¿Funcionarios o laborales?

La semana pasada  tuvo lugar la presentación del Informe del Comité de Expertos para la Reforma de la Administración de Catalunya. Un informe que entraba a analizar numerosos aspectos, la mayoría muy interesantes y algunos recurrentes como el que suscitó mayor polémica con gruesos titulares en diversos medios de comunicación: la propuesta limitar la condición de funcionario a aquellos que ostenten funciones de autoridad o salvaguarda del interés público.

Digo recurrente porque no hay más que leer el preámbulo del Estatuto Básico del Empleo Público y su artículo 9 para concluir que desde hace algunos años hay una ley básica  que apuesta por un modelo donde el personal del sector público, catalogado de forma genérica como empleados públicos, sea un conjunto flexible de funcionarios "Y" laborales, en contraposición a los que apuestan por la continuidad del modelo funcionarial o los que se decantan por la ruptura mediante una laboralización generalizada. Un modelo éste razonable y equilibrado, que sobre el papel está en vigor pero que tanto en su filosofía como en su implementación está pendiente de desarrollar.

En la actualidad tiene poco sentido dar continuidad al modelo decimonónico vigente de una Administración pública de funcionarios, ya que la naturaleza del entorno y de las propias funciones públicas exige disponer de instrumentos flexibles e innovadores para lograr un conjunto de empleados públicos  incentivado, con talento y desarrollo al máximo de su potencial. Pero tampoco tiene sentido retrotraernos a modelos preweberianos donde la estabilidad sea sustituida por precariedad, la objetividad e independencia por nepotismo.

Por tanto es preciso reformar el modelo de empleo público salvaguardando los valores intrínsecos al buen funcionamiento de las Administraciones pero introduciendo nuevos elementos que sirvan para mejorar sus parámetros de eficacia y eficiencia.

El resultado podría ser el de una Administración donde funciones técnicas de análisis, planificación, inspección, ejercicio de autoridad, regulación, diagnóstico, valoración, defensa del interés público, etc. estuvieran reservadas a funcionarios de carrera y el resto de funciones administrativas, auxiliares, tramitación, etc. fueran progresivamente migradas a una figura de relación laboral o funcionario cesante (ver razones de Rafael Jiménez Asensio con motivo del impacto de la reforma laboral en el sector público).

Lo curioso es que, a pesar de que hay razones que justifican la necesidad de una reforma de calado, los hechos muestran una peligrosa tendencia de mayor burocratización y liquidación del empleo laboral. En este caso las reformas más bien apuntan a involución.