El nuevo EBEP (II): directivos públicos

Por lo general, en las administraciones públicas actuales (excepto quizá el ámbito local del que luego comentaremos) los puestos de dirección (superior y operativa) están ocupados o por políticos o por "administradores". Los primeros utilizan dichos puestos como "botín" de su victoria electoral para ir colocando a fieles a cambio de favores y clientelismo de partido. Los segundos, denominados así, no por referirme a un cuerpo concreto de altos funcionarios, sino por erigirse en sumos sacerdotes de la correcta aplicación del procedimiento como única y exagerada orientación jurídica de su profesión.

Entre ambos, políticos y "administradores", que lógicamente son elementos imprescindibles en el sector público, se precisa una figura intermedia, de profesionales de la gestión que sepan, por un lado, gestionar el entorno político al que están sometidos y, por otro, conocer la maquinaria administrativa para hacerla trabajar a pleno rendimiento. Es aquí donde surge la figura de la dirección pública profesional (DPP) emergente, transformadora y con rasgos contraculturales respecto a lo que ha sido la cultura dominante en la administración pública durante décadas.

Centrándonos ya en el nuevo EBEP, en su exposión de motivos reconoce que uno de los pilares de la modernización administrativa es la necesidad de contar con un adecuado personal directivo cuya gestión, profesional, esté sometida a criterios de eficacia, eficiencia, responsabilidad y control de resultados en función de dichos objetivos.

¿Qué podemos decir de la figura del directivo público en el EBEP?

1. Se "institucionaliza" la figura (art. 13) lo cual ya es una buena noticia. Hablamos de "institucionalizar" porque directivos profesionales ya existen en algunas administraciones, como la catalana o la local (en ésta donde mayormente implantada).



2. Como es la tónica de todo el Estatuto es una regulación de mínimos o enumeración de principios, en la que: por un lado, dependerá del mayor o menor desarrollo que le otorguen las CCAA; por otro, vuelve a descafeinar la Propuesta de la Comisión de Expertos mucho más ambiciosa (incluso en el trámite del Senado el propio MAP echó abajo la propuesta inicial de que los directivos públicos fueran considerados empleados públicos y los ha dejado incluso sin situación administrativa alguna).



3. La calificación de "profesional" (art. 13.1), frente al "amateurismo", supone la necesidad de acreditar de una serie de competencias profesionales que tendrán que ser definidas. Hoy en día todos conocemos de la existencia de numerosos directivos públicos de perfil político sin ningún tipo de cualificación profesional.



4. Se "designan", no se "seleccionan" (art. 13.2). Esta calificación en sí, no me gusta, porque puede parecer una puerta abierta de nuevo a los nombramientos arbitrarios, aunque luego se esfuerce por introducir los principios de publicidad y concurrencia.



5. Está sometido a "evaluación" (art. 13.3), con arreglo a otros parámetros distintos de la de los empleados públicos referida en el EBEP. Esto, entiendo, conlleva la posibilidad de implantar sistemas de premios /castigos en función de resultados.



6. El modelo es abierto, en cuanto a que no especifica los que deban ser funcionarios. En el primer borrador sí que lo hacía, reservando para los mismos todos aquellos puestos que significaran el ejercicio de autoridad o de potestades públicas. Ahora, lo tendrán que determinar las CCAA. En este aspecto será necesario tener en cuenta la amplia laboralización de las funciones directivas en la administración local, pudiendo ser problemático el exigir ahora el carácter de funcionarios a puestos que habitualmente han venido siendo ejercidos en régimen laboral.

¿Qué sería conveniente que figurara en los decretos que determinen el Estatuto del Directivo Público Profesional?

1. Una definición clara del ámbito funcional para la DPP, diferenciando los puestos “políticos” de los puestos profesionales. Estos últimos para puestos en los que: la materia fuera políticamente neutra; el rol despolitizado; el producto a obtener estandarizable y medible; y el sistema de gestión que demanda el cargo, sofisticado.



2. La posibilidad de dotar a estos puestos de una esfera de discrecionalidad, al tratarse de puestos que requieren de delegación y renuncia estable a la interferencia política, que se reservaría la formulación de prioridades y líneas de actuación estratégica. El gerente público asumiría la responsabilidad de dirigir los procesos de implementación de políticas.



3. Sistemas claros de responsabilización e incentivación, ya que el margen decisión comentado con anterioridad hace imprescindible la existencia de un régimen de premios/sanciones asociado a la evaluación del rendimiento directivo que estimule la innovación, aunque con mecanismos de garantía más consistentes que en el ámbito empresarial para evitar que la gerencia pública derive en prácticas arbitrarias o de clientela.



4. Prcesos de designación de directivos públicos en los que se valoren conocimientos específicos (formación postgrado en dirección pública), experiencia acreditada en el ámbito público y habilidades (las relacionales las más importantes) . El sistema de selección mediante oposición (tal y como hoy lo entendemos) no es el idóneo aunque la selección deba ser pública, abierta, igualitaria y transparente.
   
   Veremos qué queda en cada CCAA. Mientras, para aligerar un poco este comentario un chiste sobre lo que, esperemos, nunca debería ser un directivo público: