer todas las iniciativas que fomenten el debate de un aspecto tan controvertido pero necesario como es el de la función directiva profesional en el ámbito público. Iñaki Ortiz se ha lanzado al ruedo y ha apostado fuerte por debatir este asunto con una serie de posts que seguiremos con mucha atención. También son recientes e interesantes las entradas que ha publicado Rafael Chamorro a este respecto en los últimos días.

Es curioso como este debate, en vez de iniciarse por aspectos como qué es exactamente un directivo público, cuáles deben ser sus competencias, su carrera profesional, su evaluación, etc. siempre comience y se acabe centrando en lo que comentaba en un post de la batalla entre políticos y funcionarios, aunque yo más bien matizaría lo de funcionarios hablando de "funcionarios políticos". Realmente de lo que se trata es de una lucha de poder a ver quién ocupa un nuevo espacio como es el de la dirección profesional. Pero muchos trabajadores públicos estamos un tanto cansados de estas luchas que deslegitiman a unos y a otros y por lo que abogamos es un debate serio y "profesional", dejando intereses al margen, sobre la dirección pública profesional. En este sentido nos ha parecido magnífico el planteamiento de Iñaki.

Precisamente una de las personas que, desde un prisma profesional, expone unos planteamientos más serios y rigurosos es Francisco Longo, director del Instituto de Dirección y Gestión Pública de ESADE , al que cita Iñaki en su última entrada. Al hilo de un café que tomamos en el que intercambiamos puntos de vista sobre este asunto me envió en papel otro artículo (creo que distinto al que cita Iñaki) titulado "Oferta y demanda de gerentes públicos. Un marco de análisis de la institucionalización de la dirección pública profesional (DPP)" publicado en la revista del CLAD jun06. Pienso que algunas de sus ideas pueden ser útiles en este debate.

El artículo lanza una serie de elementos muy claros que servirían de base para identificar la DPP como institución:

• Ámbio funcional: exige diferenciar claramente en el interior del sistema público los cargos asignados a DPP de aquellos que corresponderían a la dirección política. Así la dirección profesional serviría para materias políticamente neutras, con un rol despolitizado para el desempeño del cargo, cuando lo que el cargo produce es estable y estandarizable y el sistema de gestión que requiere es sofisticado.



• Reconocimiento de una esfera propia de decisión discrecional. El "derecho a gestionar" como presupuesto constitutivo para la gerencia pública. Ello requeriría una renuncia estable a la interferencia política pero también la capacidad de dirigir sería algo inseparable de tomar ciertas decisiones en áreas como RRHH o económicas que, como sabéis en el ámbito público son habitualmente centralizadas en poderosas tecnoestructuras.



• Sólidos sistemas de responsabilización basados en controles centrados más en el rendimiento que en la frecuencia o en patrones jerárquico-burocráticos.



• Imprescindible un sistema de premios/castigos que estimule la innovación y no el miedo a equivocarse.



• Un núcleo específico de conocimientos en torno a la gestión pública (que es distinto al derecho administrativo) nutrido de elementos de management (adaptados al entorno público), instrumentos para afrontar escenarios de incertidumbre y complejidad (mayores que en lo privado) y otros conocimientos sobre sociología, derecho, economía, ciencia política, etc. Respecto a las habilidades la dimensión humana y relacional así como la comprensión de entornos complejos serían las más destacadas.



• Filtros de acceso específicos con matices singulares propios de la gerencia en cuanto profesión y su carácter público por otra parte, evitando que sean endogámicos o reservados a miembros del propio grupo profesional la práctica de los mismos. Lo más importante es definir perfiles de idoneidad capaces de integrar el conjunto de competencias gerenciales gozando de protección especial frente a riesgos de arbitrariedad, politización o nepotismo.



• Base asociativa así como un sistema de valores profesionales propio, que podría identificarse como la búsqueda de la maximización de los impactos sociales.



• Definición legal específica para la DPP.

Estos puntos pueden servir de aportación sobre la figura de la DPP y qué representa. ¿Difícil de conseguir? Evidentemente sí. Se trata de un modelo contracultural; especialmente en la AGE, no así en otras administraciones donde con éxito se han dado pasos adelante.

Prueba de ello es el documento que nos daba a conocer Rafa Chamorro supongo que elaborado (como él dice) por los cuerpos dominantes en el MAP. Al final, cuando uno lo lee parece que de lo que se trata no es de introducir una nueva figura, innovadora y dinamizadora, sino por el contrario qué tengo yo que hacer para dar un ropaje jurídico a lo que tengo ahora sirva para dar unos retoques que "vistan el muñeco ", se contagien del vocabulario de moda con los nuevos tiempos y mantengan sin cambios lo actual.