La fuerte temporalidad es uno de los problemas de la gestión de personas en las Administraciones Públicas. No sólo desde punto de vista del sentido estricto del término - rotación de trabajadores con contratos de corta duración, sin formación y sin estabilidad necesaria para adquirir soltura en el puesto de trabajo-, sino que acaba derivando en un incremento de efectivos sin motivo racional, con el continuo aumento de gasto público.
El problema surge cuando la Administración tiene necesidades inmediatas de personas para cubrir ciertos puestos de trabajo (cobertura de vacantes de funcionario, bajas de larga de duración del titular de la plaza, necesidad de nuevos puestos, trabajos especializados, etc) y antes que pasar por todos los trámites burocráticos que son necesarios y llevan muchísimo tiempo (peticiones a Hacienda y a Administraciones Públicas, autorización, convocatoria y proceso de oposición, etc. ) se acaba recurriendo a "atajos" y "parches", saltándose a la torera las normas administrativas y laborales, que, como decíamos antes, suelen terminar en los tribunales con sentencias de nulidad y declaraciones de fijeza.
Todo esto viene a cuento porque ayer sale en prensa que finalmente no se va a permitir a las Administraciones Públicas acudir a las empresas de trabajo temporal (ETTs) para la contratación de trabajadores eventuales. La i-Administración por la que apostamos es una administración del conocimiento, innovadora y con fuerte aportación de valor. Y para ello es fundamental limitar la temporalidad no recurriendo a esta fórmula para atender ciertas necesidades estructurales. Por ejemplo,
El problema surge cuando la Administración tiene necesidades inmediatas de personas para cubrir ciertos puestos de trabajo (cobertura de vacantes de funcionario, bajas de larga de duración del titular de la plaza, necesidad de nuevos puestos, trabajos especializados, etc) y antes que pasar por todos los trámites burocráticos que son necesarios y llevan muchísimo tiempo (peticiones a Hacienda y a Administraciones Públicas, autorización, convocatoria y proceso de oposición, etc. ) se acaba recurriendo a "atajos" y "parches", saltándose a la torera las normas administrativas y laborales, que, como decíamos antes, suelen terminar en los tribunales con sentencias de nulidad y declaraciones de fijeza.
Todo esto viene a cuento porque ayer sale en prensa que finalmente no se va a permitir a las Administraciones Públicas acudir a las empresas de trabajo temporal (ETTs) para la contratación de trabajadores eventuales. La i-Administración por la que apostamos es una administración del conocimiento, innovadora y con fuerte aportación de valor. Y para ello es fundamental limitar la temporalidad no recurriendo a esta fórmula para atender ciertas necesidades estructurales. Por ejemplo,
- Revisando si tiene sentido la naturaleza funcionarial de muchos puestos de trabajo de grupos C1,C2.
- Permitiendo mayor autonomía a los órganos gestores para la modificación de estructuras de puestos de trabajo.
- Dotando de mayor flexibilidad y agilidad en los procesos de selección, a través de descentralización y de nuevas herramientas de contratación.
En el caso de necesidades de empleo temporal por circunstancias de la producción (campañas) o sustituciones de absentismo (los menos casos) ya disponen las Administracoines de diferentes instrumentos tanto para la localización de candidatos (bolsas de trabajo, servicios de empleo, etc. ) como fórmulas para hacer la contratación.
Si uno de los problemas que tiene este país es la precariedad laboral y los bajos salarios, problemas que las ETT han agravado, son precisamente las Administraciones Públicas como productoras de derechos y condiciones sociales de progreso las que tienen que estar en la vanguardia adoptando medidas que fomenten justamente lo contrario: el empleo estable y humano.
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