La tecnología y el derecho van a velocidades sustancialmente distintas. Que la primera vaya a la velocidad de la luz y el segundo a un ritmo lento no es algo mejor ni peor, simplemente es una constatación que además puede que con todo el sentido del mundo.
Sin embargo, la transformación de las Administraciones públicas demanda que haya un acompañamiento y coordinación entre la tecnología y el derecho. De nada sirve que tengamos todas las posibilidades tecnológicas del mundo si luego hay unas leyes que imponen hacer las cosas de una determinada manera. Igualmente el derecho es el equilibro necesario para algunos de los desmanes que pueden provocar las TIC.
El problema viene cuando no hay equilibrio; es decir, cuando desde el derecho se utiliza la norma como parapeto contra la innovación y se mantiene el obcecamiento en formas de trabajar del siglo pasado. O cuando desde planteamientos exclusivamente tecnológicos se ignora la necesidad de mantener las garantías y la legalidad.
Lo que sí es cierto es que los tiempos que corren llevan a replantearse muchas cosas, también a nivel jurídico y que es preciso innovar en este sentido para buscar nuevas formas de dar soporte legal a las nuevas oportunidades que abren las TIC. Cuando la respuesta a una innovación tecnológica es que no es posible implementarla porque no lo permite la ley, la siguiente pregunta es ¿qué impide cambiar la ley? y ¿por qué no se estudia cómo dar respaldo legal a dicha innovación?.
El futuro en la Administración pública no se concibe si un enfoque estratégico diferente que ponga a trabajar de manera conjunta en el diseño de servicios y de normativas a los profesionales jurídicos y a los profesionales TIC. En algunos sitios como AEAT y SS ya hace tiempo que lo están haciendo. En otros , lo estamos intentando.
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