La difícil cuestión de las externalizaciones

Leo este pasado fin de semana el artículo en el suplemento de Negocios de El País titulado "El Estado busca socios" en el que se aborda la cuestión de las externalizaciones de diferentes servicios en el ámbito público. Desde mi punto de vista el artículo es un tanto sesgado ofreciendo una visión exclusivamente empresarial de un asunto extraordinariamente complejo en el que entran en juego variables diferentes a cuando se adoptan este tipo de estrategias en el sector privado. La carga ideológica del fenómeno (como así lo reconoce el artículo) es muy significativa y es complicado fijar una postura puramente profesional. Lo vamos a intentar.

• Externalizar no es privatizar. Son dos conceptos que suelen confundirse. Mientras que el primero consiste en adjudicar a terceros (en este caso empresas privadas) la realización de una o varias funciones propias de una organización, pero manteniendo ésta el control y la responsabilidad última, privatizar lleva implícito un cambio en la propiedad de la organización en su conjunto, pasando ésta de titularidad pública a privada.



• Externalizar no es gestionar en red. El segundo es un concepto más ámplio y potente; hace énfasis en la suma de esfuerzos de la administración y otras organizaciones (privadas, públicas o no lucrativas) para atender una cierta necesidad social. Será la administración la que tome la iniciativa y ejerza el liderazgo pero supone una relación entre iguales que se reparten las responsabilidades. Si a externalizar corresponde la figura de la subcontratación, a gestión relacional corresponden los partenariados.



• ¿Qué se puede externalizar?. No habrá dudas respecto a servicios no estratégicos de poco valor (p.ej. grabación de datos, conductores, limpieza, vigilancia, etc.) o ciertos servicios de apoyo en los que el existan proveedores privados más especializados (asesoría o sistemas de información). Los procesos de atención al ciudadano, según los casos (p.ej. campañas quizá sí), pero el contacto administración-ciudadano es un activo importante para ambos y sería aconsejable se hiciera de forma directa. Evidentemente tampoco los procesos directivos o de comunicación. Y ojo con el ámbito sectorial del que se trate: unos tienen más impacto social y político que otros.



• La capacidad de control, elemento clave. No sólo porque requiere un personal altamente cualificado, sino también porque necesita de los instrumentos adecuados (normativos, humanos, tecnológicos) y suele suponer un elevado coste difícil de cuantificar.



• Decidir más allá de la rentabilidad económica. Importante diferencia cuando se aborda una cuestión similar en el sector privado. Aun siendo importante evaluar coste-beneficio, existen importantes costes indirectos (p.ejemplo, ¿cómo recoloco a los funcionarios afectados?), elementos intangibles (la opinión pública) o jurídicos (ejercicio de ciertas potestades en el ámbito interno o externo) que se deben tener en cuenta.
  

Como veis no es un tema fácil. Intentando dejar aparte la posición ideológica de cada uno, ¿qué os parece?