Mi reflexión en este post parte del artículo que hace unos días publicó el diario El País titulado "Big data y miopía de la Administración" y, en concreto, de una última frase en el mismo que es ciertamente contundente: "¿Cómo va la Administración a facilitar y promover un futuro tecnológico que no entiende?"
Efectivamente podemos comprobar día tras día cómo pequeñas o grandes decisiones en lo público minusvaloran o ignoran el impacto de la tecnología como elemento transformador y disruptivo.
No hay más que ver algunos ejemplos: es el caso de la actualmente en ejecución Reforma de la Administración que arrincona la tecnología a un simple papel instrumental de "simplificación y racionalización" pero no se apoya en la misma para abordar una auténtica transformación interna de las estructuras administrativas. O el caso de la implantación de Administración electrónica y el monstruo indescifrable en el que se ha convertido para la mayoría de los mortales. O la anunciada puesta al día de la ley 30/92 del procedimiento administrativo que lejos de ser sometida a un contundente revolcón amenaza con complicar más las cosas. Y no digamos ya las poses de algunas iniciativas de participación o transparencia o los súbitos apretones tecnológicos de determinados partidos políticos (en plena campaña de recuperar la notoriedad social) cuyos líderes presumen en petit-comité de no haber usado ni PC ni red social alguna.
Se trata pues de retoques estéticos que buscan dar continuidad a un modelo político-administrativo agotado y exponencialmente cada vez más distanciado de una sociedad que va por otro lado.
Que nuestra política o Administración vayan a remolque de la cibersociedad no es algo que debiera preocupar. Al menos irían. Lo que es verdaderamente preocupante es la obstinación en negar sistemáticamente de los nuevos valores que emergen de la sociedad en red y el escaso interés en aprovechar los mismos para abordar un proceso de reforma en profundidad.
Si la tecnología permite que el ciudadano vuelva a ocupar el centro de la vida pública, le da oportunidad de acceder a numerosa información y compartirla o actuar, le empodera ¿por qué política y Administración no interiorizan estos valores y adoptan enfoques renovados en la relación con la ciudadanía, definición de políticas o prestación de servicios?
Quizá la respuesta esté en el desconocimiento de las TIC y la incomprensión que de éste se deriva; o de una todavía insufiente penetración de lo digital en el complicado mundo analógico de las Administraciones públicas. Ambas cuestiones se acabarán resolviendo con el tiempo.
Pero el miedo al cambio que produce el reequilibro de poderes que se deriva de las posibilidades de internet es asunto más estructural. Ahí seguramente estará el quid de la cuestión.
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