¿Directivos públicos "transparentes"?

El impulso innovador y modernizador que debe caracterizar a la i-administración necesita irremediablemente de las personas que forman parte de las organizaciones públicas, tanto a nivel político, directivo, técnico u operativo. Sobre las personas en el ámbito público y el proceso de cambio puesto en marcha en diversas administraciones tendremos tiempo de hablar, aprovechando además la reciente aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). Pero en este momento, me paro en un dato que me ha llamado la atención: una encuesta en el Reino Unido sobre liderazgo público indica que sólo el 22% de los encuestados confía en los directivos públicos. Por otra parte en los periódicos de estos días podemos leer los distintos movimientos que están teniendo lugar para el nombramiento del nuevo director gerente del Fondo Monetario Internacional en sustitución de Rodrigo Rato. La escasa confianza mostrada en los directivos públicos, junto al poco transparente proceso de selección para el FMI son indicadores precisos de cómo estamos y todo el camino que nos queda por recorrer.

El directivo público es una pieza clave para el desarrollo de la administración inteligente. Directivos públicos entendidos como personas independientes con un perfil profesional (en términos de competencias) , personal (en términos de principios) y acreditada experiencia en el complejo mundo de lo público deberían ser la punta de lanza en la profesionalización paulatina de la gestión pública. Pero la situación actual de la figura del directivo público profesional es diferente según el país que estemos considerando: en los países nórdicos y anglosajones está más desarrollada mientras que en los países mediterráneos todavía se encuentra en una fase muy inicial. En España, en concreto, la figura del directivo público así entendida únicamente está algo implantada a nivel municipal y en determinadas zonas geográficas (Cataluña); en el resto, los avances son tímidos o directamente nulos. No obstante, parece existir cierta voluntad política (al menos sobre el papel) de institucionalizar y desarrollar este perfil; así, el art. 13 del EBEP crea la figura del “personal directivo profesional” como “el personal directivo que desarrolla funciones directivas públicas profesionales en las AAPP…. siendo su designación por principios de mérito, capacidad e idoneidad y mediante procedimientos que garanticen la publicidad y la concurrencia…. estando sujeto a evaluación ……. y pudiendo ser personal laboral con relación de alta dirección”.

La realidad es que el mercado de trabajo de directivos públicos no funciona como tal y el proceso de selección de estos profesionales es muy poco transparente. Aunque queda pendiente la publicación Estatuto del Directivo Público Profesional, una vez más el problema estará en si, en todo lo relativo a la designación y selección de este personal, la norma será suficiente para promover un cambio sustancial o, si por el contrario, la “fuerte cultura de lo público” frenará una vez más los cambios que dicha normativa pretende introducir. Esta “fuerte cultura de lo público” a la que nos referimos se compone en este caso de dos fuerzas diferenciadas:

* Por una parte los políticos, que habitualmente han utilizado los puestos considerados de gestión pública como lugar donde colocar a afines, personas del partido en fase de jubilación o moneda de cambio para otras componendas. Este podría ser el caso del director gerente del FMI antes comentado que como alto directivo público debería tener un importante prestigio profesional además de ciertas competencias directivas y de “gestión de entorno político”.

* Por otra parte los funcionarios, y más concretamente, el corporativismo de los cuerpos superiores (generalistas o especialistas) que pretenden mantener cierta exclusividad sobre estos puestos.

La pugna e intereses de estos dos grupos son los que previsiblemente dificultarán el desarrollo de la función directiva profesional y su apertura a un tercer grupo que es el de los profesionales de la gestión, independientes y con régimen de empleo indistintamente laboral o funcionarial.

Y esta pugna es causa directa de la falta de transparencia actual en la provisión de estos puestos, de la cual se deriva una percepción negativa por parte de los ciudadanos, al alejamiento de los mismos de las instituciones y a la poca confianza en los directivos públicos que refleja la encuesta del Reino Unido, precisamente uno de los países donde la dirección pública profesional está más avanzada. Justo lo contrario de lo que se pretende con el concepto de “administración abierta” en el contexto de la administración inteligente.