Transparencia y cultura pública

El otro día comía con un buen amigo, alto funcionario en el Estado, y hablábamos sobre la ley de Transparencia y su implementación en la Administración pública. Recordar en este punto que la citada ley se aprobó el pasado mes de diciembre y, aunque tiene un plazo hasta final de 2014-15 para entrar plenamente en vigor, ya hay asuntos que van con retraso como la creación del Consejo de Transparencia, el organismo encargado de velar por su cumplimiento.

Comentábamos que más que la existencia de una ley  lo que va a determinar si hay un cambio efectivo en la tradicional opacidad española es la actitud cultural de los funcionarios, políticos y autoridad supervisora en el desarrollo efectivo de la misma, en el día a día de las decisiones que tienen que ver con la transparencia.

Y aquí chocamos con una realidad donde la transparencia da miedo, mucho miedo. No es casual por ello que la ley intencionadamente deje resquicios donde apoyarse ya que, de no haber sido así, de haber sido una ley exigente, la actitud de muchos de nuestros políticos y de gran parte de las entrañas administrativas sería de parálisis: ante lo que se pueda poner a la luz, ¡quietos!

La existencia de esos resquicios es donde está el quid de la cuestión. La ley habla de transparencia activa y ya sin ella se ofrecen datos, sí. Pero hay tendencia a que sean irrelevantes, a inundar y en formatos poco reutilizables. Es decir, la ecuación: avalancha= confusión= escaso control social. En cuanto a transparencia pasiva la ley poco hace para solventar el parapeto de los enrevesados procedimientos y consagra además el silencio administrativo, también para cuestiones de acceso a información. Si un ciudadano de buena fe quiere saber algo, que se vaya armando de paciencia.

Por otra parte, la transparencia en sí misma no es lo importante. Es un medio, no un fin. El fin es el control social y la rendición de cuentas. Puede haber toda la transparencia del mundo que si al final lo que aflora no tiene consecuencias directas, el proceso queda incompleto. Y aquí el listón está tan alto, tan alto, que para que ocurra algo tiene poco menos que producirse un terremoto. También esto es una cuestión de cultura pública.

De ahí que veamos con envidia a países como Suecia donde la transparencia y la rendición de cuentas son exigencias éticas básicas de toda actividad pública Que la agenda del primer ministro sea accesible o que se proteja al funcionario que saca a la luz alguna irregularidad pone de manifiesto que allí es toda la infraestructura ética y social la que está a favor de una cultura de transparencia y rendición de cuentas como soporte del buen gobierno.

En España, ocurre todo lo contrario. Por desgracia nos queda aún un largo camino por recorrer.